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Política

Chávarry intensifica ofensiva contra Pérez

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Pedro Gonzalo Chávarry - José Domingo Pérez Gómez - Germán Juárez Atoche

El fiscal de la Nación Pedro Chávarry intensificó ayer su operación de cerco y acoso contra el fiscal José Pérez Gómez.

La Fiscalía Suprema de Control Interno abrió un segundo proceso administrativo sancionador a Pérez y al fiscal Germán Juárez Atoche, también del equipo Lava Jato, por supuesto incumplimiento de plazos en el caso cocteles, contra Keiko Fujimori y otros.

EL ASESOR FUJIMORISTA

El lunes 3 de diciembre, la fiscal superior adjunta, encargada recientemente por Chávarry de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, de Lima, Rosario Velasco Sánchez, abrió también investigación a Pérez por la presunta filtración a la prensa del interrogatorio al que sometió el viernes 30 de noviembre al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre la relación de este con el fujimorismo.

La publicación de 21 preguntas y respuestas de las 31 a las que Pérez sometió a Chávarry, puso en claro que la evidente y casi pública relación de dependencia con Fuerza Popular (fujimorismo) en el Congreso, se da a través de Juan Manuel Duarte, a quien Chávarry contrató especialmente en el cargo de coordinador del Ministerio Público con el Poder Legislativo.

EL ARIETE: LA FISCAL VELASCO

Coincidentemente, la investigación anunciada ayer también fue abierta con la firma de la misma Rosario Velasco, con lo cual Pérez acumula un triste record de ser blanco de dos investigaciones abiertas en días sucesivos.

La opinión pública percibirá esta acción como un evidente tipo de acoso laboral, con el presunto propósito de debilitar las importantes investigaciones que Pérez tiene en marcha.

TODO POR KEIKO Y ALAN

La arremetida interna de Chávarry contra Pérez se agudizó tras el encarcelamiento preventivo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el de sus principales colaboradores, así como el desarrollo reciente del “Caso Alan García” que ha derivado en la imposibilidad de que salga del país por 18 meses, tras el estrepitoso fracaso de su huida vía asilo en Uruguay.

En realidad, la historia de la carpeta fiscal del caso cocteles señala que su primer encargado, el fiscal Germán Juárez Atoche, no puso interés en desarrollarlo debido a su gran dedicación a la investigación de los aportes de las campañas 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano (Humala – Heredia).

Para aliviar de esa carga, el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez, a mediados del 2017, transfirió todas las carpetas del Caso Keiko a Pérez.

COCTELES IBA A TERMINAR

Al revisarlas se dio cuenta de que la de “cocteles” estaba en plazo terminal como investigación preliminar simple, sin mayores pruebas ni diligencias, luego de varias prórrogas decididas por Juárez Atoche.

Percibiendo la importancia y necesidad de su continuación, Pérez encuadró el tema en la ley del crimen organizado, amplió su plazo de indagación a 36 meses.

A pie firme resistió el embate de la entonces poderosa jefa de Fuerza Popular, quien junto a sus principales voceros calificó como un “intolerable abuso”, el intentar calificar a su partido como organización criminal.

Keiko Fujimori y su esposo impugnaron esa calificación. Ganaron en primera instancia, pero perdieron en la segunda.

EL FRACASO DE LA SEÑORA K

Entonces, cuando el caso iba a pasar a la Corte Suprema en casación, gracias a los “CNM Audios”, se descubrió una operación encubierta del congresista Héctor Becerril, Miguel Torres, Keiko Fujimori y el empresario Antonio Camayo, para lograr que la entonces segunda sala suprema penal transitoria, al mando del exvocal César Hinostroza Pariachi, acogiera el caso y lo resolviera a favor de ellos.

Eso frustró la operación judicial de favorecimiento a la ya célebre y aún misteriosa “Señora K, la de la Fuerza número uno”.

