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Cómo desapareció la página once

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Juan Velasco Alvarado

Dueña ilegal de los yacimientos de La Brea y Pariñas en virtud del írrito Laudo de 1929 y sin pagar impuestos, la International Petroleum Company, IPC, obtuvo leyes favorables en 1941 con el gobierno de Prado y en 1952 con el de Odría.

Pagó periodistas que se encargaron de atacar a quienes discutían el Laudo, sobornó jueces y creó un poder intocable e impune que se expresó por medio del diario La Prensa de Pedro Beltrán y sus editorialistas.

Luis Miró Quesada y El Comercio asumieron la defensa de los intereses nacionales junto con Alberto Ruiz Eldredge, decano del Colegio de Abogados, el general César Pando Egúsquiza, presidente del Comité de Defensa del Petróleo, Alfonso Benavides Correa y centenares de personalidades de todos los sectores. Hay que hacer justicia a Germán Tito Gutiérrez, Augusto Zimermann Zavala, Efraín Ruiz Caro, Santiago Agurto Calvo y muchos otros ciudadanos que sostuvieron la lucha ideológica y jurídica contra la prepotencia de la IPC.

Los impuestos se habían acumulado por más de 30 años. El decano del Colegio de Contadores de Lima Juvenal Santa Cruz, apenas fue nacionalizada la empresa por decisión de las Fuerzas Armadas, declaró que solo en los últimos quince años antes de 1968, los adeudos de la IPC llegaban a los 144 millones de dólares y los yacimientos no alcanzaban a saldar lo adeudado.

Fernando Belaunde Terry

LOS NOVENTA DÍAS

Al asumir la presidencia en 1963, Fernando Belaunde ofreció resolver el problema de La Brea y Pariñas en noventa días.

Envió al Congreso un proyecto de ley que declaraba nulos el Acuerdo, Convenio y Laudo de París. El Congreso lo aprobó sin mayores detalles, pero no se pronunció sobre los impuestos que se debían ni sobre la presencia de la refinería en manos de la IPC.

Mientras tanto, se permitía a la IPC el desmantelamiento de sus instalaciones y la exportación de sus capitales a su central la Standard Oil. Nadie decía nada en el gobierno por temor o complicidad con los Estados Unidos.

El general Juan Velasco Alvarado fue nombrado Comandante General del Ejército y presidente del Comando Conjunto. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas seguía de cerca el curso de los acontecimientos. Con un grupo de coroneles: Rafael Hoyos Rubio, Enrique Gallegos, Leonidas Rodríguez y Jorge Fernández Maldonado, Velasco ordenó la elaboración del Plan Inca para la transformación del Perú mientras se discutía el Acta de Talara.

El Plan Inca decía en la parte correspondiente a petróleo: “1) Anular el contrato suscrito el 12 de agosto de 1968 con la IPC así como el Acta de Talara y todas las acciones conexas; 2) expropiar los bienes de la IPC y cobrarle los adeudos al Estado”.

El directorio de la EPF estaba formado por representantes de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, la Sociedad Nacional de Industrias, del Colegio de Ingenieros y por el general Alberto Maldonado Yáñez, delegado del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que mantenía informado a Velasco, presidente del Comando Conjunto, de todo lo que iba sucediendo.

TODO PARA LA IPC

El primero de agosto se iniciaron las conversaciones del gobierno con la IPC. Participaron el ministro de Fomento Pablo Carriquiry, el gerente de la EPF Carlos Loret de Mola, el gerente de la IPC Fernando Espinoza y el subgerente Eduardo Elejalde.

Lo que la IPC consiguió en esa reunión fue que se le “obligue” a ampliar las instalaciones de Talara para refinar 80,000 barriles diarios (su producción era de 54,000 barriles) y se le “obligue” a instalar una unidad de craqueo catalítico para mayor octanaje de la gasolina; que se le permita fabricar lubricantes y ampliar su planta de almacenamiento.

