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Editorial

Basta de “trolls” en el Congreso

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El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, ha puesto el dedo en la llaga. Justo cuando muchos se habían olvidado de los llamados “fujitrolls”, el legislador acciopopulista ha denunciado la contratación de estos personajes sin más méritos que su presteza para atacar a todo aquel que sea considerado opositor del fujimorismo en el Congreso. De ser así, se trataría de nombramientos ilegales que tendrían que ser revisados y anulados inmediatamente.

Según indicó, la no renovación de contratados anunciada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en la víspera, constituye un primer paso para terminar con los ataques que estos hacían contra los opositores del fujimorismo en el Parlamento Nacional. Hace bien, entonces, el legislador acciopopulista en anunciar que solicitará al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, la anulación de nombramientos irregulares realizados en dicho poder del Estado en las últimas dos legislaturas.

En efecto, Lescano ha sido una de las víctimas de los “trolls” del Congreso, no solo por las difamaciones de las que ha sido blanco, sino como él también lo ha recordado hubo actos intimidatorios contra su persona, como el caso de las coronas fúnebres que le fueron enviadas a su despacho en el Legislativo. “Me parece muy bien no renovarles, pero también debe salir gente nombrada ilegalmente, que incumple los requisitos de ley y dirigía a los trolls”, ha señalado el parlamentario recientemente.

En este caso, se trataría de nombramientos ilegales porque estarían dedicados a realizar actos difamatorios. ¿Para eso se utilizaban los presupuestos del Congreso? Obviamente que esa situación no tiene por qué continuar, si es que se ha producido, pues configura una situación ilegal que no debe permitirse y mucho menos ahora que se están realizando grandes esfuerzos para combatir la corrupción.

Se debe recordar en todo momento que corrupción no son únicamente los casos grandes como la trama de Lava Jato, sino que se da a todo nivel, hasta en las narices de nuestras autoridades. Y eso tiene que acabar. El presidente del Congreso tiene la palabra.

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Editorial

Seguridad ciudadana: ¿para cuándo?

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El ministro del Interior, Carlos Morán, ha presentado —según ha dado a conocer— en el Congreso de la República cinco acciones concretas para fortalecer la seguridad ciudadana en el país y hacer frente a la delincuencia común. Una de ellas es la expulsión de ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales y judiciales. Una segunda medida es la implementación de los módulos integrados de justicia, para articular la labor de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como del Ministerio de Justicia.

La tercera medida es el desarrollo de un Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), como un servicio integral para la seguridad ciudadana en favor de nueve millones de habitantes de Lima y Callao; por último, la optimización de la flota vehicular policial, compuesta por más de 20,000 unidades, entre camionetas y motos, pues el 59% de estas unidades está operativo, pero el 41% no lo está, según el mismo ministro lo ha reconocido.

Sin embargo, el titular del Interior debería comenzar por entender la seguridad ciudadana como una tarea multisectorial, en la que cada uno de los ministerios y municipios involucrados se convierta en parte de la solución y deje de ser parte del problema. Habría que resolver la deficiente iluminación de muchas arterias de Lima y otras ciudades. El abandono de los lugares públicos por parte de algunos municipios, así como la falta de oportunidades de trabajo, entre otros aspectos se conjugan para servir de caldo de cultivo a la delincuencia.

La policía debería hacer una labor de prevención, dar charlas en los colegios para que niños y jóvenes estén siempre alerta de todo tipo de peligros. Recordemos la función que cumplía antes el policía de la esquina, quien era amigo de todos los jóvenes y niños. La policía está para proteger al ciudadano. Pero eso requiere de una acción multisectorial. No basta con pedir al Congreso leyes duras para sancionar a quienes se resistan a una intervención policial. El respeto hay que ganarlo y para eso se tendrá que trabajar con mucho empeño, pero de manera coordinada con otros sectores para proteger verdaderamente a la población.

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Editorial

Un Congreso sin voluntad de cambio

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La mayoría de peruanos ha quedado anonadada al enterarse que solo el 1% de los empleados del Congreso de la República, que se encuentran en condición de nombrados, accedió a su plaza mediante concurso público, porque es una práctica común que cada Mesa Directiva acuerde su nombramiento por favoritismos políticos, según ha revelado el congresista Daniel Salaverry.

