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Editorial

¿Cambiando moco por baba?

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“No por mucho madrugar amanece más temprano”, dice un antiguo refrán con el que nuestros padres y maestros solían recordarnos que muchas veces las cosas tienen procesos que duran determinados tiempos y no porque nosotros intentemos que sucedan antes, así ocurrirá. Algo de eso podría haber sucedido con la creación de la Junta Nacional de Justicia, aunque más parece que ha habido mucho de cálculo político y ha terminado pareciéndose mucho al cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo que se encargaba del nombramiento de jueces y fiscales.

Ha sido, a todas luces, una ley aprobada contra el reloj, quizá para que muchos congresistas no se pierdan la oportunidad de gozar de las playas de nuestro litoral, en el mes de febrero –más soleado del año– lo cual es tamaña barbaridad porque otros legisladores le han agregado el componente del cálculo político para finalmente obtener una Junta Nacional de Justicia a su medida y justamente cuando las investigaciones del caso Lava Jato están dando resultado, pero con el nuevo organismo que sustituirá al CNM no se sabe en qué medida podrá ayudar a esta tarea. ¿Acaso se busca fabricar nuevos “cuellos blancos del puerto”?

En un artículo del periodista Félix Grijalba que se publica en esta edición de Diario UNO, el reconocido abogado penalista Mario Amoretti alerta que en el nuevo organismo, que debería precisamente corregir los errores del CNM, ya no figuran los abogados y los integrantes de las cortes provinciales y en su reemplazo se ha colocado a los directivos del Congreso, al Defensor del Pueblo y los miembros del TC. Que se sepa, estos últimos y el Defensor del Pueblo son elegidos o ratificados por el Congreso y, por lo tanto –valgan verdades– se ha politizado este organismo desde su gestación.

Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha dicho en una entrevista en el programa Cuarto Poder que lo importante es que se ha sacado adelante la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, lo que consideró un logro pese a las discrepancias, porque lo importante es que se elija a los mejores, no discriminar a nadie por razones de género y que si son hombres o mujeres bienvenidos sean. Precisamente, todo eso es lo que ese mamotreto producto del apuro y la desesperación, no garantiza. OTRO SÍ: Es de esperar que con el aporte de expertos en la materia,la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia sea corregida a la brevedad posible.

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Editorial

Más de lo mismo en el Congreso

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Por mayoría, la Comisión de Ética del Congreso de la República rechazó iniciar investigación preliminar contra su presidenta, Janet Sánchez (PPK), por haber cobrado gastos de representación a pesar de encontrarse fuera del país, y contra seis legisladores más por el mismo caso.

Entre los suertudos congresistas que no serán investigados figuran Segundo Tapia, Karina Beteta, César Segura, Mario Mantilla y Fredy Sarmiento (Fuerza Popular), y el no agrupado Jorge Castro. Siete miembros de ese grupo de trabajo –cinco en contra y dos abstenciones– salvaron a Sánchez.

La presidenta de la Comisión de Ética ejerció su derecho a defensa tras la denuncia formulada el domingo en el programa periodístico Cuarto Poder. Según la denuncia periodística, Janet Sánchez cobró en noviembre de 2017 S/ 2,800 por gastos de representación, a pesar de que estuvo en Brasil los mismos días en que debió ejercer sus funciones representativas en el Perú.

La presidenta de la Comisión de Ética atribuyó a un error administrativo del Parlamento la entrega del citado monto de dinero. Dijo, además, que ella no ha cometido falta alguna al Código de Ética Parlamentaria porque en el mes de febrero devolvió el dinero.

Aquí hay por lo menos una situación poco ética, pues Janet Sánchez sabía que el grupo de trabajo que ella preside debía ver el caso de los seis parlamentarios que habían cobrado gastos de representación a pesar de encontrarse fuera del país y su titular no tuvo la delicadeza, por decir lo menos, de informar en esa comisión que ella estaba en la misma situación. ¿Podría ocurrir un caso similar en otros países? La verdad que es de Ripley y pinta de cuerpo entero a muchos de nuestros parlamentarios.

Ahora sí podemos entender por qué la reforma política no prosperará en nuestro devaluado poder Legislativo, cuya aprobación raya en cifras de un solo dígito. La población ya está harta de estos congresistas que gastan presupuestos muy elevados y son incapaces de realizar un trabajo que esté a la altura de sus responsabilidades.

Por lo ocurrido en la Comisión de Ética parece que tenemos que esperar que San Pedro baje el dedo para que se apruebe una reforma política con todas las de la ley. Mientras tanto seguiremos viendo más de lo mismo en nuestro Perú que ya se acerca al Bicentenario de su Independencia.

