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Absurdo: El Perú tiene gas de sobra, pero hay que importarlo de Bolivia

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Hidrocarburos petróleo gas licuado

El problema es que no puede disponer de su propio gas natural, porque lo entregó a las transnacionales que lo explotan y lo exportan en su beneficio.

En principio, “los estados no tienen amigos, sino intereses”, siempre y cuando decidan soberanamente sobre el destino de los recursos naturales como los hidrocarburos.

En Bolivia por los cambios políticos, por Constitución vigente del 2006 y la nacionalización expresada en la nueva ley de hidrocarburos, el estado boliviano es el propietario sobre el petróleo, gas y líquidos de gas natural.

En el Perú, en cambio, los “dueños de las moléculas” son las empresas privadas, que acceden a la propiedad por medio de los contratos de licencia pagando al fisco las regalías determinadas en los contratos.

Por ello no debiera extrañar la decisión e interés del estado boliviano con Evo Morales de abastecer el sur peruano de gas natural altiplánico, formalizar las ventas de gas licuado de petróleo (GLP) que se vende en balones de 10 kilos en Puno con precios de contrabando de S/ 15 el balón que ingresa mediante la modalidad del “comercio hormiga”, mientras los consumidores formales del Perú tienen que abonar más de S/ 40.

MERCADO DEL GLP ATRACTIVO

Debemos dejar constancia que constituye un atractivo el mercado interno de GLP peruano donde hemos señalado que nuestro país de ser autosuficiente en este derivado de los líquidos de gas natural (LGN) proveniente de los lotes del Gran Camisea, ha transitado a una mayor importación de GLP, en un promedio de 20 mil barriles día en razón de la menor producción de los líquidos de gas natural de los lotes 88, 56 y 57 conocidos como el “Gran Camisea”.

Con importaciones crecientes de GLP en un mercado que demanda un promedio de 65 mil barriles diarios, los consumidores tienen que asumir una serie de sobrecostos como hemos demostrado en artículos anteriores, de allí que el precio de un balón de GLP se vende por encima de los S/ 37 llegando a costar más de S/ 50 en el Cusco, zona productora, donde el costo del envasado, y los márgenes de comercialización superan el costo de producirlo (S/ 22). De allí, el interés boliviano de participar en tan rentable mercado.

Por ello, debemos estar advertidos que el estado boliviano tendría interés en vender GLP pero a precios de mercado. En Bolivia el GLP que se transa internamente está subsidiado, pues se vende en promedio a un precio equivalente de S/ 10 el balón, en Puno un precio de contrabando bordea los S/ 15, ello tiene un costo económico, pues el subsidio a los combustibles supera los US$ 130 millones anuales, y el fisco boliviano está obteniendo menores ingresos fiscales.

Evidentemente la petrolera fiscal boliviana no estaría dispuesta a subsidiar las ventas de GLP en el mercado sudperuano, pero sí lo vendería por debajo de los precios vigentes, que son precios de escándalo, de abuso a los consumidores peruanos.

OTRAS INVERSIONES

También en el marco de un planeamiento estratégico el estado boliviano tendría interés en construir un poliducto que transporte gasolinas y diésel donde dicho país es deficitario y sobre todo, levantar una planta de licuefectación en la ciudad moqueguana de Ilo.

Esa planta convertiría el gas natural en estado líquido para ser exportado a terceros países y también abastecer el mercado peruano, lo cual constituiría una necesaria competencia al Consorcio Perú LNG responsable del perverso proyecto de exportación de gas natural del lote 56 hacia México y terceros países.

Es más, como si no fuera poco también tendría interés a través de YPFB la empresa estatal de participar en la distribución de gas natural en siete regiones de la región central: Ayacucho, Huancavelica, Andahuaylas, Abancay, Huancayo entre otras, en un proceso que se viene postergando desde el 2006, por la falta de interés de las empresas privadas que operan en nuestro país.

