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Apra: propuesta y solución a la crisis de su oficialismo

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El APRA y su oficialismo se encuentran a la deriva. Dos oficialismos, cuyo líder es García, y un partido secuestrado por ambas facciones neoliberales, se encuentran legalmente enfrentados, no ideológicamente enfrentados, bueno es aclararlo, por una cuestión de forma, cuya solución está, aparentemente, únicamente en manos del Jurado Nacional de Elecciones, como consecuencia de la apelación presentada por una de las dos facciones en disputa, corolario de las supuestas elecciones realizadas en el último congreso del PAP.

La facción accionante pide la nulidad de las elecciones, por no ajustarse a los estatutos del partido y, de otro lado, porque la dirigencia que convocó al congreso nacional del PAP ya había superado su mandato al tiempo en que llamó a la realización de ese evento.

Ahora bien, lo más probable es que el JNE anule las resoluciones adoptadas en el último congreso del PAP, toda vez que la farsa montada por la parte denunciada en ese evento es claramente torpe, es decir propia de zopencos. En otras palabras, si el JNE se alinea con los últimos corre el peligroso riesgo de coronarse como un jurado integrado por bobos.

Asumiendo que no hay bobos en ese jurado, ley de partido políticos en mano y estatuto del PAP, el JNE se inclinará por anular el congreso y llamar a un nuevo evento partidario.

Pero esto abriría una situación atípica, porque de decidir aquello el JNE también tendría que pronunciarse sobre la legalidad de la dirigencia que convocó al congreso PAP, claramente desautorizada por exceder el tiempo de su mandato.

Y entonces el PAP quedaría acéfalo (técnicamente ya lo está) si el JNE, o (mejor) los propios militantes, no encuentran una solución que permita establecer un procedimiento consensuado para que el PAP lleve a cabo un nuevo evento y se haga de una dirigencia transitoria, hasta que ella emerja democráticamente para tomar las riendas del partido por el plazo establecido en sus estatutos.

Sobre este punto resulta importante recordar que ambas facciones oficialistas, aparentemente contritas por lo sucedido en el último congreso, se han referido públicamente, una y otra vez, a su deseo de constituir la modalidad de un aprista un voto para los eventos electorales del PAP.

Pues bien, si nos encontramos ante un caso atípico y si el oficialismo aprista es consecuente con lo que expresa, una solución razonable sería elegir, primero, una Comisión Organizadora del nuevo Congreso Aprista, la misma que debería ser votada desde las bases del partido bajo la modalidad de un aprista un voto.

Esa Comisión Organizadora del Congreso asumiría, además y de manera transitoria, las facultades de dirección institucional y política del PAP. Se avocaría entonces no solamente a resolver el tema de los padrones del partido (previa declaración de jubileo a la que se acogerían apristas sin denuncia o prontuario judicial) y la organización efectiva de sus bases, sino también a aclarar, mediante un informe en el seno del nuevo congreso, el tema relativo a las propiedades inmuebles y el estado financiero del partido.

De otro lado, también hemos escuchado desde ambas partes del oficialismo aprista la necesidad de volver a la línea de izquierda democrática que caracterizó al APRA de Haya de la Torre. También el silencio ha sido la respuesta a esa propuesta, y en ambos sectores del oficialismo aprista, lo que denota una posición tacita contraria a la primera propuesta ideológica. Por lo tanto, creo pertinente que la Comisión Organizadora del nuevo Congreso PAP declare a ese importante evento uno de carácter ideológico y programático para determinar la línea política del APRA.

Para el efecto se realizarían encuentros preliminares de carácter local, en los cuales los militantes de base discutirían ese importante tópico con el objeto de llegar a una resolución mayoritaria (un aprista un voto), que expresaría la posición política de cada base del partido. Esas resoluciones serían valoradas cualitativamente y cuantitativamente por el partido, para entonces adoptar una posición institucional y zanjar, por ahora, el debate ideológico.

Siguiendo la misma línea de solución consensuada para evitar los conflictos al interior del partido frente a un caso atípico arriba explicado, todo militante aprista debería apoyar la eliminación de la figura de la Secretaría General Única (otra vez a través de un aprista un voto), para que el partido sea gobernado por una dirigencia colegiada. Oponerse a ello constituye un claro desacato al deseo postrero de Haya de la Torre, quien en la última entrevista que concedió a la televisión nacional se manifestó claramente en ese sentido.

Igualmente, bajo la tutela de Haya de la Torre jamás la Comisión Política del PAP fue un ente resolutivo, sino uno de carácter consultivo. Lo contrario sería colocarse en la otra orilla de todo aquello que Haya institucionalizó en el APRA, para hacer del Partido del Pueblo una organización verdaderamente democrática y no lo que es hoy, una afrenta a su memoria y un baldón a los manes de aquellos que ofrendaron su vida por la causa paladina de la unión, la fraternidad y el amor por la justicia social.

Toca a la militancia, a los líderes de base del APRA promover las iniciativas expresadas en este artículo, porque cada una de ellas está en la línea de los partidos políticos modernos y en la idea institucional que Haya siempre tuvo en torno al gobierno y la organización del Partido del Pueblo.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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