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Entrevista

Cárcel sin sentencia: grave retroceso

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Foto: John Reyes

PACO MORENO

El viernes 24 de febrero visitó nuestro país James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a mediados de este año publicará un nuevo informe sobre la situación de la prisión preventiva en países de la región.

A fines del 2013, la Comisión había recomendado a los países de esta zona, incluido el Perú, adoptar medidas para reducir el uso de la prisión preventiva. Sin embargo, el gobierno, en vez de tomar en cuenta estas recomendaciones, gracias a las facultadas otorgadas por el Congreso, lanzó el Decreto Legislativo 1307, firmado por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que amplía los plazos de la prisión preventiva de manera alarmante.

“A todas luces hay en el país un retroceso en el tema de la prisión preventiva. Lo digo con claridad, pese a que hablar sobre esto no es popular y siempre significa ir contra la corriente; hay que respetar los derechos humanos”, dice Fabiola Franceza, Coordinadora de Justicia Previa al Juicio del Instituto de Defensa Legal (IDL).

James Cavallaro, presidente de la CIDH.

James Cavallaro, presidente de la CIDH.

—Tenemos entendido que James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunió el viernes 23 de febrero en la mañana con las autoridades y por la tarde con instituciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
—Es verdad, durante la mañana se reunió con autoridades como la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Carlos Vásquez Ganoza, etc. También participaron representantes de la sociedad civil, como el Instituto de Defensa Legal. Por la tarde se reunió con otras instituciones.

—¿En esa reunión abordaron el tema del Decreto Legislativo 1307 que modifica una norma anterior y que plantea que en caso del crimen organizado puede darle a un presunto culpable 36 meses de prisión preventiva y luego ampliarlo por 12 meses más?
—Sí, el decreto 1307 permite que el juez, a pedido del fiscal, pueda dictar 36 meses de prisión preventiva desde un primer momento. Con la ley anterior el fiscal podía pedir la prisión preventiva, como máximo, 18 meses y ampliarlo 18 meses más. Ya era excesivo, pero ahora pueden ampliarlo hasta 48 meses, cuatro años, sin condena. Esto es un grave retroceso. Ojo que aquí no estamos defendiendo a nadie porque creemos que los culpables tienen que pagar, pero este es un tema distinto: encarcelar por 4 años sin sentencia es excesivo.

—¿Es verdad que en aquella reunión le pidieron una explicación por el caso a la Ministra de Justicia, quien es especialista en derechos humanos?
—La ministra nos dijo que acogió con preocupación el pedido de que se incremente el plazo para la prisión preventiva y que el pedido venía de la Fiscalía. Lamentablemente, el Fiscal de la Nación en el momento en que se abordó el tema ya se había retirado de la reunión. La ministra dijo también de que hubo un compromiso de la Fiscalía de que se iba aplicar la medida con responsabilidad. Pero lo cierto es que ya se ha dado un cambio radical, porque ahora desde un primer momento se podrá encarcelar a las personas 36 meses, con la posibilidad de ampliar esa prisión preventiva por 12 meses más.

—¿En qué casos el fiscal pide la prisión preventiva de un presunto culpable?
—Hay tres requisitos: La existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito; una probabilidad de pena superior a los 4 años de prisión efectiva; y la existencia de peligro procesal, en cualquiera de sus dos dimensiones: peligro de fuga o peligro de obstaculización de pruebas.

PRESIONES

—¿Cree que un fiscal puede pedir prisión preventiva por diversos motivos, incluso por presiones políticas?
—Creo que hay mucha presión a los fiscales por diversos motivos. Sin embargo, el fiscal tiene la obligación de sustentar cada uno de los requisitos y además fundamentar que no hay ninguna otra medida menos grave que la prisión preventiva que sirva para asegurar la presencia de la persona investigada a lo largo del proceso. Esto quiere decir que la prisión preventiva es la última opción. Además, tiene que sustentar la cantidad de meses, dar claramente la razón del porqué se pide tantos meses.

—¿En otros países de la región ocurre algo tan alarmante como en el Perú?
—El abuso de la prisión preventiva es un problema en toda la región, pero hay un grave retroceso en el país sobre este punto.

