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Política

Cavassa: el hombre de tres bandas

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José Luis Cavassa Roncalla

En el caso del veterano operador político José Luis Cavassa Roncalla, en estos días conveniente instrumento útil para ataques del fujimorismo al gobierno, es cierto eso de que tanto va el cántaro al agua que termina por romperse, o a la tercera va la vencida.

Este controvertido personaje de 56 años está desde el 29 de julio preventivamente privado de su libertad durante 36 meses, sindicado por el Ministerio Público como operador político de la organización “Los cuellos blancos del puerto”, cuya jefatura es atribuida al controvertido vocal supremo suspendido César Hinostroza.

La Fiscalía ha obtenido avances con las declaraciones de hasta seis de los presuntos compinches de Cavassa que aspiran a ser colaboradores eficaces a costa de él, respecto a que había montado una red de tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura CNM, en la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la Corte Suprema y en el Ministerio Público, para el servicio de sus clientes.

El caso de “Los cuellos blancos del puerto” fue para Cavassa la ruptura del cántaro o la gota que rebalsó el vaso, porque, luego de varios años de anonimato, las luces se habían prendido sobre él en el curso de la investigación del caso de corrupción masiva “La Centralita” y, en mayo de este año, aumentó la iluminación por mejor servir a su último gran cliente, el excongresista José Luna Gálvez.

HOMBRE DE LUNA

La última ocupación formal y visible de Cavassa fue la de gestor del partido Podemos Perú y de la Universidad Privada Telesup, y algo así como asesor personal del empresario y político, el excongresista José Luna, propietario de las dos organizaciones mencionadas.

Sin embargo, también fungía de asesor informal del hoy suspendido jefe de la ONPE, Adolfo Castillo. Utilizando su influencia sobre el jefe de la ONPE, habría facilitado la inscripción electoral del partido Podemos Perú, de su jefe Luna, sin que cumpliese todos los requisitos.

La funcionaria de la ONPE Susana Guerrero lo denunció como el factor que consiguió que los encargados admitieran planillones de adherentes de Podemos Perú con errores y que en una oportunidad dejaron entrar a un personero fuera de horario para que subsanara manualmente una observación. Un trato deferente, mientras que a otras organizaciones simplemente les rechazaban sus planillones por el más mínimo error.

Por este caso, Adolfo Castillo fue suspendido como jefe de la ONPE y está sometido a investigación por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, acusado de presunto favorecimiento al partido Podemos Perú.

La primera vez que el cántaro fue al agua en el caso de Cavassa Roncalla fue cuando como gerente de la ONPE, el año 2000, resultó procesado en el juicio a la banda electoral de Vladimiro Montesinos y otros por la masiva falsificación de firmas que permitió la postulación del expresidente Alberto Fujimori a su segunda reelección, en abril de ese año. Pero en ese tema fue absuelto.

LA COIMA BRAVA

No obstante, la situación judicial de Cavassa ya era harto complicada en febrero pasado cuando en el caso emblema de la corrupción descentralizada “La Centralita”, fue acusado por la Fiscalía, entre 60 presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, violencia a la autoridad, colusión, peculado, encubrimiento y lavado de activos. Su probable pena es de 30 años de cárcel, como miembro de la cúpula de la banda criminal del exgobernador de Ancash César Álvarez, con la cual este copó esa repartición del Estado.

Cavassa Roncalla, a decir de la Fiscalía, habría participado en 2010, junto con Dirsse Paul Valverde Varas, como gestor del acuerdo ilícito entre el entonces gobernador de Ancash César Alvarez y Odebrecht para el pago de una coima de US$ 2’612,225, equivalente al 2.5% del costo del contrato de obra de la carretera Carhuaz – Chacas – San Luis, calculada en S/. 404’826,001.90

Cavassa ta mbién intervino en organizar la tapadera de los primeros pagos ilícitos, a través de contratos ficticios de asesorías en IIRSA Sur. Dirsse Valverde cobró por trabajos inexistentes US$ 160.322,83 y Cavassa Roncalla, US$ 51.903,11.

