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Entrevista

Cárcel sin sentencia: grave retroceso

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Foto: John Reyes

PACO MORENO

El viernes 24 de febrero visitó nuestro país James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a mediados de este año publicará un nuevo informe sobre la situación de la prisión preventiva en países de la región.

A fines del 2013, la Comisión había recomendado a los países de esta zona, incluido el Perú, adoptar medidas para reducir el uso de la prisión preventiva. Sin embargo, el gobierno, en vez de tomar en cuenta estas recomendaciones, gracias a las facultadas otorgadas por el Congreso, lanzó el Decreto Legislativo 1307, firmado por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que amplía los plazos de la prisión preventiva de manera alarmante.

“A todas luces hay en el país un retroceso en el tema de la prisión preventiva. Lo digo con claridad, pese a que hablar sobre esto no es popular y siempre significa ir contra la corriente; hay que respetar los derechos humanos”, dice Fabiola Franceza, Coordinadora de Justicia Previa al Juicio del Instituto de Defensa Legal (IDL).

James Cavallaro, presidente de la CIDH.

James Cavallaro, presidente de la CIDH.

—Tenemos entendido que James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunió el viernes 23 de febrero en la mañana con las autoridades y por la tarde con instituciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
—Es verdad, durante la mañana se reunió con autoridades como la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Carlos Vásquez Ganoza, etc. También participaron representantes de la sociedad civil, como el Instituto de Defensa Legal. Por la tarde se reunió con otras instituciones.

—¿En esa reunión abordaron el tema del Decreto Legislativo 1307 que modifica una norma anterior y que plantea que en caso del crimen organizado puede darle a un presunto culpable 36 meses de prisión preventiva y luego ampliarlo por 12 meses más?
—Sí, el decreto 1307 permite que el juez, a pedido del fiscal, pueda dictar 36 meses de prisión preventiva desde un primer momento. Con la ley anterior el fiscal podía pedir la prisión preventiva, como máximo, 18 meses y ampliarlo 18 meses más. Ya era excesivo, pero ahora pueden ampliarlo hasta 48 meses, cuatro años, sin condena. Esto es un grave retroceso. Ojo que aquí no estamos defendiendo a nadie porque creemos que los culpables tienen que pagar, pero este es un tema distinto: encarcelar por 4 años sin sentencia es excesivo.

—¿Es verdad que en aquella reunión le pidieron una explicación por el caso a la Ministra de Justicia, quien es especialista en derechos humanos?
—La ministra nos dijo que acogió con preocupación el pedido de que se incremente el plazo para la prisión preventiva y que el pedido venía de la Fiscalía. Lamentablemente, el Fiscal de la Nación en el momento en que se abordó el tema ya se había retirado de la reunión. La ministra dijo también de que hubo un compromiso de la Fiscalía de que se iba aplicar la medida con responsabilidad. Pero lo cierto es que ya se ha dado un cambio radical, porque ahora desde un primer momento se podrá encarcelar a las personas 36 meses, con la posibilidad de ampliar esa prisión preventiva por 12 meses más.

—¿En qué casos el fiscal pide la prisión preventiva de un presunto culpable?
—Hay tres requisitos: La existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito; una probabilidad de pena superior a los 4 años de prisión efectiva; y la existencia de peligro procesal, en cualquiera de sus dos dimensiones: peligro de fuga o peligro de obstaculización de pruebas.

PRESIONES

—¿Cree que un fiscal puede pedir prisión preventiva por diversos motivos, incluso por presiones políticas?
—Creo que hay mucha presión a los fiscales por diversos motivos. Sin embargo, el fiscal tiene la obligación de sustentar cada uno de los requisitos y además fundamentar que no hay ninguna otra medida menos grave que la prisión preventiva que sirva para asegurar la presencia de la persona investigada a lo largo del proceso. Esto quiere decir que la prisión preventiva es la última opción. Además, tiene que sustentar la cantidad de meses, dar claramente la razón del porqué se pide tantos meses.

—¿En otros países de la región ocurre algo tan alarmante como en el Perú?
—El abuso de la prisión preventiva es un problema en toda la región, pero hay un grave retroceso en el país sobre este punto.

—¿Ustedes como IDL pelearán para que se modifique este Decreto Legislativo?
—Nosotros hemos hecho un llamado a fin de que este punto sea revisado y que vean este caso como prioritario tanto en el Congreso como en el Ministerio de Justicia. Pedimos que sea revisado y modificado.

—¿Le pediría a la ministra Pérez Tello que vea con énfasis este tema?
—Sí, pero en esa reunión hubo una coincidencia. Ella nos dijo que también le generaba preocupación.