—¿Ustedes como IDL pelearán para que se modifique este Decreto Legislativo?
—Nosotros hemos hecho un llamado a fin de que este punto sea revisado y que vean este caso como prioritario tanto en el Congreso como en el Ministerio de Justicia. Pedimos que sea revisado y modificado.

—¿Le pediría a la ministra Pérez Tello que vea con énfasis este tema?
—Sí, pero en esa reunión hubo una coincidencia. Ella nos dijo que también le generaba preocupación.

—Muy raro que le preocupe ahora y no haber hecho nada para evitar que se cumplieran las recomendaciones de la Comisión.
—Creo que este cambio fue un error y creo que se les ha pasado por alto a muchos. Este decreto ha sido una suerte de cajón de sastre, a partir del cual se han modificado muchas normas. Su título no hace referencia a la prisión preventiva, sino dice: Decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada. Además, aumentar la duración de la prisión preventiva no es la manera de luchar contra la delincuencia y la corrupción.

—¿No ayuda de alguna manera?
—El decreto se ha dado en una coyuntura en la cual el crimen organizado es un grave problema y el sistema de justicia está tratando de ver mecanismos para enfrentarlo. ¿Pero era esto necesario? Nuestra posición es que no. Hay un retroceso. Los plazos que se tenían eran más que suficientes, al punto que un investigado podía estar en prisión preventiva hasta por tres años para casos complejos.

—Habría que pedirle a la ministra que ayude en la solución de este grave problema…
—Sí, claro; pero no solo a ella sino a todos los que tienen que ver con el sistema de justicia. Desde la Policía, que se encarga de hacer las detenciones y muchas veces de recomendar la prisión preventiva; la Fiscalía, que es la que toma la decisión de pedir la prisión; los jueces que son los que deciden; y el Ministerio de Justicia y el INPE que tienen que asegurar que se respeten los derechos básicos de los presos.

DETALLES

Presos - detenidos - encerrados - cárcel

Alarmante
“Según los datos del Inpe de noviembre del 2016, hay más de 3 mil personas presas sin condena por más de cinco años. En Lima, según el Inpe, hay 47 personas presas por 15 años sin condena. Estos datos son alarmantes y se tiene que hacer algo sobre ello”.

Penal - cárcel

En Lima y Callao
“De todos los presos que hay en Lima y Callao, según las cifras del Inpe, el 60% está en condición de prisión preventiva, es decir, están presos sin condena. Este dato lo dio el mismo jefe del Inpe. A nivel nacional es de 43%”.

Población - gente caminando - Gamarra

Pena de muerte
“La gente común y corriente piden cárcel como forma de acabar con la inseguridad, y hay quienes piden pena de muerte y otros penas como la cadena perpetua. La solución es abordar el problema de manera integral. No está solo en encarcelar”.

Policía nacional con capturado o detenido

PRISIÓN SIN CONDENA COMO SALIDA FÁCIL
Crece el populismo penal
“Es difícil saber con certeza lo que dirá el nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aparecerá en julio o agosto de este año; pero se pueden deducir algunas cosas. En unos días se publicará un informe sobre lo que ha sido la visita al Perú. Es probable que en este informe ya se señalen algunos elementos de los que se ha conversado y de lo que se ha recogido en las reuniones del viernes último”, dijo Fabiola Franceza.

“En julio o agosto se publicará el informe completo, con información actualizada. Probablemente aquí se señalen las buenas y malas prácticas en cuanto a la prisión preventiva. James Cavallaro veía con preocupación el crecimiento de la población penitenciaria y que la prisión preventiva sigue siendo uno de los problemas de violación de derechos humanos más graves de la región. En el Perú tenemos 80 mil presos, hace 10 años teníamos menos de la mitad. Esto preocupa porque seguimos pensando que la cárcel es la única solución. Aquí el populismo penal juega un papel importante. La población exige medidas de mano dura, pero la cárcel sin sentencia es y tiene que ser una medida excepcional.”

ALGO MÁS
La Constitución de 1993 en cuanto a la presunción de la inocencia, indica: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.

Entrevista

La ciudadanía está cansada y ha sancionado al fujimorismo

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Bancada fujimoristas Fuerza Popular

Roger Merino, profesor e investigador en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, analiza la situación política nacional y señala que en la sociedad hay repulsa por la corrupción y la impunidad.

