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Abusos y excesos con la masificación del gas natural

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Siempre he apostado por la masificación del gas natural pues es el hidrocarburo que tenemos en abundancia y que lamentablemente lo aprovechamos mayoritariamente en la generación eléctrica, desperdiciando el potencial petroquímico que proporciona el metano para la elaboración de la urea y nitrato de amonio, sin mencionar las posibilidades de transformar el etano para obtener etilenos, polietilenos la base material de la industria del plástico.

Con el gas natural de Camisea a través de la explotación de los hidrocarburos del lote 88 desde mediados del 2004 se da inicio a la revolución del gas en el país, donde al margen del gasoducto de Camisea que llega a Lima, desde setiembre de este año debe comenzar el suministro en las provincias del sur y norte por medio de la distribución del gas natural por ductos virtuales, es decir, con camiones cisternas se alimentará a diversas regiones, con precios relativamente menores al sustituto el gas licuado de petróleo (GLP), pero desplazando a las empresas comercializadoras que apostaron por este recurso.

En el lote 88 la producción está ligada al mercado interno, y al primer semestre del 2017 sumó los 588 millones de pies cúbicos diarios, un volumen menor al primer semestre del 2016 donde se extrajeron 666 millones de pies cúbicos diarios. Este gas tiene precio regulado, es decir barato al punto que distorsiona la demanda, generando un exceso en la potencia instalada eléctrica de las empresas de generación térmica.

De otro lado, el gas natural del lote 56 que se mantiene sobre los 408 millones de pies cúbicos diarios en el primer semestre del 2017. Este se exporta en condiciones lesivas al interés público con regalías miserables, a través del Consorcio Perú LNG con un contrato especial con la Shell, que debiera ser fiscalizado por el Estado.

Por último, el gas natural del lote 57 operado por la transnacional española Repsol, que con volúmenes del orden de 154 millones de pies cúbicos diarios se suma a las operaciones de exportación. Este hidrocarburo por razones contractuales tiene precios libres con regalías del 5 por ciento.

La mayor parte del gas natural en este lote apuntala el contrato de exportación del contrato del lote 56 hacia México y terceros países, después de todo Repsol es socia del Consorcio Camisea.

Menciono esta realidad, pues el gas natural tratado en la Planta de Melchorita activo del Consorcio Perú LNG, donde el gas se somete a un proceso de enfriamiento, es decir, convertido a líquido para poder ser transportado en los camiones cisterna, para luego ser regasificado en las provincias del sur y norte donde se distribuirá en los grifos, redes domiciliarias y empresas industriales que constituyen la “pera en dulce”.

Desde setiembre del presente año, la empresa colombiana Gases del Pacífico filial de Promigas abastecerá a las ciudades del norte como Chimbote, Pacasmayo, Trujillo, Chiclayo y Cajamarca serán beneficiados con el gas de Camisea que será transportado a través de una flota de camiones cisternas desde Pampa Melchorita (Cañete), ubicado al sur de Lima. De otro lado la española Gas Natural Fenosa hará lo mismo en Arequipa.

Al margen del absurdo económico de llevar el gas proveniente de Camisea, Echarate- La Convención, tratado en la Planta Malvinas y enfriado en Pampa Melchorita- Cañete para ser llevado al norte del Perú, cuando la región de Piura tiene gas natural suficiente que demanda un mercado, sin privilegios ni exclusividades.

Solamente la empresa Savia Perú, conformada por las empresas estatales Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur, reinyectan más de 50 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, por falta de mercado. Es más, empresas como CNPC en el lote X, Olympic en el lote XIII, Sapet VI/VII, Graña y Montero, y Petrolera Monterrico en el lote II, tienen importantes reservas de gas natural.

Planta Melchorita en Cañete hasta donde llega el gas de Camisea.

Planta Melchorita en Cañete hasta donde llega el gas de Camisea.

LO CUESTIONABLE
Sin embargo, debo cuestionar la masificación del gas natural a partir de las concesiones en la distribución que suponen la práctica de principios basados en la exclusividad y el privilegio que afectan a empresas privadas que apostaron a su cuenta y riesgo desde siete años atrás, invirtiendo y generando empleo en la distribución de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL) a empresas industriales y grifos, las cuales serían desplazadas faltando a los principios de libre competencia.

Es el caso de las empresas Gascop en Piura, Neogás, Clean Energy, Energigas, Indox, Cryo Energy, EGP, empresas medianas que apostaron por la cultura del gas, invirtiendo capitales conseguidos con mucho sacrificio en las provincias en el sur y norte y que hoy se verían perjudicadas por el propio Estado para favorecer a dos empresas que en un cuestionado proceso ganaron los derechos para ejercer la concesión en la distribución de gas natural, Fenosa de España en el sur (Arequipa) y Promigas de Colombia a través de su filial Gases del Pacífico.

