Abrir el sistema y democratizarlo

Abrir el sistema  y democratizarlo

Hace unos días Javier Torres se preguntaba si era posible la reforma electoral en el país. Y, en verdad, no le faltaba razón. Al día siguiente del segundo diálogo nacional en el que justamente se discutió la tan mentada reforma electoral, los medios de comunicación informaron de manera contradictoria.

Para algunos se había logrado una suerte de consenso inicial mientras que para otros no había puntos de acuerdo. Para unos, parte de esos acuerdos incluía la eliminación del voto preferencial y para otros no había un compromiso respecto a su supresión.

Esta información discordante demostraba, como han dicho algunos comentaristas, no solo que los supuestos acuerdos logrados no eran precisos sino también que los participantes del diálogo, el gobierno y la oposición, no tienen claridad respecto a la propia reforma electoral.

Incluso, si se asume —como informó Perú 21— que los acuerdos a los que arribaron fueron los cuatro que enumero a continuación: a) prohibición para postular (muerte civil) a deudores de reparaciones civiles por condena en delitos de agravio al Estado; b) reforma de la Ley de control ciudadano. Eliminación de la figura de la revocatoria; c) obligatoriedad de los candidatos de presentar declaración jurada de antecedentes judiciales; y d) la no reelección inmediata de presidentes regionales y de alcaldes; está bien claro que no se ha entrado al problema de fondo de la reforma electoral. Se podría, incluso, cuestionar el porqué se prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales y no la de congresistas.

Sucede que estas propuestas no tocan directamente el problema central de una necesaria reforma política en el país, que no es otro más que la renovación de los partidos políticos como condición necesaria para profundizar y consolidar la democracia en el país.

Con 84% de desaprobación, el Congreso es la institución del Estado más desprestigiada del país, lo que refleja la profunda crisis de representatividad de los partidos. Se requiere de nuevas representaciones políticas porque las actuales son obsoletas.

Lo que ahora tenemos es un remedo de sistema de partidos que, en lugar de fortalecer la democracia, contribuye a una permanente crisis de representatividad, a un aumento de la desafección política de los ciudadanos y a una mayor desinstitucionalización e informalidad de la política y de los políticos.

En realidad, formular reformas parciales y no plantear la solución a este tema central conduce a cerrar aún más lo que algunos llaman equivocadamente el sistema de partidos.

No es extraño que para inscribir un partido político se haya recomendado el aumento de firmas y si se aprueba la propuesta que hoy está en el Congreso, el número de ellas pasaría del 3 por ciento de los electores, desde la última elección, al cinco por ciento, con lo cual estaríamos hablando de la necesidad de recolectar más de un millón de firmas.

Por ello aquí me interesa señalar dos temas esenciales que bien pueden ser la base de la reforma: por un lado, la renovación de los partidos y, por otro, la necesidad de incentivar la competencia entre ellos. Esto nos debería llevar a plantear lo siguiente:

a) Reducir el número de firmas y poner más énfasis en la conformación de comités provinciales. En países como México el número de firmas es de 0,28% de los electores; en España se requiere el 1% de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Ello podría ir acompañado de un aumento en el porcentaje (o barrera de ingreso) para obtener congresistas. A lo que habría que añadir, en el caso de alianzas electorales, no solo que el porcentaje de la barrera de ingreso se incremente sino también que todos los partidos que conforman estas alianzas obtengan un número determinado de congresistas. Así declararíamos la muerte de los “partidos parásitos”, los que viven gracias a otros partidos, y de los “partidos vientre de alquiler”, los que cada cinco años subastan su legalidad electoral.

b) Reducir las desigualdades en la competencia electoral. Ello supone no solo eliminar el voto preferencial sino, sobre todo, prohibir, como sucede en México, Brasil, Chile, Ecuador y en otros países, la propaganda electoral privada en medios que utilicen el espacio radio eléctrico; al mismo tiempo que priorizar la franja electoral como el principal mecanismo de propaganda. Sería un error financiar a los partidos si es que no se prohíbe la propaganda en medios de comunicación privados ya que gran parte de ese financiamiento iría, como lo demuestra la experiencia mexicana, a esos mismos medios.

c) Fortalecer y democratizar los partidos políticos mediante la alternancia (mujer-hombre) en la lista de candidatos, mecanismos participativos e inclusivos para elegir candidatos y una mayor fiscalización de los comités provinciales y distritales.

d) Financiamiento del Estado a los partidos y control efectivo, por parte de los organismos correspondientes, del financiamiento público y privado y de los gastos de campaña electoral. No es posible que el control y la fiscalización se reduzcan a si estos pasan o no la valla electoral cada cinco años.

A todo ello se puede añadir la mayoría de los puntos reseñados por Perú 21, con la excepción de la prohibición inmediata de alcaldes y presidentes regionales —la que, lamentablemente, acaba de ser aprobada— así como también la propuesta de la “curul vacía” en caso que exista probada corrupción de la autoridad elegida o que el financiamiento de su campaña provenga de los dineros del narcotráfico o de otras actividades ilegales.

ADEMÁS
Huanca informó que la realización de dicha cumbre necesitará una inversión de 200 mil soles de presupuesto para lo cual se encuentran “tocando puertas”. Asimismo exigieron a los ministerios correspondientes que asuman su papel como anfitriones de este evento.

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