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Editorial

Chile empieza un tiempo nuevo

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La inauguración del segundo mandato de la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, y el mensaje que la flamante mandataria ha dado a su pueblo y a la comunidad latinoamericana, ha llenado de esperanzas a los chilenos y motivado positivas expectativas en países vecinos como el nuestro.

La dirigente socialista ha asumido el cargo con la promesa de cambiarle el rostro a Chile, enfrentando la desigualdad y garantizando a la población el acceso a la salud y la educación, como esta lo exige y merece. Y ha confirmado que tras el oropel de las cifras y de la riqueza desbordante de unos pocos, la exclusión sigue golpeando al país vecino.

Particularmente enfática ha sido su promesa de devolverle a los chilenos la educación pública gratuita y de calidad en la que ella recordó haberse formado y de la que fueron privados por una dictadura criminal y una política económica neoliberal en extremo, que ha dejado una deuda social que la Presidenta ha ratificado que se propone saldar, también con trabajo decente y con otras medidas orientadas al bienestar general.

Es saludable que en su primer discurso haya ratificado con decisión y claridad el compromiso de honrar las promesas y ejecutar el programa de cambios por los que votó el pueblo de Chile, actitud consecuente que solo puede merecer elogios y que le plantea un gran desafío.

Es un hecho que, como ocurre en todos los países, como el nuestro, las fuerzas retardatarias y la angurria de quienes disfrutan en forma excluyente de los beneficios del crecimiento económico, harán todo lo posible por impedirle lograr las metas que se ha fijado con el aval de su pueblo.

Pese a ello, la gobernante socialista ha ratificado también la meta de convocar a una Asamblea Constituyente que dicte una nueva Constitución nacida de la democracia, que reemplace a la Carta Magna heredada del régimen dictatorial y se oriente a una sociedad más justa.

Su agenda incluye otra meta ambiciosa pero indispensable para la igualdad y la inclusión que se propone lograr: una reforma tributaria que haga que quienes más tienen paguen más impuestos, como ocurre en los países altamente desarrollados, porque solo así el Estado tendrá los recursos necesarios para dar al pueblo servicios esenciales como la educación y la salud.

Habida cuenta de que su coalición de centroizquierda carece de la mayoría necesaria en el Congreso para cambiar o reformar la Constitución o para la reforma tributaria, queda por ver a qué mecanismos o esfuerzos de concertación apelará la nueva jefa del Estado chileno para hacer realidad sus proyectos.

En materia de política exterior, ha manifestado una posición integracionista más marcada que su antecesor, al resaltar la importancia de los mecanismos de integración regional, y ha señalado que el único enemigo de Chile es la desigualdad, lo que es de esperar se traduzca en relaciones de respeto y colaboración con sus vecinos y, en el caso del Perú, en el pleno cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de La Haya, al que está obligado el Estado chileno.

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Editorial

¿La última rueda del coche?

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El consumidor peruano ha pasado de último eslabón de la cadena de producción a ser la última rueda del coche. Sin nadie que lo defienda, está expuesto a convertirse a cada momento en víctima de prácticas abusivas que nuestro ordenamiento jurídico, al menos en teoría, no ampara. Sin embargo, como reza un antiguo dicho, hecha la ley…hecha la trampa.

Un claro ejemplo de ello es como se viene aplicando la norma que regula el uso de bolsas de plástico. No se sabe en qué medida estará cumpliendo su función de salvar a muchas especies de nuestro planeta. Tampoco sabemos si nuestros nietos, bisnietos o tataranietos nos agradecerán por haber salvado el planeta en el que podrán vivir ellos y sus futuras generaciones. Lo que sí está claro es que la bendita ley está siendo usada por muchos establecimientos, como supermercados, grandes almacenes y hasta modestos negocios para incrementar sus ganancias.

Como todos sabemos, antes las bolsas eran entregadas de “cortesía”, en los supermercados, y no decimos gratis porque su costo ya estaba incluido en los precios de los innumerables artículos que exhiben para su venta al público en sus enormes estanterías. Desde que salió la ley de marras, sin que hubiera estado reglamentada, los supermercados y grandes almacenes cambiaron rápidamente de táctica y las cajeras o cajeros empezaron a preguntar al público si necesitaban bolsa o no. De ser positiva la respuesta les informaban que debían pagar S/ 0.05, S/ 0.10 o S/ 0.20, según el tamaño.

Hasta allí nadie puso reparos, pues se trataba de salvar nuestra flora y fauna. No obstante, ahora no cobran solo el impuesto, sino también por la bolsa. Si no quedó claro basta con ver en el “voucher” de compra que le cargan dos conceptos “Imp. Bolsa plástica S/ 0.10 y además Bolsa plástica S/ 0.10; es decir S/ 0.20. Pero mayor es la indignación de los clientes al verificar que la bolsa por la que tienen que pagar lleva los logotipos de la tienda. ¿O sea que ahora hay que pagar para hacerle propaganda a la tienda?, se quejó una clienta en un supermercado de Jesús María, sin que nadie escuche sus reclamos.

