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Autopsia de la corrupción y malestar del capitalismo

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La corrupción no puede reducirse a un asunto de buenos y malos. La corrupción es inherente al capitalismo, este la necesita para reproducirse. Creer que solo haciendo una cruzada por la honestidad, sin comprender la naturaleza del capitalismo, se acabará con la lacra es iluso. La alcantarilla destapada por el caso Lava Jato ha puesto en evidencia algo que por demás todos sabíamos pero muchos no querían ver: la corrupción se encuentra institucionalizada en los más altos niveles (desde empresarios a religiosos, desde partidos hasta presidentes), e incluso a nivel continental.

EL ROL DE LOS EE.UU.
Las primeras noticias sobre Odebrecht habría que rastrearlas desde las revelaciones de Wikileaks en 2013, cuando el ex agente norteamericano Snowden junto al hacker Assange entregaron información que revelaba el espionaje de la NSA contra el gobierno brasileño. La administración de Obama y sus antecesores habían invertido mucho en el escándalo Odebrecht (ahora se sabe que por lo menos desde el 2006 Temer era agente de EE.UU.), ¿lo hicieron por una vocación ética? Huelgan comentarios. Lo cierto es que se ha venido utilizando lo de Odebrecht de manera política para golpear a un sector de la izquierda continental, pero se ha salvado a la derecha, por supuesto hasta donde la batahola lo ha permitido.

No es casual que los primeros en ser acusados por vínculos directos o indirectos al asunto hayan sido Lula y Rousseff en Brasil, Fernández en Argentina y Glas en Ecuador, pero ningún pez gordo de la derecha continental a pesar de los probados vínculos. La información hecha pública a partir del acuerdo de colaboración entre la empresa de marras y el gobierno de Temer, no solo ha sido a cuenta gotas, sino que ha sido direccionada políticamente. Con la llegada de Trump al gobierno la cosa pareciera haber cambiado ligeramente, a este señor no le importa salvar a nadie, todos son sus enemigos. La derecha corrupta latinoamericana ya no tiene toda la protección que quisiera. Las próximas elecciones brasileñas serán fundamentales.

CRISIS DEL ESTADO
La corrupción de Odebrecht ha expuesto a los ojos de todos hasta qué punto los pilares liberales del Estado de Derecho vienen siendo devorados por la avidez del capitalismo (el creador devora su criatura). El Estado representa a los que tengan capacidad de hacer lobbies, las libertades civiles y los derechos sociales son meras fórmulas, la separación de poderes una pieza de museo. Han convertido la democracia en una casa de citas y cuando quedan en evidencia nos exigen con aire solemne y afectado que respetemos esas instituciones que ellos mismos se han encargado de encenagar. No necesitamos salvar la gobernabilidad, rescatar la democracia; necesitamos fundar una nueva democracia y no recrear ciudadanos hipócritas. Necesitamos una nueva ciudadanía verdaderamente democrática.

El principio de separación de poderes surgido de las revoluciones burguesas como contrapeso al poder autócrata del rey y los señores feudales, va perdiendo sentido. Ya no es una lozana clase que pone límites al pasado. Hoy es la misma clase burguesa la que copa todos los poderes, solo que ajada y maltrecha, y entre ellos solo queda espacio para sus riñas internas en el reparto del pedazo más grande del pastel. La separación de poderes de hoy es una ficción, el espacio de correlación de fuerzas, de tranzas entre un Ejecutivo lobista empresarial, un Poder Judicial controlado por la camorra aprista y un Congreso manoseado por la recua naranja.

MALESTAR CIUDADANO
Hoy solo basta darse una vuelta por la calle para darse cuenta de un ruido a veces poco claro pero casi ensordecedor: un malestar permanente. Me refiero a la convicción ciudadana, el clamor popular de que todos están sucios. Pero algunos más que otros. El que menos se pregunta, por ejemplo, cómo es que AG no cae, si es el que más ha robado y más poder tiene. Justamente allí la respuesta. Y justamente también el peligro que puede encerrar aquella consigna de “que se vayan todos”. Esa consigna pone a todos al mismo nivel y oculta el carácter de clase de la crisis. No son lo mismo los “Topos del sur” que robaron miles; que los Graña, los Miró Quesada, los Camet y los Dibós que robaron millones y han gobernado desde siempre. No son lo mismo Humala y Villarán que AG, los Fujimori y PPK. Los escándalos de los primeros han sido cortina de humo de los segundos.