Roger Merino

—En los últimos 18 meses hemos visto que han caído un presidente, contralor y ahora último se ha encarcelado a la lideresa del partido que tiene mayoría en el Congreso. ¿Esto qué lectura nos da de la situación?

—Esto se puede resumir como la judicialización de la política. Esta judicialización de la política se está llevando con más fuerza en el ámbito judicial a partir de casos de corrupción o megacorrupción como Lava Jato que involucran a diferentes actores políticos del país.

— ¿A qué se refiere con la judicialización de la política?

—Hay que entender que en el Perú y en muchos países de América Latina las instituciones públicas son muy precarias. En el país, el Poder Judicial y el Ministerio Público son instituciones que están tomadas por redes políticas e incluso de corrupción.

Entonces como hay redes políticas vinculadas a corrupción que tienen influencia sobre el Ministerio Público o Poder Judicial, esto lleva a que se den golpes, contragolpes y pugnas. Por eso hemos visto, como antes una agrupación política celebraba que un juez encarcelaba a Nadine Heredia y Ollanta Humala, y luego que el mismo juez encarcela a su lideresa lo insultan y atacan,

Tampoco hay que generalizar y decir que todo el sistema judicial es corrupto, se están viendo casos de algunos jueces o fiscales que actúan con independencia.

—¿Qué se debe hacer para acabar con ese mal accionar?

—Es importante la reforma del sistema judicial y del Ministerio Público para terminar con esta mala costumbre de algunos actores políticos que buscan influenciar o controlar dichas instituciones.

—¿La precariedad de las instituciones públicas va de la mano o es consecuencia de la corrupción endémica que afecta a la nación?

—La complicada situación política y social que vivimos ahora no solo amerita una reforma del sistema político y judicial como está impulsando el presidente Martín Vizcarra. Se necesita una reforma del sistema judicial, político y electoral, si esto no se hace no esperemos grandes cambios en comparación a la situación actual del país.

—¿Será suficiente la reforma política, judicial y electoral para terminar con el mal endémico de la corrupción que perjudica al país?

—Me parece que es necesario una nueva Constitución. Es el momento de discutir seriamente la necesidad de un nuevo pacto político.

—Justamente, hemos escuchado audios que involucran en actos de corrupción a partidos políticos…

—El diagnóstico que han realizado politólogos es que el sistema peruano de partidos tiene incentivos que hacen que se formen partidos por competencia, es decir, en lugar de partidos tenemos asociaciones de personas con el único objetivo de llegar al poder.

—¿Tenemos partidos políticos que se forman para cumplir intereses personales antes que los del país?

—Así es. Estos “partidos” no tienen fines programáticos, pero sí fines empresariales. El partido es una suerte de empresa, es un emprendimiento político.

—¿Cómo hacemos para tener un sistema político que otorgue los incentivos adecuados?

—Se necesita mecanismos de control y supervisión efectiva en temas, por ejemplo, como el financiamiento de campañas. Y es lamentable como los actuales congresistas se han negado a discutir este tema de los financiamientos. Se han negado a discutir temas como la regulación de los partidos, los mecanismos de control, fiscalización y sanción.

Keiko Fujimori

—En lo relacionado a financiamiento de los partidos políticos, los actuales congresistas se opusieron a la rendición de aportes durante la campaña electoral. La percepción de la ciudadanía es que este Congreso se opone a las reformas promovidas por el Ejecutivo…

—Las propuestas de reformas tienen que ser generales. De las cuatro reformas, el tema más cuestionado es el de no reelección de congresistas y lo relacionado a la cuestión de confianza y se critica la manera cómo el Congreso ha desnaturalizado la propuesta del Ejecutivo.

—La sociedad civil también es responsable de la precariedad de los partidos políticos…

—Si hay partidos débiles es porque no tenemos una sociedad organizada. La sociedad peruana es muy apática frente a la política, no hay organizaciones fuertes, esto genera que no hay una verdadera fiscalización de la sociedad hacia los partidos políticos.

—¿Cómo se entiende que Fuerza Popular primero destaque y respalde la acción de un juez que ordenó la prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia, pero cuando este mismo juez ordena detención para la lideresa de su partido, lo atacan?

