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Entrevista

Cárcel sin sentencia: grave retroceso

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Foto: John Reyes

PACO MORENO

El viernes 24 de febrero visitó nuestro país James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a mediados de este año publicará un nuevo informe sobre la situación de la prisión preventiva en países de la región.

A fines del 2013, la Comisión había recomendado a los países de esta zona, incluido el Perú, adoptar medidas para reducir el uso de la prisión preventiva. Sin embargo, el gobierno, en vez de tomar en cuenta estas recomendaciones, gracias a las facultadas otorgadas por el Congreso, lanzó el Decreto Legislativo 1307, firmado por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que amplía los plazos de la prisión preventiva de manera alarmante.

“A todas luces hay en el país un retroceso en el tema de la prisión preventiva. Lo digo con claridad, pese a que hablar sobre esto no es popular y siempre significa ir contra la corriente; hay que respetar los derechos humanos”, dice Fabiola Franceza, Coordinadora de Justicia Previa al Juicio del Instituto de Defensa Legal (IDL).

James Cavallaro, presidente de la CIDH.

James Cavallaro, presidente de la CIDH.

—Tenemos entendido que James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunió el viernes 23 de febrero en la mañana con las autoridades y por la tarde con instituciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
—Es verdad, durante la mañana se reunió con autoridades como la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Carlos Vásquez Ganoza, etc. También participaron representantes de la sociedad civil, como el Instituto de Defensa Legal. Por la tarde se reunió con otras instituciones.

—¿En esa reunión abordaron el tema del Decreto Legislativo 1307 que modifica una norma anterior y que plantea que en caso del crimen organizado puede darle a un presunto culpable 36 meses de prisión preventiva y luego ampliarlo por 12 meses más?
—Sí, el decreto 1307 permite que el juez, a pedido del fiscal, pueda dictar 36 meses de prisión preventiva desde un primer momento. Con la ley anterior el fiscal podía pedir la prisión preventiva, como máximo, 18 meses y ampliarlo 18 meses más. Ya era excesivo, pero ahora pueden ampliarlo hasta 48 meses, cuatro años, sin condena. Esto es un grave retroceso. Ojo que aquí no estamos defendiendo a nadie porque creemos que los culpables tienen que pagar, pero este es un tema distinto: encarcelar por 4 años sin sentencia es excesivo.

—¿Es verdad que en aquella reunión le pidieron una explicación por el caso a la Ministra de Justicia, quien es especialista en derechos humanos?
—La ministra nos dijo que acogió con preocupación el pedido de que se incremente el plazo para la prisión preventiva y que el pedido venía de la Fiscalía. Lamentablemente, el Fiscal de la Nación en el momento en que se abordó el tema ya se había retirado de la reunión. La ministra dijo también de que hubo un compromiso de la Fiscalía de que se iba aplicar la medida con responsabilidad. Pero lo cierto es que ya se ha dado un cambio radical, porque ahora desde un primer momento se podrá encarcelar a las personas 36 meses, con la posibilidad de ampliar esa prisión preventiva por 12 meses más.

—¿En qué casos el fiscal pide la prisión preventiva de un presunto culpable?
—Hay tres requisitos: La existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito; una probabilidad de pena superior a los 4 años de prisión efectiva; y la existencia de peligro procesal, en cualquiera de sus dos dimensiones: peligro de fuga o peligro de obstaculización de pruebas.

PRESIONES

—¿Cree que un fiscal puede pedir prisión preventiva por diversos motivos, incluso por presiones políticas?
—Creo que hay mucha presión a los fiscales por diversos motivos. Sin embargo, el fiscal tiene la obligación de sustentar cada uno de los requisitos y además fundamentar que no hay ninguna otra medida menos grave que la prisión preventiva que sirva para asegurar la presencia de la persona investigada a lo largo del proceso. Esto quiere decir que la prisión preventiva es la última opción. Además, tiene que sustentar la cantidad de meses, dar claramente la razón del porqué se pide tantos meses.

—¿En otros países de la región ocurre algo tan alarmante como en el Perú?
—El abuso de la prisión preventiva es un problema en toda la región, pero hay un grave retroceso en el país sobre este punto.