El malestar, aún incierto y sin dirección, se explica además por la política de la negociación por debajo de la mesa, el secretismo y la impunidad con la que se ha pretendido manejar el asunto desde el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial (por ejemplo, desde abril ya se tenía conocimiento de la información proporcionada por Odebrecht respecto a la situación de PPK). Frente a ello se debe aprovechar esta crisis como una oportunidad de profilaxis ética y social que se construya desde abajo con movilización de la ciudadanía, organizándonos en un gran frente popular que articule a todos los sectores que luchan contra la corrupción, pero que no olvidan el carácter de clase de esta crisis. Eso pasa por mirarnos al espejo y respondernos ¿podríamos marchar contra la corrupción del sistema capitalista junto a corruptos y capitalistas? ¿En serio? Debemos exigir sanción a todos los corruptos sin excepción, instando que se socialice toda la información (aún debe haber mucho más que no se ha dicho) e impidiendo que las cosas se “arreglen” por arriba. Si bien el asunto de la vacancia presidencial era algo obvio, la envergadura de la crisis desborda los ribetes de la legalidad, y lo convierten en un asunto de legitimidad. La vacancia y la acción parlamentaria pueden ser necesarias pero completamente insuficientes. La semilla de la nueva patria no fructificará en ese hemiciclo.

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Política

Ministro pide investigar a García y cobrarle 1,500 millones a Odebrecht

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García Pérez, por interferir contra la justica con sus espías dentro del equipo Lava Jato y manifestó su respaldo al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

Sobre la confesa intromisión de García Pérez en la Fiscalía que lo investiga, Zeballos dijo: “Ha sido reiterativo en esta apreciación (…) no ha sido una ni dos, sino tres veces que ha manifestado lo mismo (..). Lo que menos puede hacer el Ministerio Público es abrir una investigación y, si encuentra responsabilidad, que se deslinde”.

El ministro Zeballos resaltó que al acuerdo Ministerio Público – Odebrecht contribuyó decisivamente el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, funcionario que pertenece al Sector Justicia dentro de la Oficina de Defensa Legal del Estado, aportando la solución del punto de la reparación civil.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando los encargados. Sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. Además, no están consideradas las empresas consorciadas. Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.

ACUERDO EQUILIBRADO

El procurador Ramírez, a su vez, siguiendo la campaña de defensa del acuerdo iniciada por el jefe del equipo Lava Jato Rafael Vela Barba, explicó que el punto central es que la indemnización se calculó, respecto a las cuatro obras en las que Odebrecht confesó sobornos.

El procurador dijo que por esas obras Odebrecht reconoció que pagó US$ 32 millones, lo cual es inexacto, pues una simple suma de las coimas conocidas: US$ 20 millones por la Transoceánica Sur, US$ 24.4 millones por el Tren Eléctrico, US$ 4 millones por la Costa Verde Callao y US$ 3 millones por la Vía de Evitamiento del Cusco, arrojan la cifra de US$ 51.4 millones.

En consecuencia, tampoco es cierto que esta suma se pone en relación a los S/ 610 millones, el monto de la multa sería más de cinco veces el soborno reconocido.

No obstante, Ramírez es del criterio de que el acuerdo es “equilibrado”, que puede ser reajustado en el tiempo, pues si se descubriese que también sobornaron en otros proyectos, se cobrará como corresponde la reparación civil.

El procurador dijo también que los 610 millones de soles de reparación civil, es cerca de la mitad del monto del daño al Estado calculado por la Contraloría, ascendente S/ 1.500 millones. La Procuraduría planea cobrar el resto a las empresas naturales y jurídicas que resulten cómplices de la constructora brasileña.

LOS QUE APOYAN

El ex procurador anticorrupción, Iván Meini, respaldó al convenio porque dará acceso a la información que permitirá que las investigaciones sigan y lleguen a buen puerto y que se descubran otros hechos delictivos.

Dijo que esto es importante porque quienes están investigados son personas de poder político y económico que se opondrán con muchos recursos a que se sepa la verdad. No obstante, criticó el monto reducido de la reparación civil

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio dijo que el acuerdo es una solución pragmática en la que también se ha visto la reparación civil que deberá pagar Odebrecht y la autorización para que esta siga operando y pueda disponer de sus activos. “Hay un aumento significativo del aspecto resarcitorio de Odebrecht”, expresó.

RECHAZO

En contra del acuerdo se pronunció ayer el congresista no agrupado Roberto Vieira, quien dijo que con sus sobornos Odebrecht ganó mucho dinero que salió del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no solo perjudicó al Estado, sino a los contribuyentes. Por eso criticó que se le haya aprobado solo 610 millones de soles y que, además, se le permita seguir contratando obras con el Estado.

