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Bajo Estado de Excepción

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Bajo Estado de Excepción

En el 2006, el filósofo norteamericano Morris Berman publicó en EE.UU., acaso, un libro premonitorio, sobre lo que ocurría en ese país luego del 11 de setiembre de 2001. En Edad oscura americana: la fase final del Imperio [Edit. Sextopiso, México, 2007], Berman señala cuatro factores que definen esa “edad oscura”: a) el triunfo de la religión sobre la razón; b) la crisis de la educación y la caída del pensamiento crítico; c) la legalización de la tortura; y d) la marginación de Estados Unidos de la escena internacional. Si bien estas características se mantienen, es posible plantear una nueva tipificación de factores de esta suerte de decadencia imperial.

El primero es la continuación, bajo la administración de Obama, de una política exterior neoconservadora que se refleja en una diplomacia militarizada como respuesta a la pérdida de hegemonía internacional y del dominio del complejo militar-industrial. El núcleo de esta política -como anota Fukuyama- es que las intervenciones en otros países están orientadas a cambiar de régimen político para así implantar “gobiernos amigos” sin tomar en cuenta el costo humano. Los ejemplos son varios: Afganistán, Irak, Siria y, en los últimos días, el intento en Ucrania.

Segundo, la persistencia de una crisis económica que no solo tiene relación con que -hasta ahora- no se ha superado la crisis del 2008 (lento crecimiento, bajo consumo, persistencia del desempleo, incremento de la deuda, etc.) sino también por la existencia de visiones irreconciliables de los demócratas y los republicanos sobre el modelo de sociedad y el papel del Estado que les hace prácticamente imposible llegar a acuerdos sobre cómo salir de la crisis. Ello ha terminado por bloquear una política bipartidista y poner a EE.UU. frente, a lo que muchos han llamado, “el abismo de la crisis”.

El tercer factor es el crecimiento explosivo de la desigualdad en varias dimensiones:

a) El incremento de la desigualdad social. Como señala el diario español El País [28/01/14] las cifras son dramáticas: “Durante las tres últimas décadas… la mayor parte de la riqueza ha sido amasada por el 1% de los estadounidenses, con ingresos medios de 27 millones de dólares anuales por familia, mientras que ese mismo índice se ha quedado clavado en unos 31,000 dólares para el 90% de los hogares estadounidenses, según datos de la Universidad de California, Berkeley”.

b) El regreso de la segregación racial. Este proceso, segúna afirman Amy Goodman y Denis Moynihan en un artículo de Democracy Now [15/04/14], se está produciendo luego del fallo de la Corte Suprema, la semana pasada, de prohibir la acción afirmativa en la admisión a las universidades estatales de Michigan, y debido a la nueva ola de segregación racial en las escuelas. El sueño de George Wallace, la “segregación por siempre”, parece estar más vivo que nunca.

c) La implantación de una democracia para los ricos o lo que José Frisancho ha llamado “la democracia desigual”. Este hecho se produce luego que la Corte Suprema de EE.UU. fallara, a principios de abril, a favor de la anulación de las limitaciones sobre el monto agregado total que un individuo puede donar a candidatos políticos, partidos y comités políticos. Hay quemencionar que en el 2010 la misma Corte Suprema eliminó los límites a los montos que las empresas podrían contribuir para influir –de manera independiente– en elecciones federales, sobre el principio de que esas contribuciones son protegidas por la libertad de expresión. El humorista Andy Borowitz, en The New Yorker, afirma: “Por una decisión de cinco contra cuatro, la Suprema Corte de EstadosUnidos defendió hoy el derecho de los estadounidenses más ricos de adueñarse del gobierno de Estados Unidos” [La Jornada: 07/04/14].

El cuarto factor se refiere a la persistencia y aumento de una derecha radical que combina extrañamente un cristianismo integrista con un fundamentalismo neoliberal. Ello ha permitido, por un lado, el incremento del conservadurismo en la vida cotidiana (aumento de la homofobia, del antifeminismo y de los antiabortistas) como consecuencia del peso de la religión en la política y, por otro, una especie de neomarcartismo, que -como señala Krugman- se dedica a “hostigar o perseguir por supuestamente simpatizar con el comunismo a cualquiera que cuestione algún aspecto del libremercado” [La Nación: 28/04/14]. Es cierto que a todos estos factores se le pueden añadir otros, como el desarrollo de una agresiva política antimigratoria.

Y aunque EE.UU.aún tiene recursos para enfrentar esta situación como es su actual estrategia militar que busca contener el ascenso de China y el resurgimiento de Rusia, acompañada de una dimensión comercial, con la firma del AcuerdoTranspacífico (TPP) y el AcuerdoTransatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI), para defender el dólar a nivel mundial, lo que interesa subrayar, sin embargo, es que estamosfrente al nacimiento de un “nuevo excepcionalismo” estadounidense.

Es decir, un Estado que crea supropia legalidad para violar tanto la justicia interna con la aceptación de la tortura y vigilancia interna, como el derecho internacional, con el uso de “drones” o aviones no piloteados, paravigilar o asesinar a supuestos “enemigos” de EE.UU., la intervención en Siria, en Ucrania, y el “chuponeo” y vigilancia mundial, etc. Esta decadencia externa coincide con el deterioro interno de la Antigua democracia americana y se constituye en síntoma más visible de una “edad oscura” que será lenta y peligrosa. No es extraño que hoy, a raíz de la crisis ucraniana, se hable del peligro de una Tercera Guerra Mundial.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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