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Política

Celulares de AG contienen la verdad

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Alan García Pérez

El 17 de noviembre de 2018, cuando se le dicta impedimento de salida del país, fueron los días más lóbregos en la vida de Alan García. Movió todos sus hilos y contactos, e hizo declaraciones que golpearon al gobierno de turno.

En medio de esos manotazos de ahogado, urdió un plan para huir del país: solicitó asilo en la residencia del embajador de Uruguay, pero el intento no le dio resultado, porque se le denegó el pedido.

El gobierno uruguayo consideró que no había persecución contra el político acusado de corrupción. Alan García, desesperado, porque el cerco se le cerraba, mostraba un rostro donde se perfilaba la sombra de la muerte.

El 17 de abril de 2019, cuando fueron a allanar su casa, en un momento sube al segundo piso y, tras breves segundos, se escucha un disparo: Alan García se había suicidado, sus acusaciones prescribieron pero sus celulares señalaban a quienes estaban involucrados en sus hechos de corrupción.

LOS CELULARES SON IMPORTANTES

Más allá del respeto por los deudos del presidente Alan García, de lo que se trata es de llegar a la verdad. Y esto lo afirma al abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL). El letrado hace hincapié en que los celulares están incautados y que servirán, no solo para acusar a Alan García, que con su muerte sus delitos prescribieron, sino para identificar con quiénes tuvo contacto.

“Cuando el juez la denegó los celulares a José Domingo Pérez, le dijo algo importante:

que esos ya están en condición de incautados por el fiscal que entró en ese momento en casa del exmandatario”, expresó.

“Lógicamente -agregó-, lo que tendría que hacer José Domingo Pérez es pedir que esos celulares pasen a su investigación. Pero más allá de eso, la importancia de los aparatos celulares es de relativo interés porque no se estaría investigando a Alan García, porque una vez muerta la persona no se le puede investigar, hay un grupo de personas vinculadas a él, entre ellos sus familiares”.

CRUCE DE LLAMADAS

En este punto, el letrado hace hincapié en que sus familiares y su segunda esposa son sospechosos de lavado de activos y por lo tanto “esos celulares van a servir para dar mayores luces sobre las comunicaciones que tuvo Alan García con determinadas personas”.

“Esas personas pueden ser miembros de su partido, su segunda pareja para hacer cualquier tipo de transacciones. Es decir, hay una pluralidad de personas, por lo cual, el fiscal José Domingo Pérez va a tener en esos celulares una herramienta importante para el equipo Lava Jato”, expresó.

“Lo que van a hacer es el cruce de llamadas, el tráfico de mensajes, van a tener que aperturar los aparatos para ver la importancia de los mensajes que han quedado grabados hasta el día de la muerte de Alan García. Esa perennización de llamadas de Alan García, que frenéticamente hizo antes de morir, va a ser importante, porque se va a establecer que se ha comunicado con gente de su partido, con Atala y el señor Nava, con su exesposa y qué llamadas hizo a otros países, todo eso tiene que ver el operador de la línea de Alan García y que tiene que dar a conocer”, precisó.

El jurista dijo que a pesar de lo que dice su abogado, su esposa no puede hacer nada, “porque la investigación no es contra Alan García, que ya está muerto. Lo que se ha incautado a partir de su muerte y es relevante para la investigación de otros, si va a ser muy importante”, concluyó el abogado Quispe.

QUE SEPA LA VERDAD

Por su parte, el excongresista Juan Pari, y expresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso (2011-2016), manifestó que en la investigación está pendiente en lo que respecta a otros personajes que están vinculados.

Por lo tanto, “los celulares tienen una información importante con respecto a las llamadas que Alan García realizó con respecto a los casos por los cuales era investigado”.

Pari comentó que es muy importante, no solo para llegar a la verdad, sino para saber con quienes se relacionó, quiénes se prestaban para las cosas de que se le acusaban, “no para investigar a Alan García que ya murió sino para identificarse a los personajes con lo que se relacionó.

Es importante que se sepa la verdad y para ello no hay vuelta que darle”, concluyó el excongresista Juan Pari.

