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Brasil. Itamaraty en peligro

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Ernesto Henrique Fraga Araujo

Los que conocen Brasilia, la bellísima y moderna capital brasileña, cuentan que el Palacio Itamaraty –o Palacio dos Arcos- es considerado la obra maestra de Oscar Niemeyer, el arquitecto comunista a quien tuve el privilegio de conocer personalmente, en el edificio Rio Branco de la capital carioca el 21 de octubre de 1961. Él fue el que ideó, diseñó y construyó esa maravillosa ciudad brasileña perdida en la extensa sabana de Estado de Goiais, donde ahora vive a sus anchas, y gobierna, Jair Bolsonaro, uno de los más incultos mandatarios de América..

En realidad, se trata de una construcción monumental, integrada por tres edificios, el Palacio y sus dos anexos; y fue inaugurado hace casi 50 años, el 20 de abril de 1970 por el entonces Jefe de Estado brasileño, el general Emilio Gasrrastazú Médici en los que podría denominarse los “años de gloria” de la dictadura brasileña instaurada en marzo de 1964.

En verdad, el edificio de Brasilia heredó su título del antiguo Palacio de Itamaraty, que aún funciona en Rio de Janeiro; y que fuera sede del gobierno republicano del Brasil en la última década del siglo XIX. Hoy ese edificio sigue siendo un centro turístico, y una importante dependencia del Estado en el sector de Relaciones Exteriores. El traslado de la capital al interior, ocurrido en 1960, no varió la denominación de la sede de la Cancillería brasileña, que conservó no solo el nombre, sino también el prestigio de su servicio diplomático.

Todo esto –lleno de historia y de leyenda- pareciera ahora estar en peligro. Y es que ocurre que al hoy titular del portafolio, el pomposo Ernesto Henrique Fraga Araujo, le ha picado el mosquito del servilismo, y le ha dado por arrodillarse sin tapujos ante la administración yanqui; haciendo insólitos meritos ante la Casa Blanca

El bien aventurado caballero, conocido como uno de los más conservadores especímenes del oscuro Gabinete en funciones, -distinguido profesor de lingüística y literatura- tiene ideas locas: piensa, por ejemplo, que el cambio climático, no existe, que es apenas un invento y un dogma creado artificialmente por una conspiración del “marxismo cultural” en boga y que no tiene más propósito que incentivar el poderío de China en el mundo.

Sostiene, además, la importancia de desplegar una guerra abierta contra los homosexuales, las carnes rojas y el petróleo, a los que juzga algo así como los culpables del atraso del Brasil en el mundo de nuestro tiempo incluidos sus debacles registradas en el fútbol recientemente.

Pues bien, este mismo pintoresco Canciller ha tenido la desfachatez de cursar una “ordenanza” dirigida a las embajadas de Brasil en el mundo, conminándolas a unirse a los Estados Unidos, y condenar al alimón con ese país, “el apoyo militar y la inteligencia ofrecida por La Habana a la sustentación de Nicolás Maduro” como Presidente en el gobierno Bolivariano de Venezuela.

Pareciera que como los yanquis han llegado finalmente a la conclusión que no podrán echar del Palacio de Miraflores al sucesor de Hugo Chávez, luce indispensable impulsar contra él una suerte de ofensiva global considerando lo que, según Araujo, sería un inmenso e imperdonable delito: ser “aliado de Cuba”

Este Canciller instruye a sus embajadores para que se pongan en contacto con los gobiernos ante los que estén acreditados, para informarles que Maduro “recibe protección directa de consejeros militares y de servicios de inteligencia cubanos en varios niveles”. Y asegura luego estar persuadido que “una campaña internacional de presión diplomática sobre Cuba, podrá contribuir al cese de la ayuda de La Habana”.

También sostiene que los embajadores del Brasil deberán instar a las autoridades extranjeras a “condenar con vehemencia el protagonismo de Cuba en la prolongación de la crisis venezolana” y añade que la “condena” a esa ayuda, “deberá hacerse por medio de declaraciones en foros regionales y multilaterales e incluso en tratativas directas con el gobierno de Cuba.”. Como si esto fuera poco, en el punto final de su “nota instructiva”, este casi improvisado diplomático señala que sus embajadores deberán cumplir sus instrucciones nada menos que “en coordinación con la embajada de los Estados Unidos en cada capital”.

En otras palabras, el sorprendente inquilino transitorio de Itamaraty pretende que Brasil abandone la neutralidad –carta básica de su política exterior- y se sume a las demandas de Washington, que nos habla de La Habana, Caracas y Managua como los integrantes de un supuesto “eje del mal”, que debe ser erradicado por la fuerza.

La misiva cursada por este Araujo a los embajadores brasileños en distintos países, ha causado, por cierto, mucho revuelo y gran alarma incluso entre los destinatarios de la carta. En primer lugar, porque sale largamente de los límites usados antes por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil; incluso en las peores épocas del gobierno militar, cuando el escuadrón “Teseo” brillaba en todo su esplendor y Dilma Rousseff era salvajemente torturada por los esbirros de la dictadura castrense en la Patria de Castro Alves, el Cantor de los Esclavos, como lo bautizara Jorge Amado.

El documento de Araujo es burdo. Tanto, que los embajadores brasileños en distintos países han mostrado su contrariedad por la nota y han puesto en tela de juicio su origen. Algunos sostienen incluso, que su fuente original no sería el Palacio de Itamaraty, sino quizá la oficina parlamentaria del diputado Eduardo Bolsonaro, el hijo del Presidente; o Tal vez la oficina de Olavo de Carvalho, “consejero presidencial en materia de política exterior”; o más precisamente de Langley, Virginia, donde funciona la oficina principal de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la tenebrosa CIA.

Cualquiera sea el origen de la circular de Araujo, ella sienta un precedente en extremo peligroso: Ni Independencia, ni Soberanía; ni política propia, ni decisiones nacionales. Sometimiento al dictado del Imperio y servilismo inagotable. ¿A eso se marcha el Brasil de hoy?

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Política

Es una mordaza a la información

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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