Según la confesión sincera documentada de la propia Odebrecht, esta pagó la mayor parte del soborno con cuatro depósitos de US$ 600 mil en la cuenta de la offshore Cirkuit Planet Limited,en el Standard Chartered Bank de Hong Kong, en China, desde donde fue trasladada a Lima, para su distribución entre Álvarez, Valverde, Cavassa y otros.

Es en este extremo del caso de “La Centralita” en que Odebrecht y uno de sus ejecutivos consiguieron que el Poder Judicial los declare colaboradores eficaces, por sus aportes al esclarecimiento del tema, ordenando a Odebrecht el pago de una indemnización al Estado por US$ 15 millones de soles que ya ha sido cancelada recientemente.

El juicio oral del caso “La Centralita” tardará todavía unos tres meses en empezar debido a la gran cantidad de implicados (60). El caso de “Los cuellos blancos del puerto” tiene para rato, pues recién esta en investigación preliminar.

Para “Pepelucho” Cavassa estos dos casos significan que ha completado su trayectoria como mal jugador de tres bandas y no precisamente del juego de billar.

Y EN LA ONPE

Enlace de “Los cuellos blancos” en el CNM

En uno de los “CNMaudios”, audios grabados por orden judicial, Walter Ríos alude a Cavassa Roncalla al enviar a su asesor Gianfranco Paredes desde el Callao al domicilio del operador en Surco, para entregarle nada menos que una resolución judicial.

Ya, compare’, excelente. Ya te voy a contar quién es él, cuál es su función. Te vas a quedar con la boca abierta, dijo Ríos a su ayudante antes de darle la dirección del domicilio de Cavassa. No hay información sobre si Paredes abrió y no pudo cerrar su boca.

En otro audio, Ríos menciona al personaje con nombre completo y define su rol:

Estoy yendo donde José Luis Cavassa Roncalla.

¿Quién es ese pata?

Es su hermano, su brother de Guido Aguila y de Julio Gutiérrez Pebe (miembros del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM), para tender puentes por nuestro candidato, que es Orlando Velásquez.

 

Elmer Olórtegui
Colaboración

Política

Tribunal Constitucional y Corte Suprema petardean la lucha contra la corrupción

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en

Juan José Quispe

El jurista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa (IDL), remarcó que existe toda una campaña de demolición de diferentes sectores políticos, que pasa por el presidente del Tribunal Constitucional y luego por el Defensor del Pueblo, y otros altos funcionarios como ministros, congresistas, que se quieren traer abajo el proceso anticorrupción.

“Los fiscales tienen las pruebas judiciales respecto de los casos que están en su poder. Ahora le han tirado la pelota al Congreso para que modifique la ley del Código Procesal Penal referida al Artículo 278 que habla sobre las prisiones preventivas, el arresto domiciliario y demás figuras que tienen que ver con los casos de la corrupción de funcionarios”, precisó.

HAY 30,200 CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA

“Yo alerto a la ciudadanía, alerto al Perú, que prontamente van a ver cambios, no solamente en el ámbito del Congreso modificando normas, y que ya hay primeros indicativos la Corte Suprema de Justicia de la ejecutoria de casación (la 1445/2018) dada el 11 de abril emitida por la Sala Penal Permanente presidida por San Martín sobre el peligro de fuga”, explicó.

“Ahora, el presidente del Tribunal Constitucional que está opinando como si fuera un ciudadano de a pie a pesar de que su posición luego va a ser contrastada con alguna resolución que llegue a su despacho vía hábeas corpus de acción de amparo, como el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia”, remarcó.

“Todos están contra la prisión preventiva porque teóricamente es la última ratio, pero que solamente se está persiguiendo a diez casos de personas. Pero nosotros nos ponemos a señalar que el universo de casos con prisión preventiva, de presos sin sentencia, son 30,200 y nadie se ha preocupado por ellos”, declaró.

ENTROMETIENDO EN LA FISCALÍA

“Lo que quieren es que la prisión preventiva, que analizan teóricamente y no la práctica, sea una suerte de última ratio, cuando ni siquiera han leído el expediente judicial, y vean los casos de Keiko Fujimori, PPK, Alan García que ya está muerto, Ollanta Humala, del señor Nava, de Cornejo, de la señora Susana Villarán, verán que son casos muy excepcionales y donde aparece ya no solamente la Fiscalía sino el Poder Judicial, han encontrado elementos razonables de graves inculpados que los vincula con los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios”, subrayó.

