Alan paga la factura de los narcoindultos
No hay duda de que los narcoindultos le han pasado una gran factura a García Pérez, quien debe haber tirado un par de sillas y roto algunos vasos estos días en que su candidatura ni progresa, ni entusiasma a nadie.
El Comercio ya le bajó el dedo. Así lo muestra su portada dominical que destaca a Fujimori y Guzmán empatados en segunda vuelta, y al ego colosal compitiendo por el cuarto lugar con Verónika, Barnechea y Acuña. Y eso significa al menos dos cosas. La primera es que El Comercio ya abrazó al candidato de la ola morada, aceptando que pueda ganar las elecciones sin poner en peligro el sistema, ni el poder de la prensa concentrada. De allí que ya no cuestiona su participación electoral.
Segundo, que Alan ya no les sirve. De hecho, el artículo “La opción antifujimorista” del subdirector periodístico de la familia Miró Quesada, muestra que para quienes conducen el matutino, el candidato de la Alianza Popular es ya uno más del montón.
En efecto, muy pocos periodistas respetan hoy al dos veces presidente. Tanto así que en la entrevista que dio al programa televisivo de Aldo M, luego de conocerse las encuestas de Ipsos, García no quiso tener panel -ni siquiera a Mónica Delta- y nada de redes sociales en vivo. Aceptó solo a M con uno de sus analistas fans y en programa grabado, pero ni así consiguió tener una buena entrevista.
Es que las disculpas públicas de García por sus narcoindultos no alcanzan. Menos el cuento de que sacó a miles de narcotraficantes de las cárceles, muchos de ellos cabecillas de bandas, por un tema de hacinamiento.
Nadie le cree, especialmente el gobierno norteamericano, que cuando estalló el escándalo en 2013, reaccionó de inmediato cambiando a la locuaz Rose M. Likins como embajadora en el Perú, y poniendo nada menos que a uno de los diseñadores del Plan Colombia, y exencargado del Buró de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols.
O sea que la secuela de este lío fue la narcotización de las relaciones con Estados Unidos, por la afrenta que significó que varios narcos, detenidos con intervención directa de la DEA, hayan sido incluidos después, por el gobierno de García, en las listas de reducción o anulación de penas a fin de lograr su inmediata excarcelación.
Uno de los casos más sonados fue el del capo checo Eugen Csorgo, al que Alan García le conmutó más años de los recomendados por la Comisión de Gracias Presidenciales de Miguel Facundo Chinguel, con lo cual lo dejó listo para dejar el penal.
Lo grave es que la libertad del checo generó alarma para Estados Unidos que seguía a diversos ciudadanos de Europa central miembros de una red en América Latina de exportación de droga. Como este, hay varios casos más.
En fin, si García sigue como está, no pasará la valla y su poder –que sostiene su impunidad– sufrirá un duro golpe.

