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Entrevista

“Buscan eliminar políticamente a líderes progresistas”

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Gabriela Rivadeneira

Gabriela Rivadeneira, una de las principales referentes políticas de Ecuador, integrante de la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, analiza la persecución mediática—judicial contra Rafael Correa, Lula Da Silva y Cristina Fernández de Kirchner.

Analiza el giro de 180 grados dado por Lenín Moreno respecto de las políticas implementadas por Rafael Correa, la alianza del actual presidente ecuatoriano con Estados Unidos y los sectores del poder económico concentrado a nivel nacional e internacional. Sobre la persecución a los líderes progresistas, asegura que “el aparato judicial y los medios de comunicación” son fundamentales “para poder desarrollar este nuevo mecanismo de golpes blandos”.

Luiz Inacio Lula Da Silva

—La expresidenta argentina y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner denunció que hay una estrategia regional para perseguir judicialmente a los líderes populares y remarcó que eso se puede ver claramente en Argentina, Brasil y Ecuador. ¿Cree usted que es así? ¿A qué intereses responde esta estrategia y qué rol juegan los medios hegemónicos de comunicación?

—Efectivamente, existe una estrategia regional de persecución a los líderes progresistas de Argentina, Brasil y Ecuador. Esta estrategia la advertimos hace 3 años desde Ecuador bajo la denominación de “Restauración Conservadora” que, en nuestro país se concretó desde el cambio de mando en mayo 2017.

El “lawfare” o judicialización de la política en el Ecuador violenta los más elementales derechos y garantías de las personas como las del debido proceso legal y a nivel institucional se ha manifestado con la ruptura del orden constitucional y un fuerte debilitamiento del estado de derecho.

Además, como ya ocurre en Brasil, en nuestro país también se ha manifestado mediante la proscripción de la participación política de nuestra organización: la Revolución Ciudadana.

Es importante que ustedes conozcan que en Ecuador la estrategia del “lawfare” se expresa a través de cuatro mecanismos. Uno: la persecución administrativa desarrollada desde la Contraloría General del Estado, contra los funcionarios que formaron parte del gobierno de Rafael Correa. Dos: la persecución desde los órganos de la función Judicial, mediante este mecanismo es que se persigue a Rafael Correa con un juicio penal fabricado para intentar su detención violentando las garantías del debido proceso. Tres: la modificación de los marcos constitucionales e institucionales del Estado; para lograr una proscripción política de Rafael Correa, por si el plan judicial les falla. Cuatro: el bloqueo político; que impide la representación de una de las principales fuerzas de la escena política ecuatoriana, como lo es la Revolución Ciudadana. Estos cuatro ejes forman parte de una estrategia que rompe con los principios elementales del estado de derecho y la vida republicana.

Rafael Correa

Rafael Correa

—¿Cuál es el objetivo que buscan con esa ofensiva?

—Esta estrategia regional para eliminar de la escena política a los líderes progresistas se realiza con la complicidad necesaria del aparato judicial y los medios de comunicación. Ambos se necesitan para poder desarrollar este nuevo mecanismo de golpes blandos que se han experimentado en nuestra región para influenciar en la política ya que no pueden hacerlo mediante las urnas. Es decir, son los poderes hegemónicos y fácticos los que están detrás de estos mecanismos para denigrar y desprestigiar a los proyectos progresistas que mostraron ser efectivos al momento de mejorar la calidad de vida de los pueblos y han tocado los intereses de los grupos de poder como nunca antes en nuestro continente, bajando las brechas de desigualdad que han golpeado siempre a los más pobres del continente.

—¿Qué interpretación hace usted de la decisión del presidente Lenín Moreno de abandonar el Alba—TCP y de anunciar que le pedirá a Unasur que devuelve el edificio que el estado de Ecuador había cedido para su funcionamiento?

—No me sorprende porque coincide con la agenda internacional desarrollada por Moreno desde su asunción. Existe un giro radical en la política exterior del Ecuador, cambiaron la visión integracionista latinoamericana y de relaciones multipolares implementada por Rafael Correa a una política exterior que centra nuevamente la mirada exclusivamente en el norte.

La actual política exterior se caracteriza por el regreso del injerencismo extranjero, el regreso al formato establecido por el FMI, los acuerdos bilaterales de inversión, el acercamiento a la OEA y a la Alianza del Pacífico y a los organismos internacionales de crédito.

