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Barrio Seguro: Prevención focalizada

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Hemos identificado cada uno de los barrios en que vamos a intervenir. En términos generales, se puede hablar de barrios de entre 10.000 y 20.000 habitantes, con un promedio de 60 manzanas, en zonas urbanas de ciudades grandes.

En el Perú todos estamos expuestos al delito en alguna de sus formas. Sin embargo, el delito violento está muy focalizado. Del total de delitos patrimoniales, el 65% ocurre en solamente 100 distritos del país. No solo eso, el 56% de los homicidios ocurre en 6% de ellos (114 distritos). Es decir, hay un problema general, pero a la vez, también específico y que se concentra en, relativamente, pocos lugares.

Y se puede focalizar todavía más. No en todos los barrios de cada distrito identificado hay la misma incidencia delincuencial. En algunos ocurre con mucha mayor intensidad. A ellos apunta Barrio Seguro.

Barrio Seguro se plantea, por tanto, incidir en los 100 barrios más peligrosos del Perú y avanzar a transformarlos en un mediano plazo, con una estrategia multisectorial. Quizás la forma de frasearlo de la manera más gráfica sea la siguiente: ¿cómo hacemos para que en esos lugares los chicos de 9 o 10 años no se conviertan con el paso del tiempo en pandilleros o, peor aún, en sicarios?

Hemos identificado cada uno de los barrios en que vamos a intervenir. En términos generales, se puede hablar de barrios de entre 10.000 y 20.000 habitantes, con un promedio de 60 manzanas, en zonas urbanas de ciudades grandes, en donde se combinan estadísticas de alta incidencia delictiva, alto índice de homicidios y un número significativo de población penal que vivía allí antes de entrar la cárcel.

En estos barrios hemos empezado a lanzar este programa desde noviembre del 2016. Iniciamos con cinco: Wichanzao en el distrito de La Esperanza, Río Seco en El Porvenir y otro en la zona centro de Florencia de Mora (todos ellos en Trujillo), además de los de San Agustín (Chincha Alta) y Chocoy (Barranca).

Este año hemos extendido el trabajo a los barrios de Miraflores, en Zarumilla (Tumbes); Urrunaga, en José Leonardo Ortiz (Lambayeque); San Pedro, en Chimbote, y Shancayán, en Independencia-Huaraz (Ancash); Huáscar, en San Juan de Lurigancho, y el Porvenir-Matute, en La Victoria (Lima); además de Tiwinza-Sarita Colonia (Callao). Más al sur tenemos el barrio de Asunción 8, en Imperial-Cañete (Región Lima).

Para finales del 2017 habremos inaugurado Barrio Seguro en 22 lugares: Nueva Esperanza-Villa Perú Canadá (26 de octubre-Piura), Alto Trujillo (El Porvenir), Barrios Altos (Lima), Sexto Zona (El Agustino), Centro Histórico (Rímac), Cerro Colorado (Juliaca), Salcedo (Puno), Sector 3 (Tacna), y Zarzuela (Cusco). Para el 2018, tendremos 30 más, superando los 50 barrios a la mitad de la gestión.

La estrategia de trabajo es de mediano plazo y parte de asignárselo a la comisaría que tiene jurisdicción allí, a la que se le añade personal y equipamiento adicional de refuerzo, bajo el mando de un comisario seleccionado y capacitado por el equipo del programa para que adopte una visión comunitaria de acercamiento a la población. A la vez, desde el lado de las unidades de élite de lucha contra el crimen organizado de la PNP, se planifican acciones de extirpación de estructuras criminales que afectan a esa población.

Esto se articula con un conjunto de programas especiales de diferentes sectores del Estado, empezando por la municipalidad y todo lo que puede aportar un alcalde comprometido es un plus tremendamente importante para el éxito de la estrategia. Además, se convoca a diferentes sectores del Estado que tienen algo que aportar en la reducción de los factores de riesgo, creando un clima social capaz de sacar a estas poblaciones de la situación de exclusión y desesperanza en la que viven.

Los programas con los cuales ya estamos trabajando de la mano para que focalicen parte de su acción en nuestros barrios durante este año, o de no ser posible ahora lo planifiquen para el 2018, son los siguientes: Beca Doble Oportunidad, Orquestando, Expresarte, Jóvenes Productivos, Trabaja Perú, Juguemos, Centro de Emergencia Mujer, Mejorando mi Barrio, Programa de Prevención y Atención de Consumo de Drogas, Puntos de Cultura, Deporte para Todos, Salud Mental Comunitaria, Cuna Más. Además de otros muchos programas que se van sumando en el proceso a nivel local.

En Trujillo actuamos de la mano con las Naciones Unidas, que ya había avanzado allá trabajos muy importantes con una visión comunitaria e integral, desde un enfoque de seguridad humana. El programa es tan importante para nosotros que hemos gestionado un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para darle mayor capacidad y sostenibilidad en los años que vienen. Asimismo, estamos buscando alianzas con universidades para que se comprometan con proyección social, aportes técnicos y voluntariado. A cada una de estas universidades les pedimos que “adopten”, al menos, un barrio.

Barrio Seguro es una estrategia que debe intervenir no menos de dos años antes de poder decir que su trabajo se ha consolidado. Para poder evaluar con seriedad su eficacia, se parte de una línea de base con una encuesta a profundidad del INEI que analiza el estado delincuencial del lugar y la realidad social de los vecinos, incorporando también a la medición barrios de “control”, que no son intervenidos, comparando la diferencia en la evolución de los indicadores en cada uno de ellos. De esta manera podremos comunicar con certeza cuando nuestra estrategia haya tenido éxito en reducir el espiral de crimen y violencia en cada uno de estos barrios.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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