TITULAR DE LAS MOLÉCULAS

En verdad, las conversaciones preliminares de los gobernadores regionales de Puno y Moquegua con el presidente boliviano han dado lugar a conversaciones preliminares al más alto nivel entre los ministros de Energía y Minas de Perú y Bolivia en la ciudad de Santa Cruz del oriente boliviano.

Sin embargo, mientras las autoridades bolivianas tienen la capacidad de decisión sobre el qué hacer y destino de los hidrocarburos, dado que la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia) tiene la responsabilidad de comercializar el 100% de los hidrocarburos producido por las empresas transnacionales como Shell, Repsol, Pluspetrol, BP etc.

Al margen de la producción de YPFB, las privadas tienen que abonar un 50% de regalías cuando antes pagaban 18% al estado, al margen del Impuesto a la Renta.

También YPFB se encarga de negociar los contratos de participación con los privados y de pactar los precios del principal producto de exportación boliviano: el gas natural que se vende al Brasil y Argentina a precios atractivos indexados al precio del petróleo.

BONANZA GASÍFERA

Esto significa que si los precios del petróleo se incrementaban como sucedió en el 2011, 2012, 2013 cuando los precios estaban por los US$ 100 el barril de crudo, los precios del gas natural de exportación también se elevaban, por ello entre el 2007 y el 2014 con excepción del 2009, el estado boliviano ha experimentado una bonanza exportadora.

Sin embargo, cuando los precios del crudo se derrumbaron a niveles de US$ 50 el barril, también los precios del gas bajaron, y los ingresos fiscales fueron mucho menores, como ha sudedido el 2015 a la fecha.

Sin embargo, entre el 2007 y el 2014 los ingresos de exportación en más del 50% han estado explicados por las exportaciones de gas natural. Esta bonanza fiscal le ha permitido al regimen de Evo Morales que se va por la tercera reelección y al MAS, mayores ingresos fiscales para financiar la lucha contra la pobreza.

En gran medida el éxito político y el mayor crecimiento económico de Bolivia, estimado por PBI con tasas cercanas al 5% anual en los tres últimos años, liderando el crecimiento de los países de América Latina, está explicado por la bonanza gasífera, que dicho sea de paso se está terminando.

Solamente entre el 2010 y el 2014 por concepto de regalías el fisco boliviano captó US$ 3,226 millones gracias a los buenos precios del gas de exportación que en el período 2015 – 2018 (a marzo del 2018) dicho sea de paso se han derrumbado a los US$ 1,356 millones.

Para tener una idea del fin de la bonanza gasífera boliviana: si en el 2013 producía un promedio de 2,056 millones diarios de pies cúbicos de gas natural, donde el grueso de la producción se exportaba al Brasil y en menor cuantía a la Argentina, las regalías percibidas eran de US$ 840 millones, la situación para el 2017 ha cambiado radicalmente.

Así, en 2017 con una producción de 2,000 millones de pies cúbicos diarios las regalías percibidas por el fisco boliviano se derrumbaron para llegar a los US$ 340 millones. Es decir, experimentaron una drástica disminución.

POR NUEVOS MERCADOS

De allí el interés del estado boliviano de buscar nuevos mercados ante la autosuficiencia energética que tendría Brasil con los hidrocarburos del megayacimiento submarino del Presal que convertiría al país de la samba en exportador neto de gas y petróleo crudo.

Ello también significa que el gas boliviano en el mediano plazo no resulta ya tan necesario para el mercado brasileño, pues ahora existirían otros productores que ofertarían gas natural a precios más competitivos.

En todo caso en el 2020 se cumpliría el período del contrato de exportación del gas boliviano al Brasil, con un presidente de derechas como Bolsonaro que no simpatiza con las políticas bolivarianas ni socialistas, pues se ha propuesto extirpar lo que él llama el “cáncer marxista”.

Lo mismo sucedería con la Argentina con los yacimientos “Vaca Vieja” y la explotación del shale gas, o gas de piedra que convertiría al país gaucho en autosuficiente frente a las importaciones bolivianas y de terceros países, pero cuyo contrato se vencería despúes del 2026.

