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Backus: ¿Reorganización o tercerización?

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Ministerio de Trabajo no dice nada ante abusos laborales.
La relación entre Poder y Trabajo, aunque no siempre evidente, resulta determinante en la configuración de las sociedades modernas y la forma cómo se distribuye el ingreso y el bienestar. Por eso resulta central en la orientación del modelo económico y en la trama de relaciones sociales que lo sostienen. Expresa una correlación que es al mismo tiempo política y social, contingente y estructural.

Uno de los pilares institucionales que mejor expresa el Poder en el ámbito laboral, es el outsourcing o tercerización laboral.

Considerado un elemento fundante de la Globalización Neoliberal, la subcontratación fue utilizada como estrategia de las empresas para “externalizar” funciones y responsabilidades. A nivel global comenzó a aplicarse desde los setenta, en el marco de los procesos de reestructuración empresarial, pero adquiriere fuerza en los noventa en el contexto de la “descentralización productiva” o “relocalización industrial”. Con el argumento de la eficiencia y competitividad, las empresas subdividieron sus procesos productivos para tercerizar actividades que denominaron “complementarias”. Con ello trasladaron sus operaciones a países y regiones de menor desarrollo (y por tanto menos regulaciones), difuminando sus obligaciones sociales y tributarias.

Uno de los aspectos más cuestionados y debatidos de la tercerización fue su impacto sobre los trabajadores. El Perú no fue ajeno a sus efectos perniciosos. Los procesos de reestructuración (privatizaciones incluidas) significaron la pérdida de miles de empleos asalariados, que prontamente pasaron a engrosar la PEA autoempleada e informal. Otros tantos lograron reinsertarse en las viejas empresas “reestructuradas”, pero bajo condiciones contractuales precarias e inestables. Al fragmentarse las empresas, se fragmentaron los sindicatos, y su poder de incidencia se diluyó notablemente.

Planta embotelladora Backus

Tercerización encubierta
Es lo que viene sucediendo en Backus&Johnson, la principal empresa cervecera del medio, propiedad de la multinacional AB InBev, que adquirió a su principal competidor en el mercado global de la cerveza, la sudafricana SABMiller, primera accionista de Backus desde el 2005.

En junio de este año Backus inició un proceso de “reorganización simple”, que implicó el desmembramiento de su bloque patrimonial en dos nuevas sociedades: Backus Marcas y Patentes (BMyP), y Backus Servicio de Ventas (BSyV). Con este enroque, Backus inició la “tercerización” de giros claves del negocio, “separando la propiedad intangible de la empresa (marcas y patentes) de los procesos de producción y distribución de los productos” (Gestión, 10/08/17).

Como era previsible, los trabajadores solicitaron mayor información sobre su futuro en la empresa, pero ésta no dio mayores detalles. Sus temores los confirmarían poco después. Apenas iniciada la “reorganización”, Backus cursó cientos de cartas invitando a su personal a renunciar y reintegrarse en las nuevas empresas constituidas. Historia conocida.

Según denuncia el Sindicato de Trabajadores de Backus, a la fecha son cerca de 500 los afectados (https://goo.gl/a8zvXw). Solo en el área de televentas se cursaron 420 comunicaciones, “motivando” que 390 trabajadores suscribieran su renuncia “voluntaria” (el resto impugnó judicialmente). Según el Secretario General adjunto, José Galloso, si en junio del 2016 la planilla de Backus contaba con 4,043 trabajadores, un año después había descendido a 3,390 (https://goo.gl/j1xBjA).

Los despidos disfrazados de retiros voluntarios se vienen aplicando en un clima de hostigamiento a las organizaciones sindicales, según denuncian los dirigentes. La empresa lleva a cabo “audiencias” internas, donde se confronta a los trabajadores con supuestas faltas cometidas, afectando incluso el derecho a la libertad de expresión. Es el caso del dirigente Luis Samán, que fue objeto de un proceso disciplinario por incurrir “en un acto de injuria” contra Pablo Alcántara, Safety Regional Manager. Samán había criticado al mencionado funcionario por las redes sociales. Por ello lo suspendieron tres días sin goce de haber. En otros casos se alega la asignación de nuevas funciones al personal, sin considerar una compensación económica por la sobrecarga de trabajo (https://goo.gl/YXquNP)

Conflicto de interés
Lo sorprendente del caso es el desenlace objetivo de la reorganización. A poco de constituirse, la recientemente creada BSyV desapareció. Se disolvió a los tres meses. Y los trabajadores que quedaron en el aire fueron “recolocados” (previo proceso de “evaluación” para determinar su permanencia) en la multinacional Teleperfomance, tercerizadora con sede en Francia, subcontratada por Backus para las tareas de marketing y televentas.

