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Aportes de la resistencia dentro de la embajada venezolana en Washington

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Protesta de Venezolanos en Washington

La buena noticia, oposición y Gobierno venezolanos continuarán las negociaciones en Noruega esta semana; la mala, Estados Unidos sigue empeñado en derrocar a Maduro y así lo ha hecho saber el Departamento de Estado en un reciente comunicado. Como señal de su empecinamiento, consolidó la invasión de la embajada venezolana en Washington cediéndosela a la oposición, aunque para conseguirlo cometiese un acto de guerra aún impune a los ojos impávidos de la comunidad internacional.

El viernes por la tarde, Carlos Vecchio, designado representante de Juan Guaidó en Washington, tuiteaba un video en el que se le ve colgando la bandera venezolana desde una de las ventanas del edificio consular.

PROVOCACIÓN BÉLICA

Permitir que individuos auto-designados representantes de Venezuela tomen posesión de la embajada venezolana vulnera explícitamente los artículos 22 y 35 de la Convención de Viena de 1961, de la que Estados Unidos es signatario.

Asimismo, el allanamiento de la embajada venezolana por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses el pasado 16 de mayo constituye un acto de guerra. Aquel día fueron arrestados 4 pacifistas que permanecían en la sede diplomática con el permiso de las autoridades venezolanas.

Para beneplácito de los agresores, estos hechos son minimizados por la mayoría de medios de comunicación, obviados por las organizaciones internacionales y silenciados por los jefes de Estado del mundo.

UNA EMBAJADA FANTASMA

La Organización de Naciones Unidas sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Y lo que es más importante, las fuerzas armadas y la mayor parte del pueblo venezolano desconocen a Guaidó como su jefe de Estado.

Ante este panorama, la embajada usurpada ya no representa al Gobierno venezolano en Estados Unidos y, por tanto, no podrá procesar ninguno de los trámites consulares (pasaportes, visas, apostilla de documentos) para beneficio de la población venezolana o extranjeros que deseen viajar al país caribeño. En ese sentido, la embajada dejó de serlo. Hoy es el termómetro de un fracasado intento de golpe de Estado.

PROTEGIENDO LAS EMBAJADAS

Después de la ruptura de las relaciones diplomáticas de ambas naciones, Estados Unidos se apoyó en la Convención de Viena para solicitar al Gobierno venezolano aceptar a Suiza como “país protector” de su embajada en Caracas. El Gobierno venezolano accedió y actualmente el recinto diplomático estadounidense opera con un reducido personal que lleva a cabo trámites consulares esenciales bajo la supervisión de Suiza.

En reciprocidad, Venezuela pidió aprobar a Turquía como “país protector” de su embajada en Washington. El Gobierno de Donald Trump ni siquiera respondió; se dedicó a quebrantar la normativa internacional hasta que las fuerzas de Guaidó pudieran tomar la sede consular.

EL COLECTIVO DE PROTECCIÓN DE LA EMBAJADA

En enero, Estados Unidos reconoció un gobierno paralelo en Venezuela liderado por Juan Guaidó y decretó incautar los bienes y activos del gobierno venezolano en suelo estadounidense para cedérselos al autodesignado presidente.

Posteriormente, tres propiedades diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos fueron usurpadas por las fuerzas opositoras. Días después, el Gobierno de Nicolás Maduro dio permiso de instalarse en su embajada en Washington a un grupo de pacifistas estadounidenses. Los activistas se oponían a que la embajada corriera con la misma suerte que las demás propiedades.

Su principal objetivo era frenar una guerra liderada por Estados Unidos, la que podría encontrar una excusa perfecta si tras una invasión de la embajada venezolana, se le sucedía -en “reciprocidad”- una invasión a la embajada estadounidense en Caracas.

Siempre amparándose en el derecho internacional y específicamente en la Convención de Viena, los activistas defendieron hasta el último día de su estancia en la embajada que la administración del recinto pertenece legítimamente al Gobierno de Maduro, en tanto que fue electo y continúa siendo el único presidente venezolano reconocido por las Naciones Unidas.

CRONOLOGÍA DEL ASEDIO A LA SEDE DIPLOMÁTICA

Cuando el “Colectivo de Protección de la Embajada” cumplió dos semanas residiendo en el edificio, los agentes federales estadounidenses dieron un ultimátum: diplomáticos y pacifistas debían abandonar la misión diplomática antes del 28 de abril o podrían ser arrestados. Solo los pacifistas desafiaron la orden. Pronto las redes sociales corrieron la voz de su resistencia, atrayendo a activistas de diversas ciudades de Estados Unidos. En un momento dado llegaron a ser más de 50.

