Las duras críticas contra Karina Beteta, Milagros Takayama y Milagros Salazar, quienes inicialmente se negaron a firmar la resolución que recomienda la destitución e inhabilitación de Pedro Chávarry hicieron que las congresistas fujimoristas den marcha atrás en sus intentos por blindar al fiscal supremo. Consultados por Diario UNO aseguran que la actitud de las legisladoras de Fuerza Popular es una expresión clara del perfil autoritarista del fujimorismo.

“RABIETA”

El congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos, calificó como “una rabieta” la actitud de las congresistas fujimoristas Beteta Takayama y Salazar, al no poder blindar al fiscal supremo Pedro Chávarry ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Es una rabieta de no haber podido blindar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a Pedro Chávarry y entonces tienen esta actitud”, sostuvo el legislador a Diario UNO.

Tras señalar que el gesto de las congresistas es contrario a la práctica parlamentaria, Cevallos aseguró que esto demuestra la intolerancia del fujimorismo y “la poca costumbre que tiene de mantener el control en sus decisiones estratégicas”.

Asimismo, afirmó que Fuerza Popular sigue manteniendo un claro perfil autoritario que se demuestra cada vez que se trata de defender la impunidad de personajes vinculados a la corrupción.

BLINDAJE

Por su parte, el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce afirmó que la actitud de las congresistas fujimoristas y su posterior cambio de parecer confirman la actitud fujimorista de intentar blindar a Pero Chávarry.

“Se negaron a firmar y luego cambian de opinión; esto confirma la actitud que ha tenido el fujimorismo de manera permanente, de intentar blindar a Pedro Chávarry”, señaló a Diario UNO.

Asimismo, Arce sostuvo que frente a la lucha contra la corrupción tiene que haber una posición de transparencia “pero acá ha habido blindaje”.

CAMBIO DE PARECER

Las legisladoras de Fuerza Popular, Karina Beteta, Milagros Takayama y Milagros Salazar, inicialmente se negaron a firmar el acta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la cual se registra el acuerdo que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Durante el pleno del Congreso y con el fin que suscriban el acuerdo que aprobó por mayoría el informe del legislador de Concertación Parlamentaria (CP), Juan Sheput, un trabajador del Parlamento se acercó a las mencionadas legisladoras pero estas se negaron a firmar.

El informe recomienda denunciar a Pedro Chávarry por el delito de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal.

Ayer en la tarde, la congresista Takayama declaró que no había firmado el documento porque consideraba que no era obligatorio en su caso porque ella votó en contra del informe. “Solo están obligados de firmar los que votaron a favor”, señaló a la prensa.

Horas más tarde el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, informó que las congresistas Takayama, Beteta y Salazar finalmente firmaron el expediente.

OBSTRUYENDO

De acuerdo al procedimiento parlamentario, para que el acta del acuerdo llegue a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y posteriormente al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, se requiere de las firmas de todos los integrantes del grupo de trabajo como lo son las tres legisladoras. Solo de esa manera, Salaverry, podrá convocar a la Comisión Permanente para que evalúe el informe.

DENUNCIA

El congresista del Frente Amplio (FA) Marco Arana evaluaba denunciar ante la Comisión de Ética a Beteta, Takayama y Salazar por negarse a firmar el acta, advirtiendo que las legisladoras obstruían el procedimiento parlamentario al no firmar el documento que recoge la votación del informe que recomienda la destitución e inhabilitación por 10 años del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Arana, antes del cambio de parecer de las congresistas, reconoció que no se puede obligar a las legisladoras a firmar el documento, pero sí se puede informar de su negativa y dejar constancia que ellas votaron en contra de acusar al fiscal supremo, tal como consta en el diario de debates del Congreso.

Al respecto, Richard Arce, tras asegurar que el propio presidente de la Subcomisión, César Segura, dijo que le llegaron órdenes para no agendar el tema, indicó que el fujimorismo tendrá que responder por los blindajes y que “no se salvará” de una acusación constitucional ni de un proceso penal.

