Collique no se olvida

Una venta ilegal de un terreno donado para un aeródromo. - Alan García

En días pasados, Alan García declaró ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la ilegal venta del terreno perteneciente al aeródromo de Collique para la edificación de un conjunto inmobiliario. Al salir, declaró ante los medios de comunicación que: “No tuve participación en el proceso que dirigieron ProInversión y el Fondo Mivivienda” para disponer de ese terreno.

Tal es la versión recurrente que emplea el expresidente en todos los casos investigados de sus dos periodos presidenciales: soy el presidente, pero no sé nada. Lo cual contrasta con la frase que él mismo hizo célebre en los ochenta de: “En política no hay que ser ingenuos”.

Esa negativa fue empleada en los casos del tren eléctrico, dólar MUC, petroaudios, El Frontón, narcoindultos y un largo etcétera.

En un país de tradición cristiana como el nuestro, la recurrencia a estas negativas por parte del exmandatario evocan, inevitablemente, a lavada de manos como lo hacía Poncio Pilatos, el gobernador de Judea en la época de la dominación romana (así lo interpretó este diario en su edición del 09/08/17).

Gobernador que, al decir del historiador Filón de Alejandría, se caracterizaba por su corruptibilidad, robos, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin previo proceso, y una crueldad sin límites.

En el caso del aeródromo de Collique, la investigación versa sobre la venta del terreno con una subvaluación de $175´000,000.00 al Consorcio GyM y Besco S.A., formada por Graña y Montero y la empresa chilena Besco (se sabe que esta última es proveedora de la Fuerza Aérea de Chile).

ProInversión y el Fondo Mivivienda le vendió a S/ 89.00 el metro cuadrado. Por su parte, el mismo Consorcio y HDMONT que, en un enredo judicial, adquirió también luego parte de ese terreno, venderían a S/1,620.00, es decir, con un incremento de 1,800% por cada metro cuadrado. ¡Qué tal negocio!

El terreno fue, originalmente, recibido por el Estado como consecuencia de una donación que le hizo la Liga Nacional de Aviación en 1942, para el desarrollo de la Aviación Civil, luego de haberlo comprado con recursos provenientes de una colecta pública, en la que contribuyeron 500,000 peruanos de la época, en acto de auténtico amor y desprendimiento por el Perú. Entre los aportantes estuvo el héroe nacional Abelardo Quiñones Gonzales, como se registra en los diarios de la época.

El Estado aceptó dicha donación, mediante Resolución Suprema N° 706, del 03 de noviembre de 1944, durante el primer gobierno de Manuel Prado, inscribiéndola en el Margesí de Bienes del Cuerpo Aeronáutico del Perú. La aceptación fue inscrita con esa finalidad, como no podía ser de otra manera; es decir, se trató de una donación con cargo, por consiguiente el Estado peruano solo debía y debe usar ese terreno en la finalidad para la cual le fue donada: el desarrollo de la aviación civil.

Tal cargo constituye una obligación jurídica del Estado, consagrada en el artículo 1474 del Código Civil de 1936, vigente al aceptarse la donación. Esa norma es ratificada en el artículo 1625 del Código de 1984, vigente a la actualidad. No acatar esas estipulaciones legales, disponiendo del terreno para otros fines, es, a la vez, infringir el artículo 118 inciso 1° de la Constitución Política, que obliga al presidente a ser el primero en cumplir y hacer cumplir las leyes. Por ende, estaríamos frente a un caso de infracción constitucional cometido durante el segundo gobierno de García; sin menoscabo de los aspectos penales investigados por el Ministerio Público, por el perjuicio ocasionado con la venta subvaluada.

La versión del exmandatario, de que no participó en el proceso que dirigieron ProInversión y el Fondo Mivivienda, suena a querer borrar con el codo lo escrito con la mano, puesto que él firmó, promulgó y publicó la Resolución Suprema N° 002-2009-VIVIENDA, con la cual aprueba el proceso de transferencia en favor del Consorcio GyM Besco S.A, por la irrisoria suma de S/ 29’001,239.81, sin embargo, una vez más dice: yo no sé nada. Es un caso inédito en la historia de los anales judiciales en que la máxima autoridad del país, que dirige la política general del gobierno, y ordena la disposición del patrimonio nacional, como en este caso, nunca sabe nada, pese a autorizarlo todo.

Alan García Pérez

Es pertinente recordar que Graña y Montero está ligada directamente a Odebrecht, empresa brasileña comprometida en una red de corrupción internacional. Esta empresa es la misma que tuvo la generosidad de obsequiar al gobierno de García el Cristo del Morro Solar, valorizado en $ 833,437.47. Ahora se conoce que también tuvo el desprendimiento de entregar $35,000.00 al denominado Instituto de Trabajo y Familia, perteneciente a Pilar Nores, esposa de Alan García.

Esta misma empresa entregó $ 2’000,000.00 a su viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba (actualmente preso), para favorecerla en la adjudicación de la obra Línea 1 del Metro de Lima. Pero el señor García, nunca sabe nada.

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