—¿Ustedes como IDL pelearán para que se modifique este Decreto Legislativo?
—Nosotros hemos hecho un llamado a fin de que este punto sea revisado y que vean este caso como prioritario tanto en el Congreso como en el Ministerio de Justicia. Pedimos que sea revisado y modificado.

—¿Le pediría a la ministra Pérez Tello que vea con énfasis este tema?
—Sí, pero en esa reunión hubo una coincidencia. Ella nos dijo que también le generaba preocupación.

—Muy raro que le preocupe ahora y no haber hecho nada para evitar que se cumplieran las recomendaciones de la Comisión.
—Creo que este cambio fue un error y creo que se les ha pasado por alto a muchos. Este decreto ha sido una suerte de cajón de sastre, a partir del cual se han modificado muchas normas. Su título no hace referencia a la prisión preventiva, sino dice: Decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada. Además, aumentar la duración de la prisión preventiva no es la manera de luchar contra la delincuencia y la corrupción.

—¿No ayuda de alguna manera?
—El decreto se ha dado en una coyuntura en la cual el crimen organizado es un grave problema y el sistema de justicia está tratando de ver mecanismos para enfrentarlo. ¿Pero era esto necesario? Nuestra posición es que no. Hay un retroceso. Los plazos que se tenían eran más que suficientes, al punto que un investigado podía estar en prisión preventiva hasta por tres años para casos complejos.

—Habría que pedirle a la ministra que ayude en la solución de este grave problema…
—Sí, claro; pero no solo a ella sino a todos los que tienen que ver con el sistema de justicia. Desde la Policía, que se encarga de hacer las detenciones y muchas veces de recomendar la prisión preventiva; la Fiscalía, que es la que toma la decisión de pedir la prisión; los jueces que son los que deciden; y el Ministerio de Justicia y el INPE que tienen que asegurar que se respeten los derechos básicos de los presos.

DETALLES

Presos - detenidos - encerrados - cárcel

Alarmante
“Según los datos del Inpe de noviembre del 2016, hay más de 3 mil personas presas sin condena por más de cinco años. En Lima, según el Inpe, hay 47 personas presas por 15 años sin condena. Estos datos son alarmantes y se tiene que hacer algo sobre ello”.

Penal - cárcel

En Lima y Callao
“De todos los presos que hay en Lima y Callao, según las cifras del Inpe, el 60% está en condición de prisión preventiva, es decir, están presos sin condena. Este dato lo dio el mismo jefe del Inpe. A nivel nacional es de 43%”.

Población - gente caminando - Gamarra

Pena de muerte
“La gente común y corriente piden cárcel como forma de acabar con la inseguridad, y hay quienes piden pena de muerte y otros penas como la cadena perpetua. La solución es abordar el problema de manera integral. No está solo en encarcelar”.

Policía nacional con capturado o detenido

PRISIÓN SIN CONDENA COMO SALIDA FÁCIL
Crece el populismo penal
“Es difícil saber con certeza lo que dirá el nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aparecerá en julio o agosto de este año; pero se pueden deducir algunas cosas. En unos días se publicará un informe sobre lo que ha sido la visita al Perú. Es probable que en este informe ya se señalen algunos elementos de los que se ha conversado y de lo que se ha recogido en las reuniones del viernes último”, dijo Fabiola Franceza.

“En julio o agosto se publicará el informe completo, con información actualizada. Probablemente aquí se señalen las buenas y malas prácticas en cuanto a la prisión preventiva. James Cavallaro veía con preocupación el crecimiento de la población penitenciaria y que la prisión preventiva sigue siendo uno de los problemas de violación de derechos humanos más graves de la región. En el Perú tenemos 80 mil presos, hace 10 años teníamos menos de la mitad. Esto preocupa porque seguimos pensando que la cárcel es la única solución. Aquí el populismo penal juega un papel importante. La población exige medidas de mano dura, pero la cárcel sin sentencia es y tiene que ser una medida excepcional.”

ALGO MÁS
La Constitución de 1993 en cuanto a la presunción de la inocencia, indica: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.

Entrevista

La izquierda ha tenido más renovación de liderazgo que la derecha

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en

Luis Benavente

El director de Vox Populi, Luis Benavente, afirma que la política está individualizada y que existen zombis que pueden despertar si es que no hay renovación de liderazgos.