Política
Podrían pedir la disolución de Fuerza Popular

El Poder Judicial aceptó el pedido fiscal para incorporar a Fuerza Popular a las investigaciones por lavado de activos en el caso Cócteles. Próxima acusación del Ministerio Público podría solicitar la suspensión del partido y hasta su disolución.
El Poder Judicial decidió declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público para incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso de investigación por el caso Cócteles, donde se habría cometido el delito de lavado de activos a partir de la recepción de dinero ilegal de la empresa brasileña Odebrecht.
Según la resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, el juez Víctor Zúñiga determinó aceptar el pedido fiscal por considerar que la organización política Fuerza Popular se encuentra conectada con el delito de lavado de activos a partir de la recepción del dinero ilegal.
La autoridad judicial indicó en el documento que, con la emisión de la resolución, no se afecta la democracia en el país en tanto las consecuencias que pudiera tener la persona jurídica no convierte a todos sus integrantes, miembros o votantes en responsables de lo que hayan podido realizar algunas personas, ya que de acuerdo a la Fiscalía “se instrumentalizó al partido político para satisfacer los fines delictivos de la organización criminal”.
La decisión del Poder Judicial de incorporar a Fuerza Popular en la investigación por lavado de activos podría traer como consecuencia que en la acusación fiscal el fiscal José Domingo Pérez se incluya el pedido de disolución de la persona jurídica, de acuerdo al artículo 105 del Código Penal. Otras consecuencias accesorias podrían ser eventualmente una suspensión temporal del partido político, o una multa que podría llegar hasta S/ 1 millón 260 mil.
Cabe recordar que la solicitud para incluir a Fuerza Popular en las investigaciones por lavado de activos fue presentada por el fiscal Pérez el 31 de julio, y se sustentó en Acuerdo Plenario 1-2017 en materia penal para sostener que “sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria”.
ACUSACIÓN ANTES DE FIN DE AÑO
A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, la acusación que debe presentar la Fiscalía podría darse incluso antes de fin de año, tomando en cuenta el tiempo que ya lleva la investigación y la acumulación de posibles medios probatorios.
“Ahora hay la obligación legal de la empresa y de sus funcionarios, porque están actuando de manera corporativa, de brindar toda la información que resta para que ocurra algo que va a ser importante que comience a ocurrir desde fines de este año e inicios del próximo: la formulación de las acusaciones”, afirmó en entrevista con Radio Nacional.
Rivera indicó que el tiempo de las investigaciones en promedio son dos años y que, aparte del caso de Toledo y el de Humala-Heredia donde ya está discutiendo la acusación, en el resto ameritaría que ya la fiscalía entre ya al terreno de cerrar la investigación y formular acusación. Eso ayudaría a colocar los casos en otra dimensión, en otra etapa procesal”, apuntó.
NUEVA PRISIÓN PREVENTIVA
En tanto, tras las declaraciones que el excongresista Daniel Salaverry y el empresario Antonio Camayo brindaron al Ministerio Público, a criterio del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, el fiscal Pérez podría solicitar nuevamente la prisión preventiva para Keiko Fujimori, ya que existirían “hechos nuevos”.
“Domingo Pérez ha cuestionado la decisión del TC respecto al caso de Keiko Fujimori. Yo le diría que pida la detención preventiva de nuevo porque hay hechos nuevos, porque aquí se está buscando ir al fondo” manifestó en entrevista con Radio Nacional.
Según lo afirmado por Calle, se podría pedir la prisión preventiva siempre y cuando no sea por hechos ya juzgados. Respecto a los testimonios aludidos por el exmagistrado, hay que indicar que el empresario automotriz e implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Antonio Camayo, reafirmó el viernes ante el fiscal Pérez que utilizó el apelativo de Señora K para referirse a Keiko Fujimori en una conversación con el exjuez César Hinostroza.
Para Carlos Rivera, era claro que Camayo cumplía con un papel de bisagra y operador a la vez. “Es una persona con un vínculo directo y amical con personajes de Fuerza Popular o vinculados al partido, y juega como bisagra o puente con César Hinostroza para facilitar encuentros ilegales e indebidos y luego facilitar actos de corrupción”, señaló.
Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, utilizó sus redes sociales para cuestionar cómo fue que Keiko Fujimori llegó a acceder a la agenda personal del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, como afirmó el excongresista Daniel Salaverry al Equipo Especial Lava Jato. “La señora K ejerció su poder, desde el Congreso que controló, sin limitación legal y sin pudor. En ese sentido fue una alumna aplicada de su padre y Montesinos, agregó.
Como se recuerda, Salaverry relató que Keiko Fujimori le había entregado un sobre cerrado con documentos para que sea entregado al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sin embargo, el sobre nunca llegó a su irregular destinatario y fue entregado por Salaverry a un equipo de fiscales.
José Alfredo Madueño
Política
Queremos asegurar un país unido y con oportunidades para todos los peruanos

Desde las alturas del distrito de Uchuraccay (Ayacucho), el primer ministro Vicente Zeballos reiteró sus disculpas por la ausencia del Estado durante varias décadas y acordó con autoridades y dirigentes “trabajar para sacar adelante proyectos de irrigación, conectividad y salud en beneficio de la población”.
“Desde aquí nos proponemos hacer nuestro mejor esfuerzo para tener un país unido, con equidad y oportunidades para todos. También la ciudadanía tiene que asumir un compromiso”, manifestó.
En diversas publicaciones de su cuenta oficial de Twitter, precisó que la principal tarea es “reconciliarnos y comprendernos”.
“Desde Uchuraccay podemos visualizar nuestro país y, como Gobierno, ratificar en honor a estos mártires del periodismo nuestro respeto y defensa irrestricta a la libertad de expresión”, agregó.
POBREZA EXTREMA
Zeballos llegó al distrito de Uchuraccay donde visitó el camposanto y santuario ecológico en honor a los mártires del periodismo, donde estuvo acompañado por el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal.
Al igual que muchas poblaciones de la región, Uchuraccay fue una de las zonas más golpeadas por la violencia política en los años 80; sin embargo, un hecho en particular la puso en los ojos del país, el 26 de enero de 1983 asesinaron en sus tierras a ocho periodistas de diferentes medios nacionales.
Después de 33 años de ese acontecimiento, pareciera que ha superado todos sus problemas, logró convertirse en distrito el 2015 y el 11 de julio del mismo año cumplirá su primer aniversario de creación institucional como tal.
ALGO MÁS
Sin embargo, los problemas y dificultades para esta población persisten. Hasta la fecha no pudieron superar sus altos índices de pobreza extrema y desnutrición crónica infantil. Sin embargo, una luz de esperanza encendió el Premier Zeballos en el ahora distrito de Uchuraccay.
Política
Vicente Zeballos viajará a Argentina

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, representará al Perú en la ceremonia de transmisión de mando en la que asumirá funciones el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.
Según la resolución suprema 217-2019-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se autoriza el viaje del jefe del Consejo de Ministros del 9 al 10 de diciembre.
El dispositivo establece que la asunción de mando presidencial a donde acudirá el titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, el 10 de diciembre.
Los considerandos de la norma indican que el alto nivel de representación en dichos actos oficiales pone en manifiesto la importancia que el Perú otorga a su relación con Argentina.
De otro lado, mientras dure la ausencia del jefe del gabinete ministerial se hará cargo de su despacho el titular de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra.
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