La reacción del Ministerio de Trabajo frente a este hecho ha sido, por decirlo de algún modo, sospechosamente “neutra”. Pero no debe llamarnos la atención. Fernando Zavala fue CEO de Backus hasta julio del 2016, antes de asumir el cargo de premier y luego de ministro de Economía. Su Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, fue vicepresidente de la cervecera. Y la actual jefe (encargada) de asesores del ministro, la abogada Ana Rosa Velásquez, fue vinculada el 2012 con una irregularidad administrativa que favoreció a Backus en pleno conflicto con su sindicato (https://goo.gl/VUiVhv). Preocupantes coincidencias. (TrabajoDigno.pe)

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Política

Vender la patria, la consigna del fujiaprismo

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Tras el proceso de higiene política vivido por el país la semana pasada, el analista Carlos Monge dio una mirada al accionar del disuelto Congreso de la República y concluyó que el fujimorismo y el Apra representan la suma de “un montón de intereses específicos”. Consideró que algunos de esos intereses provienen de las economías ilegales, y estarían representados en ex congresistas vinculados a las cooperativas del Vraem – para muchos, lavanderías del narcotráfico – o en representantes de universidades “bambas”.

“Pero también hay personajes como Pedro Olaechea, que no representa a economías ilegales pero sí es representante directo de grandes grupos empresariales que tienen en la Confiep su aparato de representación gremial. Y en el ejercicio político, estos ex congresistas se han dedicado a defender puntualmente sus intereses”, afirmó.

Monge consignó como ejemplo el hecho de que varios de los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) hayan tenido vínculos con estudios de abogados que a su vez representan a empresas con litigios pendientes de resolver en el TC.

“Entonces, esas candidaturas no eran gratis, sino que se debían a intereses empresariales que querían tener presencia directa en el TC. Es importante entender el comportamiento de estas organizaciones políticas, pues los individuos que postulan a cargos importantes en el Estado no son accidentales, sino que van por intereses específicos”, indicó.

JUNTOS Y REVUELTOS

Respecto al presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, Monge advirtió que es un personaje que resume bien las cosas: “él es un empresario importante que representa parte de la economía formal, viene de una familia tradicional de Lima, tiene vínculos con estudios de abogados representantes de grupos empresariales y, para colocar a su primo hermano a defender esos intereses empresariales en el TC, no tiene reparo en juntarse con el sector del fujimorismo que proviene de la economía ilegal. Ahí se juntan y se apoyan mutuamente en esa defensa de intereses”.

Además, señaló que esa alianza entre empresarios formales y sectores mafiosos era muy claramente perceptible en la dirección de Fuerza Popular, que por un lado tenía como secretario general a José Chlimper, empresario agroexportador, dirigente de la Confiep y ahora miembro del Banco Central de Reserva (BCR); y por el otro como co secretario general a Joaquín Ramírez, vinculado a las universidades “bambas” e investigado por narcotráfico y lavado de activos. “Entonces ahí vemos cómo estos sectores formales y parte de la élite tradicional no les hace ningún asco a asociarse a estos sectores mafiosos para beneficiarse y defenderse mutuamente de los reclamos de la población y de la lucha contra la corrupción”, apuntó.

Keiko Fujimori - José Chlimper

EMPRESARIOS QUE VIVEN DEL ESTADO

Por otro lado, Monge advirtió que existe un doble discurso desde los sectores neoliberales: mientras acusan a la izquierda de ser estatista, olvidan que defienden a empresarios rentistas que basan su competitividad en prebendas que obtienen del Estado. “En algunos casos son exoneraciones tributarias, en otros devoluciones de impuestos, y en otros casos como el sector agroexportador, donde están Olaechea y Chlimper, con legislación que recorta derechos laborales a la mitad. Esa es otra forma de subsidiar al sector empresarial, legalizando la sobre explotación de la mano de obra”, aclaró.

En cuanto a los pronunciamientos de la Confiep favorables al fujimorismo, el analista político recordó que la presidenta de dicha entidad, María Isabel León, “era parte del cogollo de Keiko Fujimori, y por tanto no es una representación técnica, sino una representación gremial con claro contenido político”. “Por eso no sorprende que se hayan juntado con la cúpula fujimorista sin el menor pudor”, añadió.

También consideró que, si se hiciese una encuesta seria al interior de la Confiep, se vería un apoyo mayoritario a la disolución del Congreso. “Porque es lo mismo que el país, que en su inmensa mayoría apoya al presidente Vizcarra. No creo que el pronunciamiento de la cúpula de la Confiep aliada al fujimorismo represente realmente lo que piensa la mayoría del empresariado”, manifestó.