—Ese es un ejemplo de cómo se usa políticamente las instituciones de justicia. Si el Ministerio Público o el Poder Judicial ataca a mis enemigos eso es correcto, pero si esas instituciones me investigan eso es antidemocrático. Esto se da porque nadie confía en el Poder Judicial. Si tuviéramos instituciones judiciales fuertes con una institucionalidad sólida, nadie dudaría de su accionar.

Estos partidos reaccionan de esta manera esperando influenciar en las decisiones que tomen las instituciones de justicia. La precariedad de las instituciones de justicia lo hace susceptible a los discursos políticos. Estas actitudes de los partidos desenmascaran su alto grado de hipocresía.

—¿Los partidos políticos protegen o velan por intereses empresariales y personales antes que los del país?

—Hay que ver caso por caso. En el caso de Fuerza Popular, hasta antes de las elecciones pasadas un gran porcentaje de la ciudadanía lo veía como el partido de derecha popular que representa a las clases sociales dejadas de lado. Esto era la percepción de un partido que logró tener representatividad a nivel nacional.

Sin embargo, así como Fuerza Popular hay más partidos que su interés principal no es representar. Considero que el verdadero interés de Fuerza Popular es librarse de los problemas de corrupción que tienen, es decir, su bandera es una política de impunidad.

Eso es algo grave, por eso considero que es necesario un nuevo pacto constitucional, pues muchos partidos están entrando a la discusión política impulsando una política de impunidad y no una política por representatividad.

—¿Cuál es su lectura sobre el poco respaldo que tuvo Fuerza Popular en las últimas elecciones municipales y regionales?

—Hay un hartazgo de la ciudadanía frente a tantos actos de corrupción, uno tras otro en los últimos años. Tenemos el tema de Lava Jato, los audios CNM, entre otros. La sociedad está cansada y ha sancionado a Fuerza Popular que tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Es natural que partidos como Fuerza Popular y el APRA sean sancionados por la población.

—¿Un Congreso Bicameral es la solución para mejorar el Legislativo?

—En teoría siempre es mejor un parlamento con dos cámaras porque permite tener un mayor debate público, una mayor reflexión. Sin embargo, esto no asegura que haya un mejor sistema político. Muchos de los que discuten bicameralidad solo se preocupan en la calidad de las leyes, pero más importante es la legitimidad de quienes aprueban esas leyes.

Antes que bicameralidad se tiene que considerar un adecuado sistema político en la que se considere temas como la paridad de género, la alternancia, la cuota indígena, la adecuada elección de candidatos en los partidos políticos. Tenemos que preocuparnos que no se dé el clientelismo.

—¿Quién debe realizar ese filtro para la elección adecuada de representantes?

—Los propios partidos políticos tienen que realizar una adecuada selección de sus representantes, tienen que ser más programáticos. Sin embargo, el problema está en que los que convocan son gente con problemas judiciales o personas que ven la política como un negocio. Se necesita fuertes mecanismos de sanción y de transparencia.

 

WILDER MAYO

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Actualidad

Aduviri: No soy ni radical, ni antiminero ni antiinversión

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Walter Aduviri

Ojo-Publico.com entrevistó a Walter Aduviri, virtual gobernador de la región Puno. El líder aymara y contador de profesión realizó su campaña desde la clandestinidad hasta que la Corte Suprema anuló la condena de siete años por el “aymarazo” del 2011. Hoy Aduviri saluda los resultados y rechaza ser un radical antiminero.

Sin tener una ostentosa campaña publicitaria y desde la clandestinidad, el líder del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita) Walter Aduviri Calisaya (38), contador de profesión, se convirtió en el virtual gobernador de Puno para el periodo 2019-2022.

Hasta la última semana, la suerte electoral de Aduviri estaba en suspenso debido al juicio en su contra por el llamado “aymarazo”, ocurrido el 2011 en el gobierno de Alan García. La medida –que incluyó el bloqueo de carreteras y el incendio de instituciones públicas– buscó la suspensión de las actividades extractivas de la minera canadiense Bear Creek y la paralización de trabajos en las concesiones mineras de Puno.

