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Editorial

Chile empieza un tiempo nuevo

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La inauguración del segundo mandato de la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, y el mensaje que la flamante mandataria ha dado a su pueblo y a la comunidad latinoamericana, ha llenado de esperanzas a los chilenos y motivado positivas expectativas en países vecinos como el nuestro.

La dirigente socialista ha asumido el cargo con la promesa de cambiarle el rostro a Chile, enfrentando la desigualdad y garantizando a la población el acceso a la salud y la educación, como esta lo exige y merece. Y ha confirmado que tras el oropel de las cifras y de la riqueza desbordante de unos pocos, la exclusión sigue golpeando al país vecino.

Particularmente enfática ha sido su promesa de devolverle a los chilenos la educación pública gratuita y de calidad en la que ella recordó haberse formado y de la que fueron privados por una dictadura criminal y una política económica neoliberal en extremo, que ha dejado una deuda social que la Presidenta ha ratificado que se propone saldar, también con trabajo decente y con otras medidas orientadas al bienestar general.

Es saludable que en su primer discurso haya ratificado con decisión y claridad el compromiso de honrar las promesas y ejecutar el programa de cambios por los que votó el pueblo de Chile, actitud consecuente que solo puede merecer elogios y que le plantea un gran desafío.

Es un hecho que, como ocurre en todos los países, como el nuestro, las fuerzas retardatarias y la angurria de quienes disfrutan en forma excluyente de los beneficios del crecimiento económico, harán todo lo posible por impedirle lograr las metas que se ha fijado con el aval de su pueblo.

Pese a ello, la gobernante socialista ha ratificado también la meta de convocar a una Asamblea Constituyente que dicte una nueva Constitución nacida de la democracia, que reemplace a la Carta Magna heredada del régimen dictatorial y se oriente a una sociedad más justa.

Su agenda incluye otra meta ambiciosa pero indispensable para la igualdad y la inclusión que se propone lograr: una reforma tributaria que haga que quienes más tienen paguen más impuestos, como ocurre en los países altamente desarrollados, porque solo así el Estado tendrá los recursos necesarios para dar al pueblo servicios esenciales como la educación y la salud.

Habida cuenta de que su coalición de centroizquierda carece de la mayoría necesaria en el Congreso para cambiar o reformar la Constitución o para la reforma tributaria, queda por ver a qué mecanismos o esfuerzos de concertación apelará la nueva jefa del Estado chileno para hacer realidad sus proyectos.

En materia de política exterior, ha manifestado una posición integracionista más marcada que su antecesor, al resaltar la importancia de los mecanismos de integración regional, y ha señalado que el único enemigo de Chile es la desigualdad, lo que es de esperar se traduzca en relaciones de respeto y colaboración con sus vecinos y, en el caso del Perú, en el pleno cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de La Haya, al que está obligado el Estado chileno.

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Editorial

Tan solo palabras

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El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, destacó que su gestión viene trabajando en la creación de un Sistema de Planificación Energética que señale objetivos de mediano y largo plazo para este importante sector, lo cual es necesario para el país. Sin embargo, lo que no se entiende es por qué no lo tenemos desde hace mucho tiempo, cuando el Perú cuenta con diversas fuentes energéticas, incluso no convencionales, pero al mismo tiempo tiene que importar petróleo.

Ocurre, además, que cuando se decidió iniciar la explotación de los yacimientos gasíferos de Camisea se anunció con bombos y platillos que la electricidad bajaría de precio en un porcentaje importante en beneficio de la población. Nada más lejos de la realidad porque eso no ha ocurrido y, por el contrario, los usuarios del servicio eléctrico vienen constatando que los recibos que les llega por consumo de energía eléctrica son cada vez más abultados, a pesar que las nuevas tecnologías –televisores y focos led, línea blanca más eficiente en ahorro de energía, etc– permiten un ahorro considerable en el consumo.

Los automóviles también permiten el ahorro de combustibles, por estar dotados de motores más pequeños y de mayor eficiencia al mismo tiempo. Pero por esas cosas del destino tampoco le significa nada al usuario que ha invertido un considerable capital con la esperanza de gastar menos en el grifo. Y es que en nuestro país los precios de los carburantes son los más caros de la región andina porque así lo establecen las condiciones oligopólicas, según el experto Jorge Manco Zaconetti. El costo del gas licuado de petróleo, combustible de uso doméstico también sube sin control alguno, gracias al dichoso mercado.

