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Editorial

Chávarry huérfano de todo apoyo

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Insostenible es para el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, la situación en que se encuentra. La presión popular le hizo recular y en menos tiempo de lo que canta un gallo repuso a los fiscales Rafel Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, encargados de la investigación del caso Odebrecht. Con ello ha quedado en evidencia que el retiro de los fiscales dispuesto inicialmente por el titular del Ministerio Público no fue más que una grosera intromisión en las investigaciones de un caso emblemático de interés nacional.

Al ver la decisión de las calles que exigen la salida del fiscal Chávarry, la bancada aprista se sumó también al pedido, señalando que su situación es insostenible porque ha perdido liderazgo y debe renunciar “ipso facto”. Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular pidió a su bancada tramitar el proyecto presentado por el Ejecutivo ante el Congreso para reorganizar el Ministerio Público. Es decir, que ante la reacción popular, el fujiaprismo trata de aparecer como que están del lado de la ciudadanía.

No obstante, a pesar que Pedro Chávarry rectificó su decisión y dio marcha atrás, su proceder ya ha afectado las investigaciones que se vienen realizando de un caso emblemático de corrupción. El propio jefe del equipo anticorrupción, Rafael Vela, ha reconocido que puede haber un retraso en las investigaciones, y los fiscales supremos Sánchez Velarde y Zoraida Avalos Rivera han solicitado la inmediata renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, por su grave intromisión en el caso Lava Jato y por vulnerar la imagen del Ministerio Público.

Así las cosas, ahora toca al Congreso ponerse la pilas y trabajar para que se produzca en el menor tiempo posible el relevo del Fiscal de la Nación. La grave crisis del Ministerio Público hace insostenible la permanencia del actual Fiscal de la Nación, quien ha originado tal situación, por lo que es imprescindible que dé un paso al costado y cuanto antes mejor. En caso contrario, el Congreso tendrá que destituirlo.

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Editorial

Como baldazo de agua fría

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Hemos escuchado hace algunos días que el Perú es un país privilegiado. Cuenta con 1.89% de la disponibilidad de agua dulce del mundo. Esta información debería ser motivo de alegría para todos los peruanos, sin embargo no lo es. Ocurre que en vísperas del Día Mundial del Agua, que se celebró ayer, la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) difundió una noticia que cayó como baldazo de agua fría a los limeños. Las tarifas de agua potable en Lima Metropolitana y el Callao subirán a partir de mayo entre 1% y 5%, según adelantó el jefe de ese organismo, Iván Lucich.

Hablando en buen romance, al privilegio de contar con el 1.89% de la disponibilidad de agua dulce del mundo, tendremos que agregarle el privilegio de pagar tarifas más altas por el líquido elemento que ni siquiera llega a todos los rincones de la capital en forma permanente. Hay pobladores que solo reciben el suministro por horas y otros que simplemente no lo reciben por red pública, sino que tienen que pagar lo que les pidan los camiones cisterna y almacenarlo en precarias condiciones higiénicas.

La solución para muchos gobiernos era fácil: privatizar Sedapal. No obstante la empresa mantiene contratos de servicios con terceros en sus distintas modalidades, como intermediación, tercerización y Outsourcing. De hecho, solo están en manos de Sedapal los servicios de atención al cliente y validación de la facturación. Todo lo demás está en manos privadas. Pero cuando hay aniegos o un mal servicio, la gente se queja de Sedapal porque no sabe que casi todo ha sido concesionado y desde los años 90 un conglomerado de empresas privadas, independientes o consorciadas tiene a su cargo la mayoría de los servicios.

Pero si toda la empresa pasara a manos privadas, muchos pobladores, especialmente de las partes altas no recibirían ningún servicio porque para los privados no es negocio bombear con electricidad el agua –con la consiguiente elevación del costo– y luego cobrarles una tarifa social. Por eso las ciudades que privatizaron su servicio de agua después volvieron a estatificarlo porque nunca funcionó con eficiencia. Además el costo se incrementó en manos privadas.

En nuestro privilegiado país, sería bueno que las autoridades, si quieren volver eficiente el servicio, comiencen por reclasificar unos 500,000 clientes comerciales-industriales que se mantienen como usuarios del servicio doméstico con lo cual la empresa pierde varios cientos de millones de soles al año. Así no tendrían que meter la mano al bolsillo de los usuarios de menores recursos.