A dos años de las elecciones generales, las figuras tradicionales de la política vienen con más desprestigio. Diario UNO entrevistó al director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, quien tras explicar el porqué del desgaste de los partidos políticos asegura que la corrupción de la derecha favorecería a la izquierda en el 2021.

—¿Qué significa que aunque Martín Vizcarra tiene mayoría de aceptación, esta viene en bajada?

—Él sube desde Fiestas Patrias del 2018 cuando se enfrenta a los más grandes enemigos políticos de los peruanos: a los corruptos, a los congresistas y de manera tangencial al Apra y al fujimorismo. Con el referéndum logra satisfacer las necesidades políticas de una mayoría de peruanos. Empieza a liderar la lucha contra la corrupción, las reformas políticas y eso le da una subida.

—¿Y luego del referéndum?

—No ha habido un acompañamiento junto al discurso político y a la acción política, de obras y acciones. Llegamos a marzo y la reconstrucción del norte queda sin resultados. Tampoco muestra resultados en otros temas de agenda como la lucha contra la anemia, la calidad de la educación, la inseguridad ciudadana. Ahíviene la caída y se le junta que es objeto de cuestionamientos sobre supuestas vinculaciones con Odebrecht.

—Usted señala que las cosas en política se deciden no por el respaldo, sino por el impacto. ¿Qué organización política peruana pequeña o no, podría tener un impacto significativo?

—Estamos en una etapa muy complicada, en una etapa de incertidumbre, de vacío. Yo no veo que a nivel institucional haya un alto impacto. En la misma lucha contra la corrupción no vemos un actor institucional que encarne la lucha contra la corrupción. No podemos decir que está en la Contraloría, en la Fiscalía, en el Poder Judicial menos, en la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo creo que hay individualidades.

—A dos años de las elecciones, ¿cómo ve el panorama?

—Este es un año en que se va a dar los movimientos de los precandidatos para lograr su propósito de candidatura y junto con ellos, de un equipo y organizaciones políticas. Actualmente las organizaciones políticas tienen un desgaste demasiado grande y hay un archipiélago de pequeñas organizaciones regionales que no tienen un impacto nacional; también veo que se va configurando un panorama en la cual las figuras políticas tradicionales ya quedan fuera de la competencia política.

—¿Para el 2021 el Apra y el fujimorismo tendrán aceptación o las derrotas en las últimas elecciones municipales y regionales reflejan lo que se vendrá?

—El desgaste de los partidos políticos se da principalmente por la falta de alternancia; si siguen con los actuales líderes, yo no les veo ninguna posibilidad de tener algún espacio importante como tener una bancada importante en el Congreso. Si hubiera alternancia, renovaran sus cúpulas dirigenciales y tuvieran nuevos líderes, el partido más desgastado se recicla.

—¿Qué debe hacer un líder para sintonizar con la población?

—Un líder joven y sin acusaciones de corrupción, con liderazgo, con capacidad, con conocimiento del Perú, con discurso, con simpatía, carisma y le pones un poco de marketing, esa persona hace que la gente vuelva a votar por ese partido. Lo que pasa es que la política es muy individualizada.

—Se dice que en política no hay muertos porque pueden resucitar. ¿El fujimorismo desaparecerá?

—En política no hay muertos pero hay zombis que son muertos vivientes. Hay quienes no tienen mayor futuro pero están ahí, cumpliendo algún rol. Pero insisto, si no hay una buena renovación de cuadros dirigenciales, si se cambia “moco por baba”, muchos zombis van a tener opción porque la política está individualizada totalmente y las personas votan por personas y no por partidos, más aún en el Perú, donde la política no está bien institucionalizada, donde casi no hay partidos.

—¿Puede haber fujimorismo renovado pero sin el liderazgo de alguien con apellido Fujimori?

—Realmente muy difícil, en un momento dado la alternativa era Kenji pero él también entró en un problema de desgaste y ahora tiene problemas con la justicia, entonces ha preferido guardar silencio porque las cosas se le complicaron. No veo dentro de ellos cuadros nuevos y por eso quieren recurrir a los líderes originales como Martha Chávez, Cuculiza, y Moyano.

