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Editorial

CNM: reforma urgente

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El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pese a que aún no es conocido lo suficientemente por la ciudadanía, tiene funciones fundamentales como designar a jueces, fiscales y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Es una entidad sumamente importante para el país por lo cual debe funcionar de manera eficiente fortaleciendo la administración de justicia y en su organigrama no debe tener personajes manchados de corrupción.

Actualmente el CNM está en el ojo de la ciudadanía que ve con indignación los hechos revelados por IDL-Reporteros y exige una reforma integral de la entidad importante para nuestra democracia.

El CNM está infectado por personajes del aparato montesinista involucrados en la falsificación de firmas del año 2000, que hoy están vinculados a personajes que manejan desde las sombras la ONPE. Cuentan también los involucrados en tráfico de influencias: Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Aguila.

El Congreso de la República es la institución que tiene la facultad para destituir a estos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay un detalle: en el Parlamento hay una mayoría keikista que está tratando de demorar los procedimientos para destituir a los referidos personajes.

Diversas bancadas del Legislativo han solicitado la destitución y acusación constitucional de los involucrados en los audios; sin embargo, la decisión final estará en manos de los parlamentarios naranjas que obedecen a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien dice que no es la “señora K” ni es “la Fuerza número 1”.

Organizaciones de la sociedad civil como Transparencia han señalado que se debe sancionar a los miembros del CNM involucrados en los hechos de corrupción, así como proceder a una renovación de toda esta institución para dar curso a una reforma total.

Las instituciones democráticas deben dar el ejemplo ante la población, y este es el momento para que el Congreso de la República dé ese paso y aporte en la renovación integral del CNM, por el bien de los peruanos y del sistema democrático.

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Editorial

Impunidad sobre ruedas

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Un total de 10 empresas de transporte urbano de pasajeros adeudan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la friolera de 28 millones 110,894 soles por concepto de infracciones de tránsito, importe que se encuentra en cobranza coactiva, informó la Municipalidad de Lima. La pregunta del millón es cómo así esas empresas pudieron llegar a adeudar semejante cantidad de dinero por concepto de papeletas impagas sin que las autoridades pertinentes hayan retenido los vehículos infractores en su debida oportunidad.

¿Qué vehículo particular, por ejemplo, podría seguir circulando por las pistas de la ciudad sin ser detenido y llevado al depósito municipal hasta que el propietario cumpla con pagar la papeleta y los gastos de internamiento de su unidad? ¿Cómo hacen los choferes del transporte público de pasajeros para seguir operando a pesar de la cantidad de infracciones que han cometido? Esa pregunta la deberían responder las autoridades policiales y del SAT.Quizá falta coordinación entre el municipio y la policía para capturar los vehículos en cuestión.

Por información actualizada del SAT, la lista la encabeza Consorcio Briza, cuya deuda asciende a S/ 3’506,032, le sigue Empresa de Transportes Sol de Oro S.A.C. (S/ 3’249,820), Empresas de Transportes Servicios Virgen de la Puerta S.A. (S/ 3’244,780), DIM Autos Perú S.A.C. (S/ 3’086,235), y Empresa de Transportes y Turismo California Siglo XXI S.A.C. (S/ 3’042,560). Como se puede apreciar no es poca cosa. Actualmente, las referidas empresas deudoras afrontan procedimientos de ejecución coactiva, por lo cual se ha dictado embargos en forma de retención bancaria, embargo en forma de inscripción de inmuebles y órdenes de captura de vehículos.

La verdad que es difícil de creer que en esta época en que la tecnología permite contar con cámaras de alta definición para detectar vehículos con papeletas impagas, se tenga que esperar tanto tiempo para poder ejecutar las cobranzas coactivas con embargo, mientras que esas unidades siguen transitando libremente por las calles y sus conductores continúan cometiendo infracciones con total impunidad. Las autoridades podrían poner un poco más de celo en su trabajo para que esta situación no se vuelva en pan de cada día.

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Editorial

Cuento de nunca acabar

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Un dantesco incendio consumió ayer en la madrugada un centro comercial ubicado en la cuadra 14 de la calle Elías Aguirre, de la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto. El siniestro dejó cuantiosos daños materiales. Del centenar de puestos repletos de mercadería, cerca del 90% fue devorado rápidamente por las llamas a pesar de los denodados esfuerzos de los bomberos y de pobladores que solícitos llegaron para ayudar a sofocar el fuego. De las primeras versiones, se supo que la causa sería un cortocircuito.

