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Editorial

¿Cambiando moco por baba?

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“No por mucho madrugar amanece más temprano”, dice un antiguo refrán con el que nuestros padres y maestros solían recordarnos que muchas veces las cosas tienen procesos que duran determinados tiempos y no porque nosotros intentemos que sucedan antes, así ocurrirá. Algo de eso podría haber sucedido con la creación de la Junta Nacional de Justicia, aunque más parece que ha habido mucho de cálculo político y ha terminado pareciéndose mucho al cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo que se encargaba del nombramiento de jueces y fiscales.

Ha sido, a todas luces, una ley aprobada contra el reloj, quizá para que muchos congresistas no se pierdan la oportunidad de gozar de las playas de nuestro litoral, en el mes de febrero –más soleado del año– lo cual es tamaña barbaridad porque otros legisladores le han agregado el componente del cálculo político para finalmente obtener una Junta Nacional de Justicia a su medida y justamente cuando las investigaciones del caso Lava Jato están dando resultado, pero con el nuevo organismo que sustituirá al CNM no se sabe en qué medida podrá ayudar a esta tarea. ¿Acaso se busca fabricar nuevos “cuellos blancos del puerto”?

En un artículo del periodista Félix Grijalba que se publica en esta edición de Diario UNO, el reconocido abogado penalista Mario Amoretti alerta que en el nuevo organismo, que debería precisamente corregir los errores del CNM, ya no figuran los abogados y los integrantes de las cortes provinciales y en su reemplazo se ha colocado a los directivos del Congreso, al Defensor del Pueblo y los miembros del TC. Que se sepa, estos últimos y el Defensor del Pueblo son elegidos o ratificados por el Congreso y, por lo tanto –valgan verdades– se ha politizado este organismo desde su gestación.

Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha dicho en una entrevista en el programa Cuarto Poder que lo importante es que se ha sacado adelante la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, lo que consideró un logro pese a las discrepancias, porque lo importante es que se elija a los mejores, no discriminar a nadie por razones de género y que si son hombres o mujeres bienvenidos sean. Precisamente, todo eso es lo que ese mamotreto producto del apuro y la desesperación, no garantiza. OTRO SÍ: Es de esperar que con el aporte de expertos en la materia,la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia sea corregida a la brevedad posible.

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Editorial

¿La militancia es el problema?

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Suena razonable la propuesta de la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrero, de que quienes resulten elegidos como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no deben tener licencia de militancia política y ser absolutamente independientes. Es decir, no militancia política ni licencia. La ley, sin embargo, considera la posibilidad de que los miembros del JNJ puedan tener esa licencia.

De lo que se trata, según la decana del CAL, es que las personas que lleguen a integrar la Junta Nacional de Justicia tengan independencia partidaria absoluta, de tal suerte que se pueda recuperar el prestigio y credibilidad de una institución tan importante. Por eso ha pedido, también, ser drásticos en este aspecto, pues de otra manera no se podría recuperar la confianza ciudadana. Un punto de vista muy respetable, que ha sido ampliamente debatido y forma parte de las conclusiones de un conversatorio con especialistas en derecho constitucional realizado por el CAL.

Por cierto, las conclusiones serán alcanzadas la semana que viene a la comisión encargada de elegir a los integrantes de la JNJ. No obstante, habría que agregar que además de todos los filtros para elegir a los candidatos, como pueden ser la meritocracia y la cuota de género, debería tenerse el máximo cuidado en elegir a los candidatos que demuestren ser inmunes a la corrupción. El problema comienza cuando las personas aceptan el encargo por razones crematísticas. Eso es más peligroso que la militancia política.

Ojalá, pues, este nuevo organismo garantice un Poder Judicial que esté a la altura de las circunstancias. Sobre todo, en este momento en que la economía global se está desacelerando y se requiere dar mayor confianza a los inversionistas que quieren apostar por el Perú. También es necesario que el ciudadano de a pie se sienta protegido en el sentido de saber que la ley es igual para todos y que gracias a eso desaparezca la idea de que “es mejor un mal arreglo que un buen juicio”.

