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¿Cómo le sacan la vuelta a los trabajadores?

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Trabajadores hidrocarburos petroleros

LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN CUESTIÓN

En un artículo anterior mencionaba que constituye todo un problema para las empresas, sobre todo las grandes que operan en sectores extractivos, industriales y financieros, obtener altas utilidades pues estas deben licuarse a través de diversos mecanismos para minimizar el pago del impuesto a la renta, y de pasada afectar la utilidad imponible que sirve de base para determinar las tasas de participación de las utilidades de los trabajadores.

También hemos señalado que todas las empresas que tengan en planilla a más de 20 trabajadores están obligadas a la distribución de las utilidades a sus trabajadores. Si se trata de una empresa manufacturera como la Refinería La Pampilla bajo gestión de la transnacional española Repsol está obligada a distribuir el 10% de la utilidad imponible.

En el mismo sentido las empresas mineras que tienen bajos costos de producción por una serie de ventajas tributarias, baratura en la mano de obra y un mínimo de costos ambientales, están obligadas a distribuir el 8% de la utilidad imponible.

Por último, las empresas de servicios comerciales y financieros como los bancos que tienen también una rentabilidad extraordinaria gracias al elevado diferencial (spread) entre la tasa activa (préstamo) y pasiva (ahorro) en moneda nacional o extranjera.

Así, por ejemplo, un banco privado remunera a los simples ahorristas con una tasa por depósitos del uno por ciento al año (1%), pero si el mismo ahorrista solicita un préstamo al mismo banco, la tasa activa que le cobran no baja del 14% y puede llegar al 45% hasta alcanzar el 150% si se trata de un crédito de consumo en soles. ¡Estas tasas agiotistas son posibles gracias a la libertad de mercado que en USA serían inaceptables!

UN 5% EN LUGAR DE 8%

Por principio legal las empresas extractivas del sector minero o de hidrocarburos están obligadas a distribuir el 8% de la utilidad imponible antes de impuestos como utilidades a sus trabajadores.

En ambos sectores las utilidades debieran diferenciarse de la renta diferencial porque se trata de una actividad extractiva, donde son recursos naturales limitados y agotables los que se explotan.

Al margen de la importancia que tiene el sector de hidrocarburos para el país, se debe reconocer que en la base de la generación de la riqueza está el trabajo como fuente de valor. Si bien por ahora la producción de petróleo crudo se mantiene por debajo de los 50 mil barriles diarios, en la producción de gas natural no estamos tan mal.

Gracias a los lotes 88, 56 y 57 la producción de gas natural bordea los 1,500 millones de pies cúbicos diarios. También en el departamento de Piura se tiene un gran potencial gasífero a pesar que la producción fiscalizada no supera los 60 mil pies cúbicos al día, cuando pudiera producir cinco veces más.

Menciono estos antecedentes, pues a los trabajadores del sector hidrocarburífero que trabajan en la extracción de petróleo, gas asociado y no asociado (Camisea), les debiera corresponder el 8% de la utilidad imponible como participación de utilidades, y no la participación del 5% como se les reconoce actualmente.

Como en los contratos firmados entre las empresas petroleras y Perúpetro en representación del Estado, aparecen como suscritos “contratos por servicios petroleros”, se les abona el 5% en lugar del 8% de la utilidad imponible, como si fuesen actividades de comercio.

Debiera ser evidente que con ello existe una enajenación en la participación de las utilidades laborales que afecta a miles de trabajadores, favoreciendo a una serie de empresas que se capitalizan a costa de la riqueza generada y sustraída a los trabajadores.

NO MÁS DE 20 TRABAJADORES

Las empresas rentables que operan en el país, resultan muy creativas cuando se trata de reproducir mecanismos para disminuir la participación de los trabajadores en la distribución de utilidades. En tal sentido, se crean una serie de empresas satélites, subsidiarias y vinculadas según lo que convenga, manteniendo relaciones de compra/venta, o actividades conexas, con la condición de no superar el número de los veinte trabajadores (20). Por tanto no están obligadas de cumplir con la normativa.