El megáfono de las redes sociales también atrajo a simpatizantes de Guaidó, quienes atrincherados al exterior de la embajada impedían la entrada de alimentos y medicinas y atacaban a los activistas física y verbalmente.

Su agresividad creció cuando en la mañana del 30 de abril Juan Guaidó volvió a intentar un fallido golpe de Estado. Crearon una web para recaudar fondos y financiar a quienes quisieran permanecer cercando la embajada. En solo tres días habían conseguido casi 4 mil dólares. Armaron toldos alrededor del edificio, desde donde utilizaron altavoces para atormentar a los pacifistas. Las amenazas de violación a las activistas mujeres, los insultos racistas, y el clamor instando a una intervención militar estadounidense en Venezuela se hicieron constantes.

Apostados a las afueras del edificio las 24 horas, los oficiales del servicio secreto estadounidense fueron testigos oculares y cómplices de este despliegue de violencia: arrestaron a varios pacifistas que trataron de ingresar alimentos al edificio buscando esquivar a la turba pro-Guaidó. Por ejemplo, Ariel Gold de la Organización CodePink fue imputada con el cargo de “lanzamiento de misiles” al tirar un pedazo de pan hacia una de las ventanas de la embajada. GerryCondon, histórica figura de los movimientos antiguerra y director de la organización Veteranos por la Paz, fue detenido -y golpeado hasta sangrar- por lanzar un pepino.

El 9 de mayo, el Departamento de Estado envió un comunicado a la compañía eléctrica alegando que el “embajador de Venezuela, Carlos Vecchio” ordenaba el corte de luz. Forzados por la falta de suministros de comida y medicinas, varios activistas (sobre todos los de edad más avanzada) tuvieron que salir de la embajada. Cuando el 12 de mayo también les cortaron el agua, cuatro se quedaron resistiendo.

VALENTÍA DE LOS CUATRO HÉROES

Vivir prácticamente sin agua y alimentos, sin energía eléctrica y a expensas de ser linchados por una turba pro-Guaidó marcaron el día a día de los cuatro de la embajada. De cara a sobrevivir el mayor tiempo posible, racionaron los alimentos, recolectaron agua de lluvia y hasta construyeron un inodoro ecológico.

Cuando el 13 de mayo oficiales del servicio secreto y miembros de la policía metropolitana de Washington DC, llevando consigo una carta de desalojo que no contenía ni firma ni sello, cortaron las cadenas que amarraban las puertas de ingreso de la embajada, fueron recibidos por los cuatro pacifistas: la Dra. Margaret Flowers (56), pediatra; Dra. Adrienne Pine (48), profesora universitaria; Kevin Zeese (63), abogado; y David Paul (69), enfermero y educador.

Con tranquilidad, explicaron la legalidad de su estancia e instaron a los oficiales a abandonar el edificio para evitar cometer una violación mayor del derecho internacional, en tanto que el espacio allanado es considerado territorio venezolano. Al sumarse a la conversación, la abogada del colectivo, Mara Verheyden-Hilliard, señaló el grave peligro que correrían todas las embajadas del mundo, y en especial las estadounidenses, en caso se consumarse la invasión a la embajada venezolana.

La explicación fue tan contundente que los policías salieron del edificio y colocaron las cadenas en su lugar. Esta victoria de los activistas se extendió hasta un día después, en el que el mundialmente reconocido defensor de los derechos humanos, el reverendo Jesse Jackson, acudió a la embajada con alimentos, logrando entregarlos a través de una cesta colgante, sin que el servicio secreto se lo impidiera.

PARAFERNALIA DEL ARRESTO

Estados Unidos y las fuerzas de Guaidó tramaron una burda estrategia para eludir la ilegalidad de la usurpación de la misión diplomática. Carlos Vecchio, representante de Guaidó, remitió una carta al Departamento de Estado en calidad de “embajador venezolano”, anunciando su “renuncia a la inviolabilidad del territorio de la embajada, conferida por la Convención de Viena” hasta que las fuerzas de seguridad estadounidenses “liberen al edificio de los invasores”. Ese documento fraudulento (¿acaso se puede renunciar momentáneamente a una convención internacional?) sirvió de “asidero legal” para el desalojo.