Ya pues, dónde están las entidades del Estado que supuestamente se encargan de la defensa del consumidor.

Si el comprador está pagando por la bolsa lo mínimo que puede exigir es que le den una bolsa blanca y punto. A ver si esta semana se ponen a trabajar los organismos que deben velar por los derechos del consumidor que, por ahora, parece estar considerado como la última rueda del coche. Basta de abusos.

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Editorial

Cuidado con pisar el palito

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La economía peruana no está para un escenario de enfrentamientos políticos entre Ejecutivo y Legislativo y, mucho menos, como el que se presenta actualmente. Por un lado, las proyecciones de crecimiento más optimistas se han reducido de 4% a 3.4%. Lo que es peor, para que se cumpla esa proyección la economía debería expandirse a cifras muy por encima del 4%, de aquí a diciembre, lo cual es muy difícil por decir lo menos. Son estas cifras y no las de las encuestas de aprobación a la gestión presidencial lo que debe preocupar más al Ejecutivo.

Es verdad que el Congreso ha devenido en impopular y a decir de algunos analistas se ha convertido en una rémora que no deja avanzar en las reformas que el país necesita. Esta semana veremos lo que ocurre en la Plaza Bolívar, pues el presidente Martín Vizcarra ha dicho que debe comenzar a verse el tema del adelanto de las elecciones, propuesta interesante que busca evitar un cierre del Parlamento como lo están reclamando las calles.

Pero hay otras cifras que los parlamentarios, especialmente de la bancada de Fuerza Popular y del aprismo no están tomando en cuenta. La semana que culmina nos hemos enterado que las ventas y utilidades de 100 empresas top que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima han visto desacelerar sus ventas y, por ende, sus utilidades. Y como si eso fuera poco, la recaudación por concepto del IGV cayó en julio después de tres meses de alzas. A estas cifras se agrega un contexto internacional negativo, como es la baja de los precios de los minerales que el Perú produce y exporta.

La cereza del pastel ha venido a ser el tema de los conflictos sociales que el pasado mes de julio encontró su punto más álgido al registrarse 184 conflictos, y 62 casos latentes involucran a la actividad minera, precisamente. Cifras para nada halagüeñas, según el informe de la Defensoría del Pueblo. La pregunta es entonces por qué los congresistas están buscando más confrontaciones inútiles con el Ejecutivo. Ojalá se equivoquen los analistas que afirman que esos enfrentamientos apuntan contra la continuidad del mandatario. Lo veremos esta semana, pues el adelanto de elecciones sería una alternativa más democrática que el cierre del Congreso, opción que es muy discutible. El presidente Martín Vizcarra no debe pisar el palito.

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Editorial

¡Ay! … mis congresistas maire

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“Ay mis cabellicos maire, uno a uno se los lleva el aire”. Esta frase del conquistador Francisco de Carvajal, conocido como el “Demonio de los Andes” bien podría venirle como anillo al dedo a la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK). La renuncia de Mercedes Aráoz estaba más cantada que cumbia de los Hermanos Yaipén en los conos, pero no vino sola, sino que la secundaron Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, con lo cual el oficialismo habría perdido su representación parlamentaria al quedarse con cuatro legisladores, cuando el mínimo es de cinco. La exfujimorista Yesenia Ponce se sumó al oficialismo.

Por su parte, el vocero de Contigo, Juan Sheput, no perdió el tiempo para hacerles saber a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y a los legisladores Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca que los espera con los brazos abiertos. Señaló que existe predisposición de su agrupación parlamentaria para conversar con sus colegas, ya que todos llegaron al Congreso por la misma bancada. Sin embargo, reconoció que es una decisión que tendrán que tomar los propios exoficialistas.

De esta manera, nuevamente comienzan los acomodos y reacomodos con miras a quedarse atornillados a sus curules. Las movidas en el Legislativo ocurren en medio de una grave crisis política y el pedido del Ejecutivo de que se apruebe el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales. Con ello, nuevamente, se estaría anteponiendo apetitos personales al bienestar común de la población. Es por eso que los peruanos ya no se sienten representados por el actual Parlamento y no se cansan de pedirle al presidente Martín Vizcarra que cierre el Congreso.

Así las cosas, todo parece indicar que los parlamentarios han decidido darle las espaldas al país y a los electores que los pusieron en el Parlamento para que trabajen por el país. Ellos, sin embargo, están haciendo todo lo contrario y, peor aún, en un contexto en que la economía ha registrado su peor resultado de los últimos 10 años. En el segundo trimestre del año ha crecido a duras penas 1.08%, lo cual no es muy alentador dado que se requiere cerrar el año con un crecimiento de al menos 4%, si queremos dinamizar la actividad económica.

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