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Abusos, excesos, y faltas de una transnacional

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Esta transnacional de capitales gringo/mexicanos controla en nuestro país más del 67 % del mercado de bebidas y gaseosas, embotellando las conocidas marcas de Inca Kola, Coca Cola, Fanta, San Luis entre las más importantes, con un privilegiado posicionamiento y modernas plantas en Lima, Pucusana, Zárate, Arequipa, Cusco, Huacho e Iquitos, lo que le permite un indiscutible liderazgo en un mercado fuertemente concentrado en lo que se conoce como competencia oligopólica, una deformación del mercado, con una competencia entre pocas empresas, que tiene elementos mixtos del monopolio y de la libre competencia.

Es tal su poder de mercado y presencia en los medios de comunicación convocando una publicidad acorde a sus intereses, sin embargo poco o nada se dice de sus malas prácticas, del abuso de mercado, de las prácticas nada transparentes que han sido sancionadas por los organismos reguladores, las omisiones de información que inducen a error; expresión de ello es la prepotencia frente a sus trabajadores como a los de la Planta Callao, donde más de 300 familias que se sienten amenazadas por un interesado cierre (lock-out) del centro de trabajo, a pesar de las importantes utilidades y mayores ingresos obtenidos en el 2017 en relación a los años anteriores.

Sin más, en forma arbitraria la empresa ofrece un poco más de 12 sueldos como incentivo con el nombre de “renuncia voluntaria”, a pesar de los compromisos asumidos de transferir a la totalidad de los trabajadores de la Planta Callao a la Planta de Pucusana, una de las más modernas de América Latina en su tipo. Todo ello en el marco de una estrategia antisindical para quebrar al sindicato representativo (Sinatrel) que se opone al abuso empresarial, defendiendo los derechos de los trabajadores.

Ahora que está en la agenda parlamentaria el problema de la concentración de la propiedad, ingresos y capital de parte de las grandes empresas en el sector farmacéutico, una preocupación que se debiera extender al conjunto de sectores, donde existe una alta concentración y una débil regulación estatal. Por ello, es importante destacar el punto referido a los precios de transferencia, a las relaciones entre la empresa matriz y principal con las empresas vinculadas, tanto del país como del exterior, como mecanismos para sobredimensionar los costos, y minimizar las utilidades.

Ello es particularmente urgente en el caso de la transnacional Arca Continental- Lindley- Coca-Cola que mantiene relaciones privilegiadas con las empresas vinculadas y con su matriz, de lo que alguna vez fue una empresa emblemática de la industria peruana, con capitales nacionales desde su fundación hacia inicios del siglo pasado hasta setiembre del 2015, cuando el principal paquete accionario fue transferido a los nuevos dueños por más de US $ 972 millones.

Sin embargo, son tales los excesos, abusos y prácticas antisindicales puestos de conocimiento por mi autoría en diversos medios de comunicación, en particular publicados en el Diario UNO, que la empresa Arca Continental-Lindley me ha denunciado ante el Poder Judicial en el 43º Juzgado por el presunto delito contra el Honor en la modalidad de Difamación Agravada, en agravio de la Corporación Lindley.

No obstante, el juez probo del 43º Juzgado con fecha 28 de noviembre del 2017 mediante sentencia declaró infundada la demanda mandando al archivo la referida demanda; pero haciendo uso y abuso de su poder la empresa transnacional ha efectuado su apelación ante la Corte Superior de Lima con la intención de paralizar las investigaciones de mi autoría sobre las características y comportamiento perverso de la referida empresa en el mercado de gaseosas y bebidas.

Sirva para ello un breve recuento de las malas prácticas empresariales de Arca Continental-Lindley-Coca-Cola corroboradas con fuentes oficiales, como es costumbre en mis investigaciones.

SANCIONADA CON 200 UIT POR MENTIR
En la demanda que me entabla la transnacional Arca Continental-Lindley se dice que “Esta persona (se refiere a mi) no ha tenido ningún escrúpulo en mancillar la buena imagen de una empresa que con gran esfuerzo se ha podido constituir como la número uno en el mercado nacional. Estas afirmaciones temerarias del querellado deberán ser refrendadas y corroboradas ante su despacho con las pruebas que éste considere pertinente” (pág. 4)

Es más se argumenta que he realizado “una serie de afirmaciones sin sustento legal con el único fin de menoscabar la reputación y el prestigio de la Corporación Lindley”.

Sin embargo, la transnacional calla en todos los idiomas sobre la sanción máxima que le impuso la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por dar “información inexacta, falsa o tendenciosa”, en el 2016, es decir, fue castigada por mentir, y a las pruebas me remito.

Por esta falta de transparencia la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sancionó a la transnacional por no informar hechos de importancia al no declarar US $ 150 millones de dólares como parte de los compromisos de compra/venta de la mayoría accionaria, por concepto de no competir en el mercado de bebidas con los nuevos dueños gringo/mexicanos.

Estas penalidades fueron asumidas por la Corporación Lindley en el proceso de venta de su mayoría accionaria en carta del 20 de julio del 2016, cuando declaraba que: “En la fecha Corporación Lindley S.A. ha decidido no interponer recursos administrativos contra la “Resolución” que sanciona a Corporación Lindley, por las infracciones al reglamento de Hechos de Importancia, con una multa de 200 UIT por haber incurrido en cuatro (4) infracciones tipificadas en el inciso 1.4, numeral 1 del Anexo I del Reglamento de Sanciones y en tres (3) infracciones tipificadas en los incisos 2.11 y 2.14 del numeral 2 del Anexo I.”

