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Ataque con “armas químicas” y los bombazos de Trump

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Ministerio de Relaciones Exteriores dice que el Perú como presidente del Consejo de Seguridad está trabajando para llegar a una solución política y proteger por sobre todo a los civiles, “de manera consistente con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

La Cancillería, mediante un comunicado, dijo que en relación a las recientes acciones en Siria, el Perú expresa su profunda preocupación y hace un llamado a la moderación a todos los actores concernidos a efectos de evitar un escalamiento que ponga en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

Añade que el país condena el empleo de armas químicas y “considera que toda respuesta a estos crímenes atroces debe ajustarse al derecho internacional, por lo que apoya el despliegue de una misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) a Siria, y considera urgente que el Consejo de Seguridad establezca un mecanismo que permita la identificación y procesamiento de los responsables”.

En cuanto al papel del Perú como presidente del Consejo de Seguridad, se señala que está trabajando para llegar a una solución política y proteger por sobre todo a los civiles, “de manera consistente con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

El embajador del Perú en la ONU, Gustavo Meza-Cuadra, presidió el Consejo de Seguridad convocado por Rusia para ver la situación de Siria.

EL VIERNES

Más de cien misiles Tomahawk con 454 kilos de cargas explosivas, cada uno, cayeron sobre Damasco, la capital Siria, el sábado último en la madrugada. Conocida como “Ciudad del Jazmín”, por sus bellos jardines, y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde 1979, debido a sus construcciones bizantinas, iglesias cristianas de cientos de años, mezquitas levantadas por la dinastía Omeya, así como edificaciones del período otomano, es ahora el objetivo militar, estratégico y geopolítico de Donald Trump que está dispuesto a tomar a sangre y fuego.

El pretexto es el mismo que ya fue usado por los EEUU, en el 2003, para invadir Irak: la existencia de armas químicas. El supuesto uso de estas en el ataque, por parte del gobierno sirio de Bashar al-Ásad, contra los rebeldes de la localidad de Duma el 07 de abril pasado no ha sido comprobado hasta el momento (sería condenable de ser cierto), ya que la Misión de Expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que iba a efectuar la inspección correspondiente en ese lugar, recién estaba en camino cuando Trump decidió y ejecutó el bombardeo a Damasco.

Recordemos que en Irak, los inspectores de la ONU y los propios estadounidenses, nunca encontraron tales armas químicas, pero se usó ese pretexto para desangrar la región e instalar un gobierno útil a los intereses norteamericanos en ese país.

La razón de fondo en Siria, como lo fue en Irak, no es otra que apoderarse del petróleo de allí, que ascendería a una reserva de 2.5 billón de barriles, así como los ingentes yacimientos de gas natural que son administrados por las empresas estatales sirias.

Los aliados dispararon 103 misiles contra posiciones sirias.

A Donald Trump no le interesa el bienestar ni la libertad de ese pueblo, ni de los pueblos del mundo. Le interesa dominar la zona ya que constituye, a la vez que un rico filón de petróleo y gas, un área de influencia gravitante en el Mediterráneo. Por eso bombardea Damasco, pero calló en siete idiomas, la última semana de marzo, en que Israel bombardeó la Franja de Gaza, matando a 16 jóvenes y dejando gravemente heridos a otros 1,400.

La responsabilidad de la convulsión en que se abate Siria, cuya Guerra Civil va costando más de 400,000 muertos y cinco millones de desplazados, desde su inicio en el 2011, es responsabilidad no solo de las partes internas en conflicto, el gobierno sirio de Bashar al-Ásad y los rebeldes; sino, sobre todo, de los EEUU que, según publicaciones del New York Times, de junio del 2012, y la BBC Mundo de octubre del 2015, funcionarios de la CIA operarían en secreto desde el sur de Turquía, para ayudar a los aliados a definir qué combatientes de la oposición siria recibirían armas para luchar contra su gobierno.