Es el caso por ejemplo de las actividades desenvueltas por el grupo Pluspetrol, que opera en nuestro país desde 1996 gracias a la privatización del Lote 8 de Petroperú (Trompeteros) que se constituyó en la “gallina de los huevos de oro” para el grupo.

Gracias a las utilidades y renta petrolera (renta diferencial) de Pluspetrol en el Lote 8 se pudo financiar la expansión del grupo asumiendo en el 2001 la explotación del Lote 1-AB en un negocio privado con la OXY, para más luego levantar capitales y financiar su participación en el Consorcio Camisea con el 27.20% donde participan otras transnacionales como HuntOil, Repsol, Sonatrach, SK de Corea del Sur etc.

DISTRIBUCIÓN AL 2.20%

De esta forma se recrearon una serie de empresas que funcionan en el mismo edificio con los mismos gerentes, donde la empresa matriz Pluspetrol Resources Corporation, ha establecido en nuestro país una serie de empresas tales como Pluspetrol Camisea S.A., Pluspetrol Perú Corporation (PC), Pluspetrol Lote 56, Pluspetrol Norte S.A., Pluspetrol Exploration.

Sin embargo, la empresa operadora de los lotes 88 y 56 resulta siendo Pluspetrol Perú Corporation S.A. (PPC) con una participación accionaria de apenas el 2.20% del capital, donde se concentran más de 564 trabajadores.

De otro lado, en Pluspetrol Camisea S.A se concentra el 25% del capital accionario pero el número de trabajadores, en su mayoría gerentes, no superan la cifra de 20, por tanto no están obligados a la distribución de utilidades.

La afectación es tal que la mayoría laboral que opera en los campos de los lotes 88 y 56 debiera tener una participación del 8% en las utilidades, y los trabajadores de la Planta Malvinas que resulta siendo una planta industrial que convierte los líquidos de gas natural, en gas licuado de petróleo, nafta y diésel, debieran percibir el 10% por tratarse de una actividad de valor agregado, como si fuera una refinería.

Pero lo más grave es que a los trabajadores de Pluspetrol Perú Corporation se les distribuye las utilidades en función de la participación del 2.20% en el capital accionario, y no en función del 27.20% como realmente les correspondería por un acto de justicia.

De allí, que la participación de las utilidades en la empresa operadora se realiza en función del 2.20% de participación del capital y en las utilidades por distribuir, con lo cual los trabajadores perciben franciscanos montos.

Este fenómeno se reproduce en una serie de empresas como por ejemplo en líderes como Backus, o Repsol que tiene actividades de producción con participación accionaria en el Consorcio Camisea del 10%, que opera la refinería La Pampilla la más importante del país, con actividades de exploración y comerciales. Y se repite la misma historia en contra de los trabajadores.

Trabajadores cobran sus sueldos

EL MÁGICO SECTOR MINERO

El sector minero es sin duda alguna el sector más importante de la economía peruana, pero también es el más conflictivo como lo expone el caso de la minera “Las Bambas”, donde en un “diálogo de sordos” se impondrá la fuerza del Estado, con el llamado principio de autoridad, en un equilibrio precario e inestable que será nuevamente generador de nuevos conflictos.

Desde inicios de los años 90 se ha promocionado en el sector la inversión de capitales privados en un marco legal muy favorable para la obtención de ganancias y aprovechamiento de la renta de las minas.

Para el caso que nos interesa sobre los beneficios tributarios mineros que afectan la distribución de las utilidades laborales por la aplicación de tales beneficios como “gastos tributarios” que minimizan la utilidad imponible que resulta siendo la base para la determinación del 8%

Son múltiples los llamados beneficios tributarios que tiene el sector minero por las partidas deducibles que se aplican como gasto tributario. En el artículo anterior se hizo mención a las depreciaciones, amortizaciones, las regalías, el llamado impuesto extraordinario minero y el gravamen que abonan las empresas con contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa, entre ellas por ejemplo la Mra. Cerro Verde.