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Editorial

No quieren soltar la teta

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El legislador y vocero de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, rechazó que su bancada se oponga a la reforma política propuesta por el Poder Ejecutivo por un afán de mantener el actual sistema político y electoral.

Sin embargo, no dan un solo paso hacia adelante para avanzar a un sistema político que no obstaculice el desarrollo nacional. Como lo ha dicho el sociólogo Nelson Manrique, la actitud de Fuerza Popular (FP) y el Apra, se explica por su afán de mantener el mismo sistema de elecciones para el proceso general del 2021.

Según el congresista fujimorista Carlos Tubino “los congresistas son elegidos por el pueblo, los magistrados no. Habría que recordarle al señor Tubino que así como el pueblo lo eligió también puede retirarle la confianza y, de hecho, ya ocurrió eso porque el Congreso es la institución con la más alta desaprobación en el país.

Ha dicho, además, que en el caso de la propuesta del Ejecutivo parece que se quisiera tomar medidas contra los congresistas del actual Parlamento, como en el proyecto sobre inmunidad parlamentaria. Sus palabras pintan de cuerpo entero a Tubino, pues no queda duda que está tratando de curarse en salud.

Al obstruir la reforma política, que por lo demás es un pedido directo de la ciudadanía, los congresistas de Fuerza Popular y del Apra no están haciendo nada más que defender sus privilegios.

Es por eso que se oponen a la reforma política, porque quieren mantener sus privilegios. Buscan que las elecciones del año 2021 se realicen en los mismos términos del pasado proceso electoral, lo cual ya resulta insostenible por todas las cosas que vienen ocurriendo en nuestro sistema político.

Es verdad, pues, como dice el analista Nelson Manrique que el fujimorismo y el aprismo siguen teniendo el poder del Congreso y lo están demostrando en los últimos meses, lo que, en su opinión, “afecta a la vida democrática”.

Por ello, es necesario que todas las fuerzas verdaderamente democráticas se sumen en el Congreso para sacar adelante la reforma política que el Perú necesita, pues de lo contrario el aprofujimorismo se negará a soltar la mamadera.

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Editorial

¿Navegando sin brújula?

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Hasta hace poco se decía que el Perú debía llegar al Bicentenario de su Independencia política con una planificación de lo que verdaderamente queremos como país, con metas y objetivos claros hacia un futuro próximo: el año 2021. Sin embargo, nos acercamos inexorablemente a tan especial conmemoración sin nada que nos diferencie del pasado, sin un punto de quiebre. Peor aún, hemos retrocedido en lo que a informalidad se refiere, andamos estancados en el desempleo y subempleo, y caminamos como el cangrejo en la generación de empleo formal frente a una Población Económicamente Activa (PEA) que va en rápido crecimiento.

Sin volver los ojos atrás para hacer un balance de lo andado y desandado hasta el momento, de pronto se nos habla de “Visión Perú 2050”. Es verdad que bueno es planificar tal como lo hacen los países adelantados, pero esa planificación también tiene que mostrar resultados. Por el contrario, la corrupción está minando el aparato estatal y ha llegado a comprometer instituciones del sector privado, sin solución a la vista. Ni hablar de los políticos y menos de algunas autoridades.

Todo aquello impide resolver viejos problemas que persisten y afectan sobremanera nuestro sistema democrático. No se ven avances en las políticas de fomento al empleo, en las políticas educativas, ni en aspectos claves como los conflictos sociales que se acumulan como una olla a presión a punto de estallar. No se puede hablar de visión al 2050 si no se han resuelto los problemas de toda la vida. Si persisten el desempleo y subempleo y no se hace nada frente a la informalidad y las desigualdades, como observa el economista Germán Alarco, profesor de la Universidad del Pacífico y destacado columnista de Diario UNO, cómo entonces podemos proyectarnos al año 2050 sin tener en cuenta el desarrollo tecnológico en robótica-inteligencia artificial.

Tampoco se ha hecho nada hasta el momento por la educación, que debería estar acorde con los nuevos tiempos. Los profesores de colegio tienen cada vez más problemas para mantener la atención de sus alumnos. Los maestros no son expertos en informática ni tienen alta preparación en el mundo audiovisual. Corresponde, pues, al Gobierno y especialmente al presidente Martín Vizcarra asumir el liderazgo y enrumbar a nuestro país por la senda del siglo XXI, porque de lo contrario pareciera que se ha perdido la brújula.

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