Si eso no es ilegal, por lo menos parece inmoral. Por un lado, porque las referidas plazas se financian con dineros públicos y no privados; de otro, porque a esos puestos del Congreso deberían acceder las personas más capacitadas.

La actual Mesa Directiva había acordado convocar a un concurso público para cubrir 209 plazas laborales por ciudadanos debidamente capacitados que accedan por meritocracia y que cubran los requerimientos académicos y profesionales indicados en los perfiles elaborados por SERVIR.

Dicho Concurso Público “se realiza con absoluta transparencia”, según la Presidencia del Legislativo. Además, las evaluaciones están a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y la Contraloría General de la República realizará un acompañamiento y supervisión del proceso.

No obstante, la vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, y Yeni Vilcatoma retiraron su firma del acuerdo de la Mesa Directiva que permite realizar un concurso público para 209 plazas laborales en el Legislativo; es decir, todo seguirá como antes. Razón tiene la congresista Marissa Glave (Nuevo Perú) al señalar que este Congreso no tiene voluntad de cambio ni de avanzar hacia temas centrales, ya que solo actúa frente a la reacción y la exigencia ciudadana.

Sería mejor que los congresistas de la bancada de Fuerza Popular se dejen de actitudes obstruccionistas que no conducen a nada bueno. Algunos parlamentarios, inclusive, están tratando de provocar al presidente Martín Vizcarra para que pise el palito y entre a un enfrentamiento directo con el Congreso.

No se dan cuenta que si en el Parlamento se aprueban las leyes los primeros llamados a cumplirlas son los mismos legisladores que por ningún lado tienen corona. Además, ya es hora que demuestren que tienen voluntad de cambio ya que hasta la fecha no han dado muestras de ello.

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Editorial

Cuidado con pisar el palito

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Una exhortación a los actores políticos a retomar el diálogo destinado a lograr un acuerdo en torno a los aspectos prioritarios y urgentes de la reforma política, de tal forma que sean aprobados en el plazo necesario para su aplicación en las Elecciones Generales de 2021, ha formulado la Asociación Civil Transparencia a través de un pronunciamiento público, en el que, también, señala que es necesario defender la institucionalidad, elevar la calidad de la democracia y vencer a la corrupción e impunidad.

Sin embargo, los congresistas estarían más interesados en defender sus privilegios que en sentarse a debatir punto por punto las reformas. A los cambios en el tema de la inmunidad parlamentaria, los miembros de la bancada de Fuerza Popular han respondido presentando una iniciativa para regular la cuestión de confianza, algo que aparentemente podría ir en contra de lo dictaminado hace poco por el Tribunal Constitucional. Con ello buscarían evitar la eventualidad de un cierre del Parlamento.

Hay más. La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó ayer citar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, para que explique sus declaraciones sobre la reforma política planteada por el Ejecutivo. El grupo de trabajo, presidido por Marco Miyashiro (Fuerza Popular), acogió el pedido planteado por el legislador Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista). Acusan a la ministra de haber manifestado que iba a convocar a los programas sociales para que salgan a las calles a defender las reformas políticas y judiciales en contra del Parlamento.

Sin embargo, el Ejecutivo está distraído con el Congreso mientras la población padece por la falta de empleo formal y las tarifas de servicios básicos, como el de la electricidad, son revisadas para elevarlas. Los empresarios del sector industrial ya han alertado que de aprobarse el Proyecto de Ley 2320-2017 en el Legislativo, se registraría un alza en las tarifas que afectaría a 600,000 mypes y a siete millones de familias de todo el país.

Pero esa no sería la única alza que afecte los bolsillos de los peruanos, pues mientras el Congreso se ha convertido en poco menos que un circo y el Ejecutivo está entretenido en un enfrentamiento contra el Legislativo, la falta de empleo y mayores precios en una serie de productos de primera necesidad pueden quitarle el respaldo popular que el Jefe del Estado necesita para sacar adelante las reformas. Vizcarra no debe pisar el palito.

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