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Editorial

Caos, confusión y reordenamiento

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El libre comercio es una práctica económica en la que dos o más países firman un tratado comprometiéndose, entre otras cosas, a anular entre sí los aranceles en frontera. Eso quiere decir que los precios de todos los productos comerciales entre ellos serán los mismos para todos los integrantes de la zona, de forma tal que un país no puede aumentar (mediante aranceles a la importación) el precio de los bienes producidos en otro país que forma parte de la zona de libre comercio.

Ocurre, sin embargo, que por ignorancia este término es usado arbitrariamente por comerciantes ambulantes para reclamar supuestos derechos. Nos referimos al caso del emporio industrial y comercial del jirón Gamarra, en el distrito de La Victoria, donde los ambulantes desalojados aprovechan las cámaras de la televisión para reclamar –sin que les asista razón alguna– el derecho al uso de la vía pública para ejercer diz’que el “libre comercio” porque –según ellos– “así lo establece el Ministerio de Trabajo”.

Lamentablemente, nuestra televisión no está cumpliendo su papel de educar a sus audiencias, al gran público, pues de lo contrario los reporteros –o los presentadores en el set televisivo– les aclararían que no existen tales leyes. Les informarían que nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Les enseñarían que la Constitución Política del Perú garantiza el derecho al trabajo, pero con arreglo a la legislación vigente. También les dirían que todos tenemos derechos que nos amparan y obligaciones que cumplir. En fin, todo eso si nuestra televisión hiciera docencia, pero como eso no da “rating”, ¿para qué?

En todo caso, corresponde a nuestras autoridades educar a la población, informando primero y sancionando después. El comercio ambulatorio no puede colisionar con las mínimas normas de seguridad, salud e higiene. El incendio ocurrido en Mesa Redonda en diciembre de 2001, que dejó alrededor de 300 muertos, al parecer, no ha servido para que se aprenda la lección. El municipio victoriano estima que el reordenamiento total de Gamarra tomará por lo menos seis meses de arduo trabajo. Sería necesario entonces que las autoridades ediles, puedan contar con el indispensable apoyo de la Policía Nacional durante ese tiempo para recuperar Gamarra y eliminar definitivamente las mafias que allí estaban enquistadas.

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Editorial

El periodismo está de duelo

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La prolífica obra del periodista, escritor y poeta Edmundo Dante Lévano La Rosa, o simplemente César Lévano como a él le gustaba que lo llamen, va más allá de su defensa de los derechos humanos y de la causa de los sectores más pobres. Está por encima de su destacado afán literario y trasciende las grandes campañas periodísticas que desplegó en favor de las causas más nobles. Fue maestro de periodismo de varias generaciones. Desde los claustros sanmarquinos, inculcó a sus alumnos su gran amor por el Perú. Destacaba la obra de Raúl Porras Barrenechea y recordaba las grandes entrevistas de Alfonso Tealdo que publicaba en la revista “Ya”.

Lévano, dictaba verdaderas cátedras magistrales sobre la ética en el periodismo y la rigurosidad con que se debía trabajar. “Para informar hay que estar informado”, solía decirles siempre a sus alumnos, que cuando terminaban las clases salían rodeándole para hacerle muchas preguntas sobre lo tratado en clase. No importaba que fuera ya muy tarde, él siempre se detenía a conversar con los jóvenes y les transmitía la misma pasión que él sentía por el periodismo. Es por eso que se puede decir que su obra continuará aún después de su partida a los 92 años de edad y cuando aún conservaba una lucidez increíble que le permitió trabajar hasta el último de sus días. Un verdadero ejemplo.

En el año 2002, recibió la condecoración Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el Grado de Gran Cruz. En 2005, fue reconocido por el Tribunal Constitucional por su defensa de los Derechos Humanos. En 2011 recibió el Premio Anual de Derechos Humanos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Además de haber sido director del ya desaparecido diario Última Hora y editor asociado de la revista Caretas, Lévano trabajó en los diarios La Prensa, La República, así como en la Agencia de Noticias France-Presse y las revistas “Marka” y “Sí”, fue director del diario La Primera y director fundador del Diario UNO, donde escribía su comentada columna Razón Social.

En la última etapa de su brillante carrera promovió el periódico Perfil, pero lamentablemente lo sorprendió la muerte. Ahora el periodismo está de duelo por la irreparable pérdida. Nuestras más sentidas condolencias a su familia.

