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Editorial

¡Basta, ya!

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El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha reiterado ayer que en un plazo de seis meses se podrá observar los avances en el proceso de reconstrucción del norte del país y en materia de reactivación económica. Sin embargo, ya se escuchan voces que exigen cambios inmediatos de lo que en más de 14 años significó una corrupción enquistada en las más altas esferas del Estado.

Sería bueno recordar que este gobierno tiene poco más de 40 días y que en ese lapso no se puede encauzar ríos ni construir carreteras, puentes, colegios y viviendas para los damnificados del norte del país. Echemos un vistazo hacia atrás y veremos que quienes hoy reclaman celeridad no pudieron entregar resultados a los damnificados del terremoto de Pisco, ni siquiera años después.

Cierto es que el presidente Martín Vizcarra formó parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero tampoco hay que olvidar que desde fines de setiembre del año pasado venía cumpliendo labores como Jefe de la Misión de la Embajada peruana en Canadá; es decir, que estuvo fuera del país hasta el 23 de marzo del presente año en que regresó al Perú, precisamente para coadyuvar a capear la crisis política.

No obstante, después que el pasado 2 de mayo el titular de la PCM acudió al Congreso de la República para pedir el voto de confianza del Legislativo, el cual fue otorgado tras un extenso debate, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso lo citó para el próximo 18 de mayo con la finalidad de que sustente el pedido de facultades para legislar por 60 días.

Pero nuestros padres de la Patria sí que se toman su tiempo. La presidenta de ese grupo legislativo, Úrsula Letona, adelantó que el próximo jueves 7 de junio el pleno del Congreso votará para decidir si se otorga o no las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. ¿Para qué darle más vueltas al asunto? Se le exige al Ejecutivo resolver los grandes problemas del país a la brevedad posible, pero se le pone piedras en el camino. ¿En qué quedamos?

El pedido de facultades legislativas debe ser atendido sin demora, con la mayor celeridad posible en el Congreso de la República, para impulsar la reactivación económica lo más pronto posible, tal como lo ha sugerido el director general de Centrum Católica, Percy Marquina. Pero al parecer la mayoría parlamentaria quiere dejarlo para las calendas griegas. Hay que decirles: ¡Basta, ya!

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Editorial

De espaldas al país

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El Pleno del Congreso aprobó recientemente una norma que modifica el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores de EsSalud comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276.

Y según anunció ayer el ministro de Economía, Carlos Oliva, el Ejecutivo observará el referido dispositivo legal por considerarlo inconstitucional, pues de acuerdo a la controvertida norma el cálculo de la CTS para esos trabajadores debe tomar en cuenta el 100% del ingreso percibido; es decir, la remuneración principal más la bonificación por productividad.

En primer lugar, la norma aprobada por el Parlamento Nacional representará a EsSalud un gasto adicional de 700 millones de soles para los próximos tres años. Sin embargo, la Constitución señala que el Legislativo no tiene iniciativa de gasto y, por ende, lo que estarían haciendo nuestros padres de la patria es perforar las alicaídas arcas de esa institución que pertenece a todos los trabajadores del país, mientras que la norma solo beneficiaría a un grupo de trabajadores de la seguridad social. La Carta Magna establece que el Congreso no puede dictar medidas que favorezcan a grupos de personas.

Del otro lado, están legisladores que justifican la aprobación de esta norma señalando que en el Estado existen otras instituciones y organismos, cuyos trabajadores necesitan que su CTS se fije en base a la remuneración total que reciben.

Además, sostienen que el impacto de la medida planteada por el Congreso podría ser compensado por los ingresos que tiene pendiente cobrar al sector privado, que suman S/ 2,560 millones, y al sector público, que debe S/ 1,255 millones.

Mejor sería que los congresistas se dediquen a dar las leyes que se requieren para concretar las reformas más urgentes que la población está reclamando, especialmente las referidas a nuestro sistema de justicia, y se pueda por fin emprender la lucha contra la corrupción, en lugar de ponerse de espaldas al país aprobando controvertidas normas, solo por mero cálculo político.

