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¿Cómo se beben las utilidades laborales?m

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El dicho popular sostiene que “tomar cerveza es beber salud”, sin embargo el consumidor promedio desconoce que las marcas reconocidas de la Cristal, Pilsen Callao, Cusqueña, Pilsen Trujillo, Arequipeña, tienen desde fines del 2016 un accionista mayoritario, la transnacional belga AB InBev. Todo ello como resultado de la compra de las acciones de SAB Miller a nivel mundial, y por tanto por extensión el nuevo gigante de la industria cervecera mundial controla prácticamente el negocio de la cerveza en nuestro país, con lamentables consecuencias para los trabajadores, los usuarios y el propio Estado.

Así, los sufridos usuarios de costa, sierra y selva con los millones de cajas consumidas financian desde el 2017 millonarias sumas como parte de la compra y fusión de dos gigantes de la industria cervecera. Ello es parte de un monopolio en nuestro país que determina el precio y en la práctica controla la cantidad ofertada mes a mes. Si a ello se le agrega la influencia política de esta empresa, y su poder en los medios de comunicación por los gastos en publicidad, estamos ante una situación que reproduce lo que dijera en la década de los años sesenta del siglo pasado, el Ing. Jorge Bravo Bresani en su ensayo clásico: “Gran Empresa, Pequeña Nación”

Así, en dicho año todos los consumidores pagamos 706 millones de soles por concepto de regalías, 172 millones de soles por los “servicios de administración, consultoría y asistencia técnica brindados por la matriz”, como si el negocio cervecero fuera una cuestión compleja, y 715 millones de soles por el uso de marcas y patentes; todos los cuales se cargan a los costos, disminuyendo las utilidades operativas y evidentemente la utilidad imponible que sirve de base para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades.

Es más, se debe reconocer que después de la chicha de jora se puede afirmar que la espumante cerveza es la bebida popular por excelencia, de allí nuestra preocupación, pues en términos relativos serían sus precios más altos frente a las gasolinas. La industria cervecera es un negocio altamente rentable para sus accionistas, de gran productividad gracias a la experiencia y capacidad de sus trabajadores pero ingrato para los mismos que perciben magros montos en la participación en las utilidades, en especial los trabajadores de las subsidiarias como Transporte 77 SA, responsable de la distribución por vía terrestre a nivel nacional, Cervecería San Juan entre otras.

En verdad, amerita abrir una investigación lo más acuciosa, transparente y veraz sobre la estructura de costos de este monopolio cervecero, que al igual que la Corporación Lindley paga catorce céntimos por mil litros de agua extraída de sus pozos propios, con ahorros importantes en el consumo de energía según las propias declaraciones empresariales, pero que sin embargo mantiene relaciones privilegiadas con una serie de empresas subsidiarias y relacionadas de tal forma que le sacan la vuelta al Estado, a los trabajadores y de pasarela a los consumidores que en última instancia tienen que financiar una serie de costos, gastos y una cantidad de partidas que antes no se asumían. ¡Globalización de los mercados se le llama ahora!

CUENTAS POR PAGAR A LAS HERMANAS
Expresión de ello son los valores por pagar a la matriz, subsidiarias y relacionadas. Si las cuentas por pagar sumaban los 180 millones de soles en el 2016, las mismas se elevaron a los 1,659 millones de soles en el 2017. ¿Cómo explicar que las cuentas por pagar a las empresas hermanas se incrementen más de nueves veces? Ello evidentemente tiene efectos fiscales y laborales, pues disminuye la utilidad imponible en una problemática que se reconoce como los “precios de transferencia” donde resulta de la primera importancia determinar la estructura de costos en los mercados del mismo rubro en terceros países.

En especial debiera llamar la atención a la empresa Backus Marcas y Patentes SAC a la cual se le debe pagar 715 millones de soles, empresa que se crea como parte de la reconstitución empresarial, y a la filial Racetrack Peru SRL a la cual se le debe abonar 564 millones cuando en el 2016 la cuenta por pagar no era más de tres millones de soles.

Resultados de Estados Financieros 2015-2017 Backus

MÁS INGRESOS Y UTILIDADES EL 2017
Como se podrá observar en el cuadro correspondiente “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. 2015 al 2017” los ingresos por ventas se han incrementado de manera significativa pasando de los 3,947 millones de soles en el 2015 para arribar a los 4,367 millones en el 2017, a pesar del menor crecimiento económico del país. Ello demuestra la importancia y fortaleza de esta industria para los consumidores, pues su líquido elemento es un producto necesario a pesar de lo que digan las ligas antialcohólicas.

Entre el 2015 y el 2017 los ingresos se han incrementado en más de 460 millones de soles, sin embargo las utilidades operativas han disminuido de 1,469 millones a 948 millones de soles en el 2017 como se podrá observar en el cuadro respectivo. En tal sentido, cómo procesar y entender que con mayores ingresos por ventas menores son las utilidades operativas.

Es más, la utilidad neta se incrementa de 747 millones en el 2016 para trepar a los 1,376 millones, lo que representa un incremento de 629 millones de soles en términos absolutos, y una variación positiva de 84%. Con una utilidad neta de 1,376 millones frente al valor del patrimonio se obtiene una tasa de rentabilidad financiera de 70% para los accionistas en el 2017; lo que equivale a decir que de cada 100 soles de utilidad neta 70 soles se retribuyen a los accionistas que financian y suscriben el capital social. ¡Estas tasas de rentabilidad son propias de rentas monopólicas que las financia el sufrido consumidor!

Sin embargo la participación de los trabajadores en las utilidades se reduce en razón de una serie de artiliguos contables, cargos a costos de venta como los montos de depreciaciones, amortizaciones y una serie de gastos deducibles que serán materia de investigación, pues en última instancia el sufrido consumidor y los trabajadores pagan los “platos rotos”

En especial esta realidad, a los trabajadores de la UCP Backus y Johnston como a los llamados “colaboradores” de las empresas subsidiarias y relacionadas, les preocupa de sobremanera la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio del 2017, pues de una utilidad antes de impuestos de 1,686 millones de soles el 10% de participación debiera ser 168 millones; sin embargo, en los estados financieros separados auditados por la firma Gaveglio, Aparicio y Asociados, en la cuenta de gastos por naturaleza se ha determinado un monto mucho menor que apenas supera los 110 millones de soles, lo cual constituiría una enajenación de la participación de utilidades, en razón de la distribución de costos y gastos entre empresas relacionadas, y los abono de marcas, patentes y regalías que se concentran en la propia matriz que acciona como un pulpo monopólico, a vista y paciencia de un Estado débil.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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