En todo caso el interés boliviano de sacar el gas natural de los campos del oriente por Ilo y el sur del Perú pretendería buscar nuevos mercados internacionales ante la incertidumbre de las exportaciones hacia el Brasil.

MASIFICACIÓN A LA BOLIVIANA

La soberanía sobre los hidrocarburos mediante una nacionalización le ha permitido al estado boliviano por medio de la empresa estatal YPFB masificar el consumo del gas natural, un energético limpio, barato, favoreciendo a más del 25% de la población boliviana, es decir cuatro millones de consumidores que acceden a la cultura del gas, no solamente en las principales ciudades sino también del ámbito rural.

La masificación del gas natural en Bolivia ha estado acompañada de un proceso de industrialización del recurso con políticas de valor agregado, financiado con los mayores recursos obtenidos por la exportación del gas natural.

Así, aprovechando el hidrocarburo identificado como el metano contenido en el gas natural, lo han industrializado en una petroquímica básica, obteniendo un fertilizante de un mayor valor como la urea, con los cuales no solamente satisfacen las necesidades de su mercado doméstico, sino también están exportando urea a la Argentina, Paraguay, los estados vecinos del Brasil y un mercado potencial sería nuestro país que compra más de 400 mil toneladas de urea anuales desde Ucrania.

En tal sentido, el interés boliviano de vender gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y otras inversiones en transporte (ductos) y plantas industriales, serían todas parte de una visión de largo plazo del estado boliviano, de planificación estratégica ante un entorno internacional desfavorable para sus intereses por estrictas razones económicas y políticas.

Comparación entre Perú y Bolivia de la Producción Fiscalizada y las Reservas Probadas de Gas Natural

LA PARADOJA GASÍFERA

El presente cuadro “Comparación entre Perú y Bolivia de la Producción Fiscalizada y las Reservas Probadas de Gas Natural” 2011/2017 resulta ilustrativo sobre dos políticas en relación a la explotación del gas natural.

Mientras en Bolivia según la “Agencia Nacional de Hidrocarburos” la produción diaria de gas natural promedia los 2,000 millones de pies cúbicos con menores reservas probadas que en el 2017 suman los 10.7 trillones de pies cúbicos, el país altiplánico ha tenido en la explotación del gas una palanca para su desarrollo, con mayores ingresos fiscales, masificación interna e industrialización teniendo como protagonista central a la petrolera estatal YPFB.

En nuestro país, las empresas privadas resultan las “dueñas de las moléculas” y deciden el destino del gas natural. Por ello después de catorce años solamente tenemos 600 mil hogares conectados a la cultura del gas natural. No hay una verdadera masificación pues las regiones andinas no resultan un mercado rentable para las transnacionales.

Tampoco se verifica una industrialización del gas natural a pesar del marco legal, pues no interesa a las empresas privadas. Al contrario de una producción en el 2017 de 1,252 millones de pies cúbicos diarios se exportan un promedio de 400 millones de pies cúbicos diarios del lote 56 hacia México y a terceros países, y afuera se industrializa el gas natural, al margen de las regalías de oprobio que percibe el Estado peruano.

ALGO MÁS

Por ello, la Nación peruana debe recuperar la titularidad, la propiedad sobre los hidrocarburos como el gas natural reproduciendo lo mejor del modelo boliviano, pues resultaría un absurdo económico que nuestro país teniendo más gas natural bajo el subsuelo, se tenga que valorizar y capitalizar el gas boliviano.

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Política

Cuellos Blancos en aprietos

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Pedro Gonzalo Chávarry - César Hinostroza Pariachi

El exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, fue capturado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) la noche del lunes en Cieneguilla. Moreno, quien se hallaba prófugo de la justicia desde el 17 de enero, se encontraba al momento de su captura en compañía de una mujer identificada como Sheyla Villarreyes Vásquez, y tenía en su poder S/ 10 mil en efectivo.