Además de entrar en las ventajas de la Ley 11780 dada por Odría que le reducía los impuestos hasta la práctica exoneración, la EPF estaría obligada a vender en exclusividad a la IPC durante 6 años el crudo que extraiga de La Brea y Pariñas. Y se concedería a la IPC ¡un millón de hectáreas en la selva a cambio del territorio de los yacimientos!

Belaunde había nombrado como gerente de la Empresa Petrolera Fiscal a Carlos Loret de Mola. La amistad entre ambos provenía de los nexos pierolistas entre Rafael Belaunde, padre del presidente, y la madre de Loret de Mola. Minero e ingeniero de profesión, entusiasmado por los arrestos reformistas de Belaunde, Loret de Mola trabajó ad honorem en la Junta de Obras Públicas de Lima durante cuatro años, abandonando sus negocios particulares. Cuando no quiso aceptar el fraude de la página once lo ridiculizaron y ni le dieron las gracias por los servicios prestados.

INTERVENCIÓN DE EEUU

Aunque a partir de la decisión del Congreso se suponía que la propiedad de los yacimientos había pasado a la EPF, la IPC seguía comportándose como si nada hubiera sucedido.

En la noche del 12 de agosto, Loret de Mola fue llamado a Palacio. Allí encontró a Belaunde, el primer ministro Osvaldo Hercelles y a Fernando Espinosa, el gerente de la IPC, con ejecutivos de la empresa norteamericana y diplomáticos de los Estados Unidos. Una muestra de la directa intervención de los Estados Unidos en apoyo de la IPC, intervención grosera tolerada por el gobierno.

Amanecieron discutiendo con Espinoza el precio del petróleo crudo de los pozos de La Brea y Pariñas, los costos de los servicios de la IPC, los costos en energía eléctrica, maquinaria etc., para perforar y extraer petróleo. Belaunde estaba apuradísimo para montar el show de la supuesta transferencia.

A las seis de la mañana firmaron el contrato de ventas y servicios. Loret de Mola anotó de puño y letra, en la última página del contrato, la once, el precio mínimo garantizado que la IPC le cobraría por barril a la EPF: ¡un dólar y ocho centavos por barril!. Se estimaba que para que la EPF no quiebre, el precio no debería ser inferior a los dos dólares con treinta centavos. En el siglo XXI el barril llegó a cien dólares.

Se sacaron copias en el sistema de xerografía de la oficina de Julio César Quintanilla secretario de la presidencia de la República y cuando se retiraban de Palacio, el Primer Ministro le pidió las dos copias xerográficas a Loret de Mola. No era momento para recelos y este pidió que le mandaran después copias del contrato original.

EL ACTA DE TALARA

El 13 de agosto se firmó el Acta de Talara. Se dijo con gran despliegue a los diarios que el Estado había recuperado La Brea y Pariñas. El Acta fue firmada con gran pompa por Belaunde, el presidente del Senado Carlos Manuel Cox, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Townsend Ezcurra y por los altos funcionarios de la IPC.

Pasaron las semanas y Carriquiry no remitía copias del contrato. Cuando Loret de Mola hizo petición formal por oficio a Carriquiry este respondió despreciativamente que pida copias a la Notaría Céspedes. Finalmente, a tanta insistencia, Carriquiry le envió una copia Xerox. ¡Tenía una página menos! Habían desaparecido la página once donde estaban los precios y alargado groseramente la página 10 para que entren las firmas que estaban al final del texto. ¡Era una falsificación!

Loret de Mola se indignó. Además de que asumía una gran responsabilidad individual al aceptar el fraude, se sentía maltratado. De acuerdo con su directorio salió a la televisión y denunció el hecho el 13 de setiembre. El directorio renunció en pleno.

Mostró a los televidentes que una parte de la firma del gerente general de la IPC en la página 10 del contrato quedaba fuera del tamaño de una hoja de papel sellado. Esto significaba que Espinoza había firmado en el aire o que lo hizo en la copia Xerox y no en el original del contrato. Según el gobierno el contrato tenía diez páginas. Según Loret de Mola, once. La última había desaparecido.

Los ministros de Belaunde lo ridiculizaron. El primer ministro Osvaldo Hercelles comentó cínicamente en una conferencia de prensa: “Ojalá que el señor Loret de Mola no nos venga también con que se le ha perdido una página de su renuncia”.