—Muy raro que le preocupe ahora y no haber hecho nada para evitar que se cumplieran las recomendaciones de la Comisión.
—Creo que este cambio fue un error y creo que se les ha pasado por alto a muchos. Este decreto ha sido una suerte de cajón de sastre, a partir del cual se han modificado muchas normas. Su título no hace referencia a la prisión preventiva, sino dice: Decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada. Además, aumentar la duración de la prisión preventiva no es la manera de luchar contra la delincuencia y la corrupción.

—¿No ayuda de alguna manera?
—El decreto se ha dado en una coyuntura en la cual el crimen organizado es un grave problema y el sistema de justicia está tratando de ver mecanismos para enfrentarlo. ¿Pero era esto necesario? Nuestra posición es que no. Hay un retroceso. Los plazos que se tenían eran más que suficientes, al punto que un investigado podía estar en prisión preventiva hasta por tres años para casos complejos.

—Habría que pedirle a la ministra que ayude en la solución de este grave problema…
—Sí, claro; pero no solo a ella sino a todos los que tienen que ver con el sistema de justicia. Desde la Policía, que se encarga de hacer las detenciones y muchas veces de recomendar la prisión preventiva; la Fiscalía, que es la que toma la decisión de pedir la prisión; los jueces que son los que deciden; y el Ministerio de Justicia y el INPE que tienen que asegurar que se respeten los derechos básicos de los presos.

DETALLES

Presos - detenidos - encerrados - cárcel

Alarmante
“Según los datos del Inpe de noviembre del 2016, hay más de 3 mil personas presas sin condena por más de cinco años. En Lima, según el Inpe, hay 47 personas presas por 15 años sin condena. Estos datos son alarmantes y se tiene que hacer algo sobre ello”.

Penal - cárcel

En Lima y Callao
“De todos los presos que hay en Lima y Callao, según las cifras del Inpe, el 60% está en condición de prisión preventiva, es decir, están presos sin condena. Este dato lo dio el mismo jefe del Inpe. A nivel nacional es de 43%”.

Población - gente caminando - Gamarra

Pena de muerte
“La gente común y corriente piden cárcel como forma de acabar con la inseguridad, y hay quienes piden pena de muerte y otros penas como la cadena perpetua. La solución es abordar el problema de manera integral. No está solo en encarcelar”.

Policía nacional con capturado o detenido

PRISIÓN SIN CONDENA COMO SALIDA FÁCIL
Crece el populismo penal
“Es difícil saber con certeza lo que dirá el nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aparecerá en julio o agosto de este año; pero se pueden deducir algunas cosas. En unos días se publicará un informe sobre lo que ha sido la visita al Perú. Es probable que en este informe ya se señalen algunos elementos de los que se ha conversado y de lo que se ha recogido en las reuniones del viernes último”, dijo Fabiola Franceza.

“En julio o agosto se publicará el informe completo, con información actualizada. Probablemente aquí se señalen las buenas y malas prácticas en cuanto a la prisión preventiva. James Cavallaro veía con preocupación el crecimiento de la población penitenciaria y que la prisión preventiva sigue siendo uno de los problemas de violación de derechos humanos más graves de la región. En el Perú tenemos 80 mil presos, hace 10 años teníamos menos de la mitad. Esto preocupa porque seguimos pensando que la cárcel es la única solución. Aquí el populismo penal juega un papel importante. La población exige medidas de mano dura, pero la cárcel sin sentencia es y tiene que ser una medida excepcional.”

ALGO MÁS
La Constitución de 1993 en cuanto a la presunción de la inocencia, indica: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.

Actualidad

El populismo punitivo afecta la calificación de conductas penales

Publicado

en

Iván Torres La Torres

Políticos presos exageradamente o sicópatas que pueden ser procesados por un delito que no cometieron, son algunos de los casos donde las autoridades salen a pedir condenas por delitos que no corresponde pero que obedecen al populismo punitivo que busca satisfacer demandas sociales no atendidas por el Estado. El caso de la violación a la terramoza es una clara consecuencia de cómo afecta este fenómeno social al derecho penal.

_Dr. Torres ¿a qué se refiere con populismo punitivo y su influencia en el derecho penal y procesal penal?

_El populismo punitivo responde a mecanismos de utilización del derecho penal para satisfacer demandas sociales, políticas, mediáticas, electorales, económicas y de diversa índole. En la medida que estas demandas no pueden ser satisfechas por la estructura política del Estado se recurre al derecho penal utilizándolo, manipulándolo, exacerbando la persecución penal y, como consecuencia, distorsionando las conductas, induciendo a error a los operadores de justicia, entiéndase fiscales y jueces.

_Siendo prácticos ¿qué ejemplos nos puede poner donde ha actuado el populismo punitivo en el Perú?

_Es muy fácil identificar estos casos, pero es muy difícil en una entrevista, poder explicarlos.