Como se recuerda, según la tesis de la Fiscalía, Moreno habría recibido un soborno de S/ 4 millones de la empresa Odebrecht, por lo que se solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra en diciembre del 2018. Sin embargo, la jueza Elizabeth Arias rechazó el pedido del Ministerio Público. Poco después, el 17 de enero del 2019, el Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao lo sentenció por la venta subvaluada de un terreno de 70 mil metros cuadrados de propiedad del Estado, pero Moreno ya tenía paradero desconocido.

A Moreno, además de imputársele diferentes delitos, se le hallaron dos agendas con anotaciones sobre diferentes reuniones entre enero del 2010 y diciembre del 2011 con el exjuez y presunto cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, César Hinostroza. Una relación que se evidenciaría además con la contratación de Edith Rosalinda Hinostroza Pariachi, hermana del exjuez, como abogada del Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Moreno.

PRÓXIMO COLABORADOR EFICAZ

Respecto a los inminentes interrogatorios a los que será sometido Félix Moreno, el abogado Juan José Quispe consideró que lo que más le conviene hoy al exgobernador regional del Callao es acogerse a la figura de la colaboración eficaz. “Él ya está condenado por lo que hizo en su gestión, pero también está investigado por otros casos, entre ellos el de los ‘Cuellos Blancos’. Siendo así, lo único que le convendría sería aspirar a la colaboración eficaz para buscar una reducción de pena. Su testimonio será importante para revelar los nexos de la Corte Suprema con la Corte Superior de Justicia del Callao. Y esto implica no solo a Hinostroza sino a toda la sala, porque Hinostroza tenía que haber convencido por lo menos a cuatro magistrados más para lograr emitir resoluciones”, indicó.

Quispe recordó la magnitud de la presunta red criminal en el sistema de justicia del Callao. “Recordemos que había desde un juez de paz que arreglaba temas de familia de jugadores de fútbol, hasta jueces para hábeas corpus, para amparos, para prisiones preventivas, etc. Y esta red estaba relacionada a la Corte Suprema, mediante el señor Hinostroza, expresidente de la Corte del Callao. Si no salen los audios de la vergüenza en julio del año pasado, Hinostroza podría haber emitido una resolución de archivamiento en el caso de Keiko Fujimori y jamás se le podría haber investigado por lavado de activos”, apuntó.

NEXOS ENTRE KEIKO Y CHÁVARRY

Quispe también advirtió que los próximos testimonios que brindarán los excongresistas Juan Sheput y Daniel Salaverry ante la Fiscalía, serán “demoledores”. Ello, debido que tendrían “la fuerza de convicción en el sentido que corroboran versiones de un testigo protegido y cierra el círculo de lo que todos hemos visto que se dio en la práctica en el Congreso”.

“¿Por qué tanto blindaje a Chávarry? Porque él iba a ser el nexo con los fiscales supremos, y él no iba a acusarlos y podía controlar la Junta de Fiscales Supremos como lo está haciendo ahora. En esa medida se cierra el círculo de que la operación tripartita: Fuerza Popular blinda a Chávarry e Hinostroza para que uno no acuse o de una acusación débil, y el exjuezHinostroza cumpla la misión de archivar el caso más grave de Keiko Fujimori, que es el de lavado de activos y organización criminal”, señaló.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN CAMINO

Acerca de lo que podría derivarse de estos interrogatorios, el jurista indicó que si bien para sancionar a los fiscales supremos se requiere el levantamiento de la inmunidad por parte del Congreso – hoy disuelto -, o la decisión de la Junta Nacional de Justicia – aún por conformarse -, sí es posible investigar de manera preliminar tanto a los fiscales supremos como a los vocales de la Corte Suprema y a otros altos funcionarios.

En ese sentido, Quispe consideró que “con todo el derecho, con toda la autoridad y toda la legalidad de las atribuciones conferidas por la ley orgánica del Ministerio Público y la ley de la carrera magistral”, la Fiscal de la Nación está en la facultad de iniciar una investigación preliminar a los fiscales supremos vinculados a la presunta organización criminal de los “Cuellos Blancos”.

