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Bajo amenaza de silencio

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Bajo amenaza de silencio

Una oficina de Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual) ha resuelto prohibirnos el empleo del logotipo que creamos hace años, y que nos distingue todos los días. El pretexto es una medida cautelar solicitada por una empresa creada en Panamá en el 2010 y que el 20 de abril de 2011 fue declarada disuelta en ese país. Cabe suponer que detrás de esa resurrección de un cadáver empresarial hay una mano política muy peruana y muy viva.

La maniobra no viene sola, ni se produce en el vacío. Hace meses circula una casi invisible revista con el nombre de nuestro diario. Nada tenemos que hacer con esa publicación, pero puede catalogarse como un ensayo para la medida represiva que Indecopi nos aplica.

Simultáneamente, ha estallado el escándalo del gobierno regional de Áncash presidido por César Álvarez. La prensa de extrema derecha ha tratado de vincularnos con ese personaje, acusado por delitos y crímenes que la justicia ventila. La jauría mediática toma como pretexto para atacarnos el hecho de que Martín Belaunde Lossio, implicado en el proceso, fue promotor de LA PRIMERA desde 2007 hasta 2010. Fue él quien me reclutó para la dirección de LA PRIMERA, en julio del 2007, en un contrato que establecía el respeto a mi libertad e independencia. Yo era entonces editor asociado de la revista Caretas.

Martín Belaunde se alejó del diario en el 2010, y su lugar en la empresa lo asumió Arturo Belaunde Guzmán. Desde el alejamiento de Martín, se ha dedicado a sus negocios y no ha tenido relación alguna con nuestro matutino.

Uno de los argumentos expuestos en la ofensiva contra LA PRIMERA es, basándose en un documento judicial, que Martín Belaunde “habría utilizado el diario ‘La Primera’ (de su propiedad) para atacar a los adversarios políticos de Álvarez”.

Hemos precisado, más de una vez, que en Chimbote se publicaba un diario bajo el título de “La Primera”, pero que no teníamos ningún lazo con él, ni político, ni informativo, ni ético. Pese a eso, se persiste en la confusión. Adrede.

Lo cierto es que nunca hemos secundado los enjuagues de Álvarez, ni callado sus culpas. Numerosas portadas, denuncias e informes dan cuenta de eso.

No tenemos, pues, cuentas pendientes en este terreno. Lo reafirmo por respeto a la opinión pública y, en especial, a nuestros lectores.

Tengo, personalmente, una razón más que aducir. Una persona amiga me indica que hay izquierdistas que me reprochan cierta condescendencia con la corrupción en Áncash. Son sin duda sectarios que atacan por la espalda pero halagan frente a frente, y que, por añadidura, no nos leen. Para defenderme presento un escudo: una vida de trabajo, sacrificio y decencia.

Desde el primer momento de la decisión de Indecopi vi en ella una maniobra política. No carecemos de enemigos, alguno de los cuales, a pocas semanas de nuestra aparición, intentó comprar el diario, no para cambiarle la línea, sino para que desapareciera. Así me lo refirió Martín Belaunde en el año inaugural, 2007.

Raúl Porras Barrenechea contó a Alfonso Tealdo, en imborrable entrevista, que quería ver un plano del paraíso y el infierno, contados por Il Alighieri en su Divina Comedia, para saber adónde van a parar los que nos quieren y los que nos odian. Nuestros lectores tienen un mapa minucioso del lugar dónde están los que nos odian. Para estos somos nosotros el infierno. Fuego inextinguible.

El recurso que intenta silenciarnos es un arma peligrosa. No acatar su medida significaría una multa caudalosa.

Dejemos constancia de que estamos frente a una amenaza de silenciarnos con un método estrafalario. El órgano que debe defender la competencia y los derechos de autor nos castiga a pedido de una empresa extranjera que no existe y por lo tanto no puede competir, y que se yergue de su tumba para atentar contra la libertad de prensa y expresión, arrasando de paso derechos de autor.

Es también un método novedoso. En el siglo XIX peruano eran frecuentes las clausuras de los periódicos, la prisión y el destierro de los periodistas incómodos. El siglo XX renovó el repertorio, con farsas judiciales, asesinatos, golpizas y empastelamiento de textos en el plomo de las imprentas.

Alberto Fujimori y su carnal Vladimiro Montesinos innovaron: negaron a los periódicos opositores publicidad estatal (la más cuantiosa en el país) y manipularon a la Superintendencia Tributaria para que gravara o cobrara deudas atrasadas a esos medios y a las empresas que publicaran anuncios en ellos.

Porras sintetizó en El periodismo en el Perú, que escribió a los 24 años de edad, las peripecias de nuestros hombres y mujeres de prensa:

“La tradición honrosa del periodismo la sustenta una larga lista de diarios clausurados, de periodistas y editores encarcelados, al amparo de nuestra inofensiva ley de imprenta.”

En ese texto enjundioso escrito para el público obrero de la Universidad Popular “González Prada” y publicado luego en la revista Mundial para el Centenario de la Independencia, dice Porras: “Por sobre todas las inculpaciones ajenas y los propios errores, un solo esforzado mérito vale para redimir a nuestro periodismo y deberle homenaje de prelación en esta fecha epónima: su obcecado amor por la libertad”.