En tercera instancia, Keiko Fujimori perdió y hoy se ve que la decisión de Pérez fue acertada, pues permitió un gran avance del “Caso Keiko” que progresó de preliminar a etapa de investigación preparatoria.

PRESUNTA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

No obstante, en el fallo de la Corte Suprema (casación 528-2018 del 11 de octubre) que le dio la razón a Pérez, los jueces anotaron que en el proceso se aprecia una “presunta infracción administrativa” por incumplimiento de plazos. Sobre ese punto de apoyo, Chávarry impulsó la acción de la fiscal Velasco contra Pérez y Juárez.

Ambos tienen plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos, en medio de la llamada “Guerra de fiscales”, a través de la cual Chávarry pretendería, tal como lo han denunciado la revista Caretas y el portal de investigación periodística IDL- Reporteros, destituir a los actuales fiscales del equipo Lava Jato y poner a su gente para que reorganice las investigaciones a favor de sus vinculados, Keiko Fujimori y Alan García.

Política

“Propina” de Odebrecht de US$ 200 mil y aportantes fantasmas complican a AG

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Alan García Pérez - Odebrecht

La situación judicial del expresidente Alan García no solo se está complicando en el caso del Tren Eléctrico, sino también en el tema de aportes ilícitos y falsos donantes, en su victoriosa campaña presidencial del año 2006.

El caso está en investigación preliminar en el despacho del fiscal Lava Jato José Pérez, pero –como casi siempre ocurre en los casos de corrupción– un último desarrollo sobre 5 aportantes fantasmas de aquella campaña corre a cuenta del diario El Comercio.

Ayer, su Unidad de Investigación publicó un informe donde cinco ciudadanos, que figuran ante la ONPE como aportantes a la campaña presidencial de Alan García del 2006, niegan rotundamente haber donado dinero a ese partido.

Se trata de los ciudadanos Dany Mendoza Mendoza (S/1.000) , David Morales Quispe (S/1.000), Giorgina Fernández de Humareda (S/ 1,000), Óscar Colonna y Juan Fajardo Salazar (S/ 1,000), quienes declararon que nunca entregaron donativos en dinero para la candidatura de AGP.

Cabe recordar que así, con datos que parecían ínfimos, pero que eran la punta del iceberg, empezaron las investigaciones por aportes falsos tanto en los casos del Partido Nacionalista Peruano (PNP) como en el más reciente de Fuerza Popular.

En ellos, a decir del equipo especial Lava Jato (lavado de activos) el desarrollo de las pesquisas ha permitido generar la convicción de que dichos partidos habrían recurrido al procedimiento de los aportes fantasmas para justificar dinero recibido de origen oscuro.

EL LARGO BRAZO DE ODEBRECHT

No obstante, en el caso del Partido Aprista existe también la delación tanto de parte de Marcelo Odebrecht como de su subalterno Jorge Simoes, acerca de que la constructora aportó US$ 200 mil a la campaña presidencial de AGP en 2006, a través de Luis Alva Castro.

La mezcla de estos dos componentes, “donantes fantasmas” y “propina de Odebrecht” ha llevado al extremo en que se encuentra actualmente Fuerzas Popular y su jefa Keiko Fujimori, procesados por lavado de dinero en forma agravada.

Por eso, los especialistas creen que el fiscal Lava Jato, Pérez Gómez, con suficiente experiencia en la materia, desentrañará rápidamente lo ocurrido en el Partido Aprista.

El jurista Luis Lamas declaró que el hecho estaría enmarcado en el delito de lavado de activos ya que ese ilícito ya estaba incorporado al Código Penal en 2006.

ESPÍAS, OTRA COMPLICACIÓN

Debido a la gravedad de su dicho acerca de que tiene informantes en el seno del equipo especial Lava Jato, el expresidente se retractó de su afirmación vía Twitter, señalando que fue un exceso.

Así, tratando de poner paños fríos al asunto, se puso a tono con lo que dijo su secretario privado, de que solo hubo alguien desconocido que el 15 de noviembre les llamó para advertirles que la fiscalía Lava Jato, iba a pedir la orden de detención preliminar de García, al estilo Keiko Fujimori.

