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Entrevista

“Basta ya de alcaldes improvisados en Lima”

Publicado

en

LUIS REVOREDO

—¿Usted ha sido alcalde de Jesús María y ahora está pensando candidatear a Lima?
–He sido alcalde en dos oportunidades de Jesús María del 2007 al 2014.

—¿Qué le ha marcado más de esa experiencia?
–Lo que nos ha marcado más es dialogar con la gente, darle una modernidad y seguridad y convertirlo en su momento en distrito líder, sobre todo competitivo con los otros distritos de clase media, transformándolo en un Smart City.Ahora sé que se ha bajado la calidad del servicio por la no correcta continuación de políticas públicas. Pero lo bueno que se hizo allí queremos trascenderlo en grande para Lima.

—¿Qué quiere hacer con Lima, de ser elegido alcalde metropolitano?
–Convertir a Lima en una ciudad metropolitana, segura, moderna y humana. Es lo que le ha faltado en estos últimos años; darle un rostro humano. Más allá de los planes o la ejecución de obras, hay que darle un componente humano que en Lima se ha perdido en los últimos años.

—Bien, en Jesús María ya está todo hecho, mas no así en Lima Metropolitana.
–Lo que pasa es que era un distrito consolidado desde el punto de vista de pistas y veredas. Pero no podemos mirar los distritos ni las ciudades en su desarrollo económico-social o urbanístico en relación a que haya pistas o veredas.

—¿Qué se debe hacer, entonces?
–La calidad de vida de la gente está, en este mundo moderno, en darle buenos servicios. En Jesús María, por ejemplo, reconstruimos la Casa del Vecino, ampliamos y mejoramos la biblioteca que era de los años ‘60, hicimos la casa de la juventud, la piscina municipal, la compañía de bomberos, pistas y veredas, un centro de conciliación, una casa de justicia, le dimos seguridad ciudadana con tecnología. Ahora el reto es hacerlo en Lima metropolitana.

—El comercio ya estaba ordenado en Jesús María, ¿no?
–Nosotros lo ordenamos más, le dimos tecnología de punta, modernidad. Por ejemplo, nosotros fuimos uno de los primeros y ahora hay un chico, Jean Piere Mubarak, que nos apoya en las plataformas o quioscos ecológicos con paneles solares, para lustradores de zapatos en Jesús María; colocamos también los módulos o las plataformas de los contenedores subterráneos.

—¿Y ahora quiere llevar la modernidad a Lima?
–No solo eso, la idea es ayudar a muchos distritos a lograr estándares tipo ISO, de considerarse un distrito ecológico, seguro, saludable y para eso vamos a trabajar de la mano con los 42 distritos de Lima Metropolita, más el Cercado.

—¿Por qué quiere ser alcalde de Lima, no ha pensado en volver a candidatear por Jesús María?
–Creo que ya cumplí mi ciclo en Jesús María. El arrastre popular de Castañeda no nos permitió la continuación de políticas públicas en tecnología. Pero eso fue parte de la historia personal, yo creo que fue un momento importante y ahora estamos en otro reto.

—Bueno, lo mismo le pasó a Alberto Andrade, que perdió la reelección cuando nadie creía que Castañeda lo superaría en votos.
–Sí, es verdad, yo creo que es otro reto que implica decirle a la gente que Lima no puede seguir con improvisados. Hay caos en el transporte, en seguridad, en el quehacer cotidiano de la ciudad y no podemos improvisar más con gente sin experiencia municipal, sin “Expertis”, sin conocimiento no solo teórico sino también práctico.

—¿Castañeda está improvisando?
–Yo creo que él está trabajando reactivamente, sin planificación y una de las cosas que se tiene que hacer es tomar en cuenta el Plan Urbano al 2035, que lo hizo un conglomerado de arquitectos, colegios profesionales, y también participó el ayuntamiento de Barcelona, durante la gestión de Susana Villarán.

—¿Castañeda lo desechó, usted lo tomaría en cuenta?
–Nosotros queremos tomarlo en cuenta. Hay que hacerle reajustes. Yo planteo el reajuste tecnológico. La tecnología en todos los ámbitos de servicios, principalmente en el transporte, el tránsito y por supuesto seguridad ciudadana. Por eso yo propongo el Smart City como una propuesta importante y la tecnología de la información en todos los servicios importantes de la municipalidad metropolitana.

—¿Se mantendrían los hospitales de la solidaridad?
–Yo no le veo, si no hay gasto a la municipalidad, ningún problema. Técnicamente, el Ministerio de Salud tiene unas políticas claras sobre el tema. Si el Hospital de La Solidaridad da servicios y los costos son adecuados debe continuar. Pero más allá del tema de servicios, el alcalde tiene que tener sus cabildos abiertos, populares. Nunca un alcalde metropolitano ha hecho cabildos abiertos.

¿En Jesús María los hubo?
–Mi experiencia en los conversatorios de los miércoles con los vecinos de Jesús María, mi experiencia con los cabildos en la calle, ha establecido que si bien es cierto hay quejas de todo, hay gente que insulta o miente, en cambio hay muchas cosas importantes. Uno se nutre de información propia del vecino y de tomar contacto con la ciudad día a día. Eso no lo tuvo la alcaldesa Susana Villarán ni mucho menos lo tiene Castañeda. No se puede gobernar una ciudad desde el escritorio, porque hay casi 10 millones de personas.