Redes sociales en política

No hay ninguna correspondencia del mensaje en las redes con el resultado oficial. Aunque sí hay una moral pública que se forma.

—¿Son fuertes las redes sociales en el Perú como para decidir una elección?

—Yo creo que sí, pero no por la fuerza, sino por la característica de la elección. La mayor parte de las elecciones en los últimos 20 años se han decidido por pocas décimas, por una diferencia mínima.

A la vista tiene cómo PPK ganó por dos décimas a Keiko, García pasó a segunda vuelta en el 2001 y 2006 ganándole a Lourdes Flores por décimas. Villarán le ganó a Lourdes por décimas. Los resultados son tan estrechos que cualquier factor puede ser determinante para inclinar la balanza hacia un lado. Por eso, las redes sociales sí pueden cumplir un rol.

—Las redes sociales tienen ciertas reglas de funcionamiento muy particulares…

—Así es, hay todo un tema de manejo de opinión y se crea una corriente de opinión oficial mayoritaria, esto forma una moral, de lo que es correcto y lo incorrecto. Era incorrecto apoyar a Keiko y correcto apoyar a PPK, ese era el mensaje predominante.

Pero si tú vez el resultado de las redes, PPK ganaba a Keiko con 90%, pero en la ONPE ganó con dos décimas, así que no hay ninguna correspondencia del mensaje en las redes con el resultado oficial. Hay una moral pública que se forma.

—¿Las redes orientan el voto de los indecisos?

—Efectivamente, en las redes se están dando movimientos decisivos y esto ayuda mucho a decidir porque en el Perú hay un porcentaje muy alto de indecisos, que al final no van a votar por alguien de quien hablan mal. Los que están a favor del “enemigo” se quedan callados porque si dicen algo viene el bombardeo de las redes.

Casa del Pueblo - Apra

El Apra tiene más futuro sin García que con García. Con García solo tiene pasado.

—¿El Apra tiene futuro sin Alan García?

—Yo diría que tiene más futuro sin García que con García. Con García tiene pasado pero no futuro. El Apra tendrá futuro en la medida que tenga un cambio de liderazgo marcado y la respuesta está en el propio partido. Hace 26 años el partido hizo un cambio y puso a un joven García como candidato y por primera vez ganó una elección presidencial.

—¿Existe la posibilidad de un liderazgo de izquierda que le quite la hegemonía a la derecha en el 2021, aprovechando esta decepción colectiva contra las organizaciones tradicionales?

—Sí existe esa posibilidad, el hecho de que haya un sector de derecha corrupta favorece a la izquierda, que es quien más puede ganar de esta situación. Todos los presidentes de derecha están involucrados en actos de corrupción y eso puede ser aprovechado. También hemos visto que la izquierda ha tenido más renovación de liderazgo que la derecha.

—¿Qué nombres conoce?

—Tenemos a Mendoza y Glave, sin embargo hasta hoy Alfonso Barrantes no tiene un sucesor, no hay un gran líder. Pero hay otro sector más a la izquierda con Aduviri, Cerrón y Santos que también es una renovación de liderazgos. En la derecha no se ha dado esa renovación de liderazgos y le puede pesar el 2021.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

El neoliberalismo en el Perú es el más ortodoxo del mundo

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Manuel Benza Pflücker

El sociólogo Benza Pflücker plantea combatir el régimen económico que se enmarca en la actual Constitución.

En el año 1990 no se inicia la era fujimorista sino la del modelo económico neoliberal, Manuel Benza Pflücker acaba de publicar el libro “25 años de neoliberalismo en el Perú. Análisis de la Constitución Política de 1993”. Diario UNO entrevistó al sociólogo, catedrático y experto en planificación, quien nos explica el porqué se hace imperiosa la necesidad de desterrar tan cuestionado modelo económico en las páginas de la actual carta magna.

Manuel Benza Pflücker acaba de publicar el libro “25 años de neoliberalismo en el Perú. Análisis de la Constitución Política de 1993”

—Muchos críticos sostienen que la Constitución de 1993 atenta contra los intereses de las mayorías y promueve el modelo económico neoliberal. ¿Es así?