Hacía tiempo que Loret de Mola se había dado cuenta de que todo era una farsa. La IPC conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución nacional del combustible y las Concesiones Lima. Al quedar dueña de la refinería, tenía la sartén por el mango como única compradora para fijar los precios del crudo.

La EPF quedaba en la práctica como una subsidiaria de la IPC, obligada a venderle todo el petróleo de los yacimientos. A la vez el directorio quedaba sujeto a consultar todos sus actos al Ministerio de Fomento y el Ejecutivo donde mandaba Manuel Ulloa, el ministro de Hacienda.

Tanques en la Plaza de Armas - Golpe de Estado

EL 3 DE OCTUBRE

El 2 de octubre renunció el primer ministro Osvaldo Hercelles.

El 3 de octubre, Belaunde fue desalojado de Palacio por las Fuerzas Armadas. Esa mañana, Velasco leía la primera proclama revolucionaria. No se trataba de un golpe de Estado más, como tantos de nuestra historia. Se iniciaba un proceso de transformaciones estructurales de verdad.

El 9 de octubre fueron ocupados por el ejército los yacimientos y la refinería.

El Perú estalló de júbilo. Las banderas peruanas ondearon en todo el país.

 

Héctor Béjar Rivera

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Política

En el Parlamento hay exceso de trabajadores

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Daniel Enrique Salaverry Villa

Daniel Salaverry lo explica con números: “En el 2001 teníamos 1,600 trabajadores. Hoy, en el 2019, son 3.300 en el servicio parlamentario, que sumados a los integrantes de la organización parlamentaria, se superan los 4.000”.

Es decir, cada representante tiene 30 empleados. El Parlamento es el termómetro de las instituciones, dice un informe de Caretas. Sin embargo, la calidad del Congreso está en cuestionamiento.

Salaverry destaca: “Es hora de sincerar y profesionalizar la planilla. Que deje de ser una agencia de empleos de los partidos de turno. Solo el 27% de los trabajadores contratados son profesionales”.

“La edad promedio es de 58 años. La gran mayoría de los que pasan de tener Contrato Administrativo de Servicio (CAS) a ser nombrados, se relajan y no cumplen con sus labores como deberían. Esperan quedarse de por vida”, agrega.

NO MÁS NOMBRAMIENTOS

“Por acuerdo de mesa directiva se prohíben nuevos nombramientos de trabajadores que pasen de CAS y Ley 728: cualquier trabajador que ingrese como estable a la planilla del Congreso va a tener que ser a través del concurso público y no organizado por el Congreso”, dijo el presidente del Legislativo.

Para lo anterior se implementará un concurso público a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que elaborará los perfiles con una universidad privada.

Se espera que el concurso con 207 plazas se realice la primera semana de abril. Trascendió que el centro de estudios sería la Universidad de San Marcos. Pero esto no se queda aquí, hay una salida.

Porque la gestión de Salaverry tiene “un plan de incentivos de jubilación anticipada, con una contraprestación que les permita irse tranquilos y dejar esa plaza para un joven profesional”.

Salaverry propuso, además, eliminar la semana de representación. Alrededor de este tema se armó un escándalo que develó una serie de acciones tras bambalinas que se remonta hasta la gestión César Zumaeta, en el segundo gobierno de AG.

ALGO MÁS

Recientemente se abrieron investigaciones por el incremento de los viáticos an cuando los congresistas se encontraban fuera del país. Esto armó un revuelo en el que ahora Daniel Salaverry es investigado por obra y gracia de Karina Beteta, que dijo que la maltrató e insultó.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Falleció Gonzalo Portocarrero

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Gonzalo Portocarrero

El sociólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), Gonzalo Portocarrero, falleció ayer víctima de una penosa enfermedad, informaron medios de prensa.

Portocarrero, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), es autor de libros como Profetas del Odio: raíces culturales y liderazgo de Sendero Luminoso, y Razones de sangre: aproximaciones a la violencia política.