Por estos hechos fue condenado a 7 años de prisión en calidad de autor mediato del delito contra la tranquilidad pública. El último 6 de octubre, a un día de los comicios, la Corte Suprema anuló la sentencia y dispuso un nuevo juicio para Aduviri, quien siguió en carrera hasta convertirse en el virtual gobernador de Puno. Hoy Ojo-Publico.com lo entrevista para conocer sus propuestas con miras a los próximos cuatro años.

—¿Cómo recibe los resultados que lo colocan como virtual presidente regional de Puno?

—En primer lugar, saludo a nuestros hermanos y hermanas de Puno. Recibimos con bastante calma y prudencia, esperando el resultado oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

—¿Cuáles son sus planes para la región, teniendo en cuenta que es la primera vez que ejercerá un cargo público por elección?

—Vamos a encaminar un gobierno de manera plural donde prime el diálogo y la conversación con nuestros hermanos y hermanas de Puno; y con las organizaciones sociales que tenemos en la región. Hemos visto muchos gobiernos que han aislado a estas organizaciones. Nosotros vamos a dialogar con las mujeres, jóvenes, con la federación departamental de las comunidades campesinas, con la pequeña minería, con los distintos gremios como el Sutep y otras organizaciones sindicales. El principio de autoridad no es “ponerle la policía” a las organizaciones sociales, no es “gasearlos”, el principio de autoridad es dialogar, escuchar y ser escuchado.

—En un sector de la población de Puno y en el resto del Perú hay dudas sobre sus posturas respecto al gobierno central. ¿Cómo llevará adelante esa relación?

—Yo creo que la política y la democracia es escuchar y ser escuchado. Yo tengo una opinión crítica frente a la gran minería transnacional en nuestro país. Tengo mis argumentos y creo que los recursos deben beneficiar a todos los peruanos. Un ejemplo es el gas de Camisea, en la región Cusco. ¿Cuánto cuesta el gas? Casi 90 soles. ¿Ese es el pago [que recibimos] por tener un recurso natural en nuestro país, en nuestros pueblos? Ese gas lo regalan a México a 0,56 centavos de dólar por bidón ¿En dónde estamos? Lo que reclamamos es que los recursos naturales de nuestro país beneficien a los peruanos. A veces por tener este tipo de opinión somos cuestionados. No somos radicales, no somos antimineros, no somos antiinversión, lo que queremos es que los recursos naturales estén al servicio de nosotros.

Vamos a poner un ejemplo. En Bolivia, antes de Evo Morales, los recursos naturales estaban en manos de las transnacionales. Evo entró y las cosas cambiaron. La pregunta es ¿se ha espantado la inversión? No, viene trabajando. Bolivia, en los últimos 10 u 8 años, tiene un crecimiento sostenido de 4,8% a 5% y ahora sus departamentos tienen el servicio instalado en sus domicilios. Y en Perú, los vecinos del Cusco ni siquiera tienen gas. Esto es el colmo. Creemos que los recursos naturales tienen que servir al desarrollo de nuestro país, pero a muchos no les gusta este discurso.

—¿Cuál es su propuesta respecto a la formalización minera?

—Creemos en un proceso de formalización con apoyo técnico y legal. Por supuesto, sin contaminación. Esto también está en nuestro plan de gobierno. Hoy, nuestros hermanos mineros usan los recursos naturales por falta de empleo. ¿Qué empleo les ofrece a ellos el Estado? Nada. Simplemente nunca se les ofreció un empleo sostenible. Hay que apoyar el proceso de formalización con asistencia técnica desde el gobierno regional. Vamos a trabajar de la mano con ellos y sin contaminación.

—Usted sigue siendo investigado por las responsabilidades penales y civiles del “aymarazo”.

—Sí, el caso del “aymarazo” tiene muchos matices. El responsable de todo esto es Alan García Pérez, quien publicó un Decreto Supremo ilegal en el 2007 (DS Nº 083-2007, que autorizaba las operaciones de la minera Bear Creek en zona de frontera). Muchos de los que hoy día dicen enfrentar a la corrupción aun defienden ese decreto. Yo me pregunto, ¿Sabía Alan García las consecuencias sociales que traería esta norma, las consecuencias económicas que podría traerle al Estado? Ese decreto es la causa de que la población pida el respeto del derecho a la consulta previa.

—¿Cómo va a gobernar y enfrentar el proceso penal en su contra?

