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Abusos, excesos, y faltas de una transnacional

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Esta transnacional de capitales gringo/mexicanos controla en nuestro país más del 67 % del mercado de bebidas y gaseosas, embotellando las conocidas marcas de Inca Kola, Coca Cola, Fanta, San Luis entre las más importantes, con un privilegiado posicionamiento y modernas plantas en Lima, Pucusana, Zárate, Arequipa, Cusco, Huacho e Iquitos, lo que le permite un indiscutible liderazgo en un mercado fuertemente concentrado en lo que se conoce como competencia oligopólica, una deformación del mercado, con una competencia entre pocas empresas, que tiene elementos mixtos del monopolio y de la libre competencia.

Es tal su poder de mercado y presencia en los medios de comunicación convocando una publicidad acorde a sus intereses, sin embargo poco o nada se dice de sus malas prácticas, del abuso de mercado, de las prácticas nada transparentes que han sido sancionadas por los organismos reguladores, las omisiones de información que inducen a error; expresión de ello es la prepotencia frente a sus trabajadores como a los de la Planta Callao, donde más de 300 familias que se sienten amenazadas por un interesado cierre (lock-out) del centro de trabajo, a pesar de las importantes utilidades y mayores ingresos obtenidos en el 2017 en relación a los años anteriores.

Sin más, en forma arbitraria la empresa ofrece un poco más de 12 sueldos como incentivo con el nombre de “renuncia voluntaria”, a pesar de los compromisos asumidos de transferir a la totalidad de los trabajadores de la Planta Callao a la Planta de Pucusana, una de las más modernas de América Latina en su tipo. Todo ello en el marco de una estrategia antisindical para quebrar al sindicato representativo (Sinatrel) que se opone al abuso empresarial, defendiendo los derechos de los trabajadores.

Ahora que está en la agenda parlamentaria el problema de la concentración de la propiedad, ingresos y capital de parte de las grandes empresas en el sector farmacéutico, una preocupación que se debiera extender al conjunto de sectores, donde existe una alta concentración y una débil regulación estatal. Por ello, es importante destacar el punto referido a los precios de transferencia, a las relaciones entre la empresa matriz y principal con las empresas vinculadas, tanto del país como del exterior, como mecanismos para sobredimensionar los costos, y minimizar las utilidades.

Ello es particularmente urgente en el caso de la transnacional Arca Continental- Lindley- Coca-Cola que mantiene relaciones privilegiadas con las empresas vinculadas y con su matriz, de lo que alguna vez fue una empresa emblemática de la industria peruana, con capitales nacionales desde su fundación hacia inicios del siglo pasado hasta setiembre del 2015, cuando el principal paquete accionario fue transferido a los nuevos dueños por más de US $ 972 millones.

Sin embargo, son tales los excesos, abusos y prácticas antisindicales puestos de conocimiento por mi autoría en diversos medios de comunicación, en particular publicados en el Diario UNO, que la empresa Arca Continental-Lindley me ha denunciado ante el Poder Judicial en el 43º Juzgado por el presunto delito contra el Honor en la modalidad de Difamación Agravada, en agravio de la Corporación Lindley.

No obstante, el juez probo del 43º Juzgado con fecha 28 de noviembre del 2017 mediante sentencia declaró infundada la demanda mandando al archivo la referida demanda; pero haciendo uso y abuso de su poder la empresa transnacional ha efectuado su apelación ante la Corte Superior de Lima con la intención de paralizar las investigaciones de mi autoría sobre las características y comportamiento perverso de la referida empresa en el mercado de gaseosas y bebidas.

Sirva para ello un breve recuento de las malas prácticas empresariales de Arca Continental-Lindley-Coca-Cola corroboradas con fuentes oficiales, como es costumbre en mis investigaciones.

SANCIONADA CON 200 UIT POR MENTIR
En la demanda que me entabla la transnacional Arca Continental-Lindley se dice que “Esta persona (se refiere a mi) no ha tenido ningún escrúpulo en mancillar la buena imagen de una empresa que con gran esfuerzo se ha podido constituir como la número uno en el mercado nacional. Estas afirmaciones temerarias del querellado deberán ser refrendadas y corroboradas ante su despacho con las pruebas que éste considere pertinente” (pág. 4)

Es más se argumenta que he realizado “una serie de afirmaciones sin sustento legal con el único fin de menoscabar la reputación y el prestigio de la Corporación Lindley”.

Sin embargo, la transnacional calla en todos los idiomas sobre la sanción máxima que le impuso la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por dar “información inexacta, falsa o tendenciosa”, en el 2016, es decir, fue castigada por mentir, y a las pruebas me remito.

Por esta falta de transparencia la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sancionó a la transnacional por no informar hechos de importancia al no declarar US $ 150 millones de dólares como parte de los compromisos de compra/venta de la mayoría accionaria, por concepto de no competir en el mercado de bebidas con los nuevos dueños gringo/mexicanos.

Estas penalidades fueron asumidas por la Corporación Lindley en el proceso de venta de su mayoría accionaria en carta del 20 de julio del 2016, cuando declaraba que: “En la fecha Corporación Lindley S.A. ha decidido no interponer recursos administrativos contra la “Resolución” que sanciona a Corporación Lindley, por las infracciones al reglamento de Hechos de Importancia, con una multa de 200 UIT por haber incurrido en cuatro (4) infracciones tipificadas en el inciso 1.4, numeral 1 del Anexo I del Reglamento de Sanciones y en tres (3) infracciones tipificadas en los incisos 2.11 y 2.14 del numeral 2 del Anexo I.”

