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100 días en materia económica: sin pena ni gloria

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Los primeros días de gobierno en economía han pasado sin pena ni gloria, con un cambio de ministro y habiendo el gobierno arriado las banderas que levantó en un inicio referidas a revisar y reducir las exoneraciones tributarias.

La salida de David Tuesta en menos de dos meses de gestión ha sido sin duda el momento más relevante. No nos sumamos a quienes lamentan la salida de un ministro que empezó con un gasolinazo y que claramente no tenía ninguna sensibilidad hacia las economías populares afectadas por la medida; pero tampoco hay nada que celebrar en un ministro tan efímero. Si por lo menos el cambio hubiera sido significativo y mostrara alguna modificación, aunque sea mínima, en la política económica, pero no es así: Carlos Oliva pertenece claramente a esa rancia tecnocracia enquistada en el MEF y es un símbolo clarísimo del continuismo neoliberal.

Si el gasolinazo fue una fuerte medida en contra del pueblo que traicionó las expectativas iniciales en Vizcarra, por lo menos era en su momento parte de un discurso que puso la recuperación de los ingresos fiscales al centro y planteó como gran medida la revisión de las exoneraciones tributarias.

Nada queda de ese discurso y esa orientación, a pesar de que es un asunto crucial y absolutamente necesario: con apenas 13 por ciento del PBI de presión tributaria no hay forma de que tengamos la educación, la salud pública, la seguridad ciudadana y las carreteras e infraestructuras que el país necesita a gritos. Los 16 mil millones de soles de exoneraciones, la mayor parte de ellos en favor de grandes empresas en la banca y los seguros, la agroexportación, la minería y las universidades-negocio, resultan particularmente negativas e injustas en este contexto de falta de derechos sociales básicos.

Hoy queda clarísimo que el gobierno tiró la toalla en cuanto a revisar exoneraciones tributarias (solo ha retenido una de menor importancia cuantitativa referida a los casinos y juegos de azar). Luego de pedir inicialmente facultades legislativas al Congreso, el arreglo del gobierno con la mayoría fujimorista lo llevó a retroceder en toda la línea y descartar ese pedido. Las exoneraciones tributarias han quedado en manos del Congreso. Dado el directo interés (que suma decenas de millones anuales) del secretario general de Fuerza Popular José Chlimper en las exoneraciones tributarias a la agroexportación, de varios congresistas fujimoristas en universidades-negocio, y del apoyo de los grandes mineros a la campaña pro-Keiko de la Confiep, es obvio que el fujimorismo va a defender los intereses de estos grupos. Mientras tanto, buenas cifras de recaudación de abril le han quitado al MEF la presión de corto plazo en relación al déficit fiscal, con lo cual pueden dejar de lado estas necesarias reformas cuya perspectiva e impacto es de más largo aliento.

El gobierno intenta sustentar su política en cifras que muestran una cierta recuperación del crecimiento del PBI. Sin embargo, el empleo en empresas está, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en apenas + 0,2 por ciento, muy por debajo del aumento de 2 a 3 por ciento requerido para acomodar la creciente oferta laboral de los jóvenes. Por ello, la confianza de Vizcarra y Villanueva en que basta el continuismo neoliberal para que mejoren las economías populares no se justifica, y lo están pagando en su abrupta caída de popularidad en las encuestas de opinión.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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