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Editorial

¿A la policía se la respeta?

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Resulta increíble que en pleno Siglo XXI y cuando el vertiginoso desarrollo de la tecnología está afectando profundamente todas las relaciones, sociales, laborales, educativas, de comunicación y hasta de ocio de los seres humanos, en el Perú recién se piense implementar internet e intranet de alta velocidad en 141 comisarías, ubicadas en zonas rurales de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Lambayeque y Cusco, en el marco de un plan para mejorar la seguridad ciudadana. Sin conectividad de poco valen los esfuerzos en compras de patrulleros y equipos para que la policía pueda realizar su labor eficazmente.

El anuncio lo hizo la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, durante la primera reunión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), realizada en la víspera en la ciudad de Trujillo y que fue encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Allí, la viceministra dijo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como miembro del Conasec, es responsable de facilitar las herramientas en materia de conectividad digital, con la finalidad que las instituciones encargadas de reforzar la seguridad ciudadana puedan cumplir con su labor.

No obstante, más vale tarde que nunca. Es de esperar, entonces, que esta tarea se agilice lo más que se pueda y en lo sucesivo todas las comisarías estén interconectadas mediante el internet de alta velocidad, pues la tecnología permitiría a las autoridades contar en cuestión de minutos con información oficial sobre antecedentes, requisitorias y otros datos personales que se requiera para una debida investigación preliminar.

Es importante, también, el Proyecto 911 que es el que el MTC viene desarrollando con el Banco Mundial para unificar los códigos de emergencia y seguridad. Según señaló la viceministra Nakagawa, esta iniciativa dará una mejor atención y respuesta de las entidades de emergencia y seguridad como policía, bomberos, salud, Indeci, en una primera etapa, y en el futuro se ampliaría a casos de violencia familiar, que van en aumento. En todo caso, le recordamos al Gobierno el slogan de una antigua campaña: “A la policía se la respeta”.

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Editorial

Nerviosismo crece en aprofujimorismo

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Dos son las principales funciones del Congreso de la República. Una es la de legislar, es decir, producir las leyes que el país requiere para la buena marcha del orden constitucional, y fiscalizar, o sea, pedir cuenta a los funcionarios del Gobierno sobre el apego a las leyes emanadas del Parlamento. Ocurre, sin embargo, que nuestros padres de la patria al parecer no entienden bien en qué consisten sus funciones. Se han dedicado a fungir de un poder judicial paralelo que aletarga y retrasa la marcha de nuestras instituciones. Así, este Congreso –sin proponérselo– ha devenido en poco menos que en una rémora.

Una perla más al largo rosario de iniciativas sin sentido es la anunciada interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, aprobada por 58 votos a favor, 54 en contra y una abstención, para que explique el acuerdo firmado con la empresa brasileña Odebrecht. La autora de semejante desaguisado no podía ser nadie más que la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma. La citación al ministro fue fijada para el próximo jueves 21 de marzo a las 9 de la mañana, no obstante que los parlamentarios saben que los procuradores son autónomos en sus funciones y no reciben órdenes ni indicaciones del ministro de Justicia.

Si bien es cierto que la Procuraduría depende del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuyo presidente es el ministro de Justicia, también es verdad que en el ejercicio de las funciones los procuradores actúan con total autonomía. Si eso es así, la decisión del Congreso de interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, carece de todo sentido, pues él no tendría responsabilidad alguna por la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Asimismo, y tal como lo ha recordado el procurador Jorge Ramírez es el Poder Judicial el encargado de verificar que el acuerdo con Odebrecht se haya hecho con total legalidad. Sin embargo, los congresistas del Apra y el fujimorismo al parecer están demasiado nerviosos por lo que pueda decir Jorge Barata cuando declare entre el 22 y el 26 de abril próximo, máxime cuando hay el ofrecimiento de abrir todos los archivos de la empresa cuando la justicia peruana lo requiera.

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