“Ya lo estableció el Tribunal Constitucional que para investigaciones preliminares no se requiere el levantamiento de la inmunidad, y el mejor ejemplo es el caso Hinostroza. Y esta investigación preliminar incluye impedimento de salida del país, levantamiento del secreto bursátil y bancario, levantamiento del secreto de las comunicaciones, las interrogaciones a ellos mismos. La Fiscal puede avanzar una investigación hasta que se conforme el Congreso, y ahí plantear una acusación constitucional. Una vez que se levante la inmunidad, la Fiscalía podrá solicitar una prisión preventiva o las medidas que considere necesarias”, afirmó.

Finalmente, destacó que el próximo Congreso tendrá una labor importante en el sentido que será clave por los casos de denuncias constitucionales que se quedaron en el camino contra Hinostroza, Chávarry, Walter Ríos y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. “Estas podrán ser reabiertas y de ser el caso establecer que forman parte de una red criminal. Y con ellos podrían ser incluidos todos los que aparecen en los audios pero que no fueron tocados debido al blindaje del Congreso disuelto”, expresó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Exigen renuncia de Lecaros por sus vinculaciones a red mafiosa

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José Luis Lecaros Cornejo

A través de un pronunciamiento, la CNDDHH sostiene que “distintos medios periodísticos han dado cuenta de hechos que confirmarían los vínculos existentes entre el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, y personajes implicados en una red de influencias y favores que afecta la institucionalidad del sistema de justicia y del Poder Judicial”.

Dicha exigencia se refiere al “Informe de la fiscal Adjunta Suprema Provisional, Fany Quispe, que resume y corrobora la confesión de un colaborador eficaz. Los hechos revelados comprometerían al presidente del poder judicial con el empresario Salvador Ricci Cortez y el ex-vocal supremo César HinostrozaPariachi, entre otros personajes actualmente investigados por la fiscalía”.

La CNDDHH hace una reflexión en torno a la falta de autonomía de Lecaros, que preside un importante poder del Estado. “Estos presuntos vínculos afectan seriamente la apariencia de independencia del Presidente del Poder Judicial, cuyas decisiones son determinantes en los procesos anticorrupción que actualmente se siguen en el sistema de justicia, así como en la Comisión Especial que debe elegir a las y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”.

PREOCUPA SUS DECISIONES

“En este sentido, preocupa que sus decisiones no garanticen la independencia e imparcialidad de los miembros que conformarán la JNJ, instancia que por lo demás, podría sancionarlo en el marco de las investigaciones que se siguen a altos funcionarios del sistema de justicia”.

“Por esta razón exigimos la renuncia inmediata del juez supremo José Luis Lecaros Cornejo a la Presidencia del Poder Judicial, y en consecuencia su inmediata separación de la Comisión Especial de la JNJ”, sostiene el pronunciamiento.

Seguidamente señala que “con dichos cuestionamientos, no hay garantías suficientes o mínimas, ni se promueve la esencial legitimidad ante la ciudadanía, más aun cuando nos encontramos en un proceso delicado de fortalecimiento del sistema de justicia luego del escándalo de los CNMaudios”.

Luego enumera a las autoridades que renunciaron a sus cargos en ese poder. “Es de suma importancia considerar que ya otros altos funcionarios del Poder Judicial han presentado su renuncia en circunstancias similares. El ex-presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, tomó la decisión de apartarse del cargo cuando estalló el escándalo de los CNM audios, al conocerse que uno de los audios lo implicaba en conversaciones sostenidas por miembros de la red criminal de ‘Los Cuellos Blancos’. Otro antecedente importante es la renuncia del magistrado Manuel Quintanilla Chacón, el mismo día que se conoció una conversación sostenida con el ex-juez César HinostrozaPariachi”.