—Jesús María es un distrito de clase media, pero en Lima hay cinturones de pobreza y todo tipo de problemas.
–Sí, pero yo soy un hombre que viene de abajo. Me considero una persona que ha tenido esfuerzo personal he vivido en San Martín de Porres, Santa Beatriz, Breña, Jesús María, en Chimbote, Miraflores y ahora estoy radicando en La Molina. He visto todo Lima, me he formado en un colegio nacional, Nuestra Señora de Guadalupe, y en la primaria en Sor Angélica Campodónico en Cercado de Lima.

—¿Sabe Ud. en lo que se va a meter, sabe que le van a quedar muchos juicios como los tuvo en Jesús María, no?
–Sí, completamente. Pero no me quedaron juicios, están archivados y eran dos nada más. Parece que hubieran sido más, lo que pasa es que cuando uno tiene enemigos y pisa callos, hace tortillas, ha roto huevos, lo cual a muchos no les gusta. Lo mismo vamos a hacer en Lima. Alguien tiene que hacerlo.

En pocas palabras, ¿qué necesita Lima?
–Un cambio de actitud. Restablecer la prioridad de recursos con una buena planificación. Y además, fiscalización y control.

Municipalidad de Lima

A SOLO CUATRO AÑOS
Ninguna obra emblemática para Bicentenario del Perú

–¿Qué opina del bypass de 28 de Julio?
–Yo creo que es antitécnico y pudo desarrollarse con semaforización inteligente, además. Yo lo que creo es que nuestros bypass, anillos viales y grandes cambios de ruta se tienen que desarrollar desde el punto de vista técnico. El político tiene que tomar la decisión que el técnico le da.Ya se acerca el Bicentenario que es el año 2021 y no tenemos obras emblemáticas.

—¿Faltan cuatro años para el Bicentenario y efectivamente no hay nada, qué haría una eventual gestión suya?
–La obra emblemática del Centenario fue la Plaza San Martín. Ahora, la idea es que el Cerro San Cristóbal, el teleférico y el tranvía adicionado a ese espacio para darle un espacio de modernidad a Lima, como un impacto más allá del Parque de las Aguas, sea la obra emblemática que quede para la historia.

—¿Qué haría usted para remediar esa situación?
–Yo quiero ser el alcalde del Bicentenario, por supuesto. Nuestra propuesta es que la gran obra para el Bicentenario sea el teleférico de Lima con cámaras y el cerro verde, para que no ocurran accidentes como el que ha ocurrido en el Cerro San Cristóbal.

—Ya ha evaluado qué le va a dejar Castañeda, si Ud. fuese su sucesor?
–Habiendo toda esta situación de corrupción, sabemos que hay dos proyectos de inversión privada muy grandes paralizados, aunque uno de ellos ya se destrabó: Línea Amarilla, porque OAS vendió ese proyecto a otra compañía y esta última está continuando el tema de Evitamiento hasta la cercanía con el Callao. Esa continuación es una asociación público-privada.

—¿Y por otro lado está Odebrecht, no es cierto?
–El caso de Odebrech es diferente, nadie va a comprarla, no puede vender IRSA SUR a nivel nacional, se han quedado paralizados El Derbi y Rutas de Lima.

—¿Qué hay que hacer allí?
–Hay que tomar la administración de la empresa, de esa concesionaria y permitir pagar al Estado su reparación, pagar a los proveedores, tener contenta a la ciudadanía y terminar las obras; si no tendremos obras paralizadas. Esa posibilidad de obra era para irnos toda la Prialé y continuar con un metropolitano ahí. Y nuestra propuesta era ir hasta Chosica con un corredor de buses de transporte masivo para unir Lima Oeste con Lima Este.

—¿Y las actuales concesiones?
–Hay que revisar las concesiones en relación a lo que se está dando, porque no es posible que Lima le deba a la concesionaria 150 millones de soles, porque se supone que si Lima no va a ganar dinero por lo menos que no deba nada para que tenga la posibilidad de utilizar sus recursos en hacer otros servicios. Si para la Concesionaria no es negocio el tema del transporte que se vaya y otro hará el negocio.

—¿Y si no hay respuesta?
–Cuando algo no es rentable para un privado tiene que hacerlo el Estado y así lo faculta la Constitución. Nosotros asumiremos temporalmente el servicio si es que el privado quiere lucrar a costa de la ciudad. Si ellos tienen su empresa, está bien, pero eso no quiere decir que el alcalde se quede de brazos cruzados.

—¿Quiere luchar contra la informalidad?
–No. Quiero luchar contra la viveza. Contra una ciudad que se ve atomizada en el caos. Quiero hacer que la gente cambie de “chip”, cambie su mentalidad, como ocurrió con los cinturones de seguridad, primero con campañas educativas y si no entienden habrá sanciones para imponer el orden.

El aspirante al sillón municipal capitalino dice que Lima necesita obras emblemáticas como el teleférico.

El aspirante al sillón municipal capitalino dice que Lima necesita obras emblemáticas como el teleférico.