“Ellos tienen mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Recuerde cuántas acusaciones se han presentado con argumentos contundentes y fueron archivados usando su mayoría”, acotó.

Sobre esto mismo, Juan Sheput, de Concertación Parlamentaria, y encargado de elaborar el informe que fue aprobado en la Subcomisión, manifestó que están buscando dilatar el debate.

“Es una forma de que esto se dilate, pues el oficial mayor tiene que recibir el dictamen con los resultados de la sesión con firmas de todas las personas involucradas, sobre todo de aquellas que han votado a favor de algún tipo de compromiso en la Subcomisión”, expresó.

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, afirmó que el procedimiento establecido para plantear una cuestión de confianza es intangible y no puede ser reformada, incluso por un proyecto de reforma constitucional como plantea la bancada de Fuerza Popular.

Indicó que esta propuesta busca modificar el artículo 133 de la Constitución Política, respecto a la posibilidad de reconstituir el Gabinete Ministerial sin la presencia de alguno de los ministros salientes, cuando este aspecto fue declarado como inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) ante un cambio en el Reglamento del Congreso.

“Lo que dice el Tribunal Constitucional (en su fallo sobre la cuestión de confianza) es que es una institución intangible y es materia no reformable, porque es una garantía de un auténtico estado de derecho y de equilibrio de poderes”, manifestó.

Zeballos precisó que el argumento jurídico del TC dice que la cuestión de confianza es entendida como una facultad del Poder Ejecutivo, cuya finalidad esencial es servir de contrapeso a la potestad que tiene el Congreso de la República.

QUIEREN DESNATURALIZAR MANDATO CONSTITUCIONAL

“De Fuerza Popular lo que se puede esperar es cualquier cosa, ¿no? Pero lo cierto es que ellos saben es que modificar la Constitución les va ocasionar un tiempo mayor, porque tienen que hacerlo en dos legislaturas, hay que esperar varios meses”, dijo el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Lo que están haciendo es desnaturalizar el mandato constitucional para querer modificar el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso lo pueden modificar ellos, pero también no pueden ir más allá de la norma constitucional”, destacó.

“Entonces, al modificar el reglamento del Congreso lo que están haciendo es empoderarse como un grupo político y esterilizar la cuestión de confianza para que el Ejecutivo no pueda lograr entablar la cuestión de confianza con los parámetros que están impuestos ahora, modificarlos y evitar que el Presidente cierre el Congreso de una manera constitucional”, explicó.

NOS LLEVAN AL ABISMO

“Ya el presidente Vizcarra lo ha dicho muy claramente que la cuestión de confianza está allí y que quizá lo pueda utilizar en su momento por todos los estropicios y atrocidades que está haciendo el Congreso”, observó.

“Pero no la está utilizando, en base a eso lo que están haciendo los congresistas es querer enmendarle la plana a la figura de cuestión de confianza, para que cuando el Presidente termine de hacerlo finalmente no pueda realizarlo por la modificación del reglamento y tengamos un Congreso empoderado, un Congreso al que no se le pueda pedir nuevas elecciones y finalmente terminar en este mandato que tienen ellos como congresistas, pero que finalmente lo que están haciendo es buscar leyes en favor de un grupo político como es el fujimorismo”, puntualizó.

“Esta figura de la señora Aramayo junto a las señoras Beteta y Bartra, ya sabemos a qué nos llevan: nos están llevando al abismo en el lado constitucional, neutralizar al Presidente a través de la cuestión de confianza y lograr el control absoluto del país, y el trasfondo más claro es buscar alguna norma que pueda beneficiar a Keiko Fujimori para que finalmente termine saliendo no por un mandato judicial, sino por una situación de una ley especial y seguir a una serie de personajes como Becerril, Mamani y Chávarry, para que puedan conseguir sus fines como lo dijo el señor Domingo Pérez y el señor Concepción Carhuancho”, concluyó Quispe.