¿Qué sostiene la infracción del punto 1.4 que está clasificada como “muy grave” por la CONASEV? Esta hace referencia al punto de “Presentar a CONASEV, a la Bolsa, a la Banca de Productos, a la entidad encargada del Mecanismo Centralizado, al inversionista y en general a cualquier otro sujeto del mercado de valores o de productos, información inexacta, falsa o tendenciosa; o divulgar dicha información en el mercado”.

Esto significa que la Corporación Lindley se allanó al pago de 200 UIT (un valor de S/ 3,950 soles por una UIT en dicho año) que resultan equivalentes a 790 mil soles que constituye una menudencia frente a las utilidades netas obtenidas en el ejercicio 2016, las mismas que fueron las más importantes de los últimos años gracias a la capacidad y productividad de los trabajadores, pues sumaron los 240 millones de soles.

Multas impuestas por Indecopi a Corporación Lindley

INDECOPI LE IMPONE UNA SERIE DE MULTAS
Una empresa con una posición de liderazgo que abona cifras ridículas por el agua que extrae de sus pozos propios. Con la información oficial que tiene carácter público, ha sido sancionada entre el 2013 al 2017 en seis oportunidades, sea por la elaboración de bebidas con productos riesgosos el 11/12/13 teniendo que abonar 74 mil soles.

El 11/03/2014 por la falta de idoneidad en la elaboración de productos alimenticios fue sancionada por el Indecopi con una multa de 7,600 soles. También en dicho año, el hecho infractor fue por la elaboración de productos riesgosos, siendo sancionada con una multa de 11,400 soles como se puede observar en el cuadro respectivo (Multas Impuestas por Indecopi a Corporación Lindley)

También en el 2015, 2016 y 2017 la Corporación Lindley cometió una serie de hechos infractores como se puede observar en el cuadro, sea por fabricar productos riesgosos, y con falta de idoneidad, pagando ridículas multas que no están compensadas con la importancia y el riesgo que tiene para los consumidores.

Como podrá usted notar amable lector, nosotros no estamos difamando a una empresa líder en el mercado, acostumbrada al abuso y explotación de sus trabajadores, controlando los salarios y abonando mínimas utilidades a sus colaboradores, que a través de sus altos funcionarios ha hecho de la mentira una virtud.

En verdad, los accionistas de la transnacional Arca Continental debieran preocuparse por respetar en la práctica los principios de responsabilidad social antes que entablar demandas judiciales a los críticos de una perversa conducta empresarial.

Ello es más grave si la empresa el 31 de enero del 2017 “fue seleccionada oficialmente para integrar el FTSE Good Emerging Index, que lista a las empresas públicas que demuestran un fuerte compromiso con las mejores prácticas ambientales, sociales, y de Gobierno Corporativo en más de 20 países emergentes” (pág. 11 del Informe de Arca Continental), las malas prácticas de corporación deberán ser superadas.

Los pobres pagan más.

Los pobres pagan más.

AGUA A PRECIOS RIDÍCULOS
Corporación Lindley conjuntamente con una serie de empresas cerveceras, del grupo Gloria, Alicorp, etc. según la Agencia Nacional del Agua, con información del organismo regulador Sunass, y de la misma Sedapal han sido identificadas como empresas mercantilistas que pagan cifras ridículas por el agua que extraen de sus pozos propios. Evidentemente el líquido elemento resulta esencial para la elaboración de las gaseosas y bebidas, y sin embargo las empresas acuden ante el Tribunal Constitucional para evitar abonar los precios de mercado por un recurso como el agua que resulta fundamental en una ciudad como Lima ubicada en medio de un desierto.

Sí, Arca Continental-Lindley y la transnacional Coca-Cola incluida pagan la fabulosa e increíble suma de catorce céntimos de sol por cada mil litros de agua, cuando un sufrido consumidor promedio abona más de tres soles por el mismo volumen de agua. Es más, los pobladores urbanos marginales tienen que pagar más de quince soles por cada mil litros de agua, lo cual constituye una aberrante desigualdad.

Estas prácticas no transparentes es un mecanismo utilizado con la finalidad de maximizar utilidades y minimizar los costos salariales. Así, también reducen al máximo el costo del agua y de la energía, los cuales no constituyen ni el 2 % de los costos de venta como promedio histórico.

NO NOS CALLARÁN
Como investigador y docente universitario desde 1988 a la fecha publico mis artículos periodísticos respaldados en una prolija investigación; con regularidad en diversos medios de comunicación escritos, Tv. y radiales expongo y publico una serie de artículos en el marco de la asesoría integral que pueda brindar como economista a los trabajadores organizados, con el objeto de elevar la capacidad negociadora de los trabajadores frente a las empresas.

Debo lamentar que por primera vez se me demanda en el Poder Judicial por el supuesto delito de atentar contra el honor de la Corporación Lindley, que tiene una serie de sanciones como he podido demostrar. Esta demanda que seguramente será mandada nuevamente al archivo por la Corte Superior ante la apelación. La transnacional ha puesto precio a su honor, el mismo que ha sido valorizado, y que ha sido supuestamente dañado y se me exige como reparación la suma de S/ 500 mil soles.

Esta suma no tiene proporción con las ridículas multas impuestas por el Indecopi por procesar productos riesgosos y carentes de idoneidad para la salud de los consumidores. Como tampoco tiene correspondencia con la sanción impuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores por mentir e inducir a error en julio del 2016.

Al margen del tiempo, costo y costas que asume un proceso judicial en la vía penal me reservo el derecho de defensa ante una empresa abusiva y prepotente donde su gerente de Recursos Humanos me acusa de hacer terrorismo por el solo delito de defender los derechos de los trabajadores, por aspirar a mejores salarios y condiciones de trabajo con el objeto de elevar la productividad y el bienestar de los creadores de riqueza.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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