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Política

Cavassa: el hombre de tres bandas

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José Luis Cavassa Roncalla

En el caso del veterano operador político José Luis Cavassa Roncalla, en estos días conveniente instrumento útil para ataques del fujimorismo al gobierno, es cierto eso de que tanto va el cántaro al agua que termina por romperse, o a la tercera va la vencida.

Este controvertido personaje de 56 años está desde el 29 de julio preventivamente privado de su libertad durante 36 meses, sindicado por el Ministerio Público como operador político de la organización “Los cuellos blancos del puerto”, cuya jefatura es atribuida al controvertido vocal supremo suspendido César Hinostroza.

La Fiscalía ha obtenido avances con las declaraciones de hasta seis de los presuntos compinches de Cavassa que aspiran a ser colaboradores eficaces a costa de él, respecto a que había montado una red de tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura CNM, en la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la Corte Suprema y en el Ministerio Público, para el servicio de sus clientes.

El caso de “Los cuellos blancos del puerto” fue para Cavassa la ruptura del cántaro o la gota que rebalsó el vaso, porque, luego de varios años de anonimato, las luces se habían prendido sobre él en el curso de la investigación del caso de corrupción masiva “La Centralita” y, en mayo de este año, aumentó la iluminación por mejor servir a su último gran cliente, el excongresista José Luna Gálvez.

HOMBRE DE LUNA

La última ocupación formal y visible de Cavassa fue la de gestor del partido Podemos Perú y de la Universidad Privada Telesup, y algo así como asesor personal del empresario y político, el excongresista José Luna, propietario de las dos organizaciones mencionadas.

Sin embargo, también fungía de asesor informal del hoy suspendido jefe de la ONPE, Adolfo Castillo. Utilizando su influencia sobre el jefe de la ONPE, habría facilitado la inscripción electoral del partido Podemos Perú, de su jefe Luna, sin que cumpliese todos los requisitos.

La funcionaria de la ONPE Susana Guerrero lo denunció como el factor que consiguió que los encargados admitieran planillones de adherentes de Podemos Perú con errores y que en una oportunidad dejaron entrar a un personero fuera de horario para que subsanara manualmente una observación. Un trato deferente, mientras que a otras organizaciones simplemente les rechazaban sus planillones por el más mínimo error.

Por este caso, Adolfo Castillo fue suspendido como jefe de la ONPE y está sometido a investigación por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, acusado de presunto favorecimiento al partido Podemos Perú.

La primera vez que el cántaro fue al agua en el caso de Cavassa Roncalla fue cuando como gerente de la ONPE, el año 2000, resultó procesado en el juicio a la banda electoral de Vladimiro Montesinos y otros por la masiva falsificación de firmas que permitió la postulación del expresidente Alberto Fujimori a su segunda reelección, en abril de ese año. Pero en ese tema fue absuelto.

LA COIMA BRAVA

No obstante, la situación judicial de Cavassa ya era harto complicada en febrero pasado cuando en el caso emblema de la corrupción descentralizada “La Centralita”, fue acusado por la Fiscalía, entre 60 presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, violencia a la autoridad, colusión, peculado, encubrimiento y lavado de activos. Su probable pena es de 30 años de cárcel, como miembro de la cúpula de la banda criminal del exgobernador de Ancash César Álvarez, con la cual este copó esa repartición del Estado.

Cavassa Roncalla, a decir de la Fiscalía, habría participado en 2010, junto con Dirsse Paul Valverde Varas, como gestor del acuerdo ilícito entre el entonces gobernador de Ancash César Alvarez y Odebrecht para el pago de una coima de US$ 2’612,225, equivalente al 2.5% del costo del contrato de obra de la carretera Carhuaz – Chacas – San Luis, calculada en S/. 404’826,001.90

Cavassa ta mbién intervino en organizar la tapadera de los primeros pagos ilícitos, a través de contratos ficticios de asesorías en IIRSA Sur. Dirsse Valverde cobró por trabajos inexistentes US$ 160.322,83 y Cavassa Roncalla, US$ 51.903,11.

Según la confesión sincera documentada de la propia Odebrecht, esta pagó la mayor parte del soborno con cuatro depósitos de US$ 600 mil en la cuenta de la offshore Cirkuit Planet Limited,en el Standard Chartered Bank de Hong Kong, en China, desde donde fue trasladada a Lima, para su distribución entre Álvarez, Valverde, Cavassa y otros.

Es en este extremo del caso de “La Centralita” en que Odebrecht y uno de sus ejecutivos consiguieron que el Poder Judicial los declare colaboradores eficaces, por sus aportes al esclarecimiento del tema, ordenando a Odebrecht el pago de una indemnización al Estado por US$ 15 millones de soles que ya ha sido cancelada recientemente.

El juicio oral del caso “La Centralita” tardará todavía unos tres meses en empezar debido a la gran cantidad de implicados (60). El caso de “Los cuellos blancos del puerto” tiene para rato, pues recién esta en investigación preliminar.

Para “Pepelucho” Cavassa estos dos casos significan que ha completado su trayectoria como mal jugador de tres bandas y no precisamente del juego de billar.

Y EN LA ONPE

Enlace de “Los cuellos blancos” en el CNM

En uno de los “CNMaudios”, audios grabados por orden judicial, Walter Ríos alude a Cavassa Roncalla al enviar a su asesor Gianfranco Paredes desde el Callao al domicilio del operador en Surco, para entregarle nada menos que una resolución judicial.

Ya, compare’, excelente. Ya te voy a contar quién es él, cuál es su función. Te vas a quedar con la boca abierta, dijo Ríos a su ayudante antes de darle la dirección del domicilio de Cavassa. No hay información sobre si Paredes abrió y no pudo cerrar su boca.

En otro audio, Ríos menciona al personaje con nombre completo y define su rol:

Estoy yendo donde José Luis Cavassa Roncalla.

¿Quién es ese pata?

Es su hermano, su brother de Guido Aguila y de Julio Gutiérrez Pebe (miembros del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM), para tender puentes por nuestro candidato, que es Orlando Velásquez.

 

Elmer Olórtegui
Colaboración

Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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en

José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

Publicado

en

Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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en

casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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