LA TECNOLOGÍA SERÁ LA CLAVE

En este mismo sentido se expresó al abogado Luis Purizaga, Coordinador de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien dijo que es fundamental “seguir el registro de llamadas, de mensajes; dada la tecnología que se tiene, es el mecanismo más efectivo para poder encontrar y enriquecer las investigaciones, al saberse con quién se comunicaba, alguna red.”.

“También hay otro mecanismo:

el levantamiento del secreto de las comunicaciones y eso se puede llevar a cabo aún sin tener los celulares. Hay un registro que tienen todas las empresas de comunicaciones y eso sería muy importante”, sostuvo.

Después reflexionó y dijo que esas medidas tendrían sentido si se trata de averiguar cosas importantes para la investigación. “Yo presumo que hay cierto tipo de informaciones que se puede conseguir en las empresas de comunicaciones”.

ALGO MÁS

“Hay cierto tipo de información que no se pierde. La idea es obtener todo lo que sea posible, al margen de tener el aparato o no tenerlo”, concluyó el abogado de Justicia Viva.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Insisten en traer abajo el acuerdo con Odebrecht

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Amado Enco

Según el exDefensor del Pueblo, Walter Albán, la denuncia del procurador Amado Enco tiene como objetivo boicotear el acuerdo de colaboración eficaz y evitar que se revelen todos los codinomes. Además, en el TC se cocinaría el camino a la vacancia presidencial.

El ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, calificó como “totalmente abusiva y sin ningún sentido” la denuncia presentada en agosto por el procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Albán, quien ha asumido la defensa legal de Ramírez, advirtió que lo que en realidad busca la acusación es generar obstáculos y amedrentar a los fiscales que intervienen en el caso Lava Jato. Además, indicó que con esta acción el procurador Amado Enco buscaría quebrar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Afirmó que dicho acuerdo de colaboración no se va a considerar cumplido por las autoridades brasileñas ni por la empresa en tanto no se tenga la disposición de los S/ 524 millones que se debía reintegrar a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. “Ese dinero no es para que Odebrecht se lo reparta entre los accionistas, sino para que cumplan con sus obligaciones inmediatas como pagar a la empresa que hace el trabajo para desencriptar la información con los codinomes, o al abogado de Barata, que alega que no cobra desde enero de este año y por eso Barata en la oportunidad anterior dijo que no iba a cumplir con dar información hasta que no se cumpla el acuerdo”, explicó.

El jurista cuestionó que el procurador Enco priorice el seguimiento de esta denuncia con especial interés. “En lugar de preocuparse por los miles de casos de corrupción y cobrar más de S/ 1500 millones en reparación civil, lo que hace es enviar mensajes insistentes para que quienes deben dar trámite a la devolución del dinero se empiecen a preocupar por posibles complicaciones penales”, denunció.

Walter Albán

PRESUNTO OPERADOR DE LA CORRUPCIÓN

En ese sentido, indicó que el procurador Amado Enco habría asistido al despacho de la fiscal a cargo para intentar que se abra una etapa formal de investigación preliminar. “Ha estado invirtiendo tiempo y por tanto recursos del Estado para que su proceso camine. También ha ido al Ministerio de Economía a consultar si el dinero a devolver a Odebrecht forma parte de los recursos públicos. Y parece que la respuesta no le quedó clara porque luego ha intentado amedrentar a la funcionaria que debe autorizar estos recursos, indicando que son recursos públicos”, señaló.

Por ello, consideró que el procurador Enco estaría persiguiendo el objetivo de traer abajo el acuerdo de colaboración. “No solo quienes están involucrados en estos procesos, sino quienes todavía no han sido expuestos sobre sus vínculos con Odebrecht son los interesados en que el acuerdo no continúe, y en esa perspectiva el operador más importante con el que pueden contar ahora es el procurador anticorrupción”, apuntó.

Por otro lado, respecto a las afirmaciones del fiscal Tomás Gálvez, quien manifestó que los fiscales Vela y Pérez “no deben estar un minuto más en sus cargos”, manifestó que los fiscales acusados de ser parte de la red de los Cuellos Blancos “se están jugando la vida”. “Cuando el fiscal Pérez ya tenía que viajar a Curitiba le abren una investigación absurda con un hecho de hace más de diez años y con una diligencia donde él actuó correctamente. No hay que ser ingenuos, estas acciones no son aisladas, todo tiene que ver con un entramado que se mueve para impedir que avancen las investigaciones”, comentó.

