Fiscalía decidió formalizar una nueva investigación preparatoria contra la lideresa de Fuerza Popular y otros presuntos implicados en la comisión de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y contra la administración de justicia. Esto se suma a las imputaciones por lavado de activos.

El Ministerio Público dispuso ampliar y formalizar la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori y otros imputados a partir de la existencia de nuevos elementos de convicción, entre ellos los testimonios de Jorge YoshiyamaSasaki y de los empresarios Dionisio Romero Paoletti y Vito Rodríguez.

Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, había declarado ante el Equipo Especial Lava Jato que Keiko Fujimori tenía conocimiento sobre los aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht y que por ello montó un plan para ocultarlos a través de falsos aportantes, en la modalidad conocida como “pitufeo”. Además, Yoshiyama afirmó que la lideresa de Fuerza Popular le comentó que había coordinado el archivamiento de la investigación fiscal con el presunto líder de los Cuellos Blancos del Puerto, el exjuez supremo César Hinostroza.

Otros testimonios brindados al equipo de fiscales siguieron complicando a Keiko Fujimori: el empresario Dionisio Romero Paoletti, del Grupo Credicorp, confirmó haber entregado US$ 3 millones 650 mil en efectivo en las propias manos de Fujimori Higuchi, y el excongresista Daniel Salaverry relató cómo la lideresa naranja le pidió contactar a Hinostroza y al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien pretendía hacer llegar copias de una agenda del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

FUERZA PARA DELINQUIR

El fiscal José Domingo Pérez incluyó en la investigación la comisión de los delitos de asociación ilícita y organización criminal, además del delito contra la administración de justicia en las modalidades de falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal y falsedad genérica. Todo esto, además de la imputación original por el delito de lavado de activos.

Según el documento fiscal, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo se habría producido al presentar la información económico financiera en las campañas electorales del año 2016, pues se declaró como aportantes a personas que no habrían realizado aporte alguno.

En tanto, el delito de falsedad genérica se habría configurado al burlar la labor de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del ONPE, atentando contra su función de verificación y control.

Por los delitos de asociación ilícita y organización criminal, además de Keiko Fujimori, se incluyó a Vicente Silva Checa, PierFigari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, José ChlimperAckerman, Carmela Paucara, Antonietta Gutiérrez, Ana Cecilia Matsuno, Rafael Herrera, Erika Yoshiyama y Jorge Trelles.

INCLUYEN A EMPRESA DE MARK VITO

Por otro lado, el Ministerio Público incluyó en las investigaciones a MVV Bienes Raices SAC, empresa de Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori. Esta decisión fue a partir de las comisiones cobradas por corretaje inmobiliario entre julio de 2014 y julio de 2018. De acuerdo a lo investigado, en apenas cuatro años la empresa de Vito recaudó US$ 2’192,859.72, y personas de su entorno familiar y amical son quienes habrían pagado sumas importantes por dichos servicios.

Según la Fiscalía, Susana Higuchi Miyagawa, madre de Keiko Fujimori, abonó la suma de $ 71,284.25; su amigo y exsocio Nikola Seremet Slavkovic pagó $ 51,034.33 y su madre, Angélica Slavkovic la suma de $ 36,762.06. Además, las empresas Comercial Maderera Andina SRL y la Inmobiliaria CMS SAC desembolsaron $ 57,737.94 y $ 22,026.00 respectivamente.

La tesis fiscal considera que “es posible que se haya utilizado a la empresa formada por el investigado Mark Vito Villanella para el ocultamiento de activos ilícitos recibidos por su cónyuge, en relación a todos los activos que recibió durante el desarrollo de sus actividades como candidata presidencial”.

Por su parte, el abogado Juan José Quispe señaló a Radio Nacional que si bien la Fiscalía ya cuenta con una serie de pruebas, todavía debe corroborar las declaraciones y culminar la etapa de investigación. “Para ir a juicio oral primero debe concluir esta etapa, para lograr una denuncia y posterior condena”, afirmó.

En el escenario de una eventual sentencia, Quispe consideró que el futuro de Keiko Fujimori tiene todos los elementos para un cambio dramático. “En un concurso real de delitos, porque estamos hablando ya no solo de lavado de activos, sino de cinco delitos, podría ser condenada y pasar 29 años en la cárcel”, apuntó.

ALGO MÁS

Se ha programado para el 12 y 13 de diciembre la diligencia de deslacrado de las especies incautadas días atrás en las oficinas de la Confiep.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Un total de 74 aspirantes al Congreso de la República tienen procesos penales por presunto delito de corrupción, según la plataforma web Candidatos 2020.

La lista la integran, entre otros, los exgobernadores de Ica, Fernando Cilloniz; de Piura, Javier Atkins; y de La Libertad, Luis Valdez, quien fue titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

Hay candidatos de Vamos Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Podemos por el progreso del Perú, Juntos por el Perú, Somos Perú, Fuerza Popular y Todos por el Perú.

Asimismo, de Avanza País, Solidaridad Nacional, Perú Libre, Perú Patria Segura, Frente Amplio, Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Morado y Perú Nación

De igual forma, Acción Popular, Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional, Partido Aprista y Contigo.

No hay candidatos del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) con procesos por corrupción; sin embargo, dicha agrupación sí tiene uno con proceso penal por presunto tráfico ilícito de drogas.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó en la víspera la plataforma Candidatos 2020 con información sobre 3,056 aspirantes al Congreso, relacionada con procesos en curso por tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción y lavado de activos.

Incluye datos sobre las hoja de vida, que es la que maneja el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las sanciones de destitución, sanciones o despidos, para lo cual se ha cruzado datos con Servir.

Además, se ha incorporado información sobre los riesgos financieros y crediticios de los postulantes.

Los datos fueron suministrados por el Poder Judicial, el JNE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con el envío de los resultados de las pruebas de confianza a cada uno de los postulantes concluyó, exitosamente, la penúltima etapa del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esta etapa del concurso, que se desarrolló del 2 al 6 de diciembre, incluyó la realización de cuatro pruebas: patrimonial, socioeconómica, psicológica y psicométrica, con el fin de conocer el perfil de los candidatos, su situación económica, su entorno social, sus rasgos de personalidad y sus aptitudes y capacidades intelectuales.

Cabe resaltar que las pruebas tienen carácter técnico y sus resultados no son eliminatorios para pasar a la siguiente etapa, según menciona la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia.

SIGUIENTES PASOS DEL CONCURSO

El 20 de diciembre se publicará la relación de candidatos aptos que pasan a la etapa de entrevista personal, la cual se realizará del 26 al 28 de diciembre.

Según las bases del concurso, esta etapa será de carácter público y seguirá un protocolo establecido por la Comisión Especial que garantice el trato igualitario a cada postulante de inicio a fin.

El próximo 30 de diciembre se publicará el cuadro final de méritos, que permitirá conocer las calificaciones obtenidas a lo largo de todo el concurso. Los puntajes serán publicados través de la página web de la Comisión Especial.