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Ajuste y atraco fiscal a los trabajadores

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Trabajadores obreros

Por las exoneraciones a los grandes capitales, el conjunto de la clase trabajadora asalariada formal e informal financia con sus magros ingresos el presupuesto y las aberraciones del gasto público.

La política tributaria demuestra crudamente la naturaleza de los gobiernos de turnos que ejercen el poder del estado a nombre de la nación. Cuando los ingresos tributarios del gobierno central son financiados relativamente en una mayor proporción por los impuestos indirectos, como el impuesto general a las ventas (IGV), y el impuesto selectivo al consumo (ISC), decimos que estamos ante una política tributaria tradicional, ortodoxa, anti popular, facilista, asimétrica, regresiva y retrógrada.

¿Por qué? La forma expeditiva, rápida de incrementar los ingresos fiscales para superar el denominado déficit fiscal (más del 3% del PBI), es recurrir al aumento de los impuestos indirectos, como el impuesto selectivo a las gaseosas, licores, cigarrillos, y sobre todo el selectivo a los combustibles, que en última instancia golpea el bolsillo de los más pobres.

Por el contrario, un mayor impuesto a los automóviles de lujo, a las casas de playa, yates, casinos, herencias, restaurantes de lujo donde se paga con facturas que incorporan gastos deducibles como los almuerzos empresariales. Es decir, gravar los signos de riqueza tal como se hace en Europa, sería lo más equilibrado, pues el “que quiere celeste que le cueste”. El que gana más debe pagar más al fisco.

Aquí sucede todo lo contrario, por las exoneraciones a los grandes capitales, el conjunto de la clase trabajadora asalariada formal e informal financia con sus magros ingresos el presupuesto y las aberraciones del gasto público. Es más, lo seguirá haciendo gracias a la política de la dupla Vizcarra/Villanueva (VV) entregada al rancio fujimorismo que inteligentemente transfiere el trabajo sucio a estos advenedizos al poder.

GASOLINAZO A LA VISTA

Por la importancia que tienen los derivados del petróleo, los incrementos en el selectivo a la gasolina de 90 (15,2%), la subida del selectivo al diésel B5 mayor al 50 partes por millón de azufre (21.4%) utilizado por la flota de carga, el aumento del selectivo a la popular gasohol 84 que utilizan las mototaxis (38.6 %) tendrán un efecto “cascada”, en la medición de la inflación para los próximos meses, por el efecto multiplicador y la demanda inelástica de los combustibles realizada por los diversos sectores.

Al subir el impuesto selectivo al consumo del biodiesel B5 el principal combustible de la economía peruana, se incrementará el costo de los fletes de transporte de carga, y los pasajes quiera o no quiera el ministerio de economía y finanzas y los voceros allegados al poder.

La demanda interna de este combustible en sus diversas modalidades sea biodiésel con más o menos 50 partes por millón de azufre, resulta ser superior a los 95 mil barriles diarios, que es utilizado por el transporte con motores petroleros sobre todo en el transporte de carga, taxis, micros, etc.

Total pago anual del impuesto a la renta según categoría

LA FACTURA LA ASUMIRÁN LOS CONSUMIDORES

Los otros incrementos de los selectivos a las gaseosas, licores y cigarrillos serán trasladados por las empresas a los consumidores gracias al poder de mercado, que tienen los grupos económicos, en tal sentido tendrán un efecto recesivo afectando la recuperación económica del mercado interno.

Si la tasa al impuesto selectivo a los licores ya era elevada al incrementarse el selectivo en función a la gradualidad del alcohol, subir la tasa por ejemplo al consumo de la cerveza que tiene menos de 6º grados de alcohol por litro de 30% a 35 % no solo afectará a los “cheleros” sino que estimulará el cambio a bebidas más peligrosas y baratas, que resultan de la combinación de alcohol hasta industrial con gaseosas azucaradas.

Así, al margen de fomentar las buenas prácticas en la salud, sin querer queriendo se fomenta el alcoholismo sobre todo en los segmentos jóvenes. Es más, el monopolio de la Backus & Jhonston SAA que procesa las cervezas Cristal, Pilsen, Cuzqueña, Arequipeña, San Juan, que abusa y despide a sus trabajadores, trasladará el incremento del selectivo a los consumidores, por el poder de mercado que tiene dicha transnacional.