Además del cumplimiento del acuerdo con los Estados Unidos que han permitido la apertura de una “oficina de cooperación militar” desde el palacio de gobierno, la presencia de un avión militar estadounidense para vigilia y control, todo esto a raíz del conflicto armado en nuestra frontera norte, limítrofe con Colombia.

—¿A qué apunta esas decisiones del gobierno de Moreno?

—Por ello, en ese contexto no sorprende que a nivel regional Ecuador haya decidido abandonar el Alba, los acuerdos de paz de los que participaba en Colombia, el interés en las relaciones regionales, además del viraje político en cuanto a la posición de Ecuador sobre el gobierno de Venezuela.

En relación a la Unasur, el anuncio realizado por Moreno demuestra, una vez más, su desconocimiento e incompetencia en los temas internacionales, como así también la utilización del sector indígena con fines proselitistas, al querer otorgar otro fin al edificio Néstor Kirchner, que fue donado por el Ecuador a la Unasur para el funcionamiento de la Secretaría General.

— ¿Qué lectura hace del anuncio del presidente Lenín Moreno de las nuevas medidas económicas de recortes en la inversión pública?

— Sin dudas, se enmarca en el paquete de medidas que la partidocracia y la banca le exigen a Moreno. La reducción de la inversión pública tendrá consecuencias significativamente adversas en la generación de desarrollo en general y, por supuesto, de empleo a través de la obra pública. La paralización de obras ha significado en estos 15 meses un golpe fuerte a la economía de millones de familias. Hay una estrategia continua de achicamiento del Estado, basta con ver la eliminación de ministerios, el congelamiento de los salarios, como así también la grave reducción de personal mermando especialmente las áreas de seguridad, educación y salud, vulnerando derechos constitucionales.

Sin duda, son las mismas recetas que ya fracasaron en los ‘90, dictadas por el mercado y los organismos internacionales, que aunque se presenten con un carácter renovado, están erosionando la calidad de vida de los ciudadanos como por ejemplo ocurre en Argentina. Es necesario advertir sobre sus consecuencias y realizar un profundo cambio en la política económica que garantice mayores niveles de inclusión social y desarrollo de nuestro país.

Además se ha retirado el subsidio al diésel industrial utilizado por el sector productivo y a la gasolina súper. Esto genera especulación en la economía nacional además de promover una recesión que golpea a la clase media y pobre del país. La cereza del pastel ha sido el perdón de deuda al fisco de más de 4.000 millones de dólares a los 200 grupos de poder económico más grandes del país. Ahí se evidencian las alianzas del gobierno de turno, un gobierno de transición a la más reacia derecha nacional.

— Desde Argentina la interpretación es que el presidente Lenín Moreno ha dado un giro 180 grados respecto de las políticas del expresidente Rafael Correa ¿Esto es así? ¿Por qué?

— La interpretación es correcta. El presidente Moreno fue electo por quienes buscaban la continuidad de un modelo que ha transformado notablemente la vida de los ecuatorianos. Desde el mismo momento de cambio de mando se dio la espalda al proyecto ganador en las urnas, el proyecto de la Revolución Ciudadana; para cumplir la agenda económica de los perdedores en las elecciones presidenciales.

Hoy el gobierno representa los intereses de las élites económicas, las transnacionales y las corporaciones mediáticas. Como mencioné anteriormente las políticas neoliberales a las que se ha volcado Moreno, no son más que el plan de gobierno propuesto por esos sectores. Ha traicionado al proyecto de la Revolución Ciudadana y a sus electores.

—Teniendo en cuenta los puntos de las preguntas anteriores, ¿qué lectura hace usted del futuro próximo de Ecuador y de América Latina?

—Creo que es importante tener memoria y conciencia, para que no volvamos a condenar a la exclusión social y a la pobreza a nuestros pueblos. El gobierno de Rafael Correa no solo posicionó a Ecuador como uno de los países más equitativos y con mayores niveles de desarrollo en la región, sino que también permitió que el país asistiera a una estabilidad democrática y de gobierno sin precedentes.

Eso está en la memoria reciente de los ecuatorianos y las ecuatorianas y por más que utilicen todo el poderío económico del capital concentrado, el monopolio de los medios de comunicación y la fuerza despiadada e ilegal de los poderes del Estado, no podrán borrar todas las mejoras que nuestros ciudadanos vivieron en esos años.