Y JAPONESES SE PROYECTAN A 2035
Crecemos sin planificación

—¿Por qué cualquier obra que se haga en la ciudad queda chica, como ocurrió, por ejemplo, con el Metropolitano de Castañeda que tuvo que arreglar Villarán?
–En primer lugar, es por la falta de planificación de ciudad; segundo, por la densidad poblacional que tenemos. La Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA, por sus siglas en inglés) analizó el tema del transporte público en Lima entre 2004 y 2005, cuando teníamos aproximadamente seis millones de habitantes y proyectaron al 2010 o 2012 hacer un reajuste de acuerdo a como iba a ir creciendo Lima a 30 años y cómo iba a ir el tránsito de 60 kilómetros por hora a 10 y a cinco, tal como lo vemos actualmente, porque iban calculando la población; eso es un cálculo con planificación para saber qué va a pasar en el futuro.

—Ah, bueno, pero los japoneses se proyectan a 50 años fácilmente…
–Es que así tenemos que planificar la ciudad, pero por ejemplo cuando se hacen los estudios del Metro y se dice que la demanda va a ser de 60 mil personas y después resulta que la demanda es de un millón; y eso es lo que pasó con el Metropolitano.

—¿Y el organismo de planificación, brilla por su ausencia?
–Hay un Instituto Metropolitano de Planificación, pero si uno ingresa a su página web, ese instituto metropolitano de planificación no aprueba nada, por ejemplo, de Transportes, de las Asociaciones Publico Privadas (APP), ni nada relacionado con la interconexión de las vías.

—¿Quién lo hace, entonces?
–Eso lo hacen ProTransportes y la Gerencia de Inversión Privada que tiene Lima Metropolitana.

—Organismos que tampoco se comunican, ¿verdad?
–Y son parte de Lima, pero no se comunican. Hay que potenciar al Instituto Metropolitano de Planificación y trabajar con el Ceplan, pero además esos trabajos deben de ser coordinados con el gobierno nacional. Es curioso, también, que Lima no haya asumido el papel de región metropolitana en el tema educativo y en el tema de salud pública.

—Y Lima es la única región que falta asumir esos temas, ¿no?
–Sí porque el Callao ya lo ha asumido y no puede ser que Lima no lo haya hecho.

—No me diga, ¿y a qué se debe eso?
–Al temor de que, por ejemplo, el Ministerio de Salud le diga que los hospitales de la Solidaridad no son hospitales. Por favor, le cambio de nombre o los hago hospitales de campaña para cumplir con las normas del Minsa.

—Y en el tema de la Educación, ¿por qué?
–Porque tiene miedo de pelear con el Sutep, pero en realidad no hay forma de pelearse porque la política de educación la da el gobierno nacional. El gobierno regional o el gobierno local en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que tiene que incidir es en algo tan básico como el tema de valores y más allá de que la gente se instruya hay que formar ciudadanos porque de otra manera mañana nuestro país va a ser ingobernable.

—Sí, porque en este segundo gobierno de Castañeda no se ha visto obras.
–Es porque no se ha trabajado con planificación, sino reactivamente.

Entrevista

“Para el empresariado, ser más competitivo es tener cholo barato”

Publicado

en

Carlos Monge

La crisis del sistema político y judicial, dio paso a la consulta popular del 9 de diciembre, sin embargo el contexto político no está tan claro como parece. Diario UNO entrevistó al analista político Carlos Monge, con quien conversamos sobre temas que van desde los ganadores y perdedores del referéndum y la propuesta de flexibilización laboral hasta sobre una posible Asamblea Constituyente como salida para los cambios que el país necesita.

—Después del referéndum, ¿cómo han quedado el presidente Vizcarra y el fujiaprismo?

—De un lado, es evidente que la realización misma del referéndum y sus resultados han sido un triunfo rotundo del presidente Vizcarra y una derrota contundente de la coalición de fujimoristas y apristas, Keiko-Alan que buscó que no hubiese referéndum o que las propuestas del Ejecutivo salieran derrotadas.

Y también pretendían desinflar la cuarta reforma contrabandeando en ella la posibilidad de su propia reelección, además de limitar las capacidades del Ejecutivo de manejar la cuestión de confianza y la disolución congresal como indica la Constitución.

Esta derrota del aprismo y del fujimorismo tiene un condimento adicional en lo que me parece es una inminente nueva fractura en la bancada de Fuerza Popular, porque es claro que Daniel Salaverry, presidente del Parlamento, ha marcado una distancia total respecto de su bancada y del Apra.

—¿Cómo se ha manifestado el posible deslinde de Salaverry con el fujiaprismo?

—Por ejemplo, se ha manifestado de manera muy dura contra este proyecto de ley de lavado de activos; se reúne por su cuenta con el presidente Vizcarra, es evidente que tienen una agenda ya concertada. Es totalmente diferente a la agenda de la pura confrontación y prepotencia ejercida por Fuerza Popular y el Apra en todos los meses anteriores que eran mayoría en el Congreso.

Todo indica que hay un grupo de la bancada naranja que acompaña a Salaverry en esta posición, que comienza a tener el panorama claro que no podrán ir a la reelección, y que seguir pegados a Keiko no tiene ningún sentido.

Del otro lado, ven a un Ejecutivo con un alto nivel de respaldo y que ahora se lanza con el presidente Vizcarra a una campaña masiva de inversión pública, reconstrucción, megaproyectos. Entonces, ese sector de Fuerza Popular debe entender, como lo ha hecho Salaverry, que atar su suerte al suicidio político con Keiko no tiene ningún sentido, lo que les conviene es pegarse a Vizcarra.

