A este alcalde no le interesa el transporte

Luis Castañeda Lossio

La reforma del transporte involucraba la creación de un sistema integrado que permitiera tener un único mecanismo de pago: una tarjeta con la cual poder viajar en el Metropolitano, los buses de los corredores complementarios y el tren eléctrico.

Para tal fin, la gestión anterior emprendió en el 2014 una licitación para seleccionar a la empresa responsable de implementar el sistema de recaudo, la cual fue anulada por Luis Castañeda apenas asumió la alcaldía. Han pasado casi tres años y, en vez de cumplir con organizar una nueva licitación, la gestión actual pretende implementar un sistema provisional de cobro electrónico, eligiendo a dedo y de manera ilegal a la empresa que brinde el servicio.

La ordenanza 1613 establece que para definir la empresa que realice la recaudación electrónica se debe hacer un concurso público; sin embargo, el directorio de Protransporte ha decidido, mediante el acuerdo Nº 60 del 13 de octubre, modificar el Manual de Operaciones de los corredores con la finalidad de instaurar una recaudación electrónica “provisional” no prevista en la norma y permitir que sean los propios operadores de buses y el Scotiabank, que administra los fondos del fideicomiso, quienes se encarguen de seleccionar y contratar, respectivamente, a la empresa recaudadora.

Para pretender darle cierta formalidad a lo que resulta irregular por donde se mire, la gerencia general de Protransporte ha emitido la resolución N° 118. Es tan disparatada la manera como quieren validar esto que en la práctica pretenden que una decisión administrativa esté por encima de una ordenanza que tiene tango de ley. Además, se está desnaturalizando el contrato porque no es función del Scotiabank ni de los operadores de buses realizar esta labor. ¿Cómo es posible que Protransporte renuncie a su competencia y delegue que actores privados puedan definir un servicio que resulta público y puedan disponer de recursos de naturaleza mixta (públicos y privados) como son los ingresos del sistema?

No hay que ser muy mal pensados para darse cuenta que no le interesa al alcalde Castañeda y sus funcionarios darle a la ciudad un sistema integrado de transporte y que la modernidad, el orden y la seguridad por fin lleguen a nuestras pistas. Lo que está detrás de esta decisión es generar las condiciones para incumplir la ley y escoger a dedo a la empresa que se encargue del recaudo electrónico. Pero no se trata de cualquier empresa sino de ACS Xerox, la empresa que actualmente tiene la concesión de recaudo del Metropolitano y que sería la única que cumpliría los requisitos técnicos que convenientemente establecería Protransporte

La licitación permitía generar las condiciones para asegurar que ese conocimiento, ese knowhow, que está protegido por el derecho de la propiedad intelectual pueda ser transferido de manera ordenada a cualquier empresa que resulte ganadora con el objetivo de que sea capaz de implementar un sistema de recaudo efectivamente integrado. Ya sin este proceso la única manera de garantizar una adecuada integración es otorgándola a quien en buena cuenta ya lo realiza, al menos en una parte del sistema, o sea ACS Xerox.

Voceros de Protransporte han resaltado el supuesto beneficio que tiene este mecanismo, es decir la rapidez para contar con el sistema de recaudo electrónico. Pero, ¿cómo no se va a contratar rápidamente si la selección va a ser prácticamente a dedo? Es importante aclarar que aquí no estamos hablando de cuatro reales. El recaudo de pasajes significa, solo en los corredores complementarios cuando estén plenamente implementados, aproximadamente 182 millones de soles anuales. Si le sumamos los casi 37 millones de soles que cada año recauda el Metropolitano estamos hablando de alrededor de 219 millones de soles por año. Millones de soles que irán a las cuentas de una empresa elegida a dedo y que mantiene demandas judiciales contra la Municipalidad de Lima.

Otro asunto que se apuran los voceros de Protransporte en aclarar es que este servicio va a ser provisional. En realidad esa “provisionalidad” es de tres años, valga decir, casi todo un periodo municipal; una bomba de tiempo para el siguiente alcalde de Lima. Resulta una burla que esa sea una explicación cuando a estas alturas ya deberíamos tener el servicio de recaudo electrónico con todas la de la ley si es que hubiesen cumplido con las normas municipales y se hubiese llevado a cabo la licitación.