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¿Cómo le sacan la vuelta a los trabajadores?

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Trabajadores hidrocarburos petroleros

LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN CUESTIÓN

En un artículo anterior mencionaba que constituye todo un problema para las empresas, sobre todo las grandes que operan en sectores extractivos, industriales y financieros, obtener altas utilidades pues estas deben licuarse a través de diversos mecanismos para minimizar el pago del impuesto a la renta, y de pasada afectar la utilidad imponible que sirve de base para determinar las tasas de participación de las utilidades de los trabajadores.

También hemos señalado que todas las empresas que tengan en planilla a más de 20 trabajadores están obligadas a la distribución de las utilidades a sus trabajadores. Si se trata de una empresa manufacturera como la Refinería La Pampilla bajo gestión de la transnacional española Repsol está obligada a distribuir el 10% de la utilidad imponible.

En el mismo sentido las empresas mineras que tienen bajos costos de producción por una serie de ventajas tributarias, baratura en la mano de obra y un mínimo de costos ambientales, están obligadas a distribuir el 8% de la utilidad imponible.

Por último, las empresas de servicios comerciales y financieros como los bancos que tienen también una rentabilidad extraordinaria gracias al elevado diferencial (spread) entre la tasa activa (préstamo) y pasiva (ahorro) en moneda nacional o extranjera.

Así, por ejemplo, un banco privado remunera a los simples ahorristas con una tasa por depósitos del uno por ciento al año (1%), pero si el mismo ahorrista solicita un préstamo al mismo banco, la tasa activa que le cobran no baja del 14% y puede llegar al 45% hasta alcanzar el 150% si se trata de un crédito de consumo en soles. ¡Estas tasas agiotistas son posibles gracias a la libertad de mercado que en USA serían inaceptables!

UN 5% EN LUGAR DE 8%

Por principio legal las empresas extractivas del sector minero o de hidrocarburos están obligadas a distribuir el 8% de la utilidad imponible antes de impuestos como utilidades a sus trabajadores.

En ambos sectores las utilidades debieran diferenciarse de la renta diferencial porque se trata de una actividad extractiva, donde son recursos naturales limitados y agotables los que se explotan.

Al margen de la importancia que tiene el sector de hidrocarburos para el país, se debe reconocer que en la base de la generación de la riqueza está el trabajo como fuente de valor. Si bien por ahora la producción de petróleo crudo se mantiene por debajo de los 50 mil barriles diarios, en la producción de gas natural no estamos tan mal.

Gracias a los lotes 88, 56 y 57 la producción de gas natural bordea los 1,500 millones de pies cúbicos diarios. También en el departamento de Piura se tiene un gran potencial gasífero a pesar que la producción fiscalizada no supera los 60 mil pies cúbicos al día, cuando pudiera producir cinco veces más.

Menciono estos antecedentes, pues a los trabajadores del sector hidrocarburífero que trabajan en la extracción de petróleo, gas asociado y no asociado (Camisea), les debiera corresponder el 8% de la utilidad imponible como participación de utilidades, y no la participación del 5% como se les reconoce actualmente.

Como en los contratos firmados entre las empresas petroleras y Perúpetro en representación del Estado, aparecen como suscritos “contratos por servicios petroleros”, se les abona el 5% en lugar del 8% de la utilidad imponible, como si fuesen actividades de comercio.

Debiera ser evidente que con ello existe una enajenación en la participación de las utilidades laborales que afecta a miles de trabajadores, favoreciendo a una serie de empresas que se capitalizan a costa de la riqueza generada y sustraída a los trabajadores.

NO MÁS DE 20 TRABAJADORES

Las empresas rentables que operan en el país, resultan muy creativas cuando se trata de reproducir mecanismos para disminuir la participación de los trabajadores en la distribución de utilidades. En tal sentido, se crean una serie de empresas satélites, subsidiarias y vinculadas según lo que convenga, manteniendo relaciones de compra/venta, o actividades conexas, con la condición de no superar el número de los veinte trabajadores (20). Por tanto no están obligadas de cumplir con la normativa.