TAREA PENDIENTE

Finalmente, Monge recordó que el presidente Martín Vizcarra tiene ahora la facultad de gobernar mediante decretos de urgencia, y que “hay una gran oportunidad para seguir adelante con reformas que tengan que ver con la lucha contra la corrupción”. “Hasta ahora se ha avanzado con reformas judicial y política, algunas de ellas inconclusas o deformadas. Pero falta un paquete de reformas para impedir el funcionamiento de las puertas giratorias y para impedir la corrupción en las renegociaciones de los contratos de las concesiones dadas por el Estado”, señaló.

También sugirió que parte de la agenda tiene que incluir la revisión de la forma cómo funciona Proinversión, y que se debe evaluar la manera en que los ministerios revisan los contratos de obras públicas, además de revisarse el mecanismo de las “puertas giratorias”, mediante el cual los intereses privados logran capturar el Estado al colocar como funcionarios públicos a personal vinculado a intereses empresariales.

“Hay que empujar al presidente Vizcarra a que trabaje esta agenda mediante decretos, y estos temas deben ser parte de la campaña electoral para las próximas elecciones de enero, además de ser parte central de la agenda del nuevo Congreso. Recordemos que ya no existe la obstrucción de la alianza fujiaprista en el Parlamento, hay una cancha más libre y esta debe ser la tarea para llegar al 2021 con un país mucho mejor”, concluyó.

Uvas agricultura

NUNCA PENSARON EN EL PAÍS

Para el economista Javier Mujica, personajes como Pedro Olaechea o Mercedes Araoz pretendían quedarse eternamente en el Congreso solo para defender sus intereses económicos y empresariales. En ese sentido, exhortó al presidente Martín Vizcarra a no promulgar la ley que prolonga por diez años más, hasta el 2031, el denominado Régimen de Promoción de la Agroindustria.

“Este Régimen de Promoción Agraria consiste en que pagan menos impuestos que el resto, y contribuyen menos a la seguridad social en salud; en este aspecto, hay que señalar que antes aportaban el 4% y ahora será el 6%, mientras el resto de los mortales paga 9%”, señaló.

Además, indicó que “pagan solo el 15% de los impuestos, cuando el resto de las empresas pagan 29,5%; todo esto va sus bolsillos, es un subsidio del Estado, del Estado que está regalando esa plata, Por ello es importante decirle al presidente Vizcarra que no promulgue la ley”.

GRANDES GANANCIAS

Mujica destacó que no es casual que Pedro Olaechea haya puesto a debate en el Pleno del Congreso la aprobación de una ley que lo beneficia, pues su familia produce vinos y piscos en el sur del país. En cuanto a José Chlimper, recordó que él fue quien planteó originalmente la ley, cuando era ministro de Agricultura en el 2000, en pleno régimen del presidente Alberto Fujimori.

Acerca de Mercedes Aráoz, recordó que fue una férrea opositora a las leyes antielusión, además buscar favorecer con reducciones y exoneraciones tributarias a empresas mineras, petroleras e incluso a la banca.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Disolver el plan de gobierno de la CONFIEP

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Protestas marchas

La crisis política generada por la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es una crisis entre fuerzas de la derecha, defensoras del régimen neoliberal intensificadoa sangre y fuego desde los años 90 en el Perú y que se centra en la profundización de la política económica neoliberal, la reforma laboral antisindical, el modelo extractivista que depreda el medio ambiente y el discurso religioso conservador que predica el odio.

Disuelto el Congreso y convocadas las nuevas elecciones parlamentarias, debemos decir que todos los corruptos no se han ido.Algunos continúan aferrados a su inmunidad parlamentaria y otros a la protección de otros poderes del Estado.En ese sentido nos mantenemos en la consigna “Que se vayan todos, los corruptos y explotadores”.

No olvidemos que el actual gobierno tiene una escopeta de dos cañones: en sus discursos se enfrenta a la mafia fujimorista pero en sus acciones detiene y encarcela a dirigentes sindicales, siguiendo el plan de gobierno de la CONFIEP.

La luz verde al proyecto minero Tía María, de la SouthernCopperCorporation, es parte del afianzamiento del modelo extractivista que promueven las grandes corporaciones extranjeras. Afortunadamente, la lucha organizada del pueblo ha logrado que el gobierno retroceda en este tema, no obstante, queda pendiente la cancelación definitiva a dicho proyecto y otros.

Ahora que se sabe que el Congreso disuelto no envió la autógrafa de ley de la ampliación de la Ley de Promoción Agraria, que afectaría a los trabajadores del campo y favorecería a las agroexportadoras que llevan casi 20 años enriqueciéndose con sus “beneficios”, es la oportunidad del Gobierno de abstenerse de promulgarla y dar señales de un verdadero punto de quiebre.