—Los jueces supremos han dicho que no hay medio probatorio. Entonces, ¿en ocho años no han hallado un medio probatorio? Cuánto tiempo más van a seguir buscando pruebas. Yo no he cometido delitos. En la sentencia de primera instancia se decía que yo era autor mediato y que había organizado y encaminado una organización criminal. Por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Los supremos han anulado ahora esa sentencia, pero qué tipo de sanción hay para los jueces superiores que dieron la sentencia anterior? No hay nada, así es la justicia.

—¿Cómo organizará su equipo técnico? Recordemos que algunos funcionarios vinculados al saliente gobernador de Puno han acabado detenidos por malos manejos.

—Yo tengo 12 años de experiencia en gestión pública. He trabajado en distintos gobiernos regionales y gracias a Dios conozco la gestión pública. Yo he empezado desde abajo con cargos técnicos. Luego, cargos de nivel medio y después cargos de gerente. Nosotros tenemos un equipo técnico con experiencia y que ya viene trabajando. Por eso tenemos un plan de gobierno denominado Collasuyo que es de conocimiento público. Nuestro plan no es copia ni calco de ninguna otra organización. Es un plan de gobierno propio, nuestro, de acuerdo a las necesidades que tiene la región Puno y que también ha sido trabajado con los distintos hermanos y hermanas del interior.

 

Karin Chacón
Ojo Público

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Actualidad

Aliaga: “Recuperaremos los servicios privatizados”

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Guillermo Aliaga

Conversamos con el candidato a la alcaldía de Lince Guillermo Aliaga, quien promete aumentar el número de serenos, renegociar las concesiones de los servicios públicos del distrito —ahora privatizados— y otras medidas que perfilan a este nuevo rostro de la escena política.

— Nunca ha postulado a un cargo público, ¿a qué se dedicaba antes?

— Soy gerente de una empresa minera. Si llego a la alcaldía, tendré que dejar este trabajo de manera temporal, hasta que termine la gestión. Porque —y quiero dejar esto claro— estoy postulando para ser alcalde un solo periodo, no hará falta una segunda o tercera gestión.

— Cómo nace su vocación por la administración pública

— Quien te habla es abogado de profesión, máster en Derecho y egresado de un doctorado en San Marcos. Fue allí, en San Marcos, donde decidí no quedarme más en la tribuna de un partido que a todas luces necesita nuevos jugadores.

Pero el sueño de ser alcalde lo tengo desde niño. Viví por ocho años, en los noventas, en el Cercado de Lima. El lugar era un caos hasta que llegó Alberto Andrade y cambió mi vida y la de mis vecinos. Ese proceso me causó mucha impresión y de alguna forma me infundió estas ganas de trabajar por ver a esta ciudad bonita, por hacer las cosas bien.

— ¿Cuántos años tiene como vecino de Lince?

— Lince es el primer distrito al que voy a parar desde mi primera noche de nacido. He estado toda mi vida acá, salvo por los ocho años que viví en el Cercado de Lima. Luego volví y ya llevo 16 años de forma ininterrumpida en Lince.

SEGURIDAD

— La principal demanda de los vecinos es la seguridad.

— Lince tiene un sistema deficiente de cámaras de vigilancia. El último reporte de la municipalidad establece que tenemos 100 cámaras, pero ni la mitad están operativas. Además, cuando los vecinos quieren tener las grabaciones de los robos o incidentes, la central de monitoreo nunca les proporciona los videos.

— ¿Por qué?

— Les dicen que esa cámara no estaba funcionando, o que apuntaba a otro lado, o que no tiene suficiente precisión, que los sistemas no son compatibles.

Y, en realidad, nadie sabe lo que sucede en Lince: las cámaras tienen un desfase, lo que ven en la central son imágenes pasadas. No podemos seguir así, y por eso vamos a repotenciar todo el sistema de videovigilancia. Y no solo eso, también aumentaremos el número de serenos.

— En Lince cuentan con 180 serenos, ¿a cuánto propone aumentar el número?

— Esos 180 se dividen en tres turnos de ocho horas. En total, hay 60 serenos en la calle, de ellos, no todos están abocados a combatir el crimen, muchos están dedicados a hacer labores de guardianía en locales comunales o donde el alcalde actual, Martín Príncipe (Solidaridad Nacional), ha decidido ponerlos.