ALGO MÁS

No obstante, el fiscal superior del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba, replicó señalando que en materia penal no proceden las retractaciones y que se está evaluando qué medidas tomar contra lo dicho por García, pues configuraría delito de obstrucción a la justicia.

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Política

Cumbre del poder: Junta Nacional de Justicia funcionará lo más pronto

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Reunión de Martín Vizcarra Cornejo , Daniel Enrique Salaverry Villa, Victor Prado Saldarriaga, Ernesto Blume, César Villanueva, Vicente Zeballos

Pasando a los hechos después de su mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra coordinó ayer en Palacio con los más altos representantes de los poderes del Estado, las acciones para la pronta promulgación de la ley de reforma constitucional que creará la Junta Nacional de Justicia, la que se espera nombrará, evaluará y castigará a jueces y fiscales con total transparencia.

A la reunión en la cumbre asistieron el Jefe de Estado, el titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, así como el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

CHÁVARRY FUERA

No pasó desapercibida la no invitación al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, pues el titular de ese cargo estuvo presente en convocatorias similares hechas por otros mandatarios.

Con expresión hosca, Chávarry dijo a la prensa que su no invitación es un asunto que solo le compete al Presidente de la República y que lo único que él desea es que lo dejen trabajar.

No hubo información oficial sobre los detalles de la reunión. Pero, el presidente del Tribunal Constitucional, Blume Fortini informó a los reporteros que se trató de la necesidad de implementar rápidamente las reformas que se aprobaron en el referéndum, especialmente la implementación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Más tarde, luego de la ceremonia por el quincuagésimo séptimo aniversario del Servicio Nacional de Trabajo Industrial (Senati), el presidente Vizcarra informó que hoy viernes, el Ejecutivo entregará al Congreso el proyecto de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El proyecto fue elaborado por expertos del Ministerio de Justicia en coordinación con los miembros de la comisión de alto nivel para la reforma de la justicia, también llamada “Comisión Wagner”.

El presidente explicó que el proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y establece los mecanismos de funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia.

ALGO MÁS

Siempre de acuerdo a sus anuncios realizados en su mensaje último, Vizcarra se reunirá desde el lunes con los gobernadores regionales salientes y con los electos, con los representantes de partidos políticos y con líderes de los gremios empresariales.

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Política

Salaverry: si es necesario habrá otro mes de legislatura para JNJ

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry anunció que si el Congreso no aprueba en enero la ley de la Junta Nacional de Justicia ampliará un mes más la legislatura para cumplir con esa tarea.

En conferencia de prensa dijo: “Faltan las normas de desarrollo de las reformas y es por eso que ampliamos la legislatura hasta el 30 de enero. Si estas leyes no están listas o no pueden aprobarse hasta el 30 de enero ampliaremos la legislatura el tiempo que se requiera porque tenemos que cumplir con el pueblo peruano”.

COMISION TÉCNICA

Asimismo, Salaverry anunció que para una coordinación más estrecha con el Ejecutivo sobre las reformas constitucionales en marcha y sobre los cambios políticos anunciados por el Jefe de Estado, creará en el Congreso una comisión técnica de alto nivel que agilice esos temas para conocimiento y manejo de las bancadas.

Para mayor agilidad adelantó que se reunirá con los presidentes de las comisiones de Constitución y de Justicia para que esos grupos realicen sesiones conjuntas para analizar y debatir los proyectos con mayor celeridad.

INMUNIDAD SERÁ DEBATIDA

Respecto a la puesta sobre el tapete del tema de la inmunidad parlamentaria tanto por el Jefe de Estado como por el congresista Alberto de Belaunde, Salaverry dijo que la cuestión será debatida y resuelta en su oportunidad.

Ante el pedido de la prensa reiteró su rechazo contra la ley impulsada por el fujimorismo sobre el financiamiento ilegal de partidos.

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