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Editorial

Choque de poderes

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Parece que el fujimorismo no ha entendido que debe llegar al consenso no solamente con las fuerzas afines en el Congreso, sino también con el Ejecutivo. Todas las fuerzas políticas deben comprometerse con la reforma política.

Con la monserga de que el Congreso no es una mesa de partes, Fuerza Popular está quitando el cuerpo a un compromiso con la población; un compromiso con el Perú y con la democracia. Ni el Ejecutivo ni nadie ha pretendido decir que el Legislativo debe ser una oficina de trámite documentario.

De lo que se trata es que, una vez llegados los proyectos de la reforma, el Parlamento debe analizarlos y ponerlos en agenda para su debate y posterior aprobación. Pero esto es lo que precisamente los congresistas fujimoristas y apristas no quieren hacer.

Se declaran en rebeldía y alegan mil razones para dejarlos encarpetados para las calendas griegas; es decir un tiempo que nunca llegará. ¿Pensarán, acaso, que así aseguran sus privilegios? Nadie en su sano juicio podría imaginar que el pueblo los volverá a elegir algún día.

El politólogo, experto en temas electorales y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, ha advertido ayer que no se trata de discutir un acuerdo cualquiera, sino una reforma política, y por lo tanto todas las fuerzas políticas deben estar comprometidas, lo que involucra también al Presidente de la República.

Sin embargo, lo que se ha visto ayer es un verdadero enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; es decir, un choque de poderes en el peor momento.

Razón tiene Fernando Tuesta cuando afirma que lo más importante en este momento es llamar a la calma, porque sin acuerdo político no hay reforma política, y precisamente lo que no se ha hecho hasta ahora es llegar al consenso.

Que quede en claro, entonces, que esta reforma es para aplicarse el año 2021 y como dice Tuesta en ese momento el presidente Martín Vizcarra no estará como tampoco estarán los actuales parlamentarios. Por lo tanto, no tiene sentido que el fujiaprismo acuse al Jefe del Estado de beneficiarse con la reforma ni que el mandatario tenga que responderles. Eso no hace nada bien a la democracia ni al país.

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Editorial

Justicia que tarda no es justicia

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En el Perú ya nada sorprende, pero a pesar de ello no deja de llamar la atención que una familia haya sostenido durante 20 años un proceso judicial contra el Estado reclamando la propiedad de Machu Picchu. Parecería cosa de locos, de no ser porque el asunto es mucho más serio de lo que se pudiera pensar. Sabido es que en el Perú la justicia camina a paso de tortuga y que los litigantes tienen que subir y bajar numerosas veces las escaleras del Palacio de Justicia antes que sus escritos pasen de una ventanilla a otra.

Sin embargo, es increíble que en pleno siglo XXI el Estado tenga que gastar los recursos de todos los peruanos para que el Poder Judicial por fin resuelva lo que es evidente: el patrimonio arqueológico de la nación no puede estar en manos de particulares, le pertenece al Estado; es decir, a todos los peruanos. La resolución no ha salido sino después de 20 largos años de batallas legales, cabría preguntarse, entonces, qué estará pasando con los juicios que están llevando por una u otra razón ciudadanos de escasos recursos.

Se trata, en realidad, de una situación que debería ser resuelta cuanto antes. Sin embargo, no hay hasta el momento una reforma que remueva desde sus cimientos nuestro sistema de justicia. Ofrecimientos y anuncios se ha hecho al por mayor, pero hasta ahora sin resultados a la vista. Ya tenemos el caso del Consejo nacional de la Magistratura que ha sido reemplazado por otro organismo, cuyos resultados están en veremos. Hemos visto cómo operaban los jueces de los “Cuellos blancos del Callao”, pero hasta ahora no vemos ninguna reforma integral de nuestro sistema judicial.

La pregunta es qué estamos esperando. ¿Acaso queremos que se vayan todas las inversiones por falta de garantías para una buena administración de justicia? Claro que no. Pero, entonces, le toca al Gobierno pasar de las palabras a los hechos con las reformas anunciadas, entre ellas la del sistema judicial. Debemos desechar para siempre aquella expresión de “La justicia tarda, pero llega” o mejor cambiarla por otra que diga “justicia que tarda no es justicia”.