—Las dos cosas; al ser una defensa férrea y ortodoxa del neoliberalismo económico, atenta contra los intereses de la mayoría porque antepone los intereses del capital. En la Constitución de 1979, con todas sus limitaciones, buscaba garantizar los derechos ciudadanos; en la de 1993 han sido eliminados 71 derechos del ciudadano para otorgaral capital más derechos. No existen derechos del ciudadano sino derechos del capital.

—¿Cuáles son los antecedentes del modelo?

—Este pensamiento surgió de pensadores alemanes, austriacos y uno de Estados Unidos en 1947 cuando dichos señores fundaron la Mont Pelerin Society y el anuario ORDO.

Alfred Müller-Armack, Walter Eucken, Friedrich von Hayek, Wilhelm Röpke, Karl Popper, Milton Friedman, son algunos de los principales fundadores de estas instituciones y formuladores de una “doctrina económica” que hoy está vigente en el Perú desde la Constitución Política de 1993.

—A usted se le conoce por plantear el combate al régimen económico que se plantea en la Constitución

—Así es; es que no se puede continuar con la política del libre mercado a ultranza porque es deber del Estado promover y gerenciar la economía para dar bienestar a todos los peruanos.

—¿La actual Constitución peruana garantiza los servicios elementales para vivir?

—No; la Constitución fue aprobada formalmente por Fujimori y por las otras fuerzas de ultraderecha que sumaban 70 de los 80 constituyentes; ellos debatieron solo seis meses y medio; eso fue un fraude. Cambios tan sustantivos como pasar de la Constitución de 1979 a la de 1993 no podían darse en tan poco tiempo pero todo ya estaba dictado por los grupos de poder del gran capital.

Ellos dieron recomendaciones de política económica y pusieron en sus páginas el espíritu del neoliberalismo. En resumen: el más grande enemigo de los pueblos es el neoliberalismo, también denominado como Economía de Mercado o Economía Social de Mercado.

—Los gurús del neoliberalismo siempre nos ponían como ejemplo la experiencia chilena.

—Bueno, pero en Chile el Estado controla las empresas estratégicas. La industria del cobre con CODELCO es estatal. En Chile hay planificación y esa es una forma de intervención estatal. En el Perú eso no existe precisamente porque el neoliberalismo es el más ortodoxo del mundo. Acá no hay planificación estatal ni a nivel local, regional o nacional.

—¿Los servicios básicos deben permanecer bajo la responsabilidad del Estado?

—Sucede que los artículos 11° y 13° de la Constitución han conducido y conducen a la privatización y el encarecimiento de los servicios esenciales; se le está quitando derechos al pueblo. Además es imprescindible el cambio del régimen social establecido en el artículo 13 de la Carta Magna. Ese cambio es necesario para brindar buena salud y educación al pueblo porque de lo contrario se produce la privatización de la educación en perjuicio de los jóvenes.

El artículo 13 nos dice que el Estado garantiza la educación. En este caso el fraseo dice: “La libertad de enseñanza”.

El artículo 13 nos dice que el Estado garantiza la educación. En este caso el fraseo dice: “La libertad de enseñanza”.

—¿En el caso de la educación?

—En el artículo 13 no dice que el Estado garantiza la educación. En este caso el fraseo dice: “la libertad de enseñanza”. Esto, poco a poco se va convirtiendo en algo natural para los peruanos y se inicia la búsqueda de una educación privada.

—¿Qué otros servicios deben ser desafectos de la privatización?

—La energía. Debemos recuperar la soberanía energética como el gas y el petróleo y cambiar la matriz eléctrica con el uso de gas.

—Los críticos del capitalismo insisten en que el retiro absoluto del Estado de los procesos económicos impide apoyar la producción del agro y la industria; se trata de actividades que generan empleo formal y de calidad.

—Lo que sucede es que con el criterio de que cautelar un derecho ciudadano cuesta, el Estado se retira y deja en el desamparo al ciudadano. En lo económico, el retiro del Estado implica que no haya la posibilidad de que se pueda construir industrias fundamentales o participar en ellas.

—Supongo que la derecha lo ha acusado de estatista.