Es más, Promigas con el nombre de la empresa Gases del Norte estaría en la espera del Ministerio de Energía y Minas de obtener la autorización en la concesión en la distribución de gas natural en Piura, donde al no tener como clientes a la planta de generación eléctrica Enel Distribución Piura y a la Refinería de Talara de Petroperú, prácticamente la tarifa residencial para las 64 mil familias se haría inviable costando más de 17 soles mensuales, sin contar con los intereses del financiamiento, cuando se prometió una tarifa de S/ 12 soles mensuales.

En verdad, las empresas comercializadoras Gascop en Piura, Neogás, Clean Energy, Energigas, Indox, Cryo Energy, EGP, desde hace más de siete años han apostado por abastecimiento de gas natural en la forma de gas natural comprimido y gas natural licuado, con bastante éxito demostrando la rentabilidad en el suministro a empresas industriales y pesqueras además de grifos en distintos departamentos.

Ahora, el propio Estado a través del Ministerio de Energía y Minas castigaría el éxito de estas empresas imponiendo sobrecostos en el peaje de la concesión de distribución de gas natural, donde prácticamente los desaloja del negocio para favorecer los intereses de las dos empresas concesionarias: Fenosa y Promigas

Así, se pretende que paguen un peaje de casi US $ 4 dólares por millón de BTU unidad de calor por usar la red de distribución. Si se tiene presente que aproximadamente el 50 por ciento del millón de BTU resulta equivalente a un balón de gas licuado de petróleo de 10 kilos como unidad de calor, es evidente el sobrecosto, más aún cuando el precio del gas natural del lote 88 en boca de pozo tiene un precio regulado de US $ 1.80 por millón de BTU para el uso industrial. Es decir, por peaje pagarían más del doble del precio del gas natural en boca de pozo ¡Qué abuso!

En la práctica la imposición y obligatoriedad de este peaje para las empresas comercializadoras las desplazaría del mercado, peor aún si se pretende que tal norma tenga una vigencia de 12 años tal como lo establece el proyecto de Resolución Ministerial 185-2017-EM, que debe ser corregido por la nueva responsable del sector.

INDESEABLE POSICIÓN DE DOMINIO
En verdad la presencia de capitales colombianos debiera ser bienvenido como toda inversión que demanda con seriedad el país. Así, el Grupo de Energía de Bogotá a través de su filial EEGAS S.A.S. es accionista de Promigas S.A. ESP y a su vez detenta el 40 por ciento de participación en la empresa de transmisión eléctrica Red de Energía del Perú, y el 75 por ciento en Contugas S.A.C. la empresa responsable de la distribución de gas natural en el departamento de Ica con el gas de Camisea, la misma que tiene una grave controversia con las empresas de generación eléctrica estatales Egasa y Egesur, y con la empresa Aceros Arequipa, por los altos costos tarifarios en la distribución de gas natural.

El Grupo de Energía de Bogotá también controla el 40 por ciento de la empresa de transmisión eléctrica Consorcio Transmantaro S.A. y la “pera en dulce” es la presencia de la colombiana Promigas que controla el 40 por ciento de la empresa de distribución de gas natural proveniente del lote 88 del mercado más importante del país: CALIDDA, responsable del suministro de Gas Natural de Lima y Callao.

Promigas S.A. ESP tiene como principal accionista a la Corporación Financiera Colombiana S.A. que detenta el 34.22 por ciento del capital y el Grupo de Energía de Colombia el 15.64 por ciento.

Por último, Promigas S.A. de Colombia controla el 100 por ciento de las filiales Gases del Pacífico S.A.C responsable de la distribución de gas natural en Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo y Cajamarca, y el 100 por ciento de Gases del Norte S.A.C. que estaría esperando la autorización para la distribución de gas natural en Piura.

En verdad, esta perversa posición de dominio de Promigas es ajena a los principios de la “libre competencia” pues supone privilegios, exclusividades, altos costos tarifarios en la distribución que serán difícilmente regulados por el Osinergmin, afectando a demás a una serie de empresas comercializadoras de gas natural comprimido y gas natural licuado que apostaron en el pasado por la cultura del gas.

En verdad, esta es una muestra palmaria que no tenemos política energética, y que las grandes empresas del Consorcio Camisea conjuntamente con las empresas de distribución imponen los principios de la competencia a favor de sus intereses.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

ALGO MÁS

Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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