El 16 de mayo, la policía metropolitana de Washington, junto al servicio secreto ponía en práctica un despliegue digno del arresto de un grupo terrorista de alto calibre. Portaban ametralladoras y pistolas, chalecos antibalas y cascos; estaban acompañados de perros antidrogas, conducían vehículos blindados, furgonetas y carros policía. Corrían de un lugar a otro, estacionaban los vehículos, se gritaban instrucciones indescifrables y volvían a realizar la misma ilógica pero monumental operación. A las 9:30 de la mañana decidieron colocar más personal en la parte trasera del edificio y sacar un viga con cabezal de hierro, con la que derribaron la puerta del garaje. Afuera, los pocos medios televisivos que cubrieron el evento transmitían los gritos de rechazo de los activistas antiguerra y los de apoyo a la policía de grupos de la oposición venezolana.

FRUTOS DE LA RESISTENCIA

Después de un día en prisión, los 4 de la embajada salieron libres comprometiéndose a una serie de condiciones restrictivas (no acercarse a la embajada ni a figuras pro-Guaidó, entre otras) y con la obligación de presentarse ante el juez en los próximos días, quien decidirá si son culpables del cargo que se les imputa: “interferir con ciertas funciones protectoras” de los agentes federales.

Desde entonces, solo medios alternativos han hecho hincapié en la injusticia de su detención y en el descarado quebrantamiento de la ley internacional perpetrado por Estados Unidos.

No es descabellado asumir que su continua lucha contribuyó a que actualmente Gobierno y oposición venezolanos vayan a verse las caras en las negociaciones que Noruega está mediando. Los pacifistas expresan anhelar un desenlace positivo para el pueblo del país caribeño, después de este triste episodio en la historia mundial de la diplomacia.

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Política

El empresario más poderoso financió a Keiko Fujimori

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Reunión en la sala del SIN con Vladimiro Montesinos

Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., reveló ayer, ante el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que le entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial en el año 2011.

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Romero señala que en sus declaraciones de la mañana de ayer informó a la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

Dice que lo hizo ese año, 2011, porque “el régimen de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, desplegaba millonarios esfuerzos por expandir el nefasto chavismo en toda América Latina. Y el Perú se había vuelto un objeto crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La gran transformación’”.

Y este comportamiento financista se corrobora el martes 22 de junio de 1999, cuando el patriarca de la dinastía Dionisio Romero Seminario se reunió, muy paciente y obsequioso, en la salita del Servicio de Inteligencia (SIN), con Vladimiro Montesinos, el gemelo de Alberto Fujimori.

Desde la dictadura de los 90 hasta la fecha, los Fujimori han tenido operadores como Jaime Yoshiyama, expremier; José Chlimper, exministro de Agricultura; y Silva Checa, muy cercano a Montesinos. Los cuales hoy también son piezas claves para Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

FUJIMORI-ROMERO: ESTRECHA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político, no tiene que hacer mucho esfuerzo para retrotraerse, como en un calidoscopio, a esa época de los 90, porque fue un testigo excepcional como principal asesor del expresidente Valentín Paniagua, que piloteó la transición después de la caída del fujimorismo.

“Siempre se ha sabido que los Romero, en este caso el padre, estuvo muy vinculado al poder, con la dictadura de los noventa. Y esto ocurrió dentro de la lógica de Alberto Fujimori, que tenía dos problemas acuciantes: el económico y la violencia”, recordó.

No hay que olvidar que el soporte de la dictadura de Fujimori fueron cuatro pilares, según los analistas de esa época:La coalición que sirvió de soporte al gobierno de Fujimori estuvo integrada por cuatro actores: “Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las elites empresariales y los organismos internacionales”.

Dionisio Romero Paoletti

Dionisio Romero Paoletti confesó financiamiento a la hija del dictador.

HAN COPADO EL ESTADO

En lo referente a los empresarios, Adrianzén recuerda muy bien el papel de los Romero. “Si se revisan los famosos vladivideos, veremos cuán estrecha era la relación de la dictadura con Dionisio Romero, de cómo pactaban, por ejemplo el precio de trigo para beneficiar a sus empresas que iban monopolizando poco a poco el mercado”.

Después manifiesta que es evidente que han copado los partidos para justamente capturar el Estado, “y sus intentos no han cesado hasta hoy, financiando a Keiko con el pretexto de frenar al chavismo. Creo que la pregunta debe ser ¿quién corrompe a quién? Yo pienso que los empresarios, porque quieren asegurar sus ganancias”.

“Ellos financian a los partidos, pensando que alguno de ellos llegará al poder. De ese modo garantizan que no van a perder, venga quien venga. De allí la habilidad de los empresarios, como los Romero, para penetrar los partidos políticos, moverse en los altos niveles y capturar el Estado”, refirió.

“Esto se ha visto desde la dictadura de Alberto Fujimori hasta su hija Keiko, pasando por todos los gobiernos de turno; eso no es una novedad. Y para ello son hábiles, para acercarse a las cúpulas y llevar a cabo sus planes de enriquecimiento”, concluyó Adrianzén.

