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Editorial

Caiga quien caiga

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La exalcaldesa de Lima, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, ha sido incluida en la lista de investigados del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Odebrecht, después que un aspirante a colaborador eficaz revelara al fiscal Hamilton Castro que la constructora brasileña financió la campaña por el “No” a la revocatoria en 2013 y para su reelección, en 2014. A consecuencia de ello, la Fiscalía, oficializó el pedido de impedimento de salida del país para la exautoridad de Lima.

La solicitud será resuelta por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Manuel Chuyo Zavaleta. Otros dos funcionarios de la anterior administración municipal también están comprendidos en el pedido del fiscal. Las investigaciones del escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht deben continuar caiga quien caiga, pero es menester que los fiscales cuenten con todas las garantías del caso para realizar su trabajo con total y absoluta independencia.

No obstante, el Ministerio Público acaba de abrir una investigación preliminar contra el fiscal Castro por no haber incluido en las investigaciones del caso Lava Jato a las empresas peruanas asociadas a Odebrecht en proyectos donde se presume el pago de coimas. A ello se suma el llamado del congresista aprista Mauricio Mulder para que el Ministerio Público solicite al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima. La jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, ha pedido que dejen hacer su trabajo al fiscal.

Y no es para menos, pues de lo contrario se podría utilizar algunos casos de corrupción como cortina de humo para tapar otros. Sabido es por todos que la corrupción avanza como un cáncer que corroe todo y se instala en muchas instituciones del Estado y hasta en empresas privadas. Pero para eso están los fueros de la justicia. Las investigaciones que se realizan en la Fiscalía y el Poder Judicial, deben ser transparentes, por la salud de nuestra democracia, por el país y por el bienestar común de todos los ciudadanos, pues Lava Jato se ha apoderado de la agenda y hay que impedir que la corrupción siga paralizando al país.

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Editorial

Reforma contra el reloj

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El contralor Nelson Shack ha confirmado que la compra de televisores y frigobares para el Congreso de la República no cuenta con documentos que le den el sustento apropiado de acuerdo a la normatividad vigente. Sin embargo, como el proceso de compra aún no se ha llevado a cabo será el Congreso el que tome las previsiones del caso, según el Contralor de la República.

Y en verdad que no se concretó la cuestionada compra gracias a una denuncia periodística, la misma que provocó la airada reacción del congresista Héctor Becerril, quien amenazó a los periodistas que le preguntaron sobre la compra de televisores poco antes del Mundial Rusia 2018, amenazándolos con sacar la ley contra los medios de comunicación.

Efectivamente, esa compra no se llevó a cabo, pero lo que sí se concretó fue la aprobación de la llamada “Ley Mulder” para prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Sin embargo, ahora se sabe que varios legisladores habrían viajado a Rusia para ver el Mundial en vivo y en directo. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, ha adelantado que dará informes sobre los viajeros en una conferencia de prensa. De seguro que habrá novedades.

Todo esto se desarrolla en el contexto de un presunto tráfico de influencias al interior del Consejo Nacional de la Magistratura. El consejero Baltazar Morales se ha ratificado en que Becerril le pidió a nombre de la bancada de Fuerza Popular votar para presidente del CNM por el candidato Julio Gutiérrez Pebe.

Es fácil darse cuenta que este Congreso –de las Yesenia Ponce y los Mamani– no da la talla. Varios de los legisladores integrantes de la mayoría fujimorista y sus socios apristas parecen estar involucrados en actos irregulares, por decir lo menos, y así no podrán cumplir con sacar adelante la urgente reforma del Consejo Nacional de la Magistratura.

El presidente Martín Vizcarra ha hecho un llamado a la ciudadanía a cerrar filas en la lucha frontal contra la corrupción y ha instado al Congreso a hacer su parte y actuar de manera firme ante este problema. El procurador Amado Enco ha formulado denuncia penal contra el congresista Héctor Becerril y los consejeros del CNM han puesto sus cargos a disposición del Congreso. El tiempo nos juega en contra pero urge reformar el Consejo Nacional de la Magistratura.