—Así es, pero no soy estatista; sin embargo, creo que en servicios elementales, el Estado debe controlar por lo menos un 51% de acciones de las empresas básicas y con eso controlar el precio del producto; hoy día no es así y finalmente son los grandes capitales los que van fijando los precios de bienes y servicios fundamentales. No hay manera de cautelar los intereses de la ciudadanía, por eso es importante que el Estado deba cautelar.

—¿Qué otro motivo clave podría sostener para justificar una nueva Constitución?

—Hay muchos pero vea, el artículo 62, en su segundo párrafo, dice algo espantoso: “Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. Lo que pasó es que durante la época de Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK se han firmado contratos con empresas privadas a espaldas de la población.

En estos contratos se permite que las empresas puedan explotar petróleo y gas contaminando y pagando muy pocos impuestos; hay minas que casi no pagan impuestos. Si quisiéramos ser gobierno y quisiéramos aumentar los impuestos porque falta dinero para mejorar las escuelas, sueldos de los profesores, médicos, mejorar hospitales y carreteras, esos contratos no podrán ser modificados mientras sea válida la Constitución de 1993.

—Usted es demócrata cristiano y de izquierda y hace un tiempo hizo una crítica a la ideología del Partido Popular Cristiano (PPC)

—No se puede ser socialcristiano y neoliberal, al mismo tiempo, como pretende el PPC. En el 2013 el papa Francisco, que hoy refuerza el pensamiento social-cristiano, humanista y revolucionario, señala, en cambio: “Los jóvenes están desempleados, muchas veces, por causa de una concepción economicista de la sociedad, que busca beneficio egoísta, al margen de los parámetros de la justicia social”. Esto está muy claro.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

Las Fuerzas Armadas quieren que el juicio por caso Manta y Vilca sea privado

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en

Juan José Quispe

Abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal afirma que las propias víctimas de violaciones sexuales en este proceso quieren que el juicio sea público.

El pasado miércoles, la Sala Penal Nacional inició el juicio oral contra 14 militares, por el presunto delito de violación sexual a nueve campesinas de las comunidades de Manta y Vilca (Huancavelica), durante los años del conflicto armado interno; luego que el juicio se suspendiera en setiembre de 2018 por abstención de los jueces. Uno de los abogados de la parte agraviada es Juan José Quispe, precisamente, Diario UNO entrevistó al jurista del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien nos da un panorama más extenso de lo que significa para el Perú este caso de violación a los derechos humanos.

—¿Por qué es tan emblemático el caso Manta y Vilca?

—Es muy emblemático para la justicia nacional por referirse a la violación a los derechos humanos; fue investigado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el 2002 y es uno de los 47 casos judicializados por la CVR, quien pidió que la Fiscalía investigue las violaciones sexuales cometidas en las bases militares de Manta y Vilca.

—¿Cuántos casos de violación ha registrado la CVR en Huancavelica?

Lo impresionante es que la CVR había identificado 538 personas violentadas sexualmente en Huancavelica, durante el conflicto armado interno.

—¿Y en el caso Manta y Vilca, cuántas víctimas habían?

Este caso es de violaciones sistemáticas a menores de edad, quechuahablantes, de provincias alejadas de Huancavelica; ahí había un absoluto control de las bases militares por parte del Ejército, hacia la población civil. Recordemos que la base de Manta se instaló en marzo de 1984 y a partir de ahí empezaron las violaciones, pero este juicio oral se trata de las violaciones de nueve pobladores, ocurridos entre 1984 y 1995.

—¿Resultaba difícil la comunicación con los quechuahablantes?

Sí, pero uno de los acuerdos que dispuso la sala fue solicitar dos intérpretes especializados en el quechua de Huancavelica, además de pedir al Ministerio de la Mujer que brinde acompañamiento psicológico para las nueve mujeres.

—¿Qué irregularidades encontraron en el juicio?

En el caso Manta y Vilca la primera audiencia judicial se realizó a partir del 8 de julio del 2016 y terminó quebrado, volviendo a foja cero por resolución de la Sala Penal Nacional en el mes de setiembre del año pasado.

En ese tiempo, el tribunal cometió vulneración al derecho, revictimización a las agraviadas y determinaron que el juicio tenía que ser privado. No se dejó interrogar a los testigos sobre el contexto como se realizaron los hechos. Los abogados de los militares se opusieron al pedido de asistencia psicológica, por el supuesto riesgo a que “hagan señas durante las sesiones”, y puedan alterar las declaraciones de las víctimas.

