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¡Aquí te esperamos, Victitor!

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A comienzos de junio, el programa Cuarto Poder de América Televisión difundió un audio en el que se escucha al expresidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, conversando con el alcalde de Tarapoto, Walter Grundel Jiménez. En esa grabación, que data del año 2013, ambos dialogan sobre propuestas de negocio con dinero público y licitaciones irregulares.

“Mira Walter, yo ahorita hermano te digo, yo tengo que ver con todito, si no te has enterado en buena hora, pero yo tengo que ver con toditas las obras a nivel nacional. Yo soy el que maneja todo, yo soy el brazo derecho del uno, ¿entiendes? Si estás hablando conmigo, haz de cuenta que estás hablando con el primero”, se escucha a Isla, buscando alcanzarle al alcalde el nombre de una de sus empresas, a cambio de apoyarle en su campaña.

“Mi intención es apoyarte hermano y apoyarnos ambos, yo quiero invertir un poco”, se le oye, advirtiéndole que “durante el día no vamos a poder hablar, por temas de seguridad, por el tema siempre está a veces la prensa, el chuponeo por debajo, queriendo interceptar las comunicaciones, igual, un poco preocupado, pero entonces, en la noche sí porque yo tengo un software especial que le he instalado a mi celular, con un imán no me pueden captar, así me estén queriendo chuponear no me van a captar”.

Este audio divulgado a nivel nacional y que inclusive -según peritaje profesional es auténtico y no es editado ni manipulado- fue difundido inicialmente en el programa Enfoques de la ciudad de Tarapoto, dirigido por la colega Glenda Mello Pinedo, quien autorizó a América Televisión su reproducción y ampliar la investigación sobre esta grabación que dura 21 minutos.

Por supuesto que el expresidente del Congreso -a quien se le recuerda por otros escándalos de connotaciones sentimentales al frente de esa tarea- dijo como descargo que se trataba de una imitación con fines políticos mientras al alcalde interlocutor no negó que la misma se haya realizado y solo dijo no recordar.

Glenda Mello Pinedo, es la actual vicedecana del Colegio de Periodistas de San Martín y se le reconoce como una mujer de prensa de intachable trayectoria. Fue ella quien también destapó otros casos similares, como el de la última exsecretaria del Gobierno Regional de San Martín por uso indebido de bienes del Estado, por la cual fue destituida; el uso de dinero público para compras de champús para perros, baños de florecimiento, entre otros, de la esposa del expresidente regional, Max Ramírez, quien fuera encarcelado por corrupción; asimismo, los robos sistemáticos y desfalco en el SAT Tarapoto, en la gestión del exalcalde Sandro Rivero Uzátegui y su lucha por el rompimiento del monopolio notarial en San Martín, entre otros.

Hace poco, utilizando los mismos métodos que otras autoridades Víctor Isla Rojas la denunció por difundir dicho audio. Sin embargo, a los colegas de canal 4 ni siquiera los menciona; y es que tampoco deberían ser denunciados sino vemos cómo estos políticos descartables amenazan siempre a los más débiles porque, supuestamente, en provincias están desamparados.

Ya vas a ver Victitor cómo nos encuentras. Hay toda una orden profesional que está al lado de una colega valiente. ¡Aquí te esperamos! (*) Decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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