“Pero sobre todo han encontrado -agregó- que esas personas tienen esa condición de poder fugarse del país o de perturbar las investigaciones. Todos dicen ‘pobrecito el señor PPK’, una persona de 81 años, a quien debe dársele arresto domiciliario, porque la norma así lo establece y su abogado así lo dice”.

“Yo le digo que la norma establece el arresto domiciliario en el Código Procesal Penal, establece que cuando a una persona se le debe imponer la prisión preventiva, pero que podría imponérsele el arresto domiciliario, le puede imponer siempre y cuando cumpla cuatro requisitos, uno detrás de otro: que tenga más de 65 años, el segundo es que tenga una enfermedad terminal, el tercero que tenga una incapacidad física y el cuarto que sea una persona embarazada”, declaró.

EL CASO DE PPK

“PPK encaja en el primer supuesto, pero la norma dice ‘siempre que’, un requisito sine qua non, un requisito que nunca falta que es que no perturbe las investigaciones. El juez no fue Carchuancho, a quien le decían el juez carcelero, fue otro juez. Pero la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional están petardeando al sistema anticorrupción”, señaló.

“Todos los investigados van a gozar de libertad, pero no se dan cuenta de algo: El arresto domiciliario es un saludo a la bandera, porque los juzgados irán a sus juicios orales, pero a la hora de la sentencia desaparecerán o fugarán del país”, sentenció.

“A mí me causa gracia cuando PPK dice: ‘Yo no tengo plata, me han congelado mis cuentas, no tengo cómo pagar a mis abogados’, debemos creer que el señor Nakazaki no le cobra un solo centavo por defender a PPK, hay que ser ilusos para creer eso. Los corruptos guardan su dinero a cuenta de otros”, agregó.

ALGO MÁS

“Además, no sería raro que esta semana se presente la casación a favor de Keiko Fujimori y que la próxima semana salga libre, gracias a la norma de la Corte Suprema”, concluyó el jurista Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Junta Nacional de Justicia debe continuar lucha contra la corrupción

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Junta Nacional de Justicia

La aprobación de las bases para la elección de los próximos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha generado expectativa entre la opinión pública y los consultados por Diario UNO, quienes esperan que la nueva institución contribuya a la lucha contra la corrupción que actualmente se viene librando.

ROMPER CON LA CORRUPCIÓN

El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla dijo estar a la expectativa de que la JNJ rompa con la corrupción que se estuvo dando en el CNM.

“Como todos los peruanos, estamos a la expectativade que la Junta Nacional de Justicia respete los principios liberales, tenga legitimidad y rompa con la corrupción que se estuvo dando al interior del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura”, dijo al Diario UNO.

Asimismo, pidió a la nueva institución que guarde autonomía y no concentrar poder como lo hizo el CNM.

“La nueva junta debe tener autonomía si va a ser quien fiscalice a los otro poderes del Estado. Además, no debe cometer el mismo error de concentrar poder como lo hizo el desaparecido consejo”, advirtió.

COLMAR EXPECTATIVAS

El abogado penalista Luis Tudela Varela pidió no antelar juicio antes de conocer el accionar de los integrantes de la junta pero espera que la nueva institución cumpla su cometido y colme las expectativas populares.

“Siempre las innovaciones nos causan expectativas; no podemos antelar juicio mientras no veamos el actuar de la personas. Deseamos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia realmente cumplan su cometido y sobre todo colmen las expectativas populares”, dijo a Diario UNO.

SIN VERICUETOS

Por su parte, el exprocurador Pedro Gamarra dijo esperar que la nueva institución luche contra la corrupción frontalmente y sin vericuetos que hagan volver a lo que se daba con el CNM.

“Espero que la Junta Nacional de Justicia pueda coadyuvar con la lucha contra la corrupción. Todos esperamos que la lucha se dé frontalmente y sin ningún vericueto que nos haga volver a lo mismo que se daba en el Consejo Nacional de la Magistratura”, afirmó a Diario UNO.