Lo que no explica el Gobierno a los usuarios es por qué, mientras que los precios internacionales del petróleo van para abajo y los países productores de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) hacen malabares para evitar fuertes caídas, en el Perú no se traslada al consumidor final esa reducción del costo. Se prometió masificar el gas y se dijo que con el cambio de la matriz energética ganarían todos, empresarios, trabajadores y usuarios, pero la verdad es que nada de eso ha ocurrido hasta la fecha. Los consumidores merecen una explicación de parte del Gobierno porque todo está quedando en promesas o como dice la canción: palabras, tan solo palabras.

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Editorial

Seguridad ciudadana: ¿para cuándo?

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El ministro del Interior, Carlos Morán, ha presentado —según ha dado a conocer— en el Congreso de la República cinco acciones concretas para fortalecer la seguridad ciudadana en el país y hacer frente a la delincuencia común. Una de ellas es la expulsión de ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales y judiciales. Una segunda medida es la implementación de los módulos integrados de justicia, para articular la labor de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como del Ministerio de Justicia.

La tercera medida es el desarrollo de un Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), como un servicio integral para la seguridad ciudadana en favor de nueve millones de habitantes de Lima y Callao; por último, la optimización de la flota vehicular policial, compuesta por más de 20,000 unidades, entre camionetas y motos, pues el 59% de estas unidades está operativo, pero el 41% no lo está, según el mismo ministro lo ha reconocido.

Sin embargo, el titular del Interior debería comenzar por entender la seguridad ciudadana como una tarea multisectorial, en la que cada uno de los ministerios y municipios involucrados se convierta en parte de la solución y deje de ser parte del problema. Habría que resolver la deficiente iluminación de muchas arterias de Lima y otras ciudades. El abandono de los lugares públicos por parte de algunos municipios, así como la falta de oportunidades de trabajo, entre otros aspectos se conjugan para servir de caldo de cultivo a la delincuencia.

La policía debería hacer una labor de prevención, dar charlas en los colegios para que niños y jóvenes estén siempre alerta de todo tipo de peligros. Recordemos la función que cumplía antes el policía de la esquina, quien era amigo de todos los jóvenes y niños. La policía está para proteger al ciudadano. Pero eso requiere de una acción multisectorial. No basta con pedir al Congreso leyes duras para sancionar a quienes se resistan a una intervención policial. El respeto hay que ganarlo y para eso se tendrá que trabajar con mucho empeño, pero de manera coordinada con otros sectores para proteger verdaderamente a la población.

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Editorial

Un Congreso sin voluntad de cambio

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La mayoría de peruanos ha quedado anonadada al enterarse que solo el 1% de los empleados del Congreso de la República, que se encuentran en condición de nombrados, accedió a su plaza mediante concurso público, porque es una práctica común que cada Mesa Directiva acuerde su nombramiento por favoritismos políticos, según ha revelado el congresista Daniel Salaverry.

Si eso no es ilegal, por lo menos parece inmoral. Por un lado, porque las referidas plazas se financian con dineros públicos y no privados; de otro, porque a esos puestos del Congreso deberían acceder las personas más capacitadas.

La actual Mesa Directiva había acordado convocar a un concurso público para cubrir 209 plazas laborales por ciudadanos debidamente capacitados que accedan por meritocracia y que cubran los requerimientos académicos y profesionales indicados en los perfiles elaborados por SERVIR.

Dicho Concurso Público “se realiza con absoluta transparencia”, según la Presidencia del Legislativo. Además, las evaluaciones están a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y la Contraloría General de la República realizará un acompañamiento y supervisión del proceso.

No obstante, la vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, y Yeni Vilcatoma retiraron su firma del acuerdo de la Mesa Directiva que permite realizar un concurso público para 209 plazas laborales en el Legislativo; es decir, todo seguirá como antes. Razón tiene la congresista Marissa Glave (Nuevo Perú) al señalar que este Congreso no tiene voluntad de cambio ni de avanzar hacia temas centrales, ya que solo actúa frente a la reacción y la exigencia ciudadana.

Sería mejor que los congresistas de la bancada de Fuerza Popular se dejen de actitudes obstruccionistas que no conducen a nada bueno. Algunos parlamentarios, inclusive, están tratando de provocar al presidente Martín Vizcarra para que pise el palito y entre a un enfrentamiento directo con el Congreso.

No se dan cuenta que si en el Parlamento se aprueban las leyes los primeros llamados a cumplirlas son los mismos legisladores que por ningún lado tienen corona. Además, ya es hora que demuestren que tienen voluntad de cambio ya que hasta la fecha no han dado muestras de ello.

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