—Vizcarra recibe presión del empresariado con la política del MEF que pretende recortes de los derechos de los trabajadores…

—Al respecto, quedan las incertidumbres que pueden generar un posible nuevo escenario político posreferéndum. Por ejemplo, finalmente qué hará el presidente Vizcarra con la reforma laboral, que anunció en la CADE, recibiendo más de 70% del apoyo de los empresarios, pero en su discurso del miércoles pasado dijo que no habría afectación de derechos y que todo pasaría por el Consejo Nacional del Trabajo. Era como si el ministro de Trabajo, Christian Sánchez, no hubiera renunciado y le hubiese escrito esa línea del discurso.

Y lo único que los empresarios quieren es eso, para ellos el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) se reduce a quiero poder contratar y despedir libremente, quiero rebajar vacaciones, CTS, pago de horas extras, rebajar derechos laborales, para ellos eso es y no queda claro qué hará Vizcarra al respecto.

Lo anunció en CADE, recogió apoyo empresarial pero también tendrá que haber visto las críticas furibundas que salieron de varios sectores que lo respaldan en su pelea contra las mafias como el Frente Amplio, Nuevo Perú, sectores laborales, académicos e independientes.

Vizcarra ovacionado ante la CADE, tiene una difícil disyuntiva ante el pueblo trabajador que lo apoya.

Vizcarra ovacionado ante la CADE, tiene una difícil disyuntiva ante el pueblo trabajador que lo apoya.

—¿También han sido derrotados los poderes económicos que están detrás de Fuerza Popular y del Apra?

—Es la derrota de dos fuerzas políticas que hoy son representación directa de un conjunto de economías ilegales, porque lo que hay detrás son las cooperativas del Vraem, que son lavanderías directas del narcotráfico, minería y forestación ilegal, además de constructoras corruptas.

El Apra y Fuerza Popular son eso, y obviamente negocian, se articulan, se asocian con mafias existentes dentro del Estado, porque alguien como Pedro Chávarry no creo que sea fujimorista o aprista, simplemente un personaje que maneja redes de corrupción dentro del Estado, igual hay otros en el Poder Judicial y se entienden con partidos mafia como son hoy el Apra y Fuerza Popular. Eso está políticamente derrotado.

Sin embargo, hay un sector empresarial peruano, del gran capital y de la mediana empresa que es muy corrupto y ha participado en actos de corrupción desde los noventa con Alberto Fujimori hasta el gobierno de Kuczynski, que son los mismos de siempre y están allí.

Su manera de participar en la corrupción no es solamente pagar una coima para lograr un contrato o negociar una adenda. Tienen otra manera que es la de capturar el Estado, de colocar a su gente en puestos claves como viceministerios, direcciones generales, para lograr que las políticas les favorezcan. Sus famosas puertas giratorias.

Eso no ha sido aún derrotado y no me queda claro que eso esté en la agenda de Vizcarra, ese es un tema que a la hora de hablar de la corrupción el mandatario no mueve, porque en parte hoy el Presidente, en el pleito con Alan García y Keiko Fujimori, tiene el apoyo de ese gran empresariado, que lo han respaldado de manera abrumadora en la CADE, más allá del pobre Roque Benavides que se tiró a una piscina sin agua al defender a García, porque el resto apoyó al Jefe de Estado.

—El empresariado siempre ambiciona más. ¿La reforma laboral es una manera en que ellos miden políticamente al presidente Vizcarra?

—Lo que queda claro es que para el empresariado, ser más competitivo es tener al cholo barato, significa desconocer los derechos adquiridos, sea por los trabajadores, por los pueblos indígenas, esa es una queja constante que viene de hace años.

Por eso, Vizcarra debe estar leyendo también cuáles son los costos políticos que para él, hoy día, puede tener tomar partido claro y tajante a favor del gran capital y contra los derechos laborales. Qué pasa si mañana todas las empresas que le piden eso y lo aplaudirían si anunciase la flexibilización laboral, aparecen en una lista embarradas por corrupción con las constructoras brasileñas.

Por eso me parece que el Presidente en su último mensaje a la Nación ha sido ambiguo, ha dicho plan de competitividad sí, reforma laboral sí, pero dejó frases muy claras, por ejemplo, que no habrá ningún recorte de derechos ni para los actuales trabajadores ni para los que ingresan al mercado laboral.

—¿Hay indefinición en el Presidente…?

—Me parece que ahí Vizcarra está caminando como un equilibrista, porque de un lado quiere mantener el apoyo de ese empresariado, pero de otro lado no quiere asociarse abiertamente con él, contra los derechos laborales, porque calcula, piensa o sabe, que muchos de ese sector pueden terminar embarrados en una lista de corrupción que llegue de Brasil.

Ese es uno de los elementos de incertidumbre, y esa es una de las papas calientes que Vizcarra tiene en la mano y no me queda claro hacia dónde irá. Otra posibilidad, es que no haga nada respecto a este tema, como ha ocurrido con los últimos gobiernos que han hablado del tema, pero como les resulta muy costoso políticamente no lo hacen, y lo siguen postergando.

