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Editorial

Bochornoso espectáculo

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El país entero ha sido testigo ayer del comportamiento antidemocrático de los congresistas de Fuerza Popular que no persiguen otro objetivo más que blindar a como dé lugar al cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Los integrantes de la bancada mayoritaria se retiraron del Hemiciclo brindando un bochornoso espectáculo y dejando sin quórum al Parlamento, cuando debía verse la situación del titular del Ministerio Público.

Mientras eso ocurría en el añoso recinto de la Plaza Bolívar, a pocas cuadras del lugar, el fiscal Chávarry ya preparaba lo suyo convocando a una junta de fiscales supremos para el día de hoy a las 10 de la mañana con la finalidad de analizar la suspensión de su colegiatura, dispuesta por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Chávarry está aferrado al cargo y, según dice él, se trataría de una medida ilegal.

Al parecer, el cuestionado Fiscal de la Nación tiene algún as bajo la manga, pues en la víspera el Consejo de Ética del CAL dictó una medida cautelar para suspender por cuatro meses su colegiatura por presuntas faltas que vulnerarían el Código de Ética del Abogado. La medida fue aprobada por los consejeros Walter Ayala, María Vera Tudela y Víctor Cabanillas Alhuay, y ayer fue comunicada a la Junta de Fiscales Supremos, indicándoles que la medida es de ejecución inmediata.

Por lo pronto, ni la misma decana del Colegio de Abogados de Lima se atreve a decir qué va a ocurrir. Ella estima que la Junta de Fiscales Supremos, convocada por Chávarry para hoy a las 10 de la mañana, será la que en última instancia interprete lo que significa la suspensión de la colegiatura por cuatro meses a Pedro Chávarry. Ayer mismo, el Colegio de abogados actualizó su página web colocándole el rótulo de suspendida a su colegiatura en la sección de consultas sobre la condición de los colegiados.

Así las cosas, voceros de cinco bancadas y congresistas no agrupados exhortaron ayer al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a renunciar en forma inmediata para ayudar a superar los peligros de una grave alteración de la estabilidad democrática del país y preservar el estado de Derecho. En el oficio que le dirigen los voceros refieren que la renuncia del Fiscal de la Nación ayudará a relajar las tensiones y permitirá restablecer el diálogo necesario en favor de la gobernabilidad.

No se sabe si eso le importe poco o nada, pero lo que sí es necesario es que el Congreso retire el blindaje a Chávarry y ejerza la presión necesaria para hacerlo renunciar. Su presencia en el Ministerio Público hace rato que resulta insostenible para la institucionalidad del país.

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Editorial

García tampoco debe tener corona

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El expresidente Alan García ha emprendido una serie de ataques sistemáticos contra el jefe del Estado Martín Vizcarra. Ha dicho que “nadie tiene corona”, en relación a la decisión del Congreso de investigar a Conirsa y la empresa del presidente Martín Vizcarra, “CyM Vizcarra SAC”, a la cual renunció antes de asumir el gobierno. En realidad, se trata de una empresa que fue proveedora del consorcio del que forma parte Odebrecht; es decir que era una de las 300 empresas proveedoras cuando la constructora brasileña no tenía denuncia alguna.

Pero García al parecer anda sumamente nervioso últimamente, y por eso saluda que se investigue cualquier posible irregularidad. Además, AG pide también volver a revisar el caso Chinchero que, según él “no acabamos de investigar adecuadamente”. En fin, cualquier cosa es buena con tal que la justicia no se acuerde de investigarlo a él. Será por eso que dice que el presidente Martín Vizcarra “debe dar explicaciones”. Claro, en su caso, García sostiene que él no tiene delación, ni cuenta, ni nadie le ha sindicado jamás.

Entonces, la pregunta cae de madura: ¿porqué trató de escapar de la acción de la justicia buscando asilo en la residencia de la embajada de Uruguay? ¿Será que también siente temor por lo que venga de Brasil? Si no es así, por qué esa fijación con el presidente Vizcarra, quien ha aclarado que su empresa, CyM Vizcarra, no ha tenido ningún contrato directo con la empresa Odebrecht, pero sí ha alquilado maquinarias para Conirsa, consorcio que se encargó de ejecutar obras en la carretera Interoceánica Sur en 2006 y 2008.