SALVAGUARDAR LA INSTITUCIONALIDAD

El documento señala la importancia de poner a salvo al Poder Judicial de manos inescrupulosas que lo utilizan para fine subalternos. “Estas renuncias han procurado salvaguardar la institucionalidad del Poder Judicial, independientemente de la responsabilidad disciplinaria o penal que correspondiere en los casos que son materia de investigación por parte del Poder Judicial u otro órgano del Estado”.

“Por lo antes señalado -reafirma-, desde la CNDDHH demandamos un Poder Judicial libre de toda sospecha. Consideramos que las y los integrantes del Poder Judicial deben estar libres de cuestionamientos que comprometan su apariencia de independencia e imparcialidad, y deben constituirse en un referente fundamental para la defensa del Estado de Derecho”.

Agregó que “en este sentido, la Sala Plena del Poder Judicial debe pronunciarse sobre la situación del Presidente del Poder Judicial. Asimismo, corresponde a la Comisión Especial de la JNJ garantizar la conducta intachable de sus miembros, razón por la que también debe pronunciarse sobre el caso del Presidente del Poder Judicial”.

Finalmente, la CNDDHH lanzó una exhortación: “Al mismo tiempo, desde la CNDDHH saludamos la importancia y oportunidad del Informe de la fiscal Adjunta Suprema Provisional, Fany Quispe, el mismo que ha sido elevado a la máxima autoridad del Ministerio Público, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, para que se determine si se inicia una investigación contra el Presidente del Poder Judicial por estos serios indicios”.

“El caso de los CNMaudios, recordemos, es un referente internacional, y ha sido puesto en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al violar derechos fundamentales como el acceso a la justicia y el de un juez independiente e imparcial”, puntualizó.

ALGO MÁS

“Reiteramos la urgencia y necesidad de fortalecer la lucha anticorrupción en el país, así como la necesidad de contar con un sistema de justicia, jueces y fiscales libres de toda sospecha que ponga en duda su independencia, transparencia e idoneidad”, concluye el pronunciamiento de la CNDDHH.

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Política

Golpe en Bolivia: la barbarie armada, de nuevo

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Conflictos sociales en Bolivia golpe de estado

“Quiero decirles, para que sepa la prensa internacional, a los primeros aymaras, quechuas que aprendieron a leer y escribir, les sacaron los ojos, cortaron las manos para que nunca más aprendan a leer, escribir. Hemos sido sometidos, ahora estamos buscando cómo resolver ese problema histórico, no con venganzas, no somos rencorosos.

Y quiero decirles sobre todo a los hermanos indígenas de América concentrados acá en Bolivia: la campaña de 500 años de resistencia indígena-negro-popular no ha sido en vano; la campaña de 500 años de resistencia indígena popular empezada el año 1988, 1989, no ha sido en vano”.

Evo Morales, 22 de enero de 2006 al asumir por primera vez la presidencia.

El presidente Evo Morales y su vice Álvaro García Linera dieron una lección de conducta y templanza, envuelta en gran oratoria política. Explicaron, pidieron a los golpistas que cesaran con la violencia . No gritaron, no sobreactuaron. Parecía que no querían terminar de hablar, de argumentar, de persuadir aun ese momento extremo, aciago, injusto. El discurso de Evo, como el último del presidente chileno Salvador Allende en septiembre de 1973, deberá reiterarse y honrarse a través del tiempo. También valdrá la pena repasar el que dijera al asumir. Recordado hoy genera congoja y rabia aunque también debe valer para enaltecer al mejor presidente de la historia de Bolivia. Al autodidacta que supo capacitarse, que mejoró todos los indicadores de la economía de su país e implementó políticas sociales y educativas jamás vistas en su país. Los avances producidos por las gestiones de Evo se pueden cuantificar, son apabullantes cotejados con los desempeños de quienes los precedieron en el poder.

El dirigente cocalero y un compañero blanco, educado, académico de primer nivel eran, convengamos, demasiado para la derecha que predomina en el planeta.