—¿Qué escenario tiene que darse para que el presidente Vizcarra disuelva el Parlamento?

—Esta opción no la descarto, porque si la bancada de Fuerza Popular se mantiene sólida, si Keiko Fujimori sale de prisión con el hacha desenvainada de la venganza, entonces vamos a mantener un escenario de una mayoría congresal prepotente, tratando de sacar leyes corruptas, confrontando al Ejecutivo; intentando vacar a Vizcarra con el fiscal Chávarry manejando las investigaciones sobre Chincheros. Y por tanto, el Ejecutivo reaccionará como lo ha venido haciendo, te confronto, te planteo cosas, y si no las aceptas te disuelvo.

—¿Una Asamblea Constituyente está a la vuelta de la esquina?

—El tema de la reforma constitucional está ahí presente, el propio Vizcarra la está promoviendo, la pregunta es si basta con lo que ahora se está haciendo y si es posible una estrategia de irla parchando. No basta con lo que ahora se está haciendo.

Por ejemplo, en el tema de las relaciones del Estado con el gran capital, de las puertas giratorias y todo el tema de cómo funciona Proinversión y cómo se negocian y gestionan los grandes proyectos, ahí también hay mucho cambio por hacer. Y eso no está en la agenda de Vizcarra porque afectaría la alianza y el respaldo que recibe de los grandes empresarios. Hay muchos otros temas que no están en la agenda del Presidente porque finalmente él es un neoliberal, un hombre que proviene del empresariado.

Por ejemplo, temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la estrategia que lo sigue apostando todo a la minería y a la explotación petrolera en la Amazonía, temas que tienen que ver con derechos de los pueblos indígenas al territorio, y no solamente a la consulta, sino a la autodeterminación, que plantea este tema tan complejo de la interculturalidad y la plurinacionalidad en el Estado peruano.

Hay un conjunto de otros temas que también requieren reformas constitucionales, que no están en la agenda del presidente Vizcarra, y a los cuales creo que difícilmente se podría llegar mediante una lógica de parches que es lo que está ocurriendo ahora.

Por eso, es totalmente pertinente plantear abiertamente la necesidad de una nueva Constitución, porque hay otras reformas constitucionales por hacer, que no están en la agenda de este gobierno y este presidente, no vamos a llegar ahí por sucesivos parches. Hay que plantear la necesidad de una convocatoria a una Asamblea Constituyente que discuta el íntegro de los cambios que hay que hacer.

—¿Surgiría de la calle o del sistema político?

—No tengo la expectativa que Vizcarra haga eso, esa será más bien la tarea de un gobierno de izquierdas porque tampoco esto va a resultar de la calle, no estamos en un escenario de colapso del Estado.

Esto no es el soviet de Petrogrado, no es la Comuna de París, no es una gran movilización de masas desde donde la cual brota así por arte de magia una Asamblea Constituyente autoorganizada desde abajo, eso sería muy lindo pero no es algo realizable hoy.

Una Asamblea Constituyente tendrá que ser convocada desde un gobierno que gane, y por tanto de una candidatura que haga de esta, su propuesta de reforma fundamental, solamente veo que una candidatura de izquierdas se plantearía eso como un reto. Ese es el camino, ganar gobierno y desde ahí convocar a un amplio debate nacional sobre el íntegro de reformas constitucionales que se necesita y sobre esa base generar un consenso para convocar a una Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna que recoja el conjunto de estos cambios.

A AG nadie le cree después del papelón del asilo rechazado

—Después del frustrado pedido de asilo de Alan García a Uruguay y el show del supuesto chuponeo, ¿AG continuará en su intento de escapar de la justicia o de victimizarse?

—No sé si lo estaban chuponeando, pero si yo fuese alguna policía de investigaciones, estaría preocupado de saber con quién habla, qué otro esquema de fuga está intentando. Porque el intento de asilo a Uruguay era una manera de escaparse de la justicia, pero el tema no es si lo estaban chuponeando o no, sino que nadie le cree.

El papelón que ha hecho con lo del el asilo ha sido increíble, un tipo que denuncia persecución política, sustentando que hay un golpe de Estado y un nuevo gobierno dictatorial. Y que luego sale de la embajada, se va a la casa de su hija, toma desayuno, se va a su casa, declara a la prensa.

Incluso su propia gente es la que pide seguridad para él, que le chuponearon o no me parece irrelevante. Después va a votar libremente, declara a la prensa, hace campaña política, viola la ley electoral porque hace declaraciones políticas cerca al local de votación, incluso dijo que tiene informantes dentro de la Fiscalía, en pleno ejercicio de su libertad.

Lo que ha hecho es un ridículo absoluto, la gente ya no le cree nada, ni en su propio partido. Normalmente uno no puede hablar de la muerte política de alguien porque somos un país de zombies políticos, pero sí creo que García huele a cadáver político.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Entrevista

El pueblo debe decidir la Asamblea Constituyente

Publicado

en

Asamblea Constituyente Ya, marcha protesta CGTP CUT

Al parecer el contexto político actual es el punto de quiebre para más cambios cuando están casi en escombros el fujimorismo y el Apra, que han sido el brazo político del modelo económico neoliberal. Muchos avizoran que el referéndum ha abierto una puerta para entrar a un proceso paulatino, hacia el objetivo de una Asamblea Constituyente por un nuevo pacto social. Al respecto, Diario UNO entrevistó al historiador Nelson Manrique.