INVERSIONES PRIVADAS DEDUCIBLES

Si una empresa minera cualquiera realiza una inversión, un puente, una carretera, en este caso la planta de tratamiento de agua potable “La Tomilla” en Arequipa hacia el período 2007/2012, invirtiendo montos cercanos a los US $ 92 millones de dólares.

En tal sentido, cualquier inversión realizada por una empresa minera que se entrega al Estado central o regional, se convierte en un gasto deducible en el año de la transferencia cuando la inversión se convierte en un bien público.

En este caso la Mra. Cerro Verde aplicó para el 2012 el monto de US $ 92 millones de dólares por concepto de inversión desde la etapa de proyecto hasta la construcción y operatividad de la planta. Esta inversión fue considerada gasto tributario. Con ello se disminuyó la utilidad imponible, pues se aplicó la inversión como gasto deducible, haciendo que la base para la aplicación del 8 % se redujese en ese monto afectando a sus trabajadores.

Esto significa que tanto el Estado como los trabajadores resultaron financiando en última instancia gran parte de esta inversión necesaria para el pueblo arequipeño, pero las palmas se las llevó la empresa bajo el rótulo de la responsabilidad social al mínimo costo.

UN DETERIORO CONTABLE DE ACTIVOS

Este es también un mecanismo que se aplica en los sectores extractivos como la minería y el petróleo, y están en relación a la valorización de las reservas probadas mineras o petroleras que aún no se explotan, y que tienen un valor según la valorización internacional.

Sirva de ejemplo la valorización de las reservas de oro a un precio de US $ 1,400 dólares la onza troy en un año cualquiera 2012 y al año siguiente se verifica una baja en el precio internacional del oro, a US $ 1,200 dólares la onza, habría una disminución de US $ 200 dólares por onza para la empresa en la valorización de sus reservas que forman parte de sus reservas y que se amortizan como intangibles.

Pero cuidado, estas pérdidas serían pérdidas teóricas, contables que se cargan al costo de venta, como deterioro de activos que en realidad no significa una “real pérdida” económica en la medida que dichas reservas todavía no se han explotado.

Sin embargo, en los estados financieros se cargan, se descuentan y con ello se afecta la utilidad imponible reduciendo la utilidad imponible y con ello la participación de los trabajadores en las utilidades, pues se aumentan los costos contables.

En particular este mecanismo se aplica en las empresas auríferas y argentíferas sorprendiendo a los trabajadores. Es más, las inversiones de exploración realizadas por las mineras en el año también resultan deducibles como gasto del impuesto a la renta entre otros mecanismos.

LA ANCHOVETA LE PRESTA AL TIBURÓN

Este es otro ingenioso mecanismo mediante el cual se licuan las utilidades con el objeto de aminorar el abono al impuesto a la renta y de pasada disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades. Ello supone la existencia de una empresa filial que le presta a su matriz millonarios montos para que la matriz realice inversiones en otras operaciones y hasta en otros países.

Recuerdo el caso de Mra. Condestable en el 2010 productora marginal de cobre y de la Sociedad Mra. Corona, empresa exitosa de la mediana minería que opera la mina de Yauricocha, donde esta le presta a su matriz (Sierra Metals) montos superiores a los US $ 18 millones de anuales.

Si tales préstamos no hubiesen sido realizados, serían ingresos operativos, donde el Estado tendría una participación por medio del impuesto a la renta, que en otros países le denominan el “impuesto a las ganancias”. Y como debiera ser obvio, también los trabajadores se estarían afectando, pues se les estaría sustrayendo parte de su participación en las utilidades.

En resumen, el problema de la distribución de las utilidades para los trabajadores constituye todo un reto, pues siempre queda la duda si se está liquidando correctamente y con justicia. De allí la necesidad que los trabajadores organizados en sindicatos fiscalicen tal participación en la riqueza producida.

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Política

Es una mordaza a la información

Publicado

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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en

Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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