ALGO MÁS

Las estrategias de “lawfare” o judicialización de la política, mediante la persecución a nuestros líderes progresistas y la proscripción de nuestros partidos políticos responden a una estrategia implementada en la región. Ya se está viendo en varios países cómo sus ciudadanos dedican cada vez menor tiempo a estos temas, restan credibilidad y comienzan a pedir respuestas concretas a los gobernantes para la mejora de sus condiciones de vida. Como dice Rafael: “Es solo cuestión de tiempo, y ese tiempo está llegando no solo en Ecuador, sino en toda la Patria Grande”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Héctor Bernardo
Contexto

Entrevista

Gremios sindicales preparan propuesta por un trabajo digno

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CGTP

Empujado por el MEF y la Confiep, el Ejecutivo promueve legislación que precarizará los pocos derechos laborales existentes.

El Gobierno mediante D.S N.º 345-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, definió la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) de manera unilateral y al margen del diálogo tripartito. El OP N.º 5 de esta política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral” propone “revisar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral (…)”, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y precariedad laboral.

Frente a ello, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han expresado su rechazo y plantean la derogatoria del Objetivo Prioritario 5 y realizarán los días 21 y 22 de mayo la Conferencia Nacional Sindical de los Trabajadores para debatir y enriquecer la propuesta de los trabajadores: “Poner al trabajo en el centro de la sociedad y la economía, regular el mercado para garantizar derechos”. La Conferencia tendrá lugar en el auditorio del Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónicos, en la avenida Uruguay 335, Cercado de Lima.

La entrega de la propuesta al Ministerio de Trabajo será el 23 de mayo previa movilización que se concentrará en el Campo de Marte a las 3 de la tarde. En ese contexto, Diario UNO entrevistó a los referentes sindicales Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y a Julio César Bazán, presidente de la Central Única de Trabajadores del Perú (CUT).

EL MEF USURPA FUNCIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la posición de la CGTP sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad impuesta por el Ejecutivo?

—Nuestra posición es que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha definido la Política Nacional de Competitividad y Productividad de manera unilateral y al margen del diálogo social tripartito. El objetivo N.° 5 de esa política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral”, propone esencialmente la revisión del marco regulatorio del mercado laboral, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y profundización de la precariedad laboral.

Esto evidencia que el Ejecutivo ha elegido la ruta del continuismo neoliberal de sus antecesores para convertir a los trabajadores y, especialmente a los jóvenes, en los esclavos del siglo XXI, pues no dice nada sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las trabas a la libertad sindical y a la negociación colectiva, los despidos arbitrarios de trabajadores y dirigentes sindicales; no dice nada sobra la contratación temporal que de excepcional se ha convertido en regla, tampoco se inmuta frente a los bajos salarios y las pensiones diminutas.

No podemos menos que afirmar que de esta manera el Ejecutivo solo aboga por una reforma laboral a la medida de los intereses de un empresariado conservador y antipatriótico.

Dicho sea de paso, en lugar de pretender una reforma laboral proempresarial, debemos recordarle al Ejecutivo que hay un largo listado de obligaciones laborales internacionales incumplidos por el Estado peruano en el marco de los convenios de la OIT, la Unión Europea, el TLC con Canadá y EE.UU. y sobre los cuales debe adoptar medidas concretas orientadas a su cumplimiento. Asimismo, debemos recordarle que viene incumpliendo compromisos asumidos en el marco del diálogo social tripartito nacional como el de elaborar el Plan Nacional de Trabajo Decente.

Inmediatamente de promulgada la Política Nacional de Competitividad y Productividad los trabajadores decidimos enfrentarla decididamente con jornadas de protesta y lucha, pero también de propuestas. Realizamos una gran jornada laboral de lucha con más de 25 mil trabajadores en Lima y 350 mil a nivel nacional, exigiendo la derogatoria del D.S. N.º 345-2018. Igualmente, el 3 de abril, en la jornada de lucha con casi 26 mil trabajadores en las calles demostramos al Gobierno que estamos dispuestos a defender nuestros derechos.