Nelson Manrique

—¿Cuánto de hartazgo hay en los resultados del referéndum?

—Lo primero ha sido el escándalo del comportamiento de las bancadas fujimorista y aprista, y no solo de lo que han hecho, sino de lo que siguen haciendo, porque es increíble su inconsciencia porque en plena crisis continúan blindando a corruptos, dando leyes con nombre propio como el bloqueo a un impuesto a los casinos. Es decir, siguen cometiendo las tropelías de siempre.Eso es lo que ha llevado a que la gente vote masivamente por la no reelección de parlamentarios.

Sin embargo, la misma noche del referéndum, aparecieron en la televisión los congresistas Juan Sheput de PPK y García Belaúnde de Acción Popular, buscando desesperadamente alguna sacada de vuelta para poder reelegirse. Entonces, no se ve ningún propósito de enmienda del Parlamento, y lo que era simplemente indignación frente a las tropelías cometidas, termina convirtiéndose en una convicción, que con esta clase política no hay nada que hacer. Y por eso, se requiere una renovación radical de la política en el país.

—También la gente expresa un descontento con el modelo económico neoliberal…

—La vinculación del descontento con el modelo económico es evidente y no solo es un fenómeno peruano, el diseño general de la asociación nacida entre un Estado corrupto; inversionistas que medran de la corrupción estatal que hacen en asociación con empresas nacionales corruptas.

Por un lado, desviar recursos daña económicamente a la nación, pero por otro lado es un espaldarazo a la descomposición de las instituciones. Es decir, los mismos abogados corruptos que fallan a favor de las grandes empresas, que admiten la incorporación de adendas continuas con cambios, son los mismos que terminan asociándose con grupos mafiosos como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, dedicados al narcotráfico, al lavado de activos, y la frontera entre lo legal e ilegal se hace cada vez más porosa. Y el resultado es el cuadro general de descomposición que tenemos en el país.

—¿Los resultados del referéndum pueden ser aprovechados por las grandes empresas para defender sus intereses?

—El presidente Vizcarra ha sido muy claro en términos de que este es un primer paso del conjunto de medidas que se tiene que tomar para las reformas. El punto ciego del Gobierno está en la simpatía que tienen con el modelo económico neoliberal el presidente Vizcarra, el premier César Villanueva y el equipo que entró al Ejecutivo con el expresidente Kuczynski.

Y no deja de ser sintomático que el premier Villanueva, apenas producido el triunfo en el referéndum, comenzó con la prédica en pro de la reducción de las vacaciones de los trabajadores.

Pero la reacción ciudadana los obligó a reflexionar y a dejarlo al debate del Consejo Nacional del Trabajo. Lo que quiero decir es que se va a necesitar de una fuerte presión popular para evitar que el capital político logrado con las reformas políticas se convierta en un arma contra los trabajadores; que el Gobierno crea que el triunfo del referéndum es un cheque en blanco para ir contra los derechos de los trabajadores.

—Esta propuesta de recorte de derechos laborales como parte de la Política Nacional de Competitividad y Productividad promovida por el Ministerio de Economía es un guiño del empresariado para que el presidente Vizcarra no se vaya por otro camino…

—Eso es entender la política económica del Estado como si fuese la política a favor de los empresarios. Porque el principal problema del Gobierno no es de competitividad sino de recesión económica, de reducción permanente del empleo. Y la solución para esto, no es quitar los derechos a los trabajadores sino invertir, incrementar la inversión pública para aumentar el empleo, es decir medidas antirecesivas. Eso sí es pensar en la población, en la mayoría.

Pero si la idea es que el Gobierno existe para defender los intereses de los empresarios, hay que reducir los derechos de los trabajadores, hay que eliminar cualquier forma de estabilidad laboral. Ese es el programa económico que se ha seguido en estas décadas con la promesa que iba a mejorar la situación de la población. Y llegó el momento en que se produce el cansancio de que no haya esa mejora y el saldo es comprobar que no hay una distribución de la riqueza que se genera con la mano de obra de los trabajadores.

—¿Estamos en un contexto político favorable a una Asamblea Constituyente?

—Se está trabajando bien, hay una creciente conciencia de la población pero tiene que trabajarse más para que haya una comprensión de que las soluciones parciales no pueden solucionar los temas de fondo; no se pueden hacer reformas en temas sociales y económicos que están consagrados en la Constitución. Ahora una cosa es que uno tenga claro que es así y otra que el conjunto del país sepa que es necesario lo que se tiene que hacer.

La última votación del referéndum ha sido un golpe también para los sectores de izquierda que pretendían dictar medidas que estaban más allá del horizonte del pueblo peruano en este momento. El voto en blanco, el voto viciado, hay que ir a la Constituyente.

