Agua embotellada para fortalecer empresas públicas

En la Marcha Nacional por el agua de febrero del 2012, el sindicato de trabajadores de Sedapal, Sutesal, distribuyó 10 mil bolsas de agua potable de un litro cada una a los que llegaban de provincias. Para ello se utilizó 10 metros cúbicos de agua que tenía un valor en el mercado de menos de 13 soles en esa época.

Este recuerdo aflora, ahora que vemos como mucha gente acabó en pocas horas todo el stock de agua embotellada de los grandes supermercados por las consecuencias climáticas sufridas en las últimas semanas. Lo que llevó al presidente de la Asociación de bebidas y refrescos sin alcohol (Abresa), César Luza, a declarar que ellos preveían un crecimiento en su sector del 5% para este año. (Diario Gestión, 17-3-2017)

La proyección resulta bastante modesta si consideramos que el año pasado, sin Niño Costero, ni cortes de agua como los vividos últimamente, la empresa de consultoría e investigación de mercado, CCR, publicó que el consumo de agua embotellada aumentó 14% en primer semestre del 2016, superior al 9,2% que alcanzó el primer semestre del 2015.

En el año 2014 la producción fue de 635.6 millones de litros de agua embotellada, 10.4% más que el 2013. Si tomamos como referencia el año 1999, donde el consumo fue de 19 millones de litros, en 15 años, la venta de agua embotellada se multiplicó por más de 30 veces. Hoy en día las ventas de agua embotellada superan a las de gaseosas en el mercado estadounidense y en algunos lugares las llamadas aguas Premium llegan a costar tanto como un buen vino.

Empresas públicas prohibidas
Sin embargo, tanto Sedapal en Lima como las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua potable (EPS) a nivel nacional, se encuentran prohibidas de embolsar, embotellar y distribuir agua potable. Por ello la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, FENTAP, en el Día Mundial del Agua ha demandado que se promulgue una Ley que permita a Sedapal y a las EPS la distribución y venta de agua embotellada.

Esta Ley permitiría que las empresas públicas del país se doten de mayores recursos económicos para obras de infraestructura y ampliar la cobertura a quienes carecen de agua y saneamiento y servirá para que en casos de emergencia como los que estamos viviendo, las EPS, distribuyan agua segura a la población.

Para promulgar esta Ley, hay que tomar en cuenta el Art. 60 de la Constitución que señala: Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. El agua es de alto interés público y hoy frente a los desastres naturales y la escasez causada por el cambio climático se hace más necesario preservar nuestro recurso agua con empresas públicas fortalecidas.