Sin embargo, como si esto fuera poco se quiere cargar aún más el ajuste tributario incorporando sin piedad a los trabajadores que por ahora no están afectos al pago del impuesto a la renta pues tienen ingresos mensuales equivalentes a los S/ 2,075. Es decir, quieren incorporar a los trabajadores, a esa mayoría de trabajadores de cuarta y quinta categoría (servicios, agro exportación, comercio, contratas etc.) que por ahora no pagan el impuesto a renta pues perciben ingresos anuales menores a los S/ 29,050 soles que divididos entre 14 meses sumando, julio y diciembre determinan un ingreso mensual de S/ 2,075 soles (29,050/14)

En verdad, esto es grave, abusivo, pernicioso, perverso, pues los trabajadores asalariados que perciben hasta los S/ 2,075 soles mensuales a pesar de los magros ingresos abonan los descuentos de Essalud, y AFPs, y tienen que financiar con su compras los incrementos de los impuestos selectivos y del IGV. Es decir, con esto se fomenta la informalidad a pesar del discurso de los burócratas del MEF ¡Tras cuernos palos ¡

IMPUESTOS REGRESIVOS

El cuadro del total del impuesto a la renta según categoría en el período 2012 al mes de abril del 2018 nos expresa la grave desigualdad en materia tributaria entre las rentas del capital y las rentas del trabajo.

Considerando el impuesto a la renta de tercera categoría que pagan las empresas de todos sectores, y que gozan de una serie de beneficios tributarios, tales como contratos de estabilidad jurídica y tributaria, reinversión de utilidades, fraccionamientos, devolución anticipada de IGV, depreciación acelerada, gastos deducibles diversos como las inversiones de exploración del año etc.

Lo cierto y evidente es que el impuesto a la renta pagado por el capital identificado como tercera categoría ha pasado de los 20,744 millones de soles a los 15,490 millones de soles en el 2017. Es decir, que por dicho concepto se ha dejado de percibir en ese lapso S/ 5,254 millones de soles, lo cual representa una caída del 25 %, entre otras razones a la disminución de la tasa del 30% del impuesto a la renta, durante el gobierno de pareja presidencial Humala/Heredia (HH)

Si bien al mes de abril del 2018 gracias a la regularización del pago, donde se evalúa si se ha pagado de más o menos del impuesto por parte de las empresas, se percibe una recuperación (S/ 6,372 millones) habría que esperar con cautela. Es necesario saber ¿cuánto de este monto se tendrá que devolver al capital en el marco de los beneficios tributarios? pues no es un ingreso fiscal definitivo.

En cambio el impuesto a la renta de quinta categoría donde se ubican el conjunto de trabajadores dependientes de regímenes privados y públicos, se ha incrementado de los S/ 7,054 millones de soles a los S/ 8,444 millones de soles. Es decir, ha experimentado un incremento de S/ 1,390 millones de soles, lo cual expresa una variación positiva del 16 %

En síntesis, mientras el impuesto a la renta abonado por las empresas entre el 2012 al 2017 disminuye en un 25 % el impuesto a la renta pagado por los trabajadores dependientes de quinta categoría sube un 16 %

Sin embargo, con los nuevos proyectos del ejecutivo Vizcarra/Villanueva (VV), esta participación de los trabajadores no es suficiente para cuadrar las cuentas fiscales. Es necesario incorporar a los más pobres, a todos aquellos que perciben menos de S/ 2,075 soles mensuales, con el expediente técnico de reducir las 7 UIT Unidades Impositivas Tributarias deducibles, equivalentes a S/ 4,150 soles cada una, que por ahora les permite estar exonerado del abono, que más parece un atraco fiscal. (Texto escrito el viernes ante de que se supiera que César Villanueva dijera: “No estaba, ni está en el radar el tema del Impuesto a la Renta”. Sin embargo, tiene palpitante actualidad).

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

Publicado

en

José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

Publicado

en

Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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en

casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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