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Alto a la formación magisterial obsoleta

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EL NÚMERO DE VOTOS NO ES PROPORCIONAL AL SABER
Las entrevistas comentadas por la prensa del Ministro de Educación con las personas representativas de las organizaciones que congregan a los profesionales que prestan sus servicios a la educación superior universitaria y a la básica, a nivel nacional, podrían ser un indicador de que existe comprensión de que los votos dan poder pero no conocimiento, y recíprocamente que el saber da poder, como lo afirmó Francisco Bacon hace más de 4 siglos, pero no necesariamente da poder político sino capacidad para solucionar problemas identificando con realismo sus causas y previniendo sus consecuencias.

¿SE ATENDERÁ EL DIAGNÓSTICO PISA?
Lo antes argumentando posibilita deducir, tal vez con excesivo optimismo, que nos estamos aproximando a una gestión ejecutiva que en lugar de continuar encubriendo al pueblo peruano el hecho de que las evaluaciones internacionales PISA de la educación básica reconocidas como las más respetadas por los gobiernos de la Unión Europea, de los Tigres del Asia y de las potencias de Norteamérica, procede razonablemente a investigar por qué dichas pruebas califican a los egresantes de la educación secundaria peruana, del siglo XXI, entre los de rendimientos más deficientes del planeta en comprensión de lectura, competencia matemática y en ciencias básicas, resultado confirmado a través de las aplicaciones realizadas en los años 2000, 2003, 2009, 2012 y 2015, estado defectivo que hasta la fecha no ha dado lugar a un reconocimiento realista del MINEDU de tal precariedad de la educación peruana y no se le conoce estudio científico gubernamental direccionado a esclarecer las responsabilidades de la extrema deficiencia de educación básica del Perú.

EL MINEDU COMO FACTOR CAUSAL ANTICIENTÍFICO
Lo preocupante, en principio, es que tanto el MINEDU como los gremios magisteriales ante el interés minoritario del sector de la prensa interesado en las causas de la extrema precariedad del aprovechamiento de nuestros escolares no han mencionado públicamente que, según los expertos, el factor explicativo más inmediato son los desempeños de sus docentes en aula, lo que evidentemente requiere una revisión analítica de su formación profesional. Al respecto los conocedores de nuestra educación superior saben que aproximadamente el 70% de los docentes en ejercicio en la educación básica pública han cursado sus estudios profesionales en algún Instituto Superior Pedagógico, instituciones públicas y privadas cuyos planes curriculares y reglamentos de graduación son normados por el MINEDU con carácter de mandato imperativo.

LA INSUFICIENCIA DE LA PEDAGOGÍA TRADICIONAL
A ello se añade que el MINEDU establece los planes de estudio para cada uno de los grados de la educación básica y en lo que corresponde al nivel secundario se han eliminado las asignaturas científicas naturales, sociales, humanísticas y formales que se han impartido desde 1985 de manera decreciente hasta su total desaparición en el año 2002, para reemplazarlas por 5 áreas difusas, ajenas a las clasificaciones del siglo XXI que integran los currículos escolares impartidos en los países que detentan posiciones satisfactorias y notables en las Pruebas PISA, los mismos que están a cargo de docentes especializados en las asignaturas programadas mientras en nuestro país desde los años 1994 se ha hecho innecesario el servicio de los docentes con especialización académica y se ha preferido a los que tienen formación obsoleta evaluados por el MINEDU con pruebas que no están a disposición del análisis público y que no pueden ser usado por los interesados para mejorar sus rendimientos debilitados por resabios coloniales antilógicos y antifilosóficos subsistentes en el MINEDU que tiene el privilegio de ser el único ministerio que dirige la formación de los profesionales que les prestan servicios, lo que no ocurre con los Ministerios de Salud, de Agricultura, de Justicia y los otros que afortunadamente para el país, no asumen la tarea que en la comunidad internacional de la era del conocimiento la cumplen las universidades de los países que no adolecen de subdesarrollo económico y educacional.