También escribió Imaginando al Perú. Búsquedas desde lo andino en arte y literatura, y Oído en el silencio. Ensayos de crítica cultural, entre otros. En 2016, Portocarrero hizo pública su lucha contra un cáncer de pulmón a través de una columna publicada en el diario El Comercio.

Nelson Manrique, profesor y amigo de Portocarrero; y el congresista Alberto de Belaunde, entre otras personalidades de la academia y la política, lamentaron la triste noticia.

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Política

Otro traspié de Vilcatoma

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Yeni Vilcatoma

El acuerdo con Odebrecht sigue en pie, pese a los coletazos desesperados del fujiaprismo. Ni las denuncias de Yeni Vilcatoma, ni los despropósitos de Rosa Bartra, el rostro de inocentón de Jorge del Castillo y la interpelación a Vicente Zeballos, ministro de Justicia, logrará tumbarse el acuerdo con Odebrecht.

“Acabamos de interponer una denuncia penal contra Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra, Renato Ribeiro Bortoleti y otras 31 personas más en relación a los actos de corrupción que habrían tenido lugar en el proyecto del gasoducto”, declaró Vilcatoma, quien también dijo que había vacancia presidencial.

ES UN DISPARATE LO DE VILCATOMA

“Considero que es un disparate lo que hace la señora Vilcatoma, que está acostumbrada a denunciar sin elementos de prueba. Todos sabemos que la señora está bajo la manga del fujimorismo, además es la tercera vicepresidenta del Congreso; ha regresado a pesar que la botaron de Fuerza Popular (FP)”, dijo el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“Seguramente le han ordenado que presente todas las denuncias que pueda, porque está denunciando a todos. Pero lo que a mí me sorprende es que no denuncie a César Segura, como el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que está cometiendo abiertamente el delito de encubrimiento personal y real, con respecto a Donayre, Becerril y Chávarry”, precisó.

LA GATILLERA

“La único que quiere Vilcatoma es llamar la atención, al poner una denuncia sin mayor fundamento contra Odebrecht, Barata y otros 30 exmiembros del directorio de la constructora brasileña”, remarcó.

Este -consideró el jurista- es un tema cerrado. El acuerdo de colaboración está por ser convalidado por el Poder Judicial y ya la Fiscalía ha hecho todas las investigaciones posibles.

“Lo que quiere la señora Vilcatoma, la ‘gatillera’, la que aprieta el gatillo para poner su denuncia, es amedrentar a los colaboradores del acuerdo al que han llegado los fiscales y el procurador; lo que está haciendo es llamar la atención a los empresarios de Odebrecht y OAS, para que digan que no tienen las garantías necesarias y se echen para atrás”, explicó el jurista.

“La denuncia de la señora Vilcatoma no tiene el mayor sustento. Igual, la señora Bartra no tiene la talla como abogada ni como congresista. La señora Vilcatoma quiere llamar la atención, obedeciendo a la señora Keiko Fujimori. Lo que han querido los fujimoristas es hacer un circo”, destacó.

“A pesar de todo, el acuerdo con Odebrecht sigue en pie. A pesar de todo se ajusta a derecho, falta que el Poder Judicial lo convalide y sigan temblando personas como Alan García, Humala, Villarán”, concluyó Quispe.

SOLO BUSCA ARMAR ALBOROTO

Por su parte, el congresista Alberto Quintanilla dijo que “la denuncia de la señora Vilcatoma es para crear más alboroto y tensión política para que no se actúen las pruebas que incriminan a los dirigentes de Fuerza Popular y el Apra”.

“En realidad temen que se corrobore lo que todos sospechamos. Creo que el acuerdo con Odebrecht sigue en pie, han dicho que no van a censurar al ministro, pero van a hacer alboroto”, concluyó el congresista Alberto Quintanilla refiriéndose a las bancadas fujiapristas.

ALGO MÁS

El Dr. Amoretti dijo que Yeni Vilcatoma está disparando al aire y que al tratar de evitar que se conozca el nombre de todos los corruptos está encubriendo y obstruyendo a la justicia, por lo cual podría ser denunciada.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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