SON EMPRESARIOS MERCANTILISTAS

Uno de los testigos cercanos del catastrófico primer gobierno de Alan García hasta la férrea dictadura de Alberto Fujimori, fue el actual excongresista Alberto Quintanilla, a la sazón diputado por Izquierda Unida (IU).

“Los grandes empresarios -afirma- siempre han estado con los gobiernos de derecha. Hay una relación bastante cercana entre ellos, porque coincidían en querer capturar el Estado para hacer negocios. Ellos no eran neoliberales, eran mercantilistas”.

“Lo que querían era capturar el Estado para hacer negocios. Su concepción es que el Estado es un apéndice de sus negocios e intereses, eso siempre ha sido así. La declaración de Dionisio Romero significa eso, que no dan puntada sin hilo en la defensa de sus intereses”, concluye Quintanilla.

Y lo que afirma Quintanilla concuerda con las afirmaciones de Francisco Durand, que escribióel libro “Los Romero”, donde afirma: “Dionisio el viejo entra en las esferas del poder político. Primero, en los setenta y ochenta, lo hace personalmente en directorios y consejos consultivos, y luego, desde los noventa, aunque sigue tratando con presidentes y ministros cara a cara, comienza a apoyarse en gestores, lobistas, abogados, amigos, consultores”.

 

Fèlix Grijalba Sato

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Política

Equipo Lava Jato debería tener respaldo del Ministerio Público

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Equipo Lava Jato

Tiene que haber un apoyo de la propia institución a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo el escritor y periodista, Álvaro Vargas Llosa, tras considerar que el respaldo no solo debe provenir de la población, sino de parte de la propia Junta de Fiscales Supremos.

“No es el respaldo popular el que tendría que sostener la actividad de estos fiscales y eventualmente también de los jueces. Es el propio sistema institucional y el propio sistema jurisdiccional, en general, el que debería de tener el máximo interés que todos estos canales institucionales tengan un desarrollo sin obstáculos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿Por qué? porque para eso están, esa es la función de un Estado de derecho de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es decir, la función no puede ser el de convertirse en vehículos de complicidad con la corrupción y, además, de sabotaje de la propia democracia desde su interior. Nada empuja más a los países a optar por soluciones autoritarias que el desprestigio de sus instituciones, y en eso se han están luchando contra la corrupción, como el caso de José Domingo Pérez y Rafael Vela, miembros del Equipo Especial Lava Jato.

“Y no solo eso, perseguirían a quienes están tratando de luchar contra la corrupción. No tengo la menor duda que empezarían hacer la vida difícil al Equipo Especial Lava Jato. Yo espero que la población que tiene el poder de decidir en sus manos, tome las decisiones correctas y entienda bien el riesgo que se corre volviendo a llevar al Parlamento a gente cuya conducta fue la que condujo a la disolución”, precisó.

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Política

En el PPC tenemos claro que inmunidad no es impunidad

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MARISOL PÉREZ TELLO

Todos los candidatos del Partido Popular Cristiano (PPC) tenemos claro que inmunidad no es impunidad, subrayó Marisol Pérez Tello, secretaria general de dicha agrupación política, al subrayar que Alberto Beingolea no está postulando en las elecciones 2020 para obtener esa prerrogativa parlamentaria.

“En el caso del PPC, de Alberto en particular y de lo que esto significa para el proceso que enfrentamos hay tres cosas que tiene que quedar claro. Para nosotros, inmunidad no puede ser impunidad. Si vamos al Congreso, cualquier cosa que se investigue contra cualquiera de nosotros [de los que vayan al Congreso] tendrá que asumir la responsabilidad. Eso nos incluye a todos. No hay un blindaje acá a nadie”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Beingolea no está yendo al Congreso también para, entre otras cosas, tener inmunidad?] Cero. Él y lo estamos planteando todos que inmunidad no es impunidad, los 140 estamos en esa línea, porque creemos que esa es una de las reformas políticas que se tiene que hacer urgente”, apuntó.

Indicó, en otro momento, que el último cónclave del PPC demuestra que “este es un proceso interesante de formación de juventudes que está empezando a dar frutos”. Subrayó que la intención del PPC es llegar con los proyectos de reforma política y judicial.

“[…] Tenemos clarísimo que lo que se puede hacer [en el nuevo Congreso] es la reforma política, la reforma de la justicia, con un país que crezca que genere oportunidades en condiciones de igualdad, y finalmente tener un país con seguridad. Si no hay institucionalidad, no funciona. Nosotros vamos a llegar con los proyectos listos [al Congreso], porque no hay tiempo”, refirió.

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