El referéndum es un paso adelante para ir a la Asamblea Constituyente, pero es un arduo trabajo de esclarecimiento, de concientización para que sea el conjunto de la población, la que presione porque se llegue a la Constituyente. A partir de que solo eso puede producir cambios de fondo y se trata de escribir un nuevo pacto social. Y eso solo va a ser exitoso en la medida de que sea una demanda del grueso de la población peruana, y no un pedido de vanguardias iluminadas que creen que pueden imponer una particular mirada más allá de la población.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Entrevista

Posibilidades y problemas de la Junta Nacional de Justicia

Publicado

en

Cruz Silva

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha recibido el respaldo popular en el referéndum. Pero el camino para implementar un sistema judicial independiente no será tan fácil. Al respecto, Diario UNO entrevistó a Cruz Silva, coordinadora del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien ha investigado los procesos de elección de autoridades judiciales desde hace una década.

—El Ejecutivo o congresistas presentarán proyectos de ley orgánica de la JNJ y para nombrar a la comisión especial que elegirá a sus miembros. Se discutirá en las comisiones y después se aprobará en el Pleno. ¿Fuerza Popular y el Apra lo aprobarán?

—La presencia mayoritaria del fujimorismo y el aprismo va a hacer que lo que deseamos como ley orgánica de la Junta no se concrete en el cien por ciento. Pero también es cierto que esta mayoría parlamentaria está resquebrajándose y están deslegitimados ante la población, sobre todo después del referéndum.

Entonces, sería muy difícil que los fujimoristas vayan en contra de lo que vaya aproponer en su momento, por ejemplo, el Ejecutivo, porque se estarían deslegitimando aún más. Por eso, políticamente hay la posibilidad que, no sin esfuerzo, se concrete una ley orgánica de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, que pueda no solo fortalecer la actual estructura constitucional que está aprobada en el referéndum, que no es perfecta.

Sí, creo que se necesita una institución que evalúe, destituya o abra los procedimientos disciplinarios a magistrados que han incurrido en inconductas funcionales, como Chávarry. Y que anule los nombramientos de magistrados supremos como Ángel Romero, Héctor Lama y de los fiscales supremos Tomás Gálvez, Luis Arce Córdova y Víctor Rodríguez Monteza, porque sus nombramientos tienen nulidad; es importante que el Congreso defina de una vez el debate y lo que va a ser la ley orgánica de la Junta. No podemos esperar más.

Pedro Gonzalo Chávarry

—La Comisión Especial Seleccionadora la integran el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector de una universidad privada, un rector de una universidad pública. Esta comisión se encargará de la selección, del concurso público para elegir a los miembros de la Junta? ¿Qué posibilidades hay de que el sector de Chávarry cope este organismo?

—La reglamentación de cómo va a actuar la Comisión Especial que va a elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ya tiene problemas evidentes; a raíz de que no se tuvo en cuenta la realidad que estamos viviendo como para poder pensar en una fórmula que le ponga vallas a la estructura actual de la Comisión Especial.

El primer problema es que entran de manera directa, solo por estar en ciertos cargos, personas que son elegidas sin transparencia, sin participación ciudadana, sin evaluación de los méritos para estar en ese cargo,como el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo y el contralor de la República.

Todos estos funcionarios van a integrar la Comisión Especial y el primer problema es que no hay un proceso de elección transparente mínimo para lograr que esas autoridades sean las más idóneas, no solo para la comisión sino también para sus instituciones.

Ese problema de procesos de elección no reglamentados, no transparentes, fue justamente uno de los factores que hizo que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fuera cooptado, porque no se puede identificar cuáles son los antecedentes de los postulantes a esos cargos.

El segundo problema es que los que ya están en esos cargos no garantizan independencia ni imparcialidad, como el caso del fiscal Chávarry. Sin embargo, sí se puede cambiar esa situación siempre y cuando una fórmula pueda ser adoptada por la ley orgánica.

Será importante que no sea suficiente que uno esté en un cargo para integrar la comisión seleccionadora sino que además esa autoridad deba garantizar independencia e imparcialidad. Porque este es un principio de la judicatura y un requisito mínimo para todos los jueces y que se les tiene que exigir a los integrantes de la Junta.

Es posible interpretar que los que van a integrar la Comisión, también deben cumplir con ese requisito. No está lamentablemente de forma expresa este requisito en la fórmula que ha sido aprobada en el referéndum, pero puede implementarse en la ley orgánica.

—¿Qué información se les debería exigir?

—Por ejemplo, en qué casos participaron en los últimos cinco años como magistrado, fiscal, presidente de sus organismos, quiénes eran los abogados y las partes involucradas en esos casos. Porque así uno puede identificar, si ese abogado o juez que está postulando, califica o no para ser integrante de la Junta Nacional de Justicia.

No podemos repetir los errores del pasado. Y un error fue que esta información que preveía los conflictos de interés no se tomaba en cuenta ni era algo por el cual uno podía descartar a algún postulante. Entonces, estos requisitos tienen que estar en la ley orgánica de la comisión especial para poder cerrar los riesgos que se han creado.

Focalizando en el caso de Chávarry que entra con la fórmula actual para ser integrante de la comisión, lo que se puede decir entonces, a partir de una ley orgánica que así lo señale, es que no cumple con la garantía de independencia e imparcialidad porque ese señor ya ha sido señalado por el informe de la fiscal Sandra Castro como alguien que pertenecería a la red de “Los cuellos blancos del puerto”.