LA DOCENCIA COMO PROFESIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
Empero, lo que explica de manera más tangible la notable diferencia que nos aleja de los países de OECD es que la formación profesional de nuestros educadores es obsoleta y, por tanto, no corresponde a las libertades de la era del conocimiento y de la globalización. En efecto, en los países desarrollados la carrera de docente es de segunda especialidad lo que obliga a que para ser docente formal hay que ser previamente especialista profesional en una disciplina científica con un equivalente a una Licenciatura, lo que significa que el profesor de lenguaje debe ser graduado previamente en Lingüística, y así en Física, Química, Matemática, Economía, etc.En breve, la condición necesaria que posibilita educación de calidad es el conocimiento especializado del docente de vocación. La pedagogía, como disciplina que prescribe un modus operandi a los docentes en servicio, es una tecnología social como lo son el marketing y la administración, entre otras profesiones que para ejercerse plenamente requieren una maestría o segunda especialidad como la medicina que ejercen, por ejemplo, los oftalmólogos.

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP

LA EDUCACIÓN COMO VIGA MAESTRA
La situación presente de la educación peruana permite deducir que a nuestros gobiernos de las últimas cuatro décadas no les ha interesado el desarrollo económico y humano del Perú, porque desde el inicio de ese intervalo ya estaba claro para la comunidad internacional que la educación era la viga maestra del desarrollo sustentable, lo que fue muy claro para China, Corea, Singapur, Hong Kong, Shanghai, Taipei, cuyo potencial industrial y económico es la prueba concluyente de la potencia de la benéfica inversión en educación científica. En el otro extremo, nuestra “democracia” con los Índices de Gini más altos de la región ha dado como frutos a gobernantes enjuiciables carentes de interés en un futuro promisorio para el Perú pero tolerantes con contratos de economía primaria pero de alto costo ambiental y social; y otros entendimientos dentro del paradigma representado por ODEBRECHT sin que hasta la fecha haya indicios claros de cambio significativo alguno que tienda a neutralizar el desborde de la sombra de la corrupción exitosa electoralmente que desliza turbulencias riesgosas para la estabilidad de nuestro Estado soberano.

La necesidad de sustituir sin conflictos la docencia actual con los profesionales de formación actualizada para posibilitar el desarrollo sustentable puede ser realizada cubriendo las nuevas vacantes, que naturalmente se generan en el desarrollo social, con los graduados de segunda especialidad cuyo potencial profesional nutrido por el valor de la verdad dinamizará los equipos de estudio liderados por quienes probarán en los hechos que no existe pedagogía para enseñar lo que no se sabe. Y para contar con universidades propulsoras del desarrollo sustentable con seguridad interna y externa requerimos una legalidad fundada en el valor de la excelencia.

La urgencia académica y ética de reformar la Ley 30220

Lamentablemente, la LEY 30220 que gira en torno al criterio obsoleto de la edad es un severo obstáculo para el logro de universidades de excelencia. No prohíbe que se continúen las graduaciones de Magísteres y Doctores de docentes que simultáneamente son autoridades y alumnos de la Facultad que dirigen de tal manera que el Jurado ya no es solo un grupo de amigos sino de cómplices. Por añadidura, no está prohibido, como en las universidades serias, que los jurados de los doctorados y maestrías sean de la misma universidad. Y para evitar los plagios, la SUNEDU no ha instalado una aplicación informática que exhiba las tesis de post grado por tres meses antes de que se expida el diploma para registrar denuncias públicas que posibiliten anulaciones y reajustes en los jurados. Lo más preocupante para el futuro del país es que las deficiencias académicas de la Ley Nº 30220 han facilitado la entrega de las universidades públicas a organizaciones venales camufladas de políticas a través de elecciones masivas en un contexto mercantilizado por la rentabilidad que tienen como interés central la captura del presupuesto asignado por el Tesoro y de los recursos directamente recaudados para incrementar el posicionamiento de sus militantes en los poderes del Estado.

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

Publicado

en

Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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