Estamos también convocando al paro nacional cívico-popular para el 20 de junio, que no solo es por la reforma laboral que se pretende imponer, sino también orientados a exigir la solución de los problemas que enfrentan los diferentes sectores laborales en todo el país y los grandes problemas que aquejan a la población, como los del agro que está totalmente abandonado y piden la reestructuración del Ministerio de Agricultura, y la reactivación del Banco Agrario.

En esa misma dirección, los trabajadores hemos realizado esfuerzos para dotarnos de una propuesta que nos va a permitir encarar la Política Nacional de Competitividad y Productividad de claro tinte proempresarial, en ella analizamos el fracaso de las políticas de flexibilización laboral como recurso para formalizar la economía y generar trabajo digno y los aspectos imprescindibles de una reforma laboral y económica que realmente potencie la competitividad, productividad, formalización y el crecimiento integral y sostenible de la economía. Esta propuesta será debatida por los trabajadores en la Conferencia Nacional Sindical que realizaremos el próximo 21 y 22 de mayo del presente año.

—Este plan debió consultarse al Consejo Nacional del Trabajo, por eso sería ilegítimo o inconstitucional. ¿Qué opinión tiene al respecto?

—Es un plan impuesto por la Confiep, que en su conferencia nacional anual entregaron a Vizcarra, ahí plantean la reducción de derechos laborales y por eso decían que el Perú tiene las leyes más rígidas en derecho laboral. Su operador Carlos Oliva la ha implementado. El MEF está usurpando funciones que no le corresponde.

Las políticas laborales se discuten en el Consejo Nacional del Trabajo, entonces también han violado el Convenio 144 de la OIT sobre diálogo social, el mismo que forman parte del derecho nacional y deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, como lo reconoce la Constitución Política del Perú.

Por eso los trabajadores planteamos que se derogue y que pase al Consejo Nacional del Trabajo que es el espacio donde se debe discutir. La CGTP ha suspendido su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y esperamos que por el bien del diálogo social el Ejecutivo proceda a derogar el Objetivo Prioritario 5.

—En el capítulo de la Política de Productividad y Competitividad, hay una parte que preocupa porque este tipo de contrato laboral de las agroexportaciones, que es precario, se pueda replicar…

Ahí plantean la nueva contratación de trabajadores, con nuevos regímenes y derechos recortados, y plantean que la Ley de Agroexportaciones N.º 27360 se amplíe para otros sectores, a pesar de que esa ley se dio en el año 2000, faltando tres meses para que renuncie José Chlimper, quien fue el autor intelectual. Ya pasaron más de 20 años y los empresarios han conseguido grandes ganancias a costa de los trabajadores, el Estado les dio terrenos a precio regalado, carreteras y servicios, y ahora quieren ampliar eso hasta el año 2031.

Pagan a EsSalud el 4 por ciento, eso no puede ser posible, pero como hay lobistas en el Congreso, en las bancadas del Ejecutivo y del fujimorismo, vienen trabajando desesperadamente en la Comisión de Trabajo para su aprobación en el Pleno del Congreso.

Pero además, están los regímenes laborales de las MYPES, el régimen laboral CAS, de los textiles, de las trabajadoras del hogar que establecen menos derechos laborales con respecto al régimen laboral común y que han agudizado la discriminación en el empleo y precarizan los derechos laborales. Los trabajadores exigimos terminar de manera inmediata con los regímenes laborales discriminatorios, adoptando las medidas legislativas y de política necesarias.

—También se está debatiendo la Ley de Negociación Colectiva, con ‘ppkausas’ y el aprofujimorismo, no quieren ni cambios mínimos a favor de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes esta situación?

Esas bancadas que promulgan leyes a favor de transnacionales, sacan leyes que exoneran a casinos de pagar impuestos y, sin embargo, boicotean la aprobación de la regulación de la negociación colectiva en el sector público, pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Congreso de la República a que la apruebe. Ahora simplemente no van y no hay el cuórum correspondiente, ¿y quiénes no van?, la bancada del Gobierno y Fuerza Popular.

Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT)

PRETENDE IMPONER UNA POLÍTICA SIN DIÁLOGO SOCIAL

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la opinión de la CUT respecto a la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la manera cómo ha sido impuesta por el MEF?

—Consideramos que es una grave amenaza para los intereses de la gente y en particular para los trabajadores. A todas luces responde a los intereses de grandes negocios del gran capital.