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Política

Escandaloso fallo favorece a la corrupción

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Richard Concepción Carhuancho

El fujiaprismo vive sus horas más difíciles pero eso no quiere decir que ya se haya diluido su poder en la estructura de justicia, que les ha lanzado un salvavidas con la separación del juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación por lavado de activos a Fuerza Popular.

Porque la mafia sigue moviendo sus hilos aunque tengan a todo un país en contra, según se refleja en importantes opiniones recogidas por Diario UNO.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró que acciones como el apartamiento de Carhuancho son un retroceso enorme en la lucha contra la corrupción.

“Lamentamos mucho que un prófugo de la justicia (Jaime Yoshiyama), mediante su abogado (Humberto Abanto), pueda tener tanto poder. Eso nos indica que hay claros indicios que todavía el Apra y el fujimorismo continúan manejando el Poder Judicial”, aseguró.

Indicó que esto significa un atraso enorme, porque la nueva jueza tendrá que conocer todo el expediente, y a los investigados les permitirá preparar una estrategia que más les convenga.

QUE HABLE LA CALLE

“Y poner de pretexto que el juez Carhuancho se expresó de manera inadecuada realmente solo ellos lo creen, por eso espero que las marchas continúen y que este sistema de justicia de ponga en orden”, agregó.

Afirmó que “la declaración del juez Carhuancho que dijo que Fuerza Popular, además del Apra, tiene capturado el Ministerio Público es una expresión que la compartimos todos los peruanos”.

NO ESTÁ JUSTIFICADA

Maritza García, parlamentaria de Cambio 21, declaró a Diario UNO que es una decisión que no se ajusta a la ley, porque cuando nuestro ordenamiento procesal penal establece las causales y otras circunstancias, obviamente estas tienen que demostrar los actos de un juez imparcial.

“En este caso el juez ha transmitido públicamente parte de un hecho que ya estaba en una resolución judicial, y ha dicho lo que todo el Perú conoce, que el Ministerio Público estaba tomado por Fuerza Popular”, afirmó.

Aseguró que no considera que decir eso sea una causal válida, objetiva y suficiente para apartar a un magistrado probo que estaba tocando a los peces gordos.

LAMENTABLE

Dijo que los avances de la investigación son un hecho histórico “porque jamás en el país hemos podido derrotar a la corrupción y cuando estamos por encerrar a los peces gordos suceden estas cosas. Es lamentable porque es un revés para la lucha contra la corrupción, al menos en esta coyuntura política es una mala decisión”.

Para García es un malestar que lo advierte la población que sigue protestando porque el juez Carhuancho se ha caracterizado por ser un juez objetivo y probo, no tendría porqué costarle el puesto la citada declaración.

“Y la mejor prueba de que Fuerza Popular tenía tomado el Ministerio Público es el blindaje al señor Chávarry durante tanto tiempo y ha tenido que ser la presión de la ciudadanía que ha logrado su alejamiento del cargo”, añadió.

PERJUDICA LAS INVESTIGACIONES

Alberto Quintanilla, legislador de Nuevo Perú, declaró que aunque el juez Carhuancho haya cometido alguna falta o alguna declaración no conveniente, no justifica el apartamiento porque él es el juez natural al que le corresponde encargarse del proceso.

“El apartarlo lo que hace es perjudicar las investigaciones y el juzgamiento de los presuntos actos de corrupción que hay en el caso de Odebrecht. Es un mal precedente porque debilita la lucha contra la corrupción que se ha estado librando con firmeza”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Sentencia equivocada

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Augusto Álvarez Rodrich

El periodista Augusto Álvarez Rodrich, declaró a Diario UNO que “en este caso, Carhuancho se exponía innecesariamente pero desde mi punto de vista es una sentencia equivocada aunque con Carhuancho uno puede discrepar y siento que es un juez demasiado canero, que regala las prisiones preventivas, que es una medida extrema”.

Manifestó que no cree que Carhuancho haya demostrado ser parcial, “al contrario es un juez muy imparcial, es decir mete presos a todos, a Ollanta Humala o a Keiko Fujimori, no se le puede acusar de que es un juez parcializado. Eso sería injusto y por tanto, viendo su actuación, me parece que es una sentencia equivocada esta que lo ha sacado de estos casos tan importantes”.

“Y tengo algunos reparos por la trayectoria que he visto de la nueva jueza, que tiene unos fallos que no me parecen tan buenos, como los favorables a Félix Moreno. Ojalá este cambio no tenga ningún efecto en el caso cocteles, porque estará bajo el ojo de todos, porque supuestamente el cambio está hecho para eso”, añadió.

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Política

Estrategia para liberar a Keiko

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Keiko Fujimori detenida sonriendo

Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que es más que evidente que se ha ejecutado una estrategia de desplazar al juez Carhuancho para crear mejores condiciones para que Keiko y su entorno puedan salir de la prisión y liberarse de los procesos que tienen.

“Las declaraciones de Carhuancho han sido apresuradas en las circunstancias en que él se encontraba pero reflejan un sentimiento nacional que en el momento en que declara no significaba un adelanto de opinión sino que corroboraba algo que era absolutamente diferente”, destacó.

Además, agregó: “La Sala de Apelaciones debió evaluar las consecuencias de sacar a un juez que tiene continuidad y conocimiento del caso y que es emblemático, de enorme repercusión nacional y de mucha trascendencia en la lucha contra la corrupción. Y lo han sacado de manera apresurada, sin audiencia pública”.

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