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Cárceles doradas y calabozos perpetuos

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La Comisión de Defensa Nacional del Congreso acaba de aprobar el dictamen que dispone el traslado de militares y policías procesados o condenados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo a establecimientos penitenciarios militares.

Según informa “La República”, el dictamen, en caso de convertirse en ley, beneficiaría a todo miembro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cometió delitos de lesa humanidad para cumplir su condena en una cárcel manejada por su institución. Esto incluye a los integrantes del grupo Colina, quienes actualmente cumplen su condena en cárceles de máxima seguridad.

Dos preguntas:

UNO: ¿quiénes van a recibir este beneficio?

Siempre me he negado a creer en las escenas de “La cautiva”, una obra teatral que muestra a soldados de nuestro ejército ejerciendo actos sexuales contra el cadáver de una adolescente. Por desgracia, las actas de la Comisión de la Verdad han recogido testimonios de que aquello sucedió.

En los años terribles que vivió nuestro país las conmociones de una guerra interna, se dieron muchos actos como el mencionado. Decenas de pequeños pueblos, con sus hombres, mujeres, ancianos y niños fueron saqueados y exterminados. En la ciudad de Huamanga, el obispo Cipriani probablemente se ponía tapones en los oídos para no escuchar los alaridos de las madres que reclamaban a sus hijos desaparecidos. Un poco más allá, el cuartel se convirtió en centro de torturas y cementerio clandestino.

Desde ningún punto de vista es aceptable que los civiles ejerzan la violencia o inicien una guerra en un país donde los organismos democráticos están abiertos para la libre discusión de ideas y el cambio social invocados por ellos. No obstante ello, tampoco es comprensible que el Estado emprenda una represión por encima de los límites que la Constitución le impone y que decrete la situación de tierra arrasada sobre las regiones donde “podrían” encontrarse los insurrectos.

Estas fueron las condiciones en las cuales muchos de nuestros soldados y oficiales cometieron actos de barbarie. Muchos, pero no todos. El precepto legal elaborado por el Congreso mete en un mismo saco a unos y otros y, en cierta forma, pareciera justificar los actos bestiales cometidos por algunos. Por otro lado, en su afán de abarcar tanto los miembros del grupo Colina como a los que, en el futuro, pudieran cometer actos semejantes, hace que la ley extienda sus efectos hacia un pasado sin límites. Es decir, se trata de una ley retroactiva, lo cual está prohibido en el mundo desde hace mil años durante los tiempos de Juan sin Tierra y de la Carta Magna.

Pregunta DOS ¿Debemos oponernos a este cambio hacia una cárcel más confortable para los violadores de los derechos humanos?…
¡No, de ninguna manera! Asumir los métodos de los perversos es convertir a la sociedad misma en una sociedad perversa. Los países civilizados no han inventado la cárcel para torturar sino para reeducar y para que los que están afuera de ella entiendan que los delitos se pagan.

Pregunta TRES; ¿Qué debemos hacer ahora?

También sería correcto que los presos políticos vayan a la cárcel común que les corresponde. Como sabemos, muchos de ellos han pasado décadas encerrados a oscuras en la infame condición de enterrados vivos y, ahora mismo, luego de todo ese tiempo, muchos pagan su condena en una base militar con severas restricciones incluso para recibir visitas de sus familiares.

Y eso a pesar que la Marina de Guerra del Perú ha pedido al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que, a la brevedad posible, traslade de la prisión de la Base Naval del Callao a los recluidos en esta instalación militar a un penal común.

“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” establece la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo que está ocurriendo en el Perú de hoy es un doble y desigual trato, cárcel dorada para el que usó de su uniforme para deshonrarlo, calabozo perpetuo para los del otro lado. Y eso es innoble, bárbaro y perverso.

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