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Editorial

Congreso tortuga, Congreso lastre

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El presidente Martín Vizcarra ha reiterado su pedido de que el Congreso tramite rápidamente los proyectos de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo, los cuales deberán ser sometidos a un referéndum para su correspondiente aprobación. Asimismo, ha exhortado a la ciudadanía a respaldar las propuestas que presentó el Gobierno para reformar el sistema de administración de justicia, al considerar que solo así se podrá combatir una corrupción que ha llegado a contaminar a todas las instituciones.

Las iniciativas del Ejecutivo han recibido el espaldarazo del Gobierno de Estados Unidos, que ratificó su apoyo al Perú en la lucha contra la corrupción, señalando durante una reunión entre el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y el embajador en Lima, Krishna R. Urs, que la lucha contra ese flagelo es una tarea prioritaria.

No obstante, falta el respaldo del Congreso de la República para hacer realidad el marco legal que permita combatir esa lacra enquistada no solo en el Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos locales, regionales, así como en las diversas reparticiones públicas.

Lo que falta ahora es el respaldo del Poder Legislativo que parece no darse cuenta de la urgencia en llevar adelante las reformas que están reclamando las calles y que según Fuerza Popular –bancada mayoritaria en el Parlamento– no podría realizarse antes de diciembre.

No obstante, cuando hay voluntad todo se puede, pues, como han dicho algunos parlamentarios, se puede aprovechar la segunda vuelta de las elecciones municipales y regionales, con lo que además se ahorraría al país varias decenas de millones de soles.

Harían bien los Padres de la Patria en ponerse a tono con lo que está reclamando hace tiempo la población, pues de no aprobar las reformas con la urgencia que el caso requiere, la inversión privada podría verse seriamente afectada por la corrupción en el Poder Judicial y otras instancias del Estado y la incertidumbre de los mercados externos debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Nadie quiere, pues, invertir su capital si no se le garantiza estabilidad jurídica y política. No se puede dejar para las calendas griegas el combate al cáncer de la corrupción porque las calles volverán a exigir ¡Que se vayan todos! El Congreso no puede ir a paso de tortuga, no puede ser un lastre que bloquee la decisión ciudadana, señores.

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Editorial

El alto costo de la corrupción

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Dos hechos que pueden constituirse en un obstáculo muy grande para nuestra economía vienen registrándose en estas últimas semanas. Uno de ellos es externo y el otro interno. Se trata, por un lado, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la misma que está escalando con la imposición de elevados aranceles a los productos que esas dos naciones exportan e importan mutuamente. ¿Y cuál es el problema?, se preguntarán algunos creyendo que solo se trata de una rivalidad por hegemonía, sin embargo, la guerra comercial se traduce en un menor consumo en el mundo.

El Perú es un país primario exportador; es decir, que principalmente vende al exterior materias primas y básicamente minerales como el oro, cobre, plata, zinc, molibdeno, entre otros. Lo malo de este asunto es que la guerra comercial podría terminar afectando el precio de nuestras exportaciones, principalmente las del cobre. Esperamos que no sea así, pero nadie puede asegurar eso porque hay incertidumbre, y cuando esta se presenta los inversionistas prefieren no arriesgar.

A ello se suma la situación interna que vive el país por el tema de la corrupción rampante que corroe todo como un cáncer y que ha llegado hasta los niveles más altos del Poder Judicial. Precisamente, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita anualmente nuestro país ha señalado en su informe final, publicado el 25 de julio, que actualmente la corrupción se identifica como el mayor problema para hacer negocios en el Perú. También preocupa al FMI la corrupción en los gobiernos locales. Esto último volvería vulnerable la inversión pública, restándole efectividad.

De lo expuesto se desprende la urgente necesidad de llevar a cabo las reformas pendientes, principalmente la reforma política y la del Poder Judicial. Ya no se puede esperar más. El Ejecutivo ha hecho su parte y es menester que el Poder Legislativo tome conciencia del difícil momento que está viviendo el Perú al encontrarse entre la incertidumbre –generada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China- y la corrupción de los casos “Lava Jato” (que llegó de Brasil) y después por el tema de los CNMaudios. Por el momento lo que sabemos es que el impacto de la corrupción será muy alto para la competitividad del país y son nuestras autoridades del Gobierno y el Poder Legislativo quienes ahora tienen que pasar de las palabras a los hechos para exterminar esa lacra.

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