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Editorial

Los “muñecos” del aprofujimorismo

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Parece que la proximidad de la declaración de Jorge Barata está haciendo perder los papeles al aprofujimorismo, cuyos congresistas ayer quedaron en evidencia en su pretensión de traerse abajo la Ley 30737 que garantiza el pago de reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción. Lo paradójico de este asunto es que la norma en cuestión fue aprobada por los propios fujimoristas, en reemplazo del Decreto de Urgencia 003 porque esta última no cumplió con sus objetivos de asegurar la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

Ocurre, que los congresistas de Fuerza Popular y del Apra están en una carrera contra el reloj porque cada día que pasa ven más cerca la posibilidad de que Barata explique con pelos y señales todo sobre las cuentas en las que Odebrecht depositó dineros provenientes de la Caja 2; es decir fondos destinados al pago de coimas. Eso es lo que tratan de evitar para que sus líderes y candidatos no se vean eventualmente comprometidos en un caso de lavado de activos. Ayer interpelaron al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, precisamente por el tema del acuerdo con Odebrecht para la colaboración eficaz con la justicia del Perú.

Sin embargo, el ministro Zeballos nada tendría que ver con el acuerdo porque éste tiene que ser revisado en última instancia por el Poder Judicial. En otras palabras, el Ejecutivo no conoce los pormenores del acuerdo hasta que quede oleado y sacramentado. La cereza del pastel la puso ayer la congresista y tercera vicepresidenta del Legislativo Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) al anunciar que ha solicitado la detención preliminar de los exdirectivos de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra, Renato Ribeiro Bortoletti y otras 31 personas vinculadas con los presuntos actos de corrupción en la construcción del Gasoducto Sur peruano.

Vilcatoma justificó su decisión señalando que presentó la denuncia luego de haber recibido la información que Odebrecht y Barata, entre otros, cometieron actos de corrupción en la construcción del Gasoducto del Sur peruano. No obstante, su actitud parece destinada a tratar de intimidarlos para que no hablen. A pesar de ello, lo que estaría denotando Vilcatoma es el temor de los fujiapristas por lo que va a ocurrir entre el 22 y 26 de abril próximo en que Barata responderá más de mil preguntas del Ministerio Público. Eso ha desatado los “muñecos” del aprofujimorismo.

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Editorial

¿Congresistas ineficaces?

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La intervención del Congreso en el caso Odebrecht supone politizar un convenio que solo busca sancionar a políticos responsables de actos de corrupción, ha dicho la legisladora Marisa Glave, de Nuevo Perú. La parlamentaria se basa en el hecho que los acuerdos de colaboración con la justicia solo pueden ser objetados por el Poder Judicial y no por el Legislativo. Coincide con ella el procurador Jorge Ramírez

¿Entonces, por qué los congresistas aprofujimoristas están poniéndole cortapisas a la Ley 30737 que posibilita la colaboración eficaz con las empresas Odebrecht y OAS? La respuesta es simple, en caso de caer la Ley 30737 todas las pruebas, testimonios, correos y demás documentación relacionada con el caso sería inexistente; es decir, que ya no podrían usarse en el proceso. Y está pendiente aún la declaración de Jorge Barata que se producirá entre el 22 y el 26 de abril.

La postergación de su declaración se realizó a pedido del Equipo Especial del Ministerio Público del Perú para el caso Lava Jato y no de Jorge Barata, tal como aclaró anoche en Canal N el fiscal coordinador Rafael Vela. Eso quiere decir que el colaborador eficaz solo está esperando para responder una batería de algo más de mil preguntas. Y no podía ser de otro modo porque tiene un compromiso con la justicia brasileña –como delator premiado– para decir todo lo que sabe y por ello está obligado a colaborar plenamente con el Perú; de lo contrario perdería los beneficios en Brasil.

Es por eso que muchos políticos y también expresidentes están temblando en este momento. Su suerte parece estar echada, al punto que los congresistas aprofujimoristas esperan derogar la Ley 30737 para evitar que el proceso arrastre a muchos políticos. Ocurre, sin embargo que fueron esos mismos congresistas quienes aprobaron esa ley que posibilita la colaboración eficaz. La población está en alerta y no permitirá que los parlamentarios aprofujimoristas deroguen la norma que es la columna vertebral de la colaboración eficaz. Con ello solo demostrarían su ineficacia como legisladores y quedaría al descubierto su apoyo a la corrupción.

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