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Editorial

Castigo ejemplar

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Tras más de dos años del horrendo crimen, el Poder Judicial ha sancionado con la máxima pena prevista a los autores del asesinato de un hincha del fútbol, al que lanzaron de lo alto de un palco del estadio Monumental, en setiembre de 2011.

El fallo, que ha sido recibido con plena satisfacción por la ciudadanía, se basó en la comprobación forense, científica y contundente, de que los dos principales acusados lo hicieron adrede, sin atenuantes, y descartó el alegato de la defensa que, en el afán de que los reos sean declarados inocentes, sostuvo que la caída fue casual.

Hay que saludar que el Poder Judicial haya actuado con rigor ejemplar en este caso, que impactó y sensibilizó notablemente a la opinión pública, y no haya permitido que prosperen aparentes manejos oscuros que intentaban dejar impune a los autores del crimen, para lo cual se llegó a contratar los servicios de operadores mediáticos con el fin de revertir la sólida percepción ciudadana en torno a que se trató de un homicidio con agravantes y que los autores, ya identificados, debían de ser castigados.

Se trata de la mayor condena dictada en un caso de violencia entre fanáticos del fútbol y, en esa medida, es de esperar que sirva de escarmiento para quienes insisten en convertir la pasión deportiva en causa de odio y crimen, males que nada tienen que ver con la sana y positiva práctica del deporte, que debe ser espacio de sana competencia y fraternidad y no motivo de odio y enfrentamiento.

El problema de la violencia en los estadios es de suma gravedad, pues tras el crimen que motiva estas líneas se han cometido otros hechos de sangre, pese a que lo sucedido en el estadio Monumental impulsó normas legales contra esa repudiable violencia, así como campañas para concientizar a la juventud contra ella.

Son destacables las palabras del padre de la víctima, en el sentido que la condena no es de ninguna manera motivo para celebrar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Lleva sin duda razón cuando afirma que cuando hay violencia y muerte no hay ganadores, todos perdemos.

También es digno de resaltar que el padre, que luchó con denuedo para conseguir que se haga justicia, haya anunciado que el dinero de la reparación civil que deben pagar los condenados y otros involucrados, como dispone la sentencia, será íntegramente destinado a un proyecto de ayuda y recuperación de jóvenes con conductas de riesgo, como los que conforman las llamadas barras bravas, que lamentablemente fomentaron dirigencias irresponsables, en aras de mezquinos intereses, sin poder controlar después a los hinchas violentos.

Tal antecedente plantea la necesidad de establecer también sanciones para quienes de una u otra forma propicien la formación de grupos de barristas violentos.

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Editorial

Fiscal vs. fiscal

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El Ministerio Público ha abierto un proceso en Control Interno al fiscal José Domingo Pérez, por haber emitido en México, durante su presentación en el Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua 2018, algunas declaraciones sobre temas sensibles como la lucha contra el terrorismo en nuestro país. Fue después de que el caso fue remitido a Control Interno, lo cual no es sorpresa para nadie porque a principios del presente mes un matutino local afirmaba que Chávarry estaría evaluando una sanción disciplinaria contra el magistrado, quien podría ser apartarlo del equipo especial que investiga el caso Lava Jato.

En otras circunstancias una actitud de este tipo podría acarrear una investigación disciplinaria y administrativa. Sin embargo, por el contexto en que esta se ha producido podría generar más conflictos de manera innecesaria, lo cual podría ser aprovechado por las partes investigadas en el caso de corrupción, denominado Lava Jato. Por ello, llama la atención que el titular del Ministerio Público haya procedido con una celeridad digna de mejor causa.

El contexto que rodea este proceso contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez no es el más conveniente, porque la investigación al aludido fiscal se produce poco después de que la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras personas de su entorno, han sido enviados 36 meses a prisión preventiva a solicitud del mismo fiscal Pérez, que tiene a su cargo la defensa de la sociedad. Muchos están preguntándose ahora mismo si no es demasiada coincidencia.

Ocurre, también, que la permanencia de Pedro Chávarry en el cargo de Fiscal de la Nación viene siendo cuestionada a raíz de una serie de hechos que, por lo menos, echan sombras sobre la transparencia que debe mostrar un titular del Ministerio Público. Más aún porque el respaldo que puede exhibir viene de los miembros de Fuerza Popular con su líder Keiko Fujimori a la cabeza, que se encuentran bajo investigación. Mejor sería que el titular del Ministerio Público diera un paso al costado, en vez de tomar medidas que más parecen destinadas a acosar al fiscal José Domingo Pérez y a ponerle cortapisas.