Agreguemos otro dato duro, en doble acepción. En pocos años se sucedieron golpes de estado en Paraguay, Brasil y ahora Bolivia. El más reciente llega desnudo de disfraz institucional. No hay juicio político exprés como contra el ex presidente paraguayo Fernando Lugo ni impeachment fundado en delitos inexistentes como contra Dilma Rousseff. Hay violencia pura, ataques armados con protagonismo policial y militar, amenazas de muerte, linchamientos, viviendas quemadas, una alcaldesa vejada a niveles inhumanos.

Conflictos sociales en Bolivia golpe de estado

***

La Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) consiguió frenar un conato similar en septiembre de 2008. Presidentes de toda América del Sur reunidos de arrebato en Chile, lo hicieron. Predominaban los de izquierda o progresistas de distinto tono pero los había de derecha. Una respuesta rápida puso límites a la barbarie. A esa diplomacia presidencial expeditiva y defensora de la democracia llamaría uno “el mundo”. Los presidentes amigos-aliados-iguales de Brasil y Argentina Jair Bolsonaro y Mauricio Macri desmantelaron Unasur, siguiendo directivas del Departamento de Estado.

Unasur congrega a los países del vecindario, Estados Unidos queda afuera. He ahí una de las causas de su eficacia y de sus diferencias con la Organización de Estados Americanos. La OEA desde hace años es un mamarracho. Tiene su sede en Washington desde siempre. Cuesta abajo en la rodada, puso ahí su corazón, su bolsillo. Su presidente Luis Almagro dejó de lado todo decoro. Actuó como ariete del golpismo desde el mismo día de la elección presidencial boliviana. Propuso (casi intimó a) realizar de nuevo los comicios, injerencia que arrasa con la Constitución de Bolivia. Estados Unidos tercerizó-fundó así un nuevo modo de intervención, una variante siglo XXI de imperialismo.

La OEA no se comportó como mediadora sino como una suerte de referí bombero. Evo accedió a que auditaran el escrutinio provisorio, luego a convocar a nuevas elecciones. Concesiones para salvar al sistema. El dictamen de la OEA, capcioso a carta cabal, echó leña al fuego. Habla de irregularidades, asume a regañadientes que Morales puede haber sacado más votos que Carlos Mesa, termina con un sofisma: hay “alta improbabilidad estadística” de un triunfo por más de diez puntos. No firman que no, hipócritas redomados. Ni se atreven a estampar la palabra “fraude”. Hablan de “probabilidad estadística” cuando media conteo de votos. Instigadores y cómplices del golpe… tal vez no se detengan ahí aunque ya consumaron bastante.

Conflictos sociales en Bolivia golpe de estado

***

Los golpeadores responsabilizan a las víctimas por sus propios hechos de violencia. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich a Rafael Nahuel por haber provocado su asesinato por la espalda. El presidente Macri a los votantes opositores por el “fracaso” de su política económica. En la derecha y en los que se alinean en el quimérico “extremo centro” se agitan razones para responsabilizar a Morales. Un patrón de pensamiento, un retrato impecable de la cultura hegemónica en el mundo.

Un golpe de Estado sanguinario divide aguas, no deja margen para gambetas cortas o “terceras posiciones”. Los debates acerca de la pureza del proceso electoral son nimios frente a la barbarie racista, a la usurpación, al uso de la fuerza bruta.

***

La Argentina limita con Bolivia, cientos de miles de hermanas y hermanos de esa nacionalidad viven acá. Celebraron en las calles cada victoria electoral de Evo. La gobernabilidad en Bolivia, sostenida con sensato y constante apoyo del kirchnerismo, contribuye a la paz social de sus vecinos.

El Gobierno macrista espera órdenes de la Casa Blanca en vez de retomar la histórica postura de los gobiernos democráticos frente a los golpes de Estado. Los “republicanos” argentinos se sacan la máscara por enésima vez.

Las campanas doblan de nuevo en este Sur. Por los humildes de Bolivia, por el gran Evo, por los avances democráticos en su patria y en toda la región.

 

MARIO WAINFELD
Página | 12

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