Es el caso por ejemplo de las actividades desenvueltas por el grupo Pluspetrol, que opera en nuestro país desde 1996 gracias a la privatización del Lote 8 de Petroperú (Trompeteros) que se constituyó en la “gallina de los huevos de oro” para el grupo.

Gracias a las utilidades y renta petrolera (renta diferencial) de Pluspetrol en el Lote 8 se pudo financiar la expansión del grupo asumiendo en el 2001 la explotación del Lote 1-AB en un negocio privado con la OXY, para más luego levantar capitales y financiar su participación en el Consorcio Camisea con el 27.20% donde participan otras transnacionales como HuntOil, Repsol, Sonatrach, SK de Corea del Sur etc.

DISTRIBUCIÓN AL 2.20%

De esta forma se recrearon una serie de empresas que funcionan en el mismo edificio con los mismos gerentes, donde la empresa matriz Pluspetrol Resources Corporation, ha establecido en nuestro país una serie de empresas tales como Pluspetrol Camisea S.A., Pluspetrol Perú Corporation (PC), Pluspetrol Lote 56, Pluspetrol Norte S.A., Pluspetrol Exploration.

Sin embargo, la empresa operadora de los lotes 88 y 56 resulta siendo Pluspetrol Perú Corporation S.A. (PPC) con una participación accionaria de apenas el 2.20% del capital, donde se concentran más de 564 trabajadores.

De otro lado, en Pluspetrol Camisea S.A se concentra el 25% del capital accionario pero el número de trabajadores, en su mayoría gerentes, no superan la cifra de 20, por tanto no están obligados a la distribución de utilidades.

La afectación es tal que la mayoría laboral que opera en los campos de los lotes 88 y 56 debiera tener una participación del 8% en las utilidades, y los trabajadores de la Planta Malvinas que resulta siendo una planta industrial que convierte los líquidos de gas natural, en gas licuado de petróleo, nafta y diésel, debieran percibir el 10% por tratarse de una actividad de valor agregado, como si fuera una refinería.

Pero lo más grave es que a los trabajadores de Pluspetrol Perú Corporation se les distribuye las utilidades en función de la participación del 2.20% en el capital accionario, y no en función del 27.20% como realmente les correspondería por un acto de justicia.

De allí, que la participación de las utilidades en la empresa operadora se realiza en función del 2.20% de participación del capital y en las utilidades por distribuir, con lo cual los trabajadores perciben franciscanos montos.

Este fenómeno se reproduce en una serie de empresas como por ejemplo en líderes como Backus, o Repsol que tiene actividades de producción con participación accionaria en el Consorcio Camisea del 10%, que opera la refinería La Pampilla la más importante del país, con actividades de exploración y comerciales. Y se repite la misma historia en contra de los trabajadores.

Trabajadores cobran sus sueldos

EL MÁGICO SECTOR MINERO

El sector minero es sin duda alguna el sector más importante de la economía peruana, pero también es el más conflictivo como lo expone el caso de la minera “Las Bambas”, donde en un “diálogo de sordos” se impondrá la fuerza del Estado, con el llamado principio de autoridad, en un equilibrio precario e inestable que será nuevamente generador de nuevos conflictos.

Desde inicios de los años 90 se ha promocionado en el sector la inversión de capitales privados en un marco legal muy favorable para la obtención de ganancias y aprovechamiento de la renta de las minas.

Para el caso que nos interesa sobre los beneficios tributarios mineros que afectan la distribución de las utilidades laborales por la aplicación de tales beneficios como “gastos tributarios” que minimizan la utilidad imponible que resulta siendo la base para la determinación del 8%

Son múltiples los llamados beneficios tributarios que tiene el sector minero por las partidas deducibles que se aplican como gasto tributario. En el artículo anterior se hizo mención a las depreciaciones, amortizaciones, las regalías, el llamado impuesto extraordinario minero y el gravamen que abonan las empresas con contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa, entre ellas por ejemplo la Mra. Cerro Verde.