Nuestra lucha, sin embargo, continúa. Por ello, tras la disolución del Congreso, el siguiente paso es la derogatoria del D.S. 345-2018 y el D.S. 237-2019 referidos a la política de competitividad y productividad. De igual manera, debe procederse a dejar sin efecto el D.S. 214 que pretende privatizar Sedapal y las empresas públicas, afectando a millones de peruanos.Disolvamos las leyes de la CONFIEP, que tanto daño hace al país.

Y, por último, para acabar definitivamente con las nefastas consecuencias de este modelo, sobre los trabajadores y sus familias, debemos avanzar en la construcción de una alternativa social, sostenible y democrática, del pueblo y para el pueblo, que permita devolver a la clase trabajadora sus derechos eliminados por los corruptos y explotadores.

 

GERÓNIMO LÓPEZ

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Política

Señor Presidente: los conflictos no esperan

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Señor Presidente: los conflictos no esperan

Qué duda cabe, que después de este telúrico momento político, el escenario va quedando cada vez más claro, Vizcarra se consolida legítimamente como Presidente Constitucional del Perú tras una disolución del Congreso, que todo indica, no tiene marcha atrás.

La comunidad internacional no ha cuestionado la trascendental decisión del Presidente, las fuerzas armadas y policiales lo respaldan, los gobiernos regionales y provinciales han hecho lo propio, y las movilizaciones populares dan cuenta de que tiene el apoyo de la ciudadanía.

Hoy nombró al nuevo gabinete ministerial y parece que la maquinaria empieza nuevamente a andar pese a una renuente Comisión Permanente que seguramente aún intentará “manotazos de ahogado” antes de resignarse a cumplir con su labor.

Esta crisis parece relajarse, y más allá de la adrenalina experimentada, necesitamos volver a los reales problemas que el Perú confronta desde hace mucho tiempo, sobre todo aquellos que se ubican al interior del país y están relacionados a complicados conflictos cuya solución ha quedado en stand by mientras ocurría la crisis con el parlamento. El tema es que estos conflictos no solo subsisten sino que se profundizan cada día que no reciben atención o respuesta.

Veamos, el Valle del Tambo ya lleva casi 80 días ininterrumpidos en pie de lucha contra el proyecto Tía María, sin ninguna respuesta clara del gobierno que por el contrario, se ha manifestado oscilante y ambiguo frente a esta disputa entre minera y población.

Las Bambas, es otro de los conflictos emblemáticos, aún pendientes de solución; si bien a inicios de este año con el Premier Del Solar se comenzó una etapa de diálogo, la misma parece haberse quedado trunca, varias de las sub mesas no han llegado a acuerdos concretos y la población durante estos días ha vuelto a tomar las carreteras como medida de protesta y desesperación ante el desinterés del gobierno y la empresa por solucionar las demandas.

Desde el pasado 7 de setiembre varios pobladores del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, bloquearon el Corredor Minero del Sur, y pese a que el personal policial intervino para despejar la zona, ocurriendo varios enfrentamientos que han dejado incluso heridos, aún estas medidas de fuerza se mantienen hasta en tres puntos de dicho corredor.

La inestabilidad política impacta en estos procesos, la Ministra Paola Bustamante, quien hasta el momento lideraba el diálogo en este tema, ha cesado en sus funciones durante la crisis, quedando en la incertidumbre el desarrollo y avance de estas negociaciones. Por otro lado, la ratificación del Ministro Carlos Moran en la cartera del Interior, alguien que siempre ha apostado por la política de “mano dura” y represión en los conflictos, parece ser un síntoma de cómo se tiende a procesar estos asuntos en el periodo que inician.

El nuevo premier Vicente Zevallos, como un mensaje de tranquilidad no a la población, sino a la clase empresarial, ha reafirmado que la política económica “se mantendrá”, con lo cual queda claro que la promoción de la inversión privada va a seguir siendo la prioridad de este gobierno.

Sin embargo no extraña esta postura si tomamos en cuenta que desde hace varios meses se observa una fuerte tendencia a seguir favoreciendo los intereses empresariales; recordemos que en julio de este año, de manera intempestiva se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que no es sino la receta de la CONFIEP para promover inversiones, y que implica fuertes medidas contra los derechos laborales y la apertura a mayores privatizaciones.

En fin Señor Presidente, Ud. efectivamente tiene ganada la batalla política del momento, pero ahora le toca confrontar otra batalla, esta vez con la propia población, ésta que le ha dado su respaldo para afianzarse legítimamente en el poder, pero que no está dispuesta a ceder en sus derechos frente a los intereses de la clase empresarial que también intenta tomar por asalto este país.

 

MIRTHA VASQUEZ
Abogada de Aprodeh y Grufides | NOTICIAS SER

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