BASES PARA CONCURSO

La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia aprobó ayer las bases para la elección de los próximos integrantes de la JNJ, organismo que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

PLAZOS

Las bases fueron publicadas hoy en el diario oficial El Peruano y a partir de mañana miércoles se podrán realizar las postulaciones. La tabla de resultados de los siete titulares de la JNJ, así como los suplentes aparecerá el 18 de julio y juramentación de los integrantes se efectuará el 19 de julio.

CUATRO PRUEBAS

Los candidatos para integrar la JNJ deberán pasar cuatro pruebas:

Evaluación patrimonial: Se revisará la declaración jurada de bienes y renta del postulante, para conocer la existencia o no de un desbalance patrimonial.

Prueba socioeconómica: Será en base a la evaluación de conflictos de interés, para conocer si existe esta situación en los postulantes.

Evaluación psicológica: Se conocerá si el postulante es apto para desempeñar el cargo, considerando el estrés y responsabilidad que implica ser miembro de la JNJ.

Prueba psicométrica: Se evaluará los niveles mínimos de razonamiento verbal y lógico necesarios para el desempeño de los procesos de selección y ratificación.

Las tres primeras evaluaciones estarán a cargo de la Contraloría de la República y la cuarta bajo la secretaría técnica, a cargo de la Defensoría del Pueblo. Para la fase de entrevistas, los miembros de la Comisión Especial tendrán cuatro informes de cada postulante a la Junta Nacional de Justicia.

CLAMOR POPULAR

El referéndum del pasado 9 de diciembre arrojó que casi el 80% de votantes estuvo de acuerdo con la nueva conformación de la JNJ, sintiendo la necesidad de cambiar la imagen que dejó el desactivado CNM, a fin de tener un organismo que haga más eficiente un sistema de administración de justicia que entró en crisis tras la actuación del desaparecido CNM, que designó a magistrados no idóneos y la falta de sanción para quienes no tenían una actuación adecuada, a pesar de las recomendaciones de los organismos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público.

IMPUNIDAD EN EL CNM

La impunidad se hacía notoria cuando solo el 50.1% de las proposiciones de sanción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fueron admitidas por el CNM. Las razones por las que no se destituyó a los magistrados implicados en los audios ventilados por IDL- Reporteros solo son de conocimiento de los exconsejeros.

Sobre esto, Tudela Varela señaló: “Todo el mundo sabía que dentro de la administración de justicia había personas que lamentablemente estaban en el lugar equivocado; para muchos su lugar era la cárcel, para otros era la destitución y para otros era no pisar más el Poder Judicial”

SOLO ABOGADOS

Uno de los cambios en la JNJ respecto al CNM es que todos sus integrantes serán abogados y este organismo tendrá la facultad de imponer sanciones menores a los magistrados.

Al respeto, Tudela Varela sostiene: “Me parece excelente; lamentablemente hay mucha discrepancia con la actuación de los abogados pero quien mejor que ellos para responsabilizarse de la justicia”

Por su parte, Pedro Gamarra reconoció que se priorice a los abogados pero que ello no garantiza un buen desempeño en l administración de justicia ya que la mayoría de los magistrados involucrados en actos de corrupción ejercen la Abogacía.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Se suspendió interrogatorio a expresidente de OAS

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Rafael Vela Barca y José Domingo Pérez Gómez

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, confirmó que el interrogatorio a Leo Pinheiro, expresidente de la empresa OAS, se suspendió por la inasistencia de su abogado peruano Fernando Silva, quien tuvo un retraso en su vuelo.

“Ha habido un contratiempo con la defensa de la persona que hemos venido a interrogar. La defensa ha tenido un retraso en su vuelo y por esa razón se ha determinado por parte de la justicia brasilera que la diligencia se lleve a cabo mañana”, señaló

La sesión se realizará este martes 23 en simultáneo con el interrogatorio a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien le consultará sobre los aportes de campaña al Partido Aprista y el caso del Tren Eléctrico.

El fiscal Vela señaló que el retraso de la diligencia que se debió realizar esta mañana no afectará las labores de la Fiscalía.

“Está planificado que las diligencias se puedan llevar a cabo porque, además, nosotros somos un equipo de fiscales y en esa medida hay fiscales que asistirán”, precisó al ser consultado sobre las diligencias que se realizarán en los próximos días en la ciudad Curitiba, Brasil.

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