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Año y medio sin política social

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Hemos visto en las semanas pasadas como D´Alessio en vez de gobernar el sector se dedicaba a cocinar un informe médico pro-indulto que no tiene soporte científico sino que ha sido digitado con el único objetivo de liberar a Alberto Fujimori en el contexto de un canje de votos.

Uno de los grandes errores de PPK es el haber olvidado que es necesario tener políticas sociales. Todos los estados deben asegurar que los niños tengan buena alimentación y haya educación de calidad para todos considerando las distintas culturas y lenguas, prevenir los riesgos de enfermedades infecciosas y crónicas y prestar atención de salud, combatir la discriminación y la exclusión que hoy predominan en la sociedad y la política, y prestar atención a los más vulnerables y a quienes ya no pueden sustentarse económicamente de manera autónoma. PPK, así como no entiende la necesaria separación entre lo público y lo privado ni que la lucha contra la corrupción requiere del ejemplo y no de la impunidad, parece no entender este componente básico de la política pública.

Cuestionado ministro de Salud, Fernando D’Alessio.

Cuestionado ministro de Salud, Fernando D’Alessio.

SALUD
Tomemos como ejemplo lo que sucede en salud, alimentación e inclusión social. Durante este gobierno, en salud la total falta de rumbo fue de la mano con un recorte del gasto público, en especial en relación al Seguro Integral de Salud.

No ha sido un sector ajeno a las crisis, desde que salió a luz pública que el consejero presidencial Carlos Moreno se dedicaba a ver como lucrar con el SIS mediante negociados con empresas amigas. Pero luego se vio que esto no era más que un detalle, y que la ministra Patricia García no tenía ninguna política clara, más allá de revelar en TV los males de una atención de salud que el pueblo sufre cada día y conoce de sobra, confundiendo su rol con el de una supervisora mediática.

Ninguna idea de reforma, de cómo reorganizar el sector, lanzar un nuevo empuje de inversiones o avanzar en la prevención de las enfermedades crónicas hoy predominantes. Mientras tanto, fue una comisión del Ministerio de Economía y Finanzas, llamada de “protección social”, la que saca un informe con una propuesta de gran reforma que unifique al MINSA con EsSalud, propuesta a la que el Ministerio de Salud es ajeno. Un desastre.

El necesario cambio ministerial llegó a mediados del 2016 pero para nombrar a un exmarino totalmente ajeno al sector. Hemos visto en las semanas pasadas como D´Alessio en vez de gobernar el sector se dedicaba a cocinar un informe médico pro-indulto que no tiene soporte científico sino que ha sido digitado con el único objetivo de liberar a Alberto Fujimori en el contexto de un canje de votos. Mientras eso pasa, el desgobierno y los problemas de mala atención en los hospitales y centros de salud se fueron agravando.

El tema de salud pública que más discusión política trajo fue el de la alimentación saludable. El sobrepeso y obesidad ha venido aumentando aceleradamente, pasando de 47 por ciento el año 2000 a 58 por ciento el 2 015; entre pobres más de la mitad lo sufren, entre los escolares de secundaria es de un 20%. Se trata de una epidemia cuyos costos se estiman en 2 mil 200 millones de dólares. Sufrimos al mismo tiempo obesidad, anemia y desnutrición crónica infantil: en uno de cada cinco hogares peruanos conviven un niño anémico y una mujer con sobrepeso. Apenas 11% de adultos consumen cinco porciones de frutas y/o verduras al día, que es lo recomendable, mientras más de la mitad de escolares toman bebidas gaseosas una o más veces al día y 11% tuvieron “comida rápida” tres días o más durante la semana, gracias a que “en el horario infantil el 66% de la publicidad es de comida chatarra (6 minutos por hora), calculándose que un niño está expuesto a los avisos hasta 22 minutos diarios de publicidad”.

Pero el gobierno de PPK aún no hace cumplir la ley de alimentación saludable. Es ley pero, como en el virreinato, “la ley se acata pero no se cumple” en esta tan pero tan imperfecta democracia que vivimos. Mientras tanto el fujimorismo, para beneficiar a los monopolios de la comida chatarra industrializada quiere tirarse abajo la ley de alimentación saludable con un proyecto de ley presentado por Daniel Salaverry y aprobado por una comisión irónicamente llamada de defensa del consumidor.

Cayetana Aljovín, no hizo nada en Inclusión Social.

Cayetana Aljovín, no hizo nada en Inclusión Social.

INCLUSIÓN SOCIAL
El gobierno de PPK no quiere enfrentar la comida chatarra de los monopolios industriales pero pretende, desde el MIDIS, atacar la anemia.

El Ministerio de Inclusión Social fue primero entregado a la vicepresidenta de Confiep, Cayetana Aljovín, que no sabía nada ni tenía ninguna experiencia en el tema y que no pasó de salir en unas fotos con niñitos muy sonriente. Ahora el MIDIS ha sido encargado a una nueva ministra Fiorella Molinelli, por si no la recuerdan (es fácil olvidarla porque no hace nada) vinculada a lobbies empresariales y sin experiencia en el tema, además cuestionada por el escándalo del aeropuerto de Chinchero. Es totalmente necesario enfrentar la anemia, pero la campaña del gobierno se concentra en que las familias lleven a sus niños a los centros de salud, donde hay que hacer enormes colas y hay un total desabastecimiento de medicinas y equipos, mientras se deja de lado la necesidad de advertencias publicitarias firmes para la comida chatarra y no se obliga a una fortificación de alimentos de consumo masivo que sería lo recomendable para enfrentar la anemia según los estudios del Consenso de Copenhague.

Las políticas sociales son fundamentales por otro principio que PPK no asume: derechos humanos. Los derechos humanos no se limitan a la justicia y la democracia sino que incluyen la salud, la educación y la seguridad social. PPK ha mostrado que carece de las condiciones básicas para gobernar y lo mejor para el país será que renuncie lo antes posible.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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