Pero arriesguémonos a citar un caso: por ejemplo, todos sabemos del mal uso de la prisión preventiva, se hace uso y abuso de esta medida sobre todo en los casos con contenidos mediáticos sumamente potenciales o por traer una carga o contenido altamente político. También podemos apreciar cómo la ciudadanía exige válidamente que se condene por feminicidio a quienes cometen maltratos y crímenes contra las mujeres; sin embargo, vemos en la práctica que el tipo penal de feminicidio es muy complejo; por ejemplo, en el caso de Eyvi Agreda, la sociedad exige que se aplique la condena por feminicidio, pero los abogados sabemos que aquí no hay feminicidio, sino lesiones graves seguidas de muerte. O el caso lamentable de la terramoza violada en un bus interprovincial, donde vemos cómo una fiscal adjunta se sustrae de sus obligaciones, argumentando no tener competencia porque la violación fue mientras el bus recorría la ciudad de Nasca.

_¿Cuál sería el problema con este caso de la terramoza?

_El problema es que, con el populismo punitivo, no solamente se generan errores o exacerbaciones en las sentencias o en los fiscales, sino que también, en este caso, ha generado que la fiscal se sustraiga de sus obligaciones, cuando debió aplicar el artículo 22 del Código Procesal Penal que le permite a fiscales y jueces investigar y sentenciar inclusive, en el lugar de la llegada más próximo de un medio de transporte, que en el caso que me pregunta era la ciudad de Lima. Esta fiscal que ha sido separada de su cargo fue aterrada por el populismo punitivo, no persiguió el delito siendo su función principal hacerlo y permitió la liberación de los violadores.

_¿Quiere decir que el fiscal de Nasca no era competente para investigar el caso?

_Podía haber sido cualquiera de los dos fiscales: de Nasca o Lima. Pero si el bus llegaba a Lima, el artículo 22 del Código Procesal Penal permitía a la fiscalía investigar el delito por ser el lugar de destino.

_¿El populismo punitivo puede provenir desde el sector político?

_Por supuesto que sí. Fundamentalmente la mayoría de los casos provienen del sector político. Existen muchas experiencias que nos demuestran cómo se precipitan y exacerban las prisiones preventivas contra empresarios, políticos, que tienen claros indicios de haber cometido delitos pero que no necesariamente ameritan una prisión preventiva; la verdadera lucha contra la corrupción implica adecuar un derecho penal en armonía con el ordenamiento jurídico y no como mera herramienta de castigo.

Karina Toledo

Fiscal Karina Toledo fue destituida pero asegura que no dispuso liberación de violadores.

ABOGADOS, FISCALES Y JUECES FIRMES

_¿Cómo solucionar este grave problema?

_La solución es de largo aliento, por cuanto se trata de cambiar el instinto inquisitivo de fiscales y jueces por un criterio estrictamente adversarial. Adicionalmente, es importante que abogados, jueces y fiscales mantengan una posición firme cuando adviertan que la política pretende utilizar el derecho penal, pero repito que la solución pasa por diversos aspectos complejos de desarrollar en corto plazo.

 

ALEJANDRO ARTEAGA

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Entrevista

“El fujimorismo no tiene argumento y actúa por la prepotencia de los votos”

Publicado

en

Mercedes Aráoz

Con 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, el Congreso aprobó el proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Al respecto, Diario UNO entrevistó a la vicepresidenta de la República y congresista de Peruanos por el Kambio (PPK), Mercedes Aráoz, quien coincide en la inconstitucionalidad de la ley y recomienda cerrarle el paso con una acción de amparo que permita al Estado trabajar con la ley vigente.

—¿Esta ley aprobada atenta contra derechos fundamentales?

—Así es; a todas luces es inconstitucional porque el ciudadano tiene derecho a estar informado por el Estado y eso está en la Constitución. La propuesta de Mauricio Mulder, tal como se aprobó, afecta a los ciudadanos y a su derecho de estar informados.

—¿Qué demostró el fujimorismo con esto?

—La forma como ha sido aprobada demuestra que el fujimorismo no tiene argumento y actúa por la prepotencia de los votos. Sabemos que la ley perjudica a los medios privados pero ¿en qué le perjudica al Estado? Usan hasta cifras cerradas para engañar y confundir a la población pero esto es muy dañino porque lo que va a pasar es que al Estado le va a impedir comunicar cosas tan simples como prevenir los desastres, campañas de vacunación, información para acceder a bonos para acceso a vivienda social. Todo esto es necesario comunicar adecuadamente.

DEBIÓ REGRESAR

—¿Su propuesta era que el proyecto de ley retorne a la Comisión de Transportes?