AGENDA POLÍTICA EN EL TC

Acerca de la denuncia en el Tribunal Constitucional contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, Albán recordó que desde hace varios años se quieren “deshacer” del magistrado por ser “una piedra en el zapato” para el sector de Ernesto Blume, Sardón y Ferrero. “Ahora le han creado esta denuncia que en realidad es un montaje con malos guionistas y malos protagonistas, y que está destinado a desactivarse pronto porque no hay nada de lo que le puedan acusar, porque se valen de un presunto maltrato a una mujer cuando lo que en realidad ha existido es una crítica y no un insulto. Y si un magistrado no puede criticar a una funcionaria de tanta importancia en el TC, entonces de qué igualdad de género estamos hablando”, cuestionó.

Además, mencionó como algo “curioso” que el periodista Ricardo Uceda haya llamado al magistrado Espinosa-Saldaña el día lunes para consultarle por sus descargos, cuando este ni siquiera había sido notificado y no estaba al tanto de la denuncia. “Este es un caso con intereses políticos, porque no me queda la menor duda de que buscan hacerlo a un lado para declarar fundada la demanda competencial, y con eso generar una herramienta que permita al próximo Congreso buscar la vacancia del presidente Vizcarra”, apuntó.

ELECCIÓN DE JNJ DEBE POSTERGARSE

Finalmente, respecto al proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Albán destacó la importancia de la vigilancia ciudadana para que el proceso se realice en un marco de transparencia. En ese sentido, reiteró el pedido de que la comisión especial reprograme el calendario establecido para la elección de los integrantes de la JNJ. “No se justifica que se tenga que correr en estas fechas de fiestas, porque la ciudadanía y los medios deben hacer un adecuado seguimiento. Lo correcto sería que se corra para la primera semana de enero, cumpliendo los plazos, pero sin esta suerte de falta de transparencia al hacer todo en fechas festivas, que como sabemos no son las más idóneas para llevar adelante estos procesos”, indicó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Belaunde Lossio

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Martín Belaunde Lossio

El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Belaunde Lossio por vencimiento del plazo de la medida de prisión preventiva en su contra por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y simple, cohecho pasivo propio y otros.

Belaunde Lossio cumplía prisión preventiva desde el 11 de diciembre del 2017 por el caso Antalsis. Sin embargo, ya se encontraba recluido desde antes por el caso La Centralita.

La Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rechazó por mayoría la apelación que el Ministerio Público presentó para ampliar por 12 meses la medida contra el procesado.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que Belaunde Lossio deberá cumplir las siguientes restricciones:

No ausentarse de la localidad que reside dentro del territorio nacional, sin previa autorización expresa y antelada del órgano jurisdiccional, la prohibición de viajar al extranjero por el plazo de 36 meses.

Asimismo, el imputado deberá informar la dirección exacta de su residencia en el plazo de 24 horas egresado del establecimiento penitenciario.

Belaunde Lossio está prohibido de comunicar, a través de cualquier medio (redes sociales, por escrito, radio, televisión, teléfono o personalmente) lo relacionado a la presente investigación. De igual forma, está prohibido de comunicarse, directa o indirectamente, con sus coimputados, testigos, peritos.

ALGO MÁS

La resolución de excarcelación ordena también que el procesado debe abonar una caución económica de S/ 50,000.00.

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Política

26 de diciembre evaluará prisión preventiva contra Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori

El Poder Judicial dispuso que el 26 de diciembre se realice la audiencia de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. La cita tiene carácter de inaplazable y estará a cargo del juez Víctor Zúñiga.

Esta disposición se anunció luego de que se amplíe la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Fujimori Higuchi será procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, lavado de activos y organización criminal.

Keikosalió en libertad tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. El Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.

El Ministerio Público pidió en octubre del 2018 esta medida por el caso Cócteles, investigación sobre el supuesto método en que se dio una aparente legalidad a los aportes que habría recibido para su campaña presidencial.

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