Este tipo de emergencias no son novedad para los bomberos por esta época del año. En una anterior oportunidad nos hemos referido desde esta columna a la necesidad de extremar todas las medidas de seguridad para evitar hechos de esta naturaleza que no solo comprometen el patrimonio de mucha gente, sino que también ponen en peligro la vida de los vecinos y hasta de los efectivos del cuerpo de bomberos, cuya abnegada y desinteresada labor es reconocida por toda la sociedad.

Todos los años, en el mes de diciembre, se producen los incendios en domicilios, negocios y centros comerciales. Basta recordar lo ocurrido en 2001 en la céntrica zona de Mesa Redonda, en pleno centro de Lima, donde las abarrotadas calles se convirtieron en una verdadera trampa mortal para más de 280 personas que murieron calcinados luego que una bombarda prendiera la mecha de una tragedia anunciada. Las responsabilidades eran más que evidentes, pero hasta ahora muy poco se ha aprendido de esa tragedia que enlutó cerca de trescientos hogares peruanos.

Lo que ha ocurrido recientemente en Iquitos podría pasar en cualquier lugar de Lima y también de otras regiones del país. Este año no hemos visto campañas en los medios de comunicación que alerten del peligro de almacenar materiales altamente inflamables en las galerías de estrechos pasillos que en las cercanías de la Navidad lucen repletas de gente. Peor aún si los tomacorrientes están sobrecargados para la exhibición de las luces navideñas.

Defensa Civil es la autoridad que se encarga de dar el visto bueno para que los municipios puedan expedir licencias, pero la verdad es que muchos comerciantes le sacan la vuelta a las normas. Ojalá que este año no tengamos que lamentar pérdidas de vida por incendios, sobre todo en las cercanías de la Navidad para que esta fiesta cristiana sea verdaderamente símbolo de paz, unión y alegría.

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Editorial

En nombre de todos los usuarios

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Como parte de las acciones de control que vienen realizando en las últimas dos semanas, el personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha enviado al depósito 194 vehículos que prestaban servicio informal en Lima y Callao, según ha informado la referida institución. Estas operaciones, aunque se realicen en forma periódica pueden resultar poco fructíferas sino infructuosas debido a la falta de una solución integral al problema del transporte urbano de pasajeros que se agrava cada día más y especialmente en estas fechas en que se acercan las fiestas navideñas y de fin de año.

Y no es por bajarle la llanta, por decirlo de alguna manera, al trabajo sacrificado que realiza el personal de la ATU, así como el de los inspectores de la Municipalidad de Lima, quienes muchas veces sufren agresiones por parte de los transportistas informales, y se ha visto casos, inclusive, en que se han salvado por un pelo de que les pase el carro por encima cuando los choferes infractores han pretendido darse a la fuga, burlándose hasta de la propia Policía Nacional. Así, los transportistas informales hacen tabla rasa de todas las leyes alegando su derecho al trabajo.

No obstante, sería bueno recordarles a las autoridades la necesidad de que se habilite las rutas de los corredores urbanos que faltan, y que se incremente el número de unidades del Metropolitano, donde es un suplicio viajar en horas punta. Bastaría que las autoridades traten de abordar una de estas unidades en hora punta para que verifiquen “in situ” la realidad que padecen miles y miles de ciudadanos todos los días; dicho sea de paso, el costo del pasaje no es ninguna ganga S/ 2.50. También hay que avanzar a toda máquina con los nuevos ramales del Tren de Lima.

Después de todo eso, el Gobierno debe integrar todos los sistemas de transporte con los alimentadores para que con un solo pasaje se pueda tomar interconexión como en otros países. Ese sistema de los corredores viales fue pensado para ese tipo de transporte por la exalcaldesa Susana Villarán, pero su sucesor, Luis Castañeda Lossio, no lo comprendió así. Al mencionar todo esto, esperamos que las autoridades pertinentes se den cuenta de una vez por todas que si hay una oferta de transporte informal es porque existe una demanda insatisfecha; es decir, que no es atendida, y es por eso que las operaciones contra los vehículos del transporte informal de pasajeros no serán nunca una solución definitiva. Elevamos nuestra voz en nombre de todos los usuarios.

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