Los nueve objetivos prioritarios que se han señalado en realidad adolecen en la parte de los diagnósticos de una mirada integral, de una mirada que recoja las inquietudes de toda la sociedad. Básicamente recoge los intereses de los grandes empresarios que pretenden implementar negocios en las distintas temáticas que se están planteando.

En infraestructura, capacitación, formación, tecnología, en todas esas áreas hay grandes negocios. En el capítulo laboral también se busca beneficios para empresarios y recortes laborales para trabajadores. En cada capítulo se profundiza un modelo que en los últimos 30 años ha permitido el enriquecimiento de pocos y las grandes mayorías en realidad “la hemos visto pasar”.

—Hay un discurso del empresariado y grupos económicos de que el Perú tiene las leyes laborales más rígidas, cosa que no es cierta o incluso podría ser al revés. ¿Cómo analiza esta parte del capítulo laboral?

—Igual que todos los demás capítulos, en este en particular se parte de una definición del mercado de trabajo y de un diagnóstico equivocado. Porque lo que evalúa es de qué manera las empresas pueden mejorar sus ingresos a costa de los derechos de los trabajadores.

Y señalan claramente que, por ejemplo, el tema del respeto de la sentencia del Tribunal Constitucional que remedia un abuso empresarial contra el despido arbitrario como la causante de la proliferación de contratos temporales, cuando en realidad esto se debe a una clara política empresarial de querer eludir responsabilidades laborales mediante el uso de diversas formas de contratación e incluso desnaturalizándolos, contratando temporalmente en puestos de naturaleza permanente.

Y en otra parte del diagnóstico señalan que habría sobrecostos en la terminación del contrato laboral y en el despido, en realidad eso no lo están usando porque recurren a los contratos de tiempo determinado y que están, por el término de la contratación, sacando a los trabajadores.

De igual manera aducen que la informalidad que hay actualmente se debe a ese tipo de cosas y no toman en cuenta que en la micro y pequeña empresa, donde está la mayoría de trabajadores, la informalidad se debe a que los emprendimientos no cuentan con facilidades tributarias ni de acceso a servicios financieros básicos para poder desempeñarse a diferencia de las grandes empresas multinacionales.

Entre otros temas, el diagnóstico está aterrizando en una formulación de lineamientos de política que pretenden superar el tema de la formalidad y revisar la normativa laboral con lo cual deja abierta la posibilidad o intencionalidad de que en cada uno de esos puntos se afirman las conclusiones del diagnóstico, es decir, que como hay sobrecostos hay que reducir derechos, facilitar despido a empresas, no hay que fijar sueldos mínimos y hay que eliminar las CTS.

Conclusiones como esas son las que el empresariado tiene elaboradas para pasar al famoso debate del plan nacional que pretenden hacer en el MEF en un consejo de competitividad y productividad transgrediendo el rol rector del Ministerio de Trabajo en temas laborales, por eso es que nosotros exigimos al Gobierno que este capítulo sea excluido de la política general que propone, de modo que se debata en el Consejo Nacional de Trabajo y se elabore un plan nacional que resuelva los problemas reales de los trabajadores y no solo lo que el empresariado busca para mejorar sus ingresos.

—Retomando las formas en que el Ejecutivo ha impuesto este proyecto, ha sido una decisión del MEF e incluso esta decisión no se ha propuesto en el Ministerio de Trabajo ni discutido en el Consejo Nacional del Trabajo…

—Lo que pretende es imponer una política sin diálogo social, eso contraviene los compromisos internacionales que el Estado tiene en el concierto internacional de las naciones, particularmente en la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que el diálogo consiste en la discusión y el debate de los temas entre Gobierno, empresario y trabajadores; en el país se está vulnerando eso.

También se vulneran los TLC que el Estado se ha comprometido con los derechos laborales fundamentales, como el diálogo social que debe ser tripartito. Lo mismo podemos decir con los estándares que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea para que los países ingresen a ese escenario con estándares laborales de respeto irrestricto a derechos fundamentales, lo mismo podemos decir de las líneas rectoras de las Naciones Unidas que imponen normas de derechos humanos a las empresas.

En suma, esta política agrede de manera casi integral todo lo civilizado que debe haber en el mundo del trabajo y en las relaciones correctas entre países e instituciones que debe haber. En ese sentido, hemos rechazado y estamos exigiendo una pronta reunión con el premier a efectos de que se establezca de manera real el debate y la discusión del capítulo laboral en el Consejo Nacional del Trabajo en el marco del diálogo social.

