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Agua embotellada para fortalecer empresas públicas

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En la Marcha Nacional por el agua de febrero del 2012, el sindicato de trabajadores de Sedapal, Sutesal, distribuyó 10 mil bolsas de agua potable de un litro cada una a los que llegaban de provincias. Para ello se utilizó 10 metros cúbicos de agua que tenía un valor en el mercado de menos de 13 soles en esa época.

Este recuerdo aflora, ahora que vemos como mucha gente acabó en pocas horas todo el stock de agua embotellada de los grandes supermercados por las consecuencias climáticas sufridas en las últimas semanas. Lo que llevó al presidente de la Asociación de bebidas y refrescos sin alcohol (Abresa), César Luza, a declarar que ellos preveían un crecimiento en su sector del 5% para este año. (Diario Gestión, 17-3-2017)

La proyección resulta bastante modesta si consideramos que el año pasado, sin Niño Costero, ni cortes de agua como los vividos últimamente, la empresa de consultoría e investigación de mercado, CCR, publicó que el consumo de agua embotellada aumentó 14% en primer semestre del 2016, superior al 9,2% que alcanzó el primer semestre del 2015.

En el año 2014 la producción fue de 635.6 millones de litros de agua embotellada, 10.4% más que el 2013. Si tomamos como referencia el año 1999, donde el consumo fue de 19 millones de litros, en 15 años, la venta de agua embotellada se multiplicó por más de 30 veces. Hoy en día las ventas de agua embotellada superan a las de gaseosas en el mercado estadounidense y en algunos lugares las llamadas aguas Premium llegan a costar tanto como un buen vino.

Empresas públicas prohibidas
Sin embargo, tanto Sedapal en Lima como las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua potable (EPS) a nivel nacional, se encuentran prohibidas de embolsar, embotellar y distribuir agua potable. Por ello la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, FENTAP, en el Día Mundial del Agua ha demandado que se promulgue una Ley que permita a Sedapal y a las EPS la distribución y venta de agua embotellada.

Esta Ley permitiría que las empresas públicas del país se doten de mayores recursos económicos para obras de infraestructura y ampliar la cobertura a quienes carecen de agua y saneamiento y servirá para que en casos de emergencia como los que estamos viviendo, las EPS, distribuyan agua segura a la población.

Para promulgar esta Ley, hay que tomar en cuenta el Art. 60 de la Constitución que señala: Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. El agua es de alto interés público y hoy frente a los desastres naturales y la escasez causada por el cambio climático se hace más necesario preservar nuestro recurso agua con empresas públicas fortalecidas.

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Política

Fiscal valiente no retrocede ante amedrentamiento de Chávarry

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José Domingo Pérez Gómez

Ante la pregunta de la prensa sobre si se reafirma sobre su opinión de que la persona que está asumiendo el cargo de Fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) no es el más idóneo, el fiscal valiente José Domingo Pérez fue enfático: “Bueno yo no puedo rectificar las ideas u opiniones que pueda tener”.

Pérez, quien es fiscal titular de lavado de activos, es sometido a un proceso disciplinario mediante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía por las declaraciones que dio sobre el titular y el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry y Pablo Sánchez, respectivamente.

Además, su institución le ha abierto otro proceso por haber realizado un supuesto cobro que no le correspondía. Referente a esto el fiscal aclaró: “Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo”.

Respecto a la denuncia de un personaje afiliado al partido Aprista (Martín Morocho) quien ha pedido un examen psiquiátrico, dijo que no se le ha notificado. “Toda persona está en su derecho de interponer cualquier tipo de acción y el órgano desconcentrado de Control Interno del Ministerio Público debe hacer la valoración correspondiente. En mi caso se ha abierto las investigaciones, dos de ellas, y tengo que absolver las mismas”, afirmó.

Resaltó que desconoce cómo se han dado a conocer las tres denuncias a la prensa y que eso sí debería llamar la atención. Cuestionó que el órgano desconcentrado de Control Interno haya permitido que se dé a conocer estas tres investigaciones a la prensa.

“Creo que parte del cambio y las reformas vienen por parte de la crítica que tenemos que hacer, instituciones y personas”, afirmó Pérez, respecto a las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha pedido que el Ministerio Público haga una autocrítica, y no le dé la espalda a las exigencias de la población de desterrar la corrupción.

¿A QUIÉNES LES INCÓMODA?

El fiscal José Domingo Pérez está en la mira del fujiaprismo porque investiga a la señora K y a su partido por lavado de activos, también a AG por presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht.

En diciembre del 2017 el fiscal valiente lideró un allanamiento a dos predios de Fuerza Popular, en los cuales diversos parlamentarios keikista pretendieron obstruir las diligencias e incluso amenazaron al fiscal.

MUY EXTRAÑO

En ese contexto, no es extraño que aparentemente de la nada, haya aparecido un personaje como Martín Morocho, de filiación aprista, quien ha pedido que le realicen un examen psiquiátrico, como de manera coincidente lo había adelantado el parlamentario aprista Jorge del Castillo en una entrevista días atrás.

“Existe la necesidad que jueces, fiscales y determinadas autoridades pasen por un examen psiquiátrico para los efectos de ver el alcance de su personalidad”, indicó Del Castillo en aquella oportunidad.

ESO ES UN ABSURDO

Sobre la investigación que afronta por un supuesto cobro indebido, Pérez Gómez señaló que este es “absurdo” porque sigue siendo fiscal anticorrupción. La denuncia sostiene que el fiscal perdió el derecho a cobrar este bono de S/3000 tras ser designado como fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos.

“Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo, qué le puedo decir…”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Que superen las diferencias

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ARMANDO VILLANUEVA

“Espero que los conflictos internos en la Fiscalía sean superados para mostrar al país una institución sólida que representa el interés del Estado en cuanto a política anticorrupción, que creo es la institución bandera y primera responsable en esbozar seriamente una política anticorrupción”.

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Política

Se nota una protección

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HUMBERTO MORALES

“El compromiso de nuestra bancada es entrar a los temas de fondo. Estamos muy preocupados porque los ataques al fiscal Pérez Gómez al final pondrían en riesgo una investigación que deberá brindar frutos. Parece que se quiere blindar a Keiko y Alan. Se nota que hay una protección”.

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