Consejo Nacional de la Magistratura CNM

—En el caso que no se rectifiquen estos errores en la ley orgánica, la presencia de Chávarry y Lecaros, sería un problema porque la comisión elegirá a los integrantes de la Junta mediante concurso público pero con el antecedente de las irregularidades en el CNM. Estaríamos en un callejón sin salida…

—Lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de la Magistratura, evidencia que los integrantes de la comisión especial para elegir a los miembros de la JNJ no pueden ser directamente los representantes de estas instituciones del sistema de justicia, por justamente los problemas de red de interés que hemos tenido. Pero en el caso que sí lo fueran tendrían que tener ellos un requisito previo de la garantía de independencia e imparcialidad y de la prevención del conflicto de interés.

—Si no se colocan esos requisitos en la ley orgánica como alternativa ¿qué salidas hay?

—La primera es la interpretación. Si no tenemos esos requisitos evidentemente de una forma expresa en la ley orgánica, lo que cualquier persona podría decir es que la garantía de independencia y parcialidad es un derecho fundamental, y es un principio sobre el que se basa todo el sistema de justicia. Eso significa que es de obligatorio cumplimiento de cualquier institución, incluso la comisión especial.

Entonces si los evaluadores no le garantizan a la ciudadanía la independencia, la imparcialidad en su actuación, el acto administrativo culminaría con los nombramientos, porque al final es un acto administrativo, estaría viciado y se podría jurídicamente cuestionar mediante, por ejemplo,un amparo.

Porque son para proteger derechos fundamentales ante amenazas inminentes y el derecho a una justicia imparcial es algo que protege el amparo (puede presentarlo cualquier persona ante el Poder Judicial). Este es un camino para cuestionar las decisiones de los integrantes de la comisión especial que no garanticen independencia, ese es el tema de interpretación de derechos fundamentales y de litigio.

—¿Cuál es la otra opción?

—La otra opción es seguir poniéndole obstáculos a las redes de corrupción en la ley orgánica. Si no se les puso estos requisitos a los de la Junta Nacional de Justicia, lo que se puede prever es cuidar meticulosamente cada uno de los pasos del procedimiento meritocrático de elección que haga la comisión sobre los integrantes de la Junta.

Esto significa, que en las evaluaciones con las que se va a elegir a los nuevos integrantes de la Junta, cada parte del procedimiento esté relacionada con transparencia, con la prohibición de que integren las comisiones de elección, la secretaría, los evaluadores o los asesores, que no incurran en conflicto de interés porque eso es lo que ha habido antes.

—¿También pueden participar los ciudadanos?

—Sí. Está también la opción de tachas ciudadanas sobre los candidatos que postulan a la Junta y la obligación de la comisión de responder esos cuestionamientos, y por supuesto la obligatoriedad del voto público y motivado de cada uno de los integrantes de la comisión especial. Estos son algunos seguros concretos.

Además está el tema de quiénes van a efectuar las evaluaciones sobre los postulantes y que vayan luego a ser consideradas por los integrantes de la comisión especial como se ha hecho en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Entonces, estos seguros en el procedimiento mismo puede ayudar a transparentar de tal forma la elección que bloquee las intenciones de las redes de elegir a unos por encima de otros sin tener los méritos.

Asimismo, es importante que si alguno de los integrantes es nombrado por la comisión especial y va a ser toma de la Junta Nacional se pueda, previamente a la juramentación, abrir un espacio para que se pueda cuestionar si es que existe algún hecho nuevo.

En el CNM hubo la experiencia de que una vez nombrados los integrantes por cuestionamientos nuevos o se enteraban recién o no fueron tomados por los grupos electores, provocó que el propio CNM suspendiera la juramentación.

Hay diversos puntos en el proceso de elección de una autoridad pública donde se pueden poner los focos y las medidas que logren obstruir las redes de interés o simplemente las arbitrariedades de los electores.

—La Junta Nacional de Justicia en un máximo de 18 meses revisará nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios realizados por los exmiembros CNM. ¿Se suspendería a Chávarry por su cuestionada admisión?

—Tiene que declararse nula la parte del proceso de ratificación de Chávarry en que se incurrió en una arbitrariedad, ese punto en el pleno del CNM donde se decidió que su ratificación fuera automática, es decir, que no vaya a entrevista pública. Con la evaluación que tuvo Chávarry con menos de 70 puntos, él debería pasar por una entrevista pública y no por una ratificación automática como se decidió.

Entonces, a mi entender, la Junta Nacional de Justicia anularía el procedimiento desde el momento del Pleno donde se decidió que él sea ratificado de manera automática. Esto llevaría a que se tenga que hacer automáticamente una entrevista pública y una nueva votación para ver si Chávarry se queda o se va.

Obviamente en esta nueva etapa del proceso de evaluación que abriría La Junta Nacional de Justicia respecto a Chávarry, se tendría que tomar en cuenta todo lo que ha hecho el actual fiscal de la Nación hasta ahora. Como mentir públicamente, amenazar a fiscales, estar en un informe de una fiscal. Por eso, con esos antecedentes Chávarry no debiera ser ratificado.

Esas son las posibilidades que pudiera tener la JNJ. Colocan el proceso hasta el punto en que el pleno decide ratificar a Chávarry automáticamente o eliminan todo el proceso y comienzan de nuevo, esas son las dos opciones.Por eso, es bien difícil que Chávarry como integrante de la comisión especial dé su voto a alguien que pueda no ratificarlo.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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