Suele decirse que el Congreso de la República es una de las más importantes instituciones democráticas del país. Sin embargo, queda en evidencia que en el Perú ha dado mucho que hablar por la poca capacidad de sus integrantes. Además, por los escándalos que ha suscitado en los últimos años.

Por ejemplo: durante la gestión de Luz Salgado, de Fuerza Popular, como presidenta del Legislativo, los parlamentarios solicitaban dos mil soles y después tenían que rendir cuentas de estos gastos de representación. Sin embargo, este mecanismo cambió cuando asumió la presidencia Luis Galarreta, también de Fuerza Popular, acompañado de Mauricio Mulder (Apra), Mario Mantilla (Fuerza Popular) y Richard Acuña (Alianza para el Progreso).

La suma, con ellos, pasó a dos mil 800 soles, líquidos con la retención del impuesto a la renta. Esto fue visto con malos ojos en la actual gestión de Salaverry, donde se ha generado una discusión que llegó a niveles de escándalo que trascendió las paredes del Congreso.

Esto ocurrió cuando se supo que el legislador tenía que devolver el saldo de la suma recibida en la época de Salgado. Empero, el 13 de setiembre de 2017 los arriba mencionados, aprobaron por unanimidad lo que llegó a convertirse en un privilegio.

La suma se elevó a dos mil 800 soles. Lo grave es que los congresistas recibían un cheque y no había control sobre si ese dinero era utilizado o no en sus viajes de representación.

EL AUMENTO FUE DE 4 MIL

Para que los congresistas reciban el líquido de 2.800 soles, se subió a 4 mil. Con el descuento del impuesto a la renta, la suma quedaba en 2.800 y ningún congresista protestó porque “otorongo no come otorongo”.

Incluso Galarreta habló con varias bancadas informando sobre el referido incremento salarial encubierto sin rendir cuentas. Se dice que esto se generó durante la gestión de César Zumaeta, en el periodo 2006-2011, cuando el Apra controlaba el Congreso.

El 17 de agosto del 2010, la Mesa Directiva encabezada por Zumaeta adoptó el Acuerdo Nº 018-2010-2011, para brindar “apoyo logístico” para los despachos congresales, “para las actividades de la semana de representación”.

Esto es una muestra en pequeño de cómo el Congreso de la República no legisla para el pueblo, según las necesidades de la ciudadanía, sino para sus propios bolsillos e intereses.

Porque, por ejemplo, los maestros, los trabajadores y otros sectores, exigen un aumento de sueldo pero no les hacen caso pese a sus reclamaciones

ALGO MÁS

La noticia del aumento fue dada a conocer por el congresista suspendido Kenji Fujimori, quien dijo que se concretó cuando Galarreta era presidente. Al lado de él estaban Mulder, Acuña y Mantilla.

Mercedes Aráoz, vicepresidenta y congresista, dijo que había cometido un error al relacionar la honradez de un funcionario con el dinero y que el aumento a los parlamentarios sea de acuerdo a la inflación.

“Nunca he pedido aumento de sueldos para los congresistas. Sí que se sinceren las remuneraciones y se acaben las ‘asignaciones’. Cometí un error al relacionar la honradez de un funcionario con el monto de su sueldo. Les ofrezco sinceras disculpas”, fue lo que dijo en su cuenta de Twitter.

Además, pidió un imposible: que los legisladores ganen de acuerdo a la inflación, algo que indigna a los ciudadanos, para mala suerte de la imagen del Congreso.

“Hace tiempo propuse hablar de un sinceramiento porque realmente los salarios de los congresistas están atrasados, son más de 15 años que no han cambiado. En el 2006 se congelaron. La intención era darle una posibilidad de que se mejore”, dijo Aráoz horas antes.

Y agregó: “Se lo digo con todo el corazón. Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, para que alguien haga trampas. […] Los que no hacemos trampas no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración de acuerdo al costo de vida”.

Esta insinuación a inclinarse por el mal camino, fue rectificada, pero la espina quedó clavada allí, donde los peruanos sufren más, que es la falta de efectivo para cubrir sus necesidades básicas.

Esta mañana Vicente Zeballos, ministro de Justicia, será interpelado en el Congreso. Deberá responder a 21 preguntas, que tienen la intencionalidad de bajarse el acuerdo firmado con Odebtrecht.

La autora de esta medida es Yeni Vilcatoma en un vano afán por hacer fracasar la lucha contra la corrupción. Decimos vana, porque como dijo Rafael Vela, coordinador de la Comisión Especial Lava Jato, la interpelación está desvinculada jurídicamente y los fiscales tienen una carta bajo la manga de sus investigaciones.

El ministro Zeballos afirmó que el “Ministerio de Justicia no tiene competencia en el acuerdo con Odebrecht”. El Pleno del Congreso recibirá al Ministro de Justicia hoy jueves 21 de marzo a partir de las 9 de la mañana.