Y esta política se contrapone con lo que verbaliza el Presidente de la República, ministros y el propio Congreso, a raíz de los conflictos originados en los últimos tiempos como los agrarios o Las Bambas, todos hablan de diálogo, pero en la práctica se resisten a la institucionalidad del diálogo. Por eso nuestra exigencia de una reunión con el premier.

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Entrevista

Fujimorismo permitiría que el Estado disponga del dinero de trabajadores

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Hernando Cevallos

El congresista Hernando Cevallos denuncia el obstruccionismo de Fuerza Popular en la Comisión de Trabajo para debatir la Ley de Negociación Colectiva y dice que al fujimorismo no le importan los derechos de los trabajadores.

Todo parece indicar que el obstruccionismo no se limita a las reformas políticas ni tiene a los mismos actores. Hernando Cevallos, es coautor del dictamen aprobado en octubre del año pasado, sobre la Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal.

Pero las observaciones del Ejecutivo y el cálculo político del fujimorismo han puesto en suspenso la ley. Diario UNO entrevistó al congresista del Frente Amplio, quien acusa al fujimorismo de oponerse a toda propuesta que beneficie la estabilidad laboral.

Marcha protesta de trabajadores FENTASE

—¿Qué planteaba el Decreto Legislativo 1442?

—Le daba a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía el control en materia de ingresos a los trabajadores estatales. Para la organización de esta actividad, creaba la Planilla Única de Pago del Sector Público, la cual permitía tener una visión total de los ingresos de todos los trabajadores estatales. Pero todo esto bloquea, restringe y suspende la negociación colectiva en el Estado.

—¿La ley propone una negociación colectiva centralizada?

—Así es, los gremios sindicales más representativos presentan un convenio colectivo ante la Presidencia del Consejo de Ministros con el propósito de pactar un aumento salarial. Dicho aumento se programa recién para el presupuesto público del próximo año.

—El presidente Vizcarra dijo que el dictamen de la Ley de Negociaciones Colectivas sería perjudicial para el Estado…

—Así es, se refirió a la iniciativa legislativa como una de las normas que el Congreso no debería aprobar. La posición del oficialismo es que la ley afecta al presupuesto público. Pese a ello, se encuentra a favor de normar este derecho colectivo en el sector público; razón por la cual se encuentran trabajando en un proyecto de ley.

—¿En la última reunión en la Comisión de Trabajo hubo cuórum?

—No, no llegaron los congresistas de Fuerza Popular ni del oficialismo. Al final aparecieron algunos pero no el resto y por eso se suspendió el debate.

—¿Cuál es el interés de no asistir?

—Ellos no tienen mucho interés en que la negociación colectiva se apruebe. De hecho, han realizado varias observaciones al dictamen, poniéndole cerrojos innecesarios a una negociación colectiva que es un derecho. El fujimorismo pretende que se hagan consultas al Ministerio de Economía, luego que se realicen las reuniones de los trabajadores con sus jefes. También pretenden otras limitaciones que desnaturalizaría el carácter de la ley.

—¿Nos está diciendo que hay un interés del fujimorismo por mantener la inestabilidad laboral?

—Sí, esa es parte de su visión de derecha, neoliberal, dejando siempre la puerta abierta para que el Estado pueda disponer del dinero de los trabajadores y que los trabajadores no obtengan ese espacio de poder obtener sus remuneraciones y bonificaciones.

—¿Pero el fujimorismo votará en contra del proyecto de ley?

—No, tampoco quieren votar en contra porque eso tiene un costo político importante.

—Observamos que el apoyo de los trabajadores organizados es casi unánime…

—El apoyo es de todos los representantes de los trabajadores mediante sus gremios. También nos apoyan todas las demás bancadas, menos el fujimorismo y el oficialismo.

—Hay bastante expectativa de que la aprobación sea pronto…

—Por supuesto que sí, pero es muy complicadopara el propio fujimorismo decir que no está de acuerdo con el dictamen de la ley para la negociación colectiva. Ellos saben que es un derecho y que incluso se pronunció el Tribunal Constitucional al pedir su reglamentación para que los trabajadores puedan ejercer su derecho a negociar sus sueldos. ¿Cómo se les puede impedir a los trabajadores conversar con su empleador, en este caso el Estado, sobre sus condiciones remunerativas y bonificaciones?