FUERZA POPULAR PERDIÓ LA BRÚJULA

“Fuerza Popular en realidad perdió la brújula, no tiene objetivos claros respecto al país y simplemente reacciona sobre situaciones que puedan afectar al presidente Vizcarra y en realidad lo que están haciendo es afectar la gobernabilidad”, dijo el analista Miguel Jugo.

“Yo creo que ellos están mal encaminados y lo mejor que podrían hacer es tratar de ubicarse qué es lo que el país requiere, porque esto es un descalabro y ellos no están quedando bien con el país”, cuestionó.

“Hay una resolución constitucional que impide la modificación. Eso de vacar al primer ministro y de que se vayan los demás, son ideas de Mauricio Mulder que puede provocar el foul y creo que eso no resuelve los principales problemas que tenemos los peruanos”, subrayó.

“El país requiere cambios fundamentales en la política, en la justicia, en muchos ámbitos y esta es la oportunidad de hacerlo. El Congreso lo que ha hecho en los últimos años es defender a corruptos, tratar de oponerse a lo que es justo”, remarcó.

ALGO MÁS

“Ellos se niegan a acatar el mandato del referéndum y eso el país no lo recibe bien. Ellos deben ponerse en consonancia. El otro día nos hemos enterado que la Comisión de Constitución fue a Loreto y allí recibieron las quejas del pueblo; la situación del país empeora y todos queremos que mejore”, concluyó Jugo.

FÉLIX GRIJALBA SATO

La Revista Ideele me ha solicitado amablemente una reflexión acerca de lo sucedido el 17 de abril último en que el expresidente Alan García se dio un disparo, terminando con su vida, para evitar que se concretara la diligencia judicial de su detención preliminar, solicitada por la Fiscalía y ordenada por el Poder Judicial.

Esto sucedió en el marco de las investigaciones sobre uno de los procesos penales iniciados para combatir a la megacorrupción —que golpea sañudamente a nuestro país desde hace varios años—, y sancionar debidamente a los culpables, en el marco de las leyes y con las garantías del debido proceso.

Es difícil cumplir con lo solicitado, pues no se trata solo de reflexionar sobre el suicidio de una persona, lo que no es ni puede ser tema sobre el cual agrade conversar o escribir, sino porque en este caso se trata de las circunstancias en que ocurrió el hecho, y por tratarse de alguien que fue alto dirigente y, durante bastantes años, para muchos, líder del APRA (PAP), luego de la muerte en 1979 de Víctor Raúl Haya de la Torre, el incuestionable líder histórico de esa APRA muy distinta a la de ahora.

De ese partido que fue como mi segundo hogar y en el cual activé durante gran parte de mi vida*. Y porque, además, la persona que consumó su suicidio tuvo muchísimo poder —entregado por quienes en su momento confiaron plenamente en él— y fue en dos ocasiones presidente del Perú.

Complicado, además, porque este hecho trágico (quitarse la vida, haciendo con ello más dificultoso para los encargados de administrar justicia, que se llegue a conocer la verdad) tiene implicancias profundas y complejas para el Perú y, cómo no, para el APRA, la organización política decana del país fundada por Haya de la Torre en 1930.

Por ello, es necesario ubicar lo sucedido en un contexto mayor de reflexión —habida cuenta de los hechos: signos exteriores de riqueza, pruebas plenas, evidencias, y testimonios corroborantes— de lo que puede significar para el Perú empezar a terminar con la megacorrupción instalada en los más altos niveles del Estado, lo cual ha frenado y frustrado las posibilidades de un sostenido desarrollo nacional en libertad, en democracia, y respetando los derechos humanos de todos sus ciudadanos.

El suicidio de Alan García

Expresado públicamente el pésame a la señora madre, hijos y otros seres queridos del expresidente por este hecho de sangre inaudito e inexplicable, la vida debe proseguir.

Sin embargo, así como fue impactante el hecho de descerrajarse un disparo con arma de fuego como consecuencia de la decisión exclusivamente personal de Alan García, también debe ser materia de un sereno y razonable primer análisis, donde prevalezca rigurosamente la consideración objetiva de los antecedentes conocidos, la lógica, las pruebas y los elementos de convicción.