En setiembre del 2014 se hizo público que el Senado norteamericano, por 72 votos a favor y 22 en contra, aprobó una enmienda para armar a los rebeldes sirios contra el denominado Estado Islámico (ISIS); pero según otras fuentes, como el libro del lituano Daniel Estulin, “Fuera de Control”, el apoyo en armamento habría sido destinado también en favor de dicho grupo yihadista, con tal de coadyuvar al derrocamiento del gobierno sirio. Aquí se habría aplicado la estrategia de: el enemigo de mi enemigo es mi amigo.

Para Donald Trump y sus aliados de la OTAN, Theresa May del Reino Unido, y Emmanuel Macron de Francia, el derecho a la libre determinación de los pueblos, así como el principio de la soberanía de los estados, es papel al viento. La Carta de las Naciones Unidas, que tiene como principio fundamental preservar al mundo del flagelo de las guerras, es para ellos de uso desechable.

En ésta, el uso de la fuerza internacional solo es permisible en los casos expresamente establecidos en su artículo 42, por parte del Consejo de Seguridad, y luego de agotadas todas las medidas disuasivas que allí se dispone para restablecer la paz; el cual no se ha otorgado a EEUU ni la OTAN en el conflicto de Siria. El bombardeo sobre Damasco es arbitrario, criminal, y del más viejo estilo colonial e intervencionista.

El Derecho Internacional que practica Donald Trump y sus aliados es el de la prepotencia bélica. Sus normas de imperativo categórico: los misiles, bombardeos, ocupación y apoderamiento de los recursos naturales y fuentes de energía de cualquier latitud del mundo. El pretexto lo crean en el camino.

A su paso dejan ciudades demolidas, miles y millones de muertos, ríos de sangre, heridos, mutilados, desplazados, refugiados. Por eso el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterrres, ha manifestado que la situación propiciada “presenta ahora el mayor peligro para la paz y seguridad internacionales”. El panorama generado por Trump es tenso y dramático: Siria en el centro, EEUU, el Reino Unido y Francia queriendo tomarla por asalto; por otro lado, Rusia, China e Irán, listos para intervenir en apoyo de Siria. El mundo está advertido.

Solo China y Bolivia apoyaron la propuesta rusa.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. PERÚ SE ABSTUVO

Rechazan resolución rusa que condena ataque en Siria

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas rechazó una resolución presentada por Rusia para condenar el ataque lanzado en las últimas horas contra Siria por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.

Dicho documento consideraba que el ataque representa una agresión a la soberanía territorial de Siria y una violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas y pedía a las tres naciones que eviten en el futuro el uso de la fuerza contra el régimen sirio.

El documento solo logró el apoyo de tres representantes del consejo (Rusia, Bolivia y China) y cuatro se abstuvieron (Perú, Kazajistán, Etiopía y Guinea Ecuatorial).

Votaron en contra los otros ocho integrantes del consejo (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, Costa de Marfil, Kuwait, Holanda y Polonia), por lo que no obtuvo el mínimo de nueve votos necesarios para que fuera aprobada la resolución.

Canciller Néstor Popolizio.

CANCILLER NÉSTOR POPOLIZIO:

Responsables de uso de armas químicas deben ser perseguidos

“Los responsables del uso de armas químicas deben ser totalmente perseguidos y a los responsables condenárseles. No debe haber impunidad en el uso de armas químicas a nivel mundial, es un crimen de guerra”, dijo el canciller peruano.

Estados Unidos, Reino Unido y Francia realizaron un ataque conjunto en contra de Siria. El presidente Donald Trump indicó que la acción bélica es una respuesta al uso de armas químicas por parte del gobierno sirio a cargo de Bashar al-Ásad.

“Estas acciones definitivamente nos han generado una profunda preocupación y hemos hecho un llamado para que estos actos no escalen. Que sea controlado y focalizado (el ataque contra Siria)”, afirmó el canciller peruano.

ANTONIO CASTILLO

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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