¿Qué sostiene la infracción del punto 1.4 que está clasificada como “muy grave” por la CONASEV? Esta hace referencia al punto de “Presentar a CONASEV, a la Bolsa, a la Banca de Productos, a la entidad encargada del Mecanismo Centralizado, al inversionista y en general a cualquier otro sujeto del mercado de valores o de productos, información inexacta, falsa o tendenciosa; o divulgar dicha información en el mercado”.

Esto significa que la Corporación Lindley se allanó al pago de 200 UIT (un valor de S/ 3,950 soles por una UIT en dicho año) que resultan equivalentes a 790 mil soles que constituye una menudencia frente a las utilidades netas obtenidas en el ejercicio 2016, las mismas que fueron las más importantes de los últimos años gracias a la capacidad y productividad de los trabajadores, pues sumaron los 240 millones de soles.

Multas impuestas por Indecopi a Corporación Lindley

INDECOPI LE IMPONE UNA SERIE DE MULTAS
Una empresa con una posición de liderazgo que abona cifras ridículas por el agua que extrae de sus pozos propios. Con la información oficial que tiene carácter público, ha sido sancionada entre el 2013 al 2017 en seis oportunidades, sea por la elaboración de bebidas con productos riesgosos el 11/12/13 teniendo que abonar 74 mil soles.

El 11/03/2014 por la falta de idoneidad en la elaboración de productos alimenticios fue sancionada por el Indecopi con una multa de 7,600 soles. También en dicho año, el hecho infractor fue por la elaboración de productos riesgosos, siendo sancionada con una multa de 11,400 soles como se puede observar en el cuadro respectivo (Multas Impuestas por Indecopi a Corporación Lindley)

También en el 2015, 2016 y 2017 la Corporación Lindley cometió una serie de hechos infractores como se puede observar en el cuadro, sea por fabricar productos riesgosos, y con falta de idoneidad, pagando ridículas multas que no están compensadas con la importancia y el riesgo que tiene para los consumidores.

Como podrá usted notar amable lector, nosotros no estamos difamando a una empresa líder en el mercado, acostumbrada al abuso y explotación de sus trabajadores, controlando los salarios y abonando mínimas utilidades a sus colaboradores, que a través de sus altos funcionarios ha hecho de la mentira una virtud.

En verdad, los accionistas de la transnacional Arca Continental debieran preocuparse por respetar en la práctica los principios de responsabilidad social antes que entablar demandas judiciales a los críticos de una perversa conducta empresarial.

Ello es más grave si la empresa el 31 de enero del 2017 “fue seleccionada oficialmente para integrar el FTSE Good Emerging Index, que lista a las empresas públicas que demuestran un fuerte compromiso con las mejores prácticas ambientales, sociales, y de Gobierno Corporativo en más de 20 países emergentes” (pág. 11 del Informe de Arca Continental), las malas prácticas de corporación deberán ser superadas.

Los pobres pagan más.

Los pobres pagan más.

AGUA A PRECIOS RIDÍCULOS
Corporación Lindley conjuntamente con una serie de empresas cerveceras, del grupo Gloria, Alicorp, etc. según la Agencia Nacional del Agua, con información del organismo regulador Sunass, y de la misma Sedapal han sido identificadas como empresas mercantilistas que pagan cifras ridículas por el agua que extraen de sus pozos propios. Evidentemente el líquido elemento resulta esencial para la elaboración de las gaseosas y bebidas, y sin embargo las empresas acuden ante el Tribunal Constitucional para evitar abonar los precios de mercado por un recurso como el agua que resulta fundamental en una ciudad como Lima ubicada en medio de un desierto.

Sí, Arca Continental-Lindley y la transnacional Coca-Cola incluida pagan la fabulosa e increíble suma de catorce céntimos de sol por cada mil litros de agua, cuando un sufrido consumidor promedio abona más de tres soles por el mismo volumen de agua. Es más, los pobladores urbanos marginales tienen que pagar más de quince soles por cada mil litros de agua, lo cual constituye una aberrante desigualdad.

Estas prácticas no transparentes es un mecanismo utilizado con la finalidad de maximizar utilidades y minimizar los costos salariales. Así, también reducen al máximo el costo del agua y de la energía, los cuales no constituyen ni el 2 % de los costos de venta como promedio histórico.

NO NOS CALLARÁN
Como investigador y docente universitario desde 1988 a la fecha publico mis artículos periodísticos respaldados en una prolija investigación; con regularidad en diversos medios de comunicación escritos, Tv. y radiales expongo y publico una serie de artículos en el marco de la asesoría integral que pueda brindar como economista a los trabajadores organizados, con el objeto de elevar la capacidad negociadora de los trabajadores frente a las empresas.

Debo lamentar que por primera vez se me demanda en el Poder Judicial por el supuesto delito de atentar contra el honor de la Corporación Lindley, que tiene una serie de sanciones como he podido demostrar. Esta demanda que seguramente será mandada nuevamente al archivo por la Corte Superior ante la apelación. La transnacional ha puesto precio a su honor, el mismo que ha sido valorizado, y que ha sido supuestamente dañado y se me exige como reparación la suma de S/ 500 mil soles.

Esta suma no tiene proporción con las ridículas multas impuestas por el Indecopi por procesar productos riesgosos y carentes de idoneidad para la salud de los consumidores. Como tampoco tiene correspondencia con la sanción impuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores por mentir e inducir a error en julio del 2016.

Al margen del tiempo, costo y costas que asume un proceso judicial en la vía penal me reservo el derecho de defensa ante una empresa abusiva y prepotente donde su gerente de Recursos Humanos me acusa de hacer terrorismo por el solo delito de defender los derechos de los trabajadores, por aspirar a mejores salarios y condiciones de trabajo con el objeto de elevar la productividad y el bienestar de los creadores de riqueza.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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