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Política

Premier contra cambio de fiscales Lava Jato

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César Villanueva

“Espero que no se produzcan esos cambios porque cada cambio te frena o te hace retroceder en estos procesos que más bien tienen que ser la prioridad”, declaró ayer el primer ministro, César Villanueva, al manifestar que no debe haber cambios en el equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato.

Se pronunció por la permanencia del coordinador del equipo, Rafael Vela, y el eficiente fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y demás involucrados en la presunta recepción de fondos de Odebrecht.

Para Villanueva, “Si ya tienen un equipo en marcha, lo ideal es que continúe”, y hay que tener en cuenta que hay un ambiente de sensibilidad por la percepción de que se persigue a los fiscales del equipo Lava Jato.

“Hay que tranquilizar la situación, tenemos que continuar y reforzar las instituciones”, añadió.

El procurador para el caso, Jorge Ramírez, también planteó la necesidad de que el equipo Lava Jato se mantenga y señaló que la Fiscalía y la Procuraduría trabajan en conjunto.

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Política

Congreso verá hasta enero creación de Junta Nacional de Justicia y otros temas

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El Congreso seguirá trabajando en el primer mes de verano del 2019 para ejecutar la primera reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum, mediante la cual se creará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esa nueva instancia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, con facultades para nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del sistema judicial nacional.

Por lo menos esa es la pretensión primordial del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber emitido ayer el Decreto de Presidencia Nº 001-2018-2019 – P/CR que amplía hasta el 30 de enero próximo la legislatura ordinaria en curso.

CONVOCATORIA GENÉRICA

El texto de la disposición no dice expresamente que se tratará la primera reforma dispuesta por la ciudadanía en el referéndum, ya que incluye una fórmula bastante genérica:

“Para tratar los siguientes puntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legisltiva, informes y otras disposiciones que se encuentren en la agenda del pleno del Congreso al 15 de diciembre de 2018, y las proposiciones y mociones que se incluyan en la agenda, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

2. Los proyectos de ley y de resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto”.

No obstante, a través de Twitter, Salaverry escribió: “La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y el pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”.

TORRES EN OTRA COSA

Este doble lenguaje deductivo de Salaverry llevó a su colega de bancada, el congresista Miguel Torres, a declarar a la prensa en tono de mofa que en la ampliación de la legislatura se verán asuntos pendientes como las reformas de educación, laboral, ambiental y todos los temas que están pendientes en el Congreso.

Omitió mencionar siquiera la ley de creación de la JNJ, aunque no quedó claro si lo hizo por golpear a Salaverry o porque su bancada se resiste a allanarse al mandato del referendo del domingo, cuya trascendencia los fujimoristas intentan cuestionar.

Es de anotar que el 18 de setiembre, el Congreso aprobó una autógrafa de ley que crea la Junta Nacional de Justicia, tal como hizo con las otras tres reformas planteadas por el Ejecutivo.

Todas esas autógrafas fueron acogidas por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM (publicado el 10 de octubre de 2018) y sirvieron de base para la elaboración de los textos que fueron votados en el referéndum del 9 de diciembre.

MÁS PROYECTOS

Sin embargo, el premier César Villanueva dijo que tiene listo un proyecto propio sobre la Junta Nacional de Justicia que remitirá al Congreso en breve.

Trascendió que el Ejecutivo tiene además un proyecto alternativo a la ley sobre el tema del financiamiento de partidos políticos, aprobado a marcha forzada por fujimoristas y apristas y cuestionado por el presidente Vizcarra, quien ha adelantado que observará la cuestionada norma que podría favorecer a investigados como los jefes de FP, Keiko Fujimori, y el Apra, Alan García, indagados por lavado de activos.

ALTERNATIVAS

Dadas así las cosas, todos los organismos con capacidad de iniciativa legislativa, principalmente en el Poder Judicial, cada una de las bancadas y cada uno de los legisladores, estarán en posición de presentar proyectos de ley al respecto.

El Congreso podría insistir en su autógrafa o compatibilizarla con la que envíe el Gobierno.

Debido a que la prolongación de la legislatura admitirá todos los temas posibles, podría derivar en el tratamiento de una diversidd de materias, lo cual conspiraría contra la premura que requiere poner en vigencia la primera reforma constitucional planteada.

INTERPELACIÓN PENDIENTE

Uno de esos puntos urticantes es la moción de las bancadas del Apra y Fuerza Popular para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesta interceptación telefónica al expresidente Alan García.

Aunque los promotores no han dicho que pretenden censurar a Morán y hasta el aprista Elías Rodríguez dijo ayer que “Aquí no estamos hablando de censura, sino de un ánimo de discutir este tema en el Pleno”, nada debe descartarse.

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