—¿Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor no es un desacato por parte del Gobierno?

—Recordemos que el Tribunal Constitucional, en dos sentencias, invoca al Congreso a realizar la legislación para normar la negociación colectiva en el sector público. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, Luisa Eyzaguirre nos informó que los gremios sindicales ya presentaron una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que analice el escenario peruano tras la demora en la implementación de la Ley de Negociación Colectiva.

—Por parte del oficialismo, Mercedes Aráoz es quien más se muestra reacia a la implementación de la ley…

—Así es, dice que su aprobación tiene muchos riesgos y que su bancada la va a observar. Textualmente dice que “reiterar la insistencia en ese mecanismo, es malísimo” y que el Congreso debe mantener lo bueno de la ley, que ha sido la estabilidad macroeconómica, teniendo en cuenta los elementos fiscales, el manejo fiscal, el manejo presupuestal. Lo cierto es que ella tiene una posición clara contra cualquier negociación colectiva.

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)  EsSalud sector salud enfermeras médicos

—¿Usted también es autor del proyecto de ley que propone eliminar el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el Estado?

—Así es, esperamos que los trabajadores estatales tengan contratos bajo el Decreto Supremo 728 o régimen laboral privado, que permita a éstos disfrutar de los beneficios de empleados con contrato indeterminado.

—¿Específicamente a quiénes está dirigida esta iniciativa?

—Específicamente a todos los trabajadores CAS del Estado con dos años de antigüedad o tres discontinuos que realicen labores permanentes. El proyecto beneficiaría a más de 400 mil trabajadores a nivel nacional.

—Respecto a la implementación de la norma, ¿qué propone?

—También se propone que, a partir de la entrada en vigencia de la ley, estos servidores solo podrían ser despedidos por causa justa y debidamente comprobada. Además, el pase del régimen laboral se realizará en forma progresiva. Con respecto a la implementación de la ley, Cevallos indicó que se dará con cargo al presupuesto de cada institución.

—¿Esto ha sido consensuado con los trabajadores CAS de todo el país?

—Así es, ellos reclaman porque tienen un régimen precario que no les dan ninguna estabilidad, pese a que realizan labores permanentes.

—¿Pero esta ya fue aprobada por la Comisión de Trabajo?

—Sí, y está para agendarse en el Pleno del Congreso pero el fujimorismo no quiere pagar el costo político de rechazar un proyecto que esperan todos los trabajadores. Lo que hacen es “congelarlo” y no verlo.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

Avelino Guillén: “Todo el circuito delictivo fue probado en el caso de Edwin Donayre”

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Edwin Donayre

El excongresista Edwin Donayre se encuentra no habido y el Ministerio Público ofrece 100 mil soles de recompensa a quien lo encuentre. La orden de captura en su contra pesa desde el último 2 de mayo, fecha en la que el Congreso de la República recién le retiró la inmunidad parlamentaria a pesar de que había un mandato judicial desde agosto de 2018 en contra de Donayre por haber sido hallado culpable del delito de peculado por apropiación en el caso denominado “Gasolinazo”. Convoca.pe entrevistó al exfiscal anticorrupción Avelino Guillén sobre los hechos que llevaron a la clandestinidad a Edwin Donayre.

El último 29 de abril, una sentencia de la Corte Suprema condenó a 5 años de prisión efectiva, a quien fue comandante general del Ejército durante el segundo gobierno de Alan García: Edwin Donayre. Él, junto al excomandante general César Reinoso, y otras 40 personas, se vieron implicados en el robo de combustible a la 1° Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur, por un monto estimado que bordea los 2 millones de soles, entre enero y noviembre de 2006, según el Ministerio Público.

De acuerdo con la acusación de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, que data del año 2015, los involucrados en este caso habrían solicitado y recibido combustible, de manera irregular, para luego colocarlo en grifos particulares.

Estos actos derivaron, según la Contraloría, en que desaparecieron 44 mil 200 galones de gasolina de 84 octanos y 129 mil 800 galones de petróleo D2, en la Región Militar Sur, a cargo de Edwin Donayre, en 2006.

Edwin Donayre

Estos actos y las pruebas acumuladas por la Fiscalía, desde que empezara la investigación, constituyen para efectos de la sentencia que dictó la Corte Superior de Justicia de Lima, suficientes elementos para probar que Edwin Donayre es culpable de peculado por apropiación.