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Editorial

Legislatura extraordinaria

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La crisis por la que atraviesa el sistema de justicia en el Perú obligó al presidente de la República, Martín Vizcarra, a una medida de urgencia y este viernes el Congreso de la República responderá al llamado del Ejecutivo, realizando una legislatura extraordinaria.

El Parlamento ya tenía programada para el lunes una reunión extraordinaria para debatir los avances en la investigación del caso del Consejo Nacional de Magistratura que se realiza en la Comisión de Justicia; sin embargo, es saludable la iniciativa del mandatario aunque, como siempre, un poco tardía.

El presidente Vizcarra sí está facultado para solicitar que el Congreso se reúna para debatir un tema determinado de agenda; el mecanismo para hacerlo es a través de un decreto supremo. El artículo 118, inciso sexto de la Constitución. Eso dio pie a que Luis Galarreta, como presidente del Legislativo, lo acate.

Frente a todo ello, no se explica la reacción del congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien insiste que Vizcarra “está en la calle” y mal asesorado. Tras calificarlo de “ignorante”, el acciopopulista alcanzó a decir que se trataba de “una jugada política totalmente ilegal e inconstitucional”.

Cierto es que Vizcarra mandó un oficio que para efectos no tenía valor; se podría pensar que fue producto del apuro. Ya con la emisión del Decreto Nº 076 se efectiviza la convocatoria.

Al margen de cuestiones de forma, lo más oportuno en estos momentos es la destitución de todos los miembros del CNM, aplicando el artículo 157 de la Constitución tal como lo solicita el propio Vizcarra.

Es verdad que no se puede poner en el mismo saco a la totalidad de jueces y fiscales ni de hacerla de “cabeza de turco” pero los miembros del CNM deberán comprender que el ojo de la tormenta está en ellos. Por ello, no queda otra que pasar por un órgano distinto y de conformación distinta de la actual. El desgaste y el desprestigio son evidentes.

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Editorial

La reforma no se debe quedar en el papel

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Está en camino la reforma del sistema de justicia anunciada por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Este camino es escarpado por lo cual el mandatario debe ponerle énfasis en el cumplimiento de su compromiso.

Uno de los pasos fundamentales es el nombramiento del nuevo ministro de Justicia. El congresista Gilbert Violeta ha dicho que hoy saldría el nombre de quien reemplazará a Salvador Heresi.

La pregunta que alguien debe hacerle a Vizcarra es: ¿Por qué nombró usted a Heresi ministro de Justicia cuando todo el mundo le decía de los anticuchos de este que incluso tiene un hermano investigado por lavado de activos?

Aunque empujado por los audios el presidente Vizcarra, sin embargo, ha actuado bien sacando de su gobierno a Heresi y nombrando como presidente de la comisión para la reforma del sistema de justicia a Allan Wagner.

Wagner estuvo trabajando ayer todo el día porque tiene menos de 12 días para entregar propuesta a fin de que Vizcarra anuncie al país los puntos fundamentales de su reforma de la justicia.

Wagner dijo que la labor de su equipo va por buen camino, tras reunirse con el titular del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Comisión de Justicia del Congreso.

Manifestó que el grupo planteará temas importantes de alta sensibilidad para la ciudadanía, que signifique el inicio de la reforma, y una demostración clara y concreta de que ahora sí hay una voluntad política del presidente y jefes de los poderes del Estado y sectores comprometidos para realizar la reforma.

Es fundamental que los representantes de los poderes del Estado se pongan de acuerdo en que es sumamente importante una reforma sustancial de la justicia que ha sido tomada, tal como lo dijo el excandidato presidencial Julio Guzmán, por la mafia, una mafia poderosa.

El presidente Vizcarra debe entender que su pelea, que la lucha, es con gente que no tiene principios democráticos y que constituye una red de delincuentes cuya prioridad es levantarse en peso al país.

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