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Editorial

Como baldazo de agua fría

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Hemos escuchado hace algunos días que el Perú es un país privilegiado. Cuenta con 1.89% de la disponibilidad de agua dulce del mundo. Esta información debería ser motivo de alegría para todos los peruanos, sin embargo no lo es. Ocurre que en vísperas del Día Mundial del Agua, que se celebró ayer, la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) difundió una noticia que cayó como baldazo de agua fría a los limeños. Las tarifas de agua potable en Lima Metropolitana y el Callao subirán a partir de mayo entre 1% y 5%, según adelantó el jefe de ese organismo, Iván Lucich.

Hablando en buen romance, al privilegio de contar con el 1.89% de la disponibilidad de agua dulce del mundo, tendremos que agregarle el privilegio de pagar tarifas más altas por el líquido elemento que ni siquiera llega a todos los rincones de la capital en forma permanente. Hay pobladores que solo reciben el suministro por horas y otros que simplemente no lo reciben por red pública, sino que tienen que pagar lo que les pidan los camiones cisterna y almacenarlo en precarias condiciones higiénicas.

La solución para muchos gobiernos era fácil: privatizar Sedapal. No obstante la empresa mantiene contratos de servicios con terceros en sus distintas modalidades, como intermediación, tercerización y Outsourcing. De hecho, solo están en manos de Sedapal los servicios de atención al cliente y validación de la facturación. Todo lo demás está en manos privadas. Pero cuando hay aniegos o un mal servicio, la gente se queja de Sedapal porque no sabe que casi todo ha sido concesionado y desde los años 90 un conglomerado de empresas privadas, independientes o consorciadas tiene a su cargo la mayoría de los servicios.

Pero si toda la empresa pasara a manos privadas, muchos pobladores, especialmente de las partes altas no recibirían ningún servicio porque para los privados no es negocio bombear con electricidad el agua –con la consiguiente elevación del costo– y luego cobrarles una tarifa social. Por eso las ciudades que privatizaron su servicio de agua después volvieron a estatificarlo porque nunca funcionó con eficiencia. Además el costo se incrementó en manos privadas.

En nuestro privilegiado país, sería bueno que las autoridades, si quieren volver eficiente el servicio, comiencen por reclasificar unos 500,000 clientes comerciales-industriales que se mantienen como usuarios del servicio doméstico con lo cual la empresa pierde varios cientos de millones de soles al año. Así no tendrían que meter la mano al bolsillo de los usuarios de menores recursos.

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Editorial

Los “muñecos” del aprofujimorismo

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Parece que la proximidad de la declaración de Jorge Barata está haciendo perder los papeles al aprofujimorismo, cuyos congresistas ayer quedaron en evidencia en su pretensión de traerse abajo la Ley 30737 que garantiza el pago de reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción. Lo paradójico de este asunto es que la norma en cuestión fue aprobada por los propios fujimoristas, en reemplazo del Decreto de Urgencia 003 porque esta última no cumplió con sus objetivos de asegurar la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

Ocurre, que los congresistas de Fuerza Popular y del Apra están en una carrera contra el reloj porque cada día que pasa ven más cerca la posibilidad de que Barata explique con pelos y señales todo sobre las cuentas en las que Odebrecht depositó dineros provenientes de la Caja 2; es decir fondos destinados al pago de coimas. Eso es lo que tratan de evitar para que sus líderes y candidatos no se vean eventualmente comprometidos en un caso de lavado de activos. Ayer interpelaron al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, precisamente por el tema del acuerdo con Odebrecht para la colaboración eficaz con la justicia del Perú.

Sin embargo, el ministro Zeballos nada tendría que ver con el acuerdo porque éste tiene que ser revisado en última instancia por el Poder Judicial. En otras palabras, el Ejecutivo no conoce los pormenores del acuerdo hasta que quede oleado y sacramentado. La cereza del pastel la puso ayer la congresista y tercera vicepresidenta del Legislativo Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) al anunciar que ha solicitado la detención preliminar de los exdirectivos de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra, Renato Ribeiro Bortoletti y otras 31 personas vinculadas con los presuntos actos de corrupción en la construcción del Gasoducto Sur peruano.

Vilcatoma justificó su decisión señalando que presentó la denuncia luego de haber recibido la información que Odebrecht y Barata, entre otros, cometieron actos de corrupción en la construcción del Gasoducto del Sur peruano. No obstante, su actitud parece destinada a tratar de intimidarlos para que no hablen. A pesar de ello, lo que estaría denotando Vilcatoma es el temor de los fujiapristas por lo que va a ocurrir entre el 22 y 26 de abril próximo en que Barata responderá más de mil preguntas del Ministerio Público. Eso ha desatado los “muñecos” del aprofujimorismo.

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