INVERSIONES PRIVADAS DEDUCIBLES

Si una empresa minera cualquiera realiza una inversión, un puente, una carretera, en este caso la planta de tratamiento de agua potable “La Tomilla” en Arequipa hacia el período 2007/2012, invirtiendo montos cercanos a los US $ 92 millones de dólares.

En tal sentido, cualquier inversión realizada por una empresa minera que se entrega al Estado central o regional, se convierte en un gasto deducible en el año de la transferencia cuando la inversión se convierte en un bien público.

En este caso la Mra. Cerro Verde aplicó para el 2012 el monto de US $ 92 millones de dólares por concepto de inversión desde la etapa de proyecto hasta la construcción y operatividad de la planta. Esta inversión fue considerada gasto tributario. Con ello se disminuyó la utilidad imponible, pues se aplicó la inversión como gasto deducible, haciendo que la base para la aplicación del 8 % se redujese en ese monto afectando a sus trabajadores.

Esto significa que tanto el Estado como los trabajadores resultaron financiando en última instancia gran parte de esta inversión necesaria para el pueblo arequipeño, pero las palmas se las llevó la empresa bajo el rótulo de la responsabilidad social al mínimo costo.

UN DETERIORO CONTABLE DE ACTIVOS

Este es también un mecanismo que se aplica en los sectores extractivos como la minería y el petróleo, y están en relación a la valorización de las reservas probadas mineras o petroleras que aún no se explotan, y que tienen un valor según la valorización internacional.

Sirva de ejemplo la valorización de las reservas de oro a un precio de US $ 1,400 dólares la onza troy en un año cualquiera 2012 y al año siguiente se verifica una baja en el precio internacional del oro, a US $ 1,200 dólares la onza, habría una disminución de US $ 200 dólares por onza para la empresa en la valorización de sus reservas que forman parte de sus reservas y que se amortizan como intangibles.

Pero cuidado, estas pérdidas serían pérdidas teóricas, contables que se cargan al costo de venta, como deterioro de activos que en realidad no significa una “real pérdida” económica en la medida que dichas reservas todavía no se han explotado.

Sin embargo, en los estados financieros se cargan, se descuentan y con ello se afecta la utilidad imponible reduciendo la utilidad imponible y con ello la participación de los trabajadores en las utilidades, pues se aumentan los costos contables.

En particular este mecanismo se aplica en las empresas auríferas y argentíferas sorprendiendo a los trabajadores. Es más, las inversiones de exploración realizadas por las mineras en el año también resultan deducibles como gasto del impuesto a la renta entre otros mecanismos.

LA ANCHOVETA LE PRESTA AL TIBURÓN

Este es otro ingenioso mecanismo mediante el cual se licuan las utilidades con el objeto de aminorar el abono al impuesto a la renta y de pasada disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades. Ello supone la existencia de una empresa filial que le presta a su matriz millonarios montos para que la matriz realice inversiones en otras operaciones y hasta en otros países.

Recuerdo el caso de Mra. Condestable en el 2010 productora marginal de cobre y de la Sociedad Mra. Corona, empresa exitosa de la mediana minería que opera la mina de Yauricocha, donde esta le presta a su matriz (Sierra Metals) montos superiores a los US $ 18 millones de anuales.

Si tales préstamos no hubiesen sido realizados, serían ingresos operativos, donde el Estado tendría una participación por medio del impuesto a la renta, que en otros países le denominan el “impuesto a las ganancias”. Y como debiera ser obvio, también los trabajadores se estarían afectando, pues se les estaría sustrayendo parte de su participación en las utilidades.

En resumen, el problema de la distribución de las utilidades para los trabajadores constituye todo un reto, pues siempre queda la duda si se está liquidando correctamente y con justicia. De allí la necesidad que los trabajadores organizados en sindicatos fiscalicen tal participación en la riqueza producida.

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Política

Lo dejaron solo

Publicado

en

Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

Publicado

en

Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

Publicado

en

Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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