Sobre este caso, Convoca.pe conversó con el abogado y exfiscal anticorrupción Avelino Guillén Jáuregui.

—¿Por qué hay suficientes pruebas contra Donayre por el delito de peculado por apropiación en el caso ‘Gasolinazo’?

—En la sentencia que dictó la Corte Superior, la cual ha estado ratificada por la Corte Suprema, se ha determinado que hay pruebas que determinan más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad penal.

El delito que se le incriminó, lo cual fue probado durante el juicio oral, es peculado por apropiación, en consecuencia considero que las sentencias que ha dictado la Corte Superior y la Sala Permanente de la Corte Suprema, son sentencias justas que tienen respaldo, tienen material probatorio que figura en el expediente, en el proceso.

Edwin Donayre tiene la condición de funcionario público en la fecha en que ocurrieron los hechos; era comandante general de la Región Sur cuando se le incriminó haberse apoderado de gasolina, que es un bien, y en consecuencia el peculado por apropiación, se configura plenamente.

—¿No se amplía la acusación porque este bien, el combustible, se comercializó por medio de establecimientos privados?

—La Fiscalía acusó el apoderamiento ilegal de un bien, como es la gasolina y el petróleo, que estaba bajo la administración del general Donayre.

Lo que él hizo posteriormente con este bien, son los efectos del delito, es el uso de lo indebidamente apoderado, en consecuencia yo considero correcta la tesis de la Fiscalía y del Poder Judicial en sembrar la imputación y la condena en el apoderamiento ilegal de un bien de propiedad del Estado, y que posteriormente esta gasolina, petróleo, se trasladó indebidamente y terminó en establecimientos particulares. En consecuencia, todo el circuito delictivo se ha probado plenamente.

—¿Se puede hablar de Donayre como líder de una organización para delinquir, dado que se le acusa a él y a 41 personas de la 1° Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur?

—La Fiscalía adoptó una tesis que está contenida en la acusación sustancial y esa tesis es la que se ha discutido en el juicio oral y es la que ha prevalecido y la que se ha demostrado.

El Ministerio Público ha considerado conveniente no invocar otros tipos penales, otros delitos y considero que ha sido una estrategia acertada porque lo que sí estaba debidamente documentado, tal como inclusive se investigó a través de la Inspectoría General del Ejército, era el apoderamiento, el robo de gasolina en la zona sur del país, básicamente en Arequipa.

Donde por un monto de 1 millón 800 mil soles, se apoderaron de combustible que finalmente terminó en establecimientos particulares. La posición de no invocar otros tipos penales es una estrategia del Ministerio Público al momento de elegir por dónde se asegura una condena.

—¿La pena inicial de 5 años y 6 meses de prisión efectiva para Edwin Donayre [reducida el 29 de abril de 2019 a 5 años por medio de una sentencia de la Corte Suprema]es proporcional al delito que se le imputa?

—La pena inicial de 5 años y 6 meses fue rebajada por la Corte Suprema a cinco años. Hay una serie de variables que manejan los jueces al momento de imponer una pena, no es que inevitablemente se va a imponer un monto determinado de pena que señala la norma, hay circunstancias que atenúan o agravan la penalidad que se va a imponer a un investigado judicialmente.

En este caso supongo que la Corte Suprema hace una disminución de la condena, teniendo en cuenta seguramente que no registra otros antecedentes ni otros procesos, y esas son circunstancias que permiten una rebaja de condena, de lo que señala el Código Penal.

Votación del Congreso

—¿El hecho de que Donayre esté prófugo agrava su situación?

—Lo que acá se pone en evidencia es el papel que ha tenido el Congreso de la República en toda esta situación: lo blindaron por varios meses, dilataron el levantamiento de la inmunidad de arresto a pesar de los requerimientos y exigencias del Poder Judicial.

Esa es una conducta, en mi concepto, reprobable de parte de varios integrantes del Congreso, que por objetivos de carácter político han permitido que esta circunstancia se dé.

Ahora, la demora ostensible en el levantamiento de la inmunidad de arresto, determinó que el señor Donayre ya no esté en su domicilio, ni sea ubicado por la policía y en consecuencia la pena no se pueda ejecutar.

 

PAUL TUESTA
CONVOCA.PE

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