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Editorial

Urge frenar la corrupción

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Ante la negativa del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, de poner en debate las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el legislador de Acción Popular, YonhyLescano, propuso a las bancadas del Parlamento retirarse como medida de protesta.

“Promover una sanción o una censura en contra de su presidente (César Segura) no será facilitada por los votos de Fuerza Popular, lo otro (el retiro de integrantes) es más efectivo”, agregó.

Segura se niega a poner en debate las denuncias constitucionales contra Chávarry, a pesar de los constantes pedidos de diversos sectores políticos y sociales, argumentando que deben ingresar por orden de llegada; es decir que podrían quedar para las calendas griegas, a pesar de la importancia que tienen, pues de continuar postergadas el país seguirá sumido en medio del caos político y nadie podrá ocuparse de los principales problemas nacionales que preocupan a la mayoría de peruanos.

De otro lado, la bancada del Frente Amplio ha anunciado que presentará al Ministerio Público en forma independiente el trabajo realizado en minoría que fue obviado en el informe final de la Comisión Lava Jato, lo que es interpretado por un sector de parlamentarios como un blindaje a Alan García y a Keiko Fujimori.

Parece ser, pues, que a la mayoría fujiaprista que domina el Congreso poco le importa el enfriamiento de la economía, ni la llegada masiva de ciudadanos venezolanos en busca de trabajo, como poco les importa las alzas en el transporte masivo y los retrasos en la reconstrucción del norte. Eso no les interesa como tampoco parece importarles la lucha anticorrupción. Como dice el legislador Yonhy Lescano, hay un doble discurso que maneja la alianza Apra-Fuerza Popular.

Sería bueno que el Gobierno pise acelerador a fondo en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere porque de lo contrario la economía corre el riesgo de quedar paralizada. Así lo han advertido sectores empresariales al señalar que hay cifras preocupantes, como la menor importaciones de bienes de capital (-3.3% en agosto y -5.9% en setiembre), lo que indicaría una menor inversión privada que se traduciría en un menor PBI al esperado para este año. Ojalá nos equivoquemos.

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Editorial

La corrupción nos pasará la factura

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Un emplazamiento a todos los peruanos ha hecho el presidente Martín Vizcarra para asumir el compromiso de independizar al país del yugo de la corrupción. Razón no le falta, pues si echamos un vistazo a las últimas encuestas sobre los principales problemas que afectan al país, la mayoría de respuestas identificarán a la corrupción. Y la lucha contra esa lacra no es privativa del Gobierno, pues en realidad depende de la decisión firme de todos los ciudadanos. Muchos quizá han olvidado que la corrupción organizada desde el poder, en los años 90, le ha costado al Perú una pérdida de aproximadamente 1,800 millones de dólares.

Para quienes no alcanzan a imaginar la dimensión del daño causado por la corrupción de entonces, estamos hablando de la friolera de 4,600 millones de nuevos soles, al cambio de la época; mejor dicho, de un dinero del erario nacional con el cual se pudo haber construido 36 hospitales de 200 camas cada uno en todo el país, o más de 180 modernos colegios donde se imparta educación de calidad, y crear alrededor de 100 mil puestos de trabajo. Sin embargo, muchos peruanos pensaban que no importaba que las autoridades elegidas roben con tal que hagan obras.

En esa misma línea, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, ha dicho que al margen de nombres, el Gobierno está decidido a luchar contra la corrupción. Estas declaraciones hacen clara alusión a la decisión del Congreso de no incluir a Alan García y Keiko Fujimori en el informe final de la Comisión Lava Jato. “Es una decisión del Congreso, pero, finalmente esto es un juicio político”, dijo. En efecto, corresponde al Ministerio Público determinar si los investiga o no, a la luz de nuevos elementos indiciarios que se están conociendo.

El anuncio del presidente Martín Vizcarra de liderar la lucha contra la corrupción es bien recibido por la población y también por el sector empresarial que viene reclamando garantías en el sistema judicial para las inversiones nacionales y foráneas. Precisamente, el vicepresidente del Grupo Moody’s Investors Service, Jaime Reusche, ha señalado hace poco que el Perú podría ser calificado de economía A1, igual que Chile, si no fuera por el tema institucional, en el que se ve un escándalo tras otro. Hablando en buen romance, el tema de la corrupción puede resultar tanto o más dañino para el Perú como en los años 90”.

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