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Editorial

Garantizar la salud a todos los peruanos

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El Ministerio de Salud (Minsa) ha informado recientemente que los casos de neumonía en el país han bajado en un 14%, en el último año. Esta información estadística podría ser considerada positiva a no ser porque también corrobora que es Huancavelica la región con mayor incidencia de afectados por este mal.

Junto con Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, Huancavelica –según el mapa de la pobreza de 2018–constituyen después de Cajamarca el segundo grupo de regiones más pobres del país,lo cual es paradójico porque al mismo tiempo produce riquezas mineras.

En todo caso, es fácil percatarse que ese grupo de departamentos debió merecer la mayor atención por parte del Estado, en el entendido que es precisamente el Estado el que se debe encargar de regular esas inequidades para que las poblaciones más vulnerables del país puedan acceder en igualdad de derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda, servicios básicos, empleo, entre otros.

Sin embargo, encontramos que, a estas alturas del partido, en plena era de la información y las comunicaciones, cuando internet nos permite conocer rápidamente la situación en que se encuentran las poblaciones más alejadas y movilizar recursos hacia ellas, debemos seguir contando a esos peruanos como simples guarismos, como meras estadísticas.

Ahora se nos dice que la neumonía se redujo en 14%, pero que Huancavelica presenta la mayor incidencia de esta enfermedad. ¿Qué han hecho entonces las autoridades de Salud por revertir ese triste récord que solamente desnuda la miseria y el subdesarrollo?

Estamos hablando nada menos que de unos 17 mil casos de neumonía en menores de 6 años, desde enero hasta agosto del presente año. Hay que tener más cuidado, pues, en el manejo de este mal que ojalá pronto descienda a niveles cercanos a cero y especialmente en las regiones más pobres del país. Hay que entender que los peruanos de menores recursos necesitan también del acceso a la salud y para eso el Gobierno debe de trabajar las 24 horas hasta cumplir verdaderamente con todas las metas.

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Editorial

Matar al mensajero

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La Comisión de Fiscalización del Congreso instaló ayer el grupo de trabajo que investigará la metodología y acciones que desarrollan las empresas encuestadoras, el cual estará presidido por Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, e integrado por Marco Miyashiro (Fuerza Popular) y Mauricio Mulder (Apra), pues Horacio Zeballos, de Nuevo Perú, presentó su renuncia y no formará parte de este grupo, que tendrá un plazo de 60 días hábiles para hacer su trabajo. Según la presidenta no hay animadversión contra las encuestadoras y cumplirán su tarea con responsabilidad.

No obstante, habría que aclarar que las comisiones investigadoras no se conforman tan alegremente para indagar lo que se les ocurra, sino que surgen a partir de denuncias sobre hechos concretos o cuando malos funcionarios del Estado hacen uso indebido de los recursos del Estado. En este caso no parece haber nada de eso. Por el contrario, el grupo de trabajo podría dedicar ese tiempo a mejorar la producción legislativa en vez de disponer 60 días a menesteres que al final serían como matar al mensajero.

A principios de setiembre, la Comisión de Fiscalización aprobó la propuesta del legislador Héctor Becerril (Fuerza Popular) para investigar la metodología y acciones que desarrollan las encuestadoras; es decir, su propuesta no contemplaba investigar los supuestos nexos con el Gobierno, como planteó después el congresista Mauricio Mulder. Por su parte, la congresista Yeni Vilcatoma ha pedido a las encuestadoras mantener la tranquilidad y les ha asegurado que “no habrá animadversión ni persecución de ninguna naturaleza”.

La congresista Vilcatoma ha negado tajantemente cualquier tipo de venganza o persecución a las encuestadoras; sin embargo, también ha dicho que el grupo aprobado inicialmente para investigar la metodología de las encuestadoras podría reorientar su trabajo a indagar la labor del asesor presidencial Maximiliano Aguiar. El pedido fue presentado por el congresista aprista Mauricio Mulder y será sometido a debate luego de que presente por escrito este planteamiento. Al parecer, llegar al presidente Martín Vizcarra sería el objetivo.

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