Todo parece indicar, pues, que no se estaría buscando investigar a una empresa, sino a la persona. En ese caso debe recordar el exmandatario aprista que no se puede investigar a un presidente en ejercicio de su labor, porque eso sería ilegal e inconstitucional. Es verdad que nadie tiene corona, pero eso también incluye a Alan García. En tal sentido, la población espera que la justicia mida a todos con la misma vara.

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Editorial

Buscando impunidad

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El presidente Martín Vizcarra advirtió desde un principio que la lucha contra la corrupción no iba a ser fácil y no se equivocó. El fujimorismo está recurriendo a todas las maniobras legales posibles en busca de lograr la impunidad. Tal es su osadía que han llegado al punto de investigar una empresa de la que fue socio Martín Vizcarra antes de ser presidente, incluso antes de que asumiera como gobernador regional de Moquegua en 2011. Es a todas luces una maniobra desesperada que raya en la ilegalidad como lo ha hecho notar el congresista Yonhy Lescano.

Sostiene, y no sin razón, el legislador acciopopulista, que la decisión de la Comisión de Fiscalización de investigar a la Constructora Conirsa y a la empresa CyM Vizcarra es una reacción frente a las acciones del presidente Martín Vizcarra para luchar contra la corrupción. Buscan implicar al Jefe del Estado con la constructora brasileña Odebrecht con fines “non sanctos”, pues lo que en el fondo quieren es sacar al mandatario para que no siga liderando la lucha contra la corrupción en la que está comprometido desde el inicio de su gestión.

Es el mismo modus operandi que han empleado en el tema judicial. En este caso, el exfiscal supremo Avelino Guillén coincide con el fiscal anticorrupción José Pérez en que el claro objetivo procesal del fujimorismo ha sido apartar al juez Carhuancho desde el inicio. Esta ha sido -ha dicho– la quinta oportunidad en que lo han recusado y esta vez la sala ha resuelto declarar fundado el pedido que, al mismo tiempo, es formulado por un prófugo de la justicia, según ha recordado el exfiscal Supremo que puso tras las rejas a Alberto Fujimori.

Ocurre, sin embargo, que cualquier investigación al presidente Vizcarra violaría el Artículo 11 de la Constitución que establece que el “Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; y por disolver el Congreso”. Sin embargo, tal es la desesperación del fujimorismo y de sus socios apristas en el Congreso que no escatiman esfuerzos en buscar la impunidad a cualquier precio, aunque tengan que sacar al Presidente de la República. No obstante, la ciudadanía toda está alerta y esta vez les dirán basta.

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Editorial

La justicia debe imponerse

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ha declarado fundada la recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama, y dispuso que el magistrado se aparte del caso “Cocteles” para que otro juez de investigación preparatoria asuma el proceso. Esta decisión ha causado no solo sorpresa sino también indignación entre los fiscales y magistrados que vienen luchando contra la corrupción, por tratarse de una resolución ilegal, tal como ha sido advertido por representantes del Ministerio Público.

La resolución se sustenta en que el juez Concepción Carhuancho emitió declaraciones a la prensa sobre hechos relacionados a la actuación de los fiscales que investigan el caso Odebrecht, lo cual es tomado como adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso. Sin embargo, muchos de los argumentos carecen de motivación. Uno de ellos es el que hace alusión a una entrevista, pero la defensa no acompaña los impresos de la referida entrevista aparecida en un diario local. Sin embargo, los jueces dan por cierta esta información.

En tanto, el coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, ha coincidido en que la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado, de apartar del caso Keiko Fujimori al juez Richard Concepción Carhuancho, es ilegal e irregular porque no se respetó los trámites de la convocatoria de audiencia de la recusación y por haberse emitido la resolución en tiempo récord. Y lo que es más, no corrieron traslado de la documentación a la otra parte.

Más preocupante aún es la presencia de la juez Jessica León Yarango en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, pues ella es la jueza de la Sala que anuló la detención de Keiko Fujimori, y que –según IDL Reporteros– en el pasado trabajó como adjunta del fiscal que archivó el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori a la oposición. Años después, León favoreció con su voto a César Hinostroza cuando laboraba en la Corte del Callao.

Urge, pues, que el Poder Judicial declare la nulidad de la resolución que aparta del caso al juez Concepción Carhuancho, uno de los pocos que sacan cara por el Poder Judicial, porque complican las investigaciones que se vienen realizando, más cuando el citado magistrado tenía que resolver la situación legal de seis abogados, entre ellos Giulliana Loza, el próximo 25 de enero.

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