La defensa legal de los acusados también rechazó la necesidad de traductores originarios de Huancavelica, debido a que podrían tener vínculos con las denunciantes del caso Manta y Vilca.

La defensa legal de los acusados rechazó la necesidad de traductores originarios de Huancavelica.

La defensa legal de los acusados rechazó la necesidad de traductores originarios de Huancavelica.

—También denunciaron un hecho vejatorio en la audiencia realizada en Huancayo, el 2017…

Así es; El tribunal en la audiencia realizada en la ciudad de Huancayo el día 27 de abril de 2017, resolvió que los acusados estén presentes en la sala de audiencias cuando las víctimas rindan su declaración. Lo que es peor, ante la protesta de la Fiscalía y la Parte Civil, el tribunal estableció que en todo caso “se resolverá luego de preguntar a cada una de las víctimas si desean que estén presentes o no”.

—¿Y el papel del Estado?

El Estado ha incumplido el deber de preservar la revictimización de las agraviadas, y de riesgos o afectaciones para su salud psíquica, su seguridad y su intimidad; más aún si, anteriormente había dispuesto la posibilidad de realizar confrontaciones de víctimas con agresores.

—¿Y cómo reaccionaron ustedes como abogados de los agraviados?

Todo esto motivó que nosotros recusáramos al tribunal a partir de que la presidenta de la corte, Emperatriz Pérez Castillo, salió en los audios de julio del 2018, vinculada al juez Walter Ríos y a la banda de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Esto motivó que la magistrada se apartara del caso. Previamente la corte suprema ya había resuelto que todos los magistrados tenían que salir del caso porque habían vulnerado el derecho de las partes.

El Estado ha incumplido el deber de preservar la revictimización de las agraviadas, y de riesgos o afectaciones para su salud psíquica.

El Estado ha incumplido el deber de preservar la revictimización de las agraviadas, y de riesgos o afectaciones para su salud psíquica.

—¿Y en el juicio oral participaron los acusados?

Hay un tema muy fuerte en el caso de las personas de Manta y Vilca; ellos esperan alcanzar justicia. Son 14 militares los acusados y en la audiencia pasada solo llegaron cinco. Lo que a mí me sorprende mucho es que la Fiscalía no haya participado con nosotros porque en el fondo saben que los derechos de las víctimas también pueden ser escuchados en un juicio oral.

—¿El punto a definirse la próxima sesión del miércoles 27 de este mes, es si el juicio será público o privado?

Exactamente; la abogada de DEMUS, Cynthia Silva, y mi persona, pedimos ante la sala que las audiencias sean públicas. Sin embargo, luego de expresarse a favor del juicio público, la fiscal María Eugenia Carrasco cambió de opinión y pidió que el juicio sea privado. Carrasco explicó ante los jueces que era “para no revictimizar a las agraviadas”.

—¿Cuál es la posición de las Fuerzas Armadas?

Ellos quieren que sea privado, a pesar que la norma no lo faculta. Ellos dicen que quieren privacidad porque también se ven involucrados sus nombres.

—¿Las víctimas qué piden?

Las mismas víctimas habían renunciado su derecho a la privacidad. Ahora quieren que todos sepan quiénes son los que han abusado y han cometido los delitos. Son 35 años buscando justicia; no debe volver a pasar estos hechos.

—¿Las víctimas han pedido alguna reparación civil?

No. Nuestras patrocinadas no quieren reparación civil; lo que ellas quieren es que se haga justicia contra esas personas que abusaron sexualmente hace más de 35 años y que habiendo nacido hijos, estos individuos ni siquiera tienen la obligación moral de poder pasarles alimento.

—¿En todos estos años no han recibido apoyo para mantener a sus hijos?

No. Ellas, siendo pobres, quechuahablantes, personas de escasos recursos económicos, han tenido que afrontar la violación, el daño psicológico irreparable ya que la violación no tiene curación, salvo que tenga un tratamiento de por vida. Ellas han tenido que mantener a sus hijos e incluso algunos ya son personas mayores de edad y han sido educados como sus madres pudieron.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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