—Así es; para un mayor análisis y que también se revise un proyecto alternativo enviado por el Ejecutivo. Pedí que la propuesta se devuelva a la comisión, que se vea como cuestión previa, que se analice y que también se vea la propuesta que envió el Ejecutivo. La ley que mandó el Ejecutivo era mucho mejor. Realmente regulaba la publicidad y no la prohíbe. Regula la comunicación y permitiría un real manejo de control con los criterios básicos que debe tener una comunicación estatal, que le permitiría al ciudadano estar realmente informado.

—¿Pero la mayoría parlamentaria descartó su propuesta?

—No se dio para nada la propuesta que mandó el Ejecutivo, que puede ser perfectible, pero hubiera sido la base para un debate más interesante, en vez de quedarnos con la aprobación de una ley que prohíbe la comunicación estatal.

—¿Qué medidas debe tomar el gobierno para contrarrestar lo pernicioso de la ley?

—Yo espero que así como la bancada de PPK vaya a proponer una acción de inconstitucionalidad, otras bancadas también lo hagan, e incluso podría hacerse una acción de amparo para seguir utilizando la actual ley existente.

—¿La nueva ley no deroga la anterior?

—No; la ley que se acaba de aprobar no deroga la ley anterior, así que queda como un espacio vacío que hay que cubrir. La cosa es resolver lo más pronto esa acción de amparo para no trabajar con una ley que prohíbe la posibilidad de cualquier mecanismo de comunicación.

AMEDRENTAMIENTO

—¿El fujimorismo busca amedrentar a los medios privados?

—Así es; a pesar que el Estado apenas compra el 10% de la torta publicitaria, ellos creen que quitándoles sus ingresos van a limitar la posibilidad que los siga atacando la prensa independiente, que es lo que ellos argumentan.

—¿Está en juego la libertad a opinar e investigar?

—Diario UNO me ha dado de alma en su momento; sin embargo yo quiero que se investigue y que evalúen cómo son las cosas antes que cortar el derecho a la libertad de expresión. Si no, no vivimos en un espacio democrático.

—La prensa juega un papel importante en la sociedad.

—Sí; la investigación de la prensa permite descubrir dónde hay problemas en el Estado y puede a través de eso, seguir buscando soluciones donde hay errores de nuestra parte.

QUIEREN EVITAR QUE SE CRITIQUE AL CONGRESO

—¿Se desnuda una vez más el fujimorismo?

—Pero ya conocemos la historia de cómo el fujimorismo manejaba los medios de comunicación en los 90. Ahora desde el Congreso quieren presionar para que no hagan comentarios en contra del Congreso. Esto es una revancha y cualquier cosa que sea cuestionada, para ellos son ataques y por lo tanto hay que presionar a la prensa para que no opinen.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

Fútbol, como cortina de humo

Publicado

en

Augusto Lostaunau Moscol

En medio de un Congreso acusado de malgastar el dinero, el fútbol se convierte en un perfecto medio de distracción popular. Al respecto, Diario UNO conversó con el historiador y analista en psicosociales Augusto Lostaunau Moscol.

—El Caso Paolo Guerrero llena las primera planas ¿Siente que esto está siendo aprovechado políticamente?

—Claro. Así como en los 70, Sotil o “Perico” León fueron íconos populares; hoy Guerrero es ese ícono popular que genera orgullo e identidad entre las grandes mayorías.

—Pero hasta el propio Congreso le mostró su apoyo

—Sí, su “apoyo” para enfrentar una sanción bastante sospechosa. Pero, ese “apoyo” no fue ni gratuito ni sincero.

—¿Paolo Guerrero tiene la culpa?

—De todo esto no podemos acusar a Guerrero; los culpables de tal derroche de dinero y burla al país, son los tres partidos políticos que controlan la Mesa Directiva del Congreso. Esas tres organizaciones políticas son las que usufructúan de los dineros de un Poder del Estado que debería vivir en medio de la realidad y no estar de espaladas al país.

—¿El deporte como parte de una campaña política?

—Claro. Pero una actividad menor, de mero entretenimiento. En estos momentos, muchos de los candidatos a las alcaldías distritales y provinciales, así como los candidatos a gobernadores regionales, deben estar organizando o financiando la realización de los llamados “campeonatos relámpagos” para conseguir un premio donado por el candidato o candidata. Terminado el “campeonato relámpago”, toca una orquesta y las cajas de cerveza se reparten. Al final, el objetivo es sólo colocarle el cartel de “apoya el deporte”.

—¿Y el deporte puede ser parte de una campaña de distracción política o cortina de humo?

—Así es; en la vieja Roma se dijo “Pan y Circo”; es decir, alimentación y diversión para gobernar sin oposición.

ALGO MÁS

—Aparte de Fujimori ¿Qué otros gobiernos han hecho lo mismo con el deporte?

—Las dictaduras siempre han buscado tapar sus acciones creando cortinas de humo con el deporte.

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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