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APU QARWARASU: Agua-vida en serio peligro (II)

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El lunes 30 de marzo, cayó un ómnibus a pocos kilómetros de Puquio, ciudad mayor en territorio del Apu Qarwarasu y habrían muerto 20 personas, enlutando a muchas familias hermanas nuestras tanto de Lucanas como de otras provincias de Ica, Apurímac y Cusco.

Si los ómnibus no circularan entre las 10 de la noche y las seis de la mañana, en las carreteras peruanas moriría un setenta u ochenta por ciento menos de pasajeros. En esas fatídicas horas el cansancio golpea más.

Hasta ahora solo lamentamos la pérdida de miles de vidas y no aparece ninguna solución en el horizonte. Los expertos en materia de transporte no tienen en cuenta este hecho. El abrazo de solidaridad es un pequeñísimo consuelo, más aún si como el mío va desde Sao Paulo, tan lejos.

En mi artículo anterior escribí sobre el grave peligro de la cuenca de aguas del nevado Qarwarasu por la inminente explotación a tajo abierto de una mina de plata y cobre. Como es habitual, los operadores de la empresa australiana recurrieron a conocidas triquiñuelas para dividir a la población y obtener un acuerdo formal de aceptación.

El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de la Provincia de Sucre, se opone al inicio de operaciones de la empresa minera Laconia South América S.A.C. en las faldas del nevado Qarwarasu. La comunidad campesina Tintayno le otorgó la licencia social respectiva para dar inicio a las operaciones de explotación.

De un lado está la vida de los ayllus y pueblos andinos; del otro, la fortuna para los dueños de la empresa australiana y algo de dinero que iría al tesoro público. Cuando la explotación termine, los dueños se irán y quedarán los ayllus cerca de un espacio lleno de huecos. Si toda su nieve se diluyera, el cerro habría perdido parte de su encanto. Doble pérdida, doble dolor. No son buenos los tiempos que nos toca vivir.

En estos tiempos de lucha y de defensa de lo nuestro, conviene pensar dos veces en el argumento de las grandes empresas y de los funcionarios del gobierno de Ollanta Humala que tratan de hacernos creer que de un lado están los mineros, que serían buenos peruanos y que quieren el llamado desarrollo, y, del otro, los antimineros, los malos peruanos, los terroristas que propondrían el “atraso”.

Eso es lo mismo que dijo y escribió Alan García, el aprista expresidente, cuando insultó a los comuneros de la Amazonía y de los Andes llamándolos “perros del hortelano”, por no comer ni dejar comer la riqueza de las minas, el petróleo, el gas, el oro y las maderas. Es lo mismo que repiten los periodistas en los medios de comunicación controlados por el Grupo El Comercio.

Tratemos de ver de cerca lo que hay en el fondo de ese razonamiento: se trata de un argumento especialmente escogido para hacernos creer que las grandes empresas mineras y el Perú tienen los mismos intereses, sin tomar en cuenta y tratando de ocultar que no todos los peruanos pensamos igual y que no por pensar de modo diferente somos malos peruanos o, peor aún, “terroristas”. Como ciudadanos tenemos derecho a pensar y a defender nuestras opiniones y a respetar las opiniones de los otros. Si la democracia no supone este respeto, ¿de qué estamos hablando?

Los empresarios, los funcionarios del gobierno de Humala y los medios de comunicación que los defienden están convencidos de que en el mundo solo ellos tienen la verdad y que ese pensamiento es el único a tomar en cuenta. Para ellos el desarrollo es sinónimo de riqueza, de acumulación de fortuna, de competir para lograr mayor acumulación de bienes: casas, autos, seguros privados para todo, mejores universidades para los hijos. Todo eso existe en el país, por supuesto, pero es un privilegio para un reducido número de peruanas y peruanos que no se extiende más allá del 10% de la población. Las grandes fortunas del país -de esos que figuran en la listas norteamericanas de gentes con más de mil millones de dólares- apenas representan menos del uno por ciento. Un 20% o 30 % de la población se sitúa en lo que se llaman las clases medias (altas, medias y bajas) que viven con algo de confort (una casa, o un departamento, un auto) y que envían a sus hijos a colegios privados de tercera o cuarta categoría.

El resto ve de lejos y de cerca el desarrollo, el progreso de los otros. El grueso de la población no beneficiada por el llamado desarrollo comparte la situación de pobreza, hasta el extremo de mal vivir con tres soles diarios, en los barrios populares de las grandes ciudades, en los conos de Lima metropolitana y los llamados pueblos jóvenes de las capitales de departamento y algunas provincias grandes, y, también, en las comunidades de las tierras altas y en las comunidades nativas de la Amazonía.

Hay otra alternativa al llamado desarrollo. Se trata del ALLIN KAWSAY, BUEN VIVIR, en quechua, idea que viene de los hermanos de Bolivia y Ecuador y que es recogida por dirigentes de los pueblos indígenas amazónicos y de algunas organizaciones andinas. Una de las cuestiones centrales para el Allin kawsay, es vivir en armonía con la naturaleza.

Los seres humanos somos parte de la madre tierra. En el desarrollo capitalista los ingenieros y técnicos actúan como enemigos de la naturaleza, para someterla y vencerla. En un ayla, música particular de la fiesta del agua, los comuneros de los ayllus de Puquio (Qollana, Chaupi, Qayaw y Pichachuri) cantan: “los ingenieros carreteros son enemigos de los árboles y de las piedras”.

Saben muy bien de lo que hablan. No son malos peruanos, no son terroristas. Se trata de tener con la Pacha mama una relación de respeto porque de ella nos viene la vida. Es ese respeto que las empresas capitalistas y sus defensores no toman en cuenta porque para ellos lo único que cuenta es la acumulación de riqueza para el 1% de la población y sus beneficios extendidos a un 10%. (Sao Paulo, Brasil 2 de abril, 2015).

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Tratemos de ver de cerca lo que hay en el fondo de ese razonamiento: se trata de un argumento especialmente escogido para hacernos creer que las grandes empresas mineras y el Perú tienen los mismos intereses, sin tomar en cuenta y tratando de ocultar que no todos los peruanos pensamos igual y que no por pensar de modo diferente somos malos peruanos o, peor aún, “terroristas”.

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

Publicado

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Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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