Y finalmente, el sentido común, como telón de fondo y marco general, sin forzar interpretaciones extravagantes, antojadizas o interesadas, sobre hechos, actitudes y evidencias que caen por su propio peso.

La reacción normal y previsible de una persona que se sabe y se siente inocente de delitos o crímenes que se le imputan, es defender tenazmente su inocencia, siempre, con toda su inteligencia, sus fuerzas y argumentos en busca de la verdad.

No rehúye ni evade. Si hay complejidad o sofisticación en los delitos o crímenes perpetrados, pues la persona inocente procede a explicar esa complejidad y, acto seguido, procede al deslinde transparente de responsabilidades y al careo correspondiente con coimputados, si los hubiere, o con los testigos de cargo, en el marco de la razón y de las reglas del debido proceso en un estado constitucional de derecho.

A esta conclusión llegó el gobierno de Uruguay cuando en diciembre del año pasado le denegó el asilo diplomático —solicitado dos semanas antes— y le pidió que se retirara de la residencia uruguaya en Lima. El señor García Pérez no era un perseguido político.

Y, si de honor y dignidad se trata, pues la persona inocente defenderá con más decisión y tenacidad su inocencia, precisamente, para salvar el honor y la dignidad de su nombre y el de sus progenitores e hijos.

Pero ¿qué ocurrió el miércoles 17 de abril? Lo impensable para la inmensa mayoría de peruanos, inclusive para los fiscales y para los miembros de la Policía Nacional que intervinieron en la diligencia.

Excepto, aparentemente, para su entorno de colaboradores inmediatos, inclusive algunos congresistas que el país conoce bien, y cuya pasividad y silencio, desde la noche anterior a la diligencia y hasta momentos antes del suicidio, es inexplicable; no obstante, tener ellos conocimiento de fuertes indicios que el señor García podría atentar contra su vida y saber que tenía en posesión varias armas de fuego.

¿Por qué no alertaron a la Policía Nacional o a la Fiscalía de la Nación de esa posibilidad fatal y por qué ninguno de esos congresistas o dirigentes políticos de su entorno inmediato y de confianza ni siquiera estuvo acompañando a su “compañero presidente” desde la noche anterior, dentro o fuera de su domicilio, en la misma mañana de los hechos?

Días antes, —sobre todo a través de los informes valientes y rigurosos de los periodistas de investigación Gustavo Gorriti y Romina Mella—, se había conocido públicamente la existencia de vouchers o transferencias bancarias —de varios millones de dólares en presuntas megacoimas— atribuidas y hechas a favor de Luis Nava Guibert, —según confesión de Jorge Barata, máximo ejecutivo de Odebrecht en el Perú.

Transferencias bancarias desde cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) hechas por Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú designado durante el gobierno de A. García y hombre de absoluta confianza del expresidente.

Como sabemos, el señor Nava fue secretario de la Presidencia de la República durante los dos periodos de gobierno de Alan García, designado por el mismo expresidente, hombre de su absoluta confianza también y a quien se veía permanentemente muy cerca del entonces presidente, atento a cualquier indicación o directiva de él, en la gran mayoría de actos públicos oficiales, año tras año.

Al momento de escribir estas líneas, Luis Nava Mendiola, hijo de Nava Guibert, —quien salió del país el mismo día que se ordenó su detención preliminar—, ha regresado al Perú luego de confirmar ante los fiscales, en la ciudad de Miami, EE. UU., la veracidad de lo declarado por el ejecutivo de Odebrecht, y que él solo se limitaba a transportar al señor Barata a donde se encontraba su padre para entregarle grandes cantidades de dinero.

Nava Mendiola, cuyo nombre también se registra como receptor de medio millón de dólares de Odebrecht, se encuentra, por ahora, con orden de comparecencia restringida.