Queremos contratar a 70 serenos más. Para financiarlo usaremos el dinero que los gerentes municipales reciben como bonos. Estamos hablando de bonificaciones de entre 6 a 8 mil soles mensuales, adicionales a su sueldo.

— ¿Habría alguna otra modificación a la actual gestión de la seguridad en el distrito?

— Sí, y no es menos importante: proponemos tener motocicletas para la acción rápida frente a la delincuencia. Con el tráfico que sufrimos en todo Lima, es absurdo acumular camionetas. Las motos, en conjunción con el Plan Cerco, harán de este un distrito más seguro. Por otro lado, voy a encabezar el Consejo de Seguridad Ciudadana.

— Otra de las demandas en Lince tiene que ver con la prostitución clandestina en las calles.

— El 10 de julio del 2018, en plena época electoral, el actual alcalde y sus regidores —incluyendo a los regidores de Voces de Lince— aprobaron la Ordenanza Municipal 404, que establece una ampliación del horario de atención de las discotecas, clubes nocturnos y bares. Mientras todo Lima Metropolitana cierra entre las 2 y las 3 de la mañana, este distrito permite que todo esté abierto hasta las 4.

Viene gente de otros lugares que van cerrando y, con dos o más tragos encima, no solo buscan alcohol, buscan estupefacientes, placeres sexuales, juegos de azar, etcétera.

La primera medida que se tomará al respecto será una ordenanza municipal que restrinja ese horario hasta las 3 de la mañana, que es lo que pasa en todo Lima menos en Lince.

PRIVATIZACIÓN

— Varios servicios públicos en Lince están privatizados.

— Lamentablemente. La posta médica municipal, la piscina municipal, las canchitas de fútbol, juegos infantiles, el policlínico municipal, la veterinaria municipal, todo está privatizado, y esto ha conllevado a que se encarezcan los costos.

Por ejemplo, en Lince está la piscina más cara de todo Lima: 35 soles la hora. La usan los vecinos, pero los de San Isidro. En Jesús María cuesta 8; en Surco, 10… es una burrada enorme.

— Esa piscina, por ejemplo, se ha concesionado por 20 años, y en todos los casos hay contratos que le impedirían recuperar estos servicios y espacios públicos.

— Quien habla es abogado. Conocemos los contratos, los hemos estudiado, y tenemos los mecanismos para renegociarlos, o para utilizar eficientemente las cláusulas de resolución. Y quisiera decirlo claro: la renegociación de contratos va desde el día uno.

Ojo: estos contratos corresponden a la gestión de Martín Príncipe, siendo su gerente Iván Rodríguez, actual candidato por otro partido.

POBLACIONES VULNERABLES

— ¿Qué otras fallas de esta gestión promete corregir?

— Existen dos más y son trascendentales. En la actualidad, la subprefectura de Lince queda en el Cercado de Lima. Si una persona amenazada o violentada quiere hacer una denuncia, tiene que irse hasta el centro constantemente. Es un peligro. Por otro lado, encarece y desalienta que los ciudadanos acudan a las autoridades.

La actual gestión municipal, en una grave negligencia, se niega a darle el espacio a la subprefectura. Nosotros buscamos proteger a las mujeres y poblaciones vulnerables, así que dicha situación cambiará de inmediato.

— ¿Cuál es la segunda denuncia?

— La gestión actual es nula en Educación y Cultura. La Casa de la Cultura cierra a las cuatro y media los viernes, y no abre hasta el lunes. En Lince no puedes entrar a una biblioteca el fin de semana. El horario se va a extender por lo menos hasta las nueve de la noche todos los días. No podemos poner restricciones para la educación.

Por otro lado, no quisiera dejar de lado la propuesta de crear una bolsa de trabajo virtual que permita que los vecinos puedan inscribirse. Se certificarán domiciliariamente y se les hará un examen psicológico. Así incentivaremos que toda empresa busque preferentemente mano de obra linceña.

ALGO MÁS

“Existe una ordenanza municipal que prohíbe que los postes de alumbrado público se usen para colocar carteles; sin embargo, hay mil carteles, de todos los candidatos, que la infringen. Una persona que infringe normas en aras de llegar al sillón municipal… ¿qué cosas haría si llegara a ser gestión? Nada bueno”.

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