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39 días, 5 Marchas, una sola bandera

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Entre el 18 de diciembre 2014 y el 26 de enero 2015, se ha iniciado un vuelco clave en la historia del Perú. Sus actores decisivos son los jóvenes. Han sido jornadas de lucha en todo el país, conquistando la derogatoria de la ley de semiesclavitud juvenil. Y abriendo paso a la conquista del trabajo digno para todos. Se ha puesto en agenda nacional el reclamado proyecto de la Ley General de Trabajo con derechos ciudadanos. En estos 39 días, jóvenes de todos los sectores y lugares, agrupados en diversas modalidades creativas, coordinados en #C18D, arrinconaron al Gobierno y derrotaron la agenda neoliberal de precarización social y subordinación nacional.

Reitero: estamos ante una nueva generación, la del bicentenario nacional, que irrumpe en la escena política social, y convoca a todos a esta lucha. Han derrotado la imposición neoliberal, de la república plutocrática lobista, y la del gobierno sometido, que trataron de imponer con un régimen juvenil de semiesclavitud al interior de la gran empresa, para precarizar el conjunto de la vida social. Está ahora en la agenda nacional, y como proyecto de ley en el Congreso, la necesidad y urgencia de una nueva Ley General del Trabajo como derecho ciudadano, que acabe con la actual extendida precarización de los regímenes discriminatorios. Esta exigencia laboral se acompañe del reclamo de una política patriótica que recupere la soberanía energética, impulse la diversificación productiva, el valor agregado y la productividad, con sostenibilidad ambiental. Esta confluyente agenda ciudadana es lo que marca el inicio de una nueva etapa política social. Tiene el llamado ciudadano para Patria hermosa, Vida Buena, Trabajo digno, armonía ambiental.

No solo el Gobierno sometido ha sido derrotado, y el Congreso ha entrado en crisis. No han podido detener las movilizaciones con el aparato de control del 80% de medios, que administra para sus intereses el grupo El Comercio, el que denigró a los jóvenes. Este pulpo mediático, una vez derrotado, llama ahora a impedir se avance en la nueva Ley General del Trabajo (LGT) y bloquear la lucha por los derechos ciudadanos en la nación.

El proyecto de LGT, que he presentado con la bancada de AP-FA, afirma su clara opción a favor de reforzar el respeto y proyección de los derechos fundamentales de la persona del trabajador en el seno de la relación laboral. Incorpora este sentido de las normas constitucionales, estableciendo que el Trabajo es objeto de protección por el Estado, en especial el de la madre, el menor de edad y el discapacitado. En toda relación laboral se respeta y protege la dignidad y los derechos fundamentales del trabajador. Todo acto o pacto en contrario es nulo de pleno derecho. Incluye la obligación del Estado de impulsar el empleo decente, la equidad en el acceso al empleo, la formalización de las relaciones de trabajo y el impulso al diálogo y la concertación social en todas sus formas. Destaca el rol que corresponde al Estado en la tutela de los derechos laborales. En el Proyecto de Ley General del Trabajo se afirmarán los derechos laborales a los jóvenes, a partir de los derechos laborales fundamentales del régimen general y dentro de sus diversas esferas.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

ALGO MÁS

Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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