Estos son los antecedentes inmediatos más relevantes a la muerte autoinfligida por Alan García Pérez ese 17 de abril y que derivaron en la orden judicial de arresto preliminar que jamás pudo cumplirse. El proceso penal ha de continuar y el dictamen fiscal deberá contener todos los elementos de convicción que finalmente serán materia de sentencia judicial. Y aquí me detengo en este aspecto.

Distorsiones, fanatismos y campañas mendaces

Sin embargo, no obstante ser de público conocimiento todo lo anterior, los dirigentes del entorno inmediato del fallecido expresidente iniciaron una inexplicable, absurda y violenta campaña verbal de negación de los hechos y de distorsión, cuestionando el hecho central que Alan García se había quitado la vida por su propia decisión y pretendiendo culpar de su suicidio a los periodistas de investigación que acopiaron la información de la fiscalía brasileña y la hicieron pública, a los fiscales encargados del caso y a los mismos policías que intervinieron en la diligencia.

La reacción de esos dirigentes, que debió ser de reconocimiento cabal de lo acontecido, con hidalguía y sinceridad ante el país, se tornó, por el contrario, en un grotesco espectáculo mendaz, que el país ha atestiguado y que ha hundido aún más en el descrédito, en la debacle moral y en el rechazo popular al otrora poderoso partido de Haya de la Torre.

¿En qué condiciones deja Alan García al APRA?

El APRA fue mi partido durante gran parte de mi vida, y en el pasado fortaleció sus cuadros políticos, su mística, su organización y su gravitación política precisamente enfrentando adversidades y persecuciones en las peores circunstancias. Y en ningún momento, ni Haya ni ninguno de los dirigentes o militantes se suicidó o pretendió suicidarse, lo cual habría sido absolutamente impensable.

Pero el APRA de Haya pudo resistir la adversidad y erguirse frente a ella porque, aún en medio de aciertos y desaciertos, como ocurre con toda obra humana, prevaleció la autenticidad de la prédica y la propuesta de transformación democrática y, sobre todo, la honestidad y honradez de sus máximos dirigentes.

Hoy el PAP, luego del segundo gobierno de Alan García, ante la inmensa mayoría ciudadana, está asociado con la corrupción y por ello es rechazado por esas mayorías. Es como si ese peso histórico se hubiera volcado contra el mismo partido.

El PAP, bajo esta dirigencia, en los últimos lustros se ultraderechizó, arrió sus banderas de justicia social con libertad y derechos humanos, se puso del lado de los poderosos y llegó a llamar “ciudadanos de segunda categoría” a nuestros compatriotas de los andes y de la selva que se atrevieron a defender sus tierras, su agua y la pureza de su aire.

Y aún en medio de procesos penales por corrupción que involucran a los expresidentes Toledo, Humala y Kuczynski, y a la excandidata presidencial Keiko Fujimori; el rechazo y el repudio al APRA es proporcional a la influencia, gravitación y esperanzas que tuvo y concitó durante décadas.

Todo esto por responsabilidad directa de quienes se presentan como dirigentes máximos y hasta “líderes”. Esto es una gran traición a esa APRA del pasado, a Haya de la Torre y a quienes lucharon hasta perder la vida por esos ideales superiores.

¿Qué ocurrirá en el futuro próximo y más allá de él?

Por el momento, aventurar una respuesta sería entrar en el terreno de lo insondable.

*En lo personal, creo pertinente señalar que nací en hogar aprista, cuando en el Perú regía la dictadura militar de Manuel Odría. Mi padre, Romeo E. Salgado, a los 20 años de edad, fue co-fundador de la Federación Aprista Juvenil (FAJ) en 1934, luego que en 1932 (bajo la dictadura de Luis M. Sánchez Cerro) estuviera a punto de ser ejecutado extrajudicialmente junto con otros jóvenes apristas en el Callao. He sido dirigente del Comando Universitario Aprista (CUA) en la Universidad Católica de 1973 a 1977, secretario general de comités apristas en los EE.UU. (1979 – 1984) y en años ulteriores (1989-1992) secretario nacional de Relaciones Internacionales del Partido Aprista Peruano.

LUIS ALBERTO SALGADO T
REVISTA IDEELE