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Editorial

Basta de indiferencia

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El escándalo de corrupción que ha llegado a penetrar los más altos niveles del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado del nombramiento de los jueces en nuestro país, no debe hacer olvidar ni por un momento el drama que viven nuestros hermanos en las zonas altoandinas, donde según cifras oficiales han muerto más de 700 personas –entre ellas 177 menores de edad– a consecuencia de las heladas que se registran en esta época del año con temperaturas de hasta 15 grados bajo cero.

Según las cifras que maneja el Instituto de Defensa Civil (Indeci) son más de 400 mil las personas afectadas, y como si eso fuera poco, también se ha perdido alrededor de 30 mil cabezas de ganado. En el caso de Puno, los informes preliminares daban cuenta de nevadas con una altura de hasta 20 centímetros en diversas comunidades de las provincias de San Antonio de Putina y Carabaya. Debido a ello habrá escasez de forraje para alimentar al ganado.

Demás está decir que los daños a la economía de los pobladores de esas zonas del país, son cuantiosas. Lo peor de todo es que la cifra de víctimas podría incrementarse en caso que las bajas temperaturas y las nevadas perduren, por lo que se requiere no solo de la atención de las autoridades pertinentes sino también de la solidaridad de todos los peruanos tal y como la cruzada que se puso en marcha para ayudar a los afectados por el Niño Costero en el norte peruano en 2017.

Es verdad que ante la situación, los diversos organismos del Gobierno vienen distribuyendo ayuda humanitaria consistente en frazadas, ropa de abrigo, alimentos y asistencia técnica para proteger las viviendas más afectadas. Sin embargo, se requiere también de una verdadera movilización a nivel nacional para paliar los estragos que vienen causando el gélido clima en las partes altas de nuestro territorio nacional.

Esta situación no es nueva y se repite con regular frecuencia en la misma época del año, por lo que debería de preverse con la anticipación del caso para movilizar toda la ayuda necesaria. Los peruanos que tienen la suerte de no sufrir las inclemencias del clima pueden aportar algo de ayuda, ropa gruesa, frazadas y alimentos. Solo es cuestión de organizarse y son las autoridades las que deben salir de sus escritorios para encabezar una verdadera movilización nacional. Basta de indiferencia.

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Editorial

TC debe meter en vereda a fujimoristas

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La recomposición del cuadro de comisiones en el Congreso debe hacerse a la brevedad posible tras el registro de las nuevas bancadas –Cambio 21 y la Bancada Liberal– lo cual está en las manos del titular del Legislativo, Daniel Salaverry. Así lo ha advertido el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, al señalar que los miembros de esas nuevas bancadas tienen que exigir en el próximo Pleno del Congreso que se respeten sus derechos, sin esperar hasta julio próximo que sería cuando se inicie una nueva legislatura.

Si bien es cierto que no es usual que cambien los cuadros de comisiones a mitad de la legislatura, también es verdad que Fuerza Popular ya no tiene la cómoda mayoría de antes y por lo tanto debe recomponerse el cuadro de comisiones del Legislativo. No obstante, la bancada fujimorista continúa mostrando un comportamiento obstruccionista, especialmente porque cuenta con sus socios apristas para hacer mayoría. Eso se ha visto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la cerrada defensa del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Al respecto, el abogado constitucionalista Luciano López Flores se ha pronunciado en el sentido que los legisladores de Cambio 21 y de Fuerza Popular tienen expedito su derecho para acudir al Tribunal Constitucional (TC) para denunciar el incumplimiento de sentencia. En su opinión, se puede usar un criterio que tuvo el TC en el famoso caso del Colegio de Ingenieros sobre los bonos de la reforma agraria. “Allí el TC dijo que es posible recurrir a él para el cumplimiento de una sentencia de inconstitucionalidad”, recordó.

El constitucionalista dijo también que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tiene razón al afirmar que la Comisión de Constitución está creando un procedimiento al margen del fallo de TC, que permite que los legisladores que renunciaron a sus agrupaciones por razones ideológicas puedan formar nuevas bancadas o unirse a otras ya existentes. En realidad, eso no se puede tolerar y menos aún cuando las bancadas de Fuerza Popular y el APRA están usando el Congreso para defender intereses subalternos y evitar que avancen las investigaciones de los casos de corrupción. Eso es inaceptable.

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Editorial

La ciudadanía está alerta

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El Poder Judicial tiene que asegurar a la ciudadanía que el juez que reemplazará a Richard Concepción Carhuancho en el caso Keiko Fujimori sea de primer nivel. Así lo ha advertido el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, al señalar que la recusación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra la jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, podría ser una buena oportunidad en este caso.

Hay que recordar, que si bien es cierto que la jueza Arias Quispe –quien reemplazará al magistrado Concepción Carhuancho– ha expedido una resolución anterior en favor de Keiko Fujimori y eso no necesariamente implica que esté parcializada, también es verdad que la población no está dispuesta a cederle ni un milímetro de terreno a la corrupción. Ojalá, pues, que el Poder Judicial no se haya equivocado con esa designación porque, de lo contrario, tendrá que realizar las correcciones del caso inmediatamente.

La jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, es la misma magistrada que ordenó al fiscal José Domingo Pérez concluir la investigación en un plazo de 10 días, medida que, por suerte, fue anulada en apelación. Asimismo, en 2017 acogió un pedido formulado por la defensa de Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito, para evitar que la investigación por los cócteles organizados por Fuerza 2011 se adecue a la ley de crimen organizado, con lo cual se ampliaba el plazo de la indagación preliminar a 36 meses.

Ahora, a ella le tocará resolver los pedidos que formulen tanto el fiscal Pérez, como los investigados por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que habría recibido Keiko Fujimori. Sería bueno que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, asuma también el compromiso de garantizar que el mejor juez sea quien se ocupe de este caso emblemático, pues existe una razonable preocupación entre los ciudadanos, al punto que están dispuestos a movilizarse hasta el Palacio de Justicia para exigir imparcialidad y decirle basta a la corrupción.

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Editorial

Fujimori debe salir de la clínica

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Después de una prolongada permanencia de más de 100 días en la Clínica Centenario, la Junta Médica que evaluó recientemente al condenado expresidente, Alberto Fujimori, ha evacuado su informe concluyendo que se encuentra en condiciones estables y podría recibir tratamiento ambulatorio, lo que disminuiría el riesgo de “comorbilidades intranosocomiales” por estancia prolongada. ¿Y qué quiere decir eso? En lenguaje sencillo significa que Alberto Fujimori está más expuesto a un eventual contagio intrahospitalario por permanecer demasiado tiempo en un centro médico.

Por su parte, la Sala Penal ha dispuesto que el Inpe determine en qué penal debe ser internado Fujimori para garantizar la continuidad de su tratamiento médico. Hay que tener en cuenta, además, que se trata de una enfermedad crónica, pero que se encuentra controlada y sería cuestión de que el Inpe determine un penal que cuente con las garantías del caso para que el interno pueda ser atendido por su médico en caso que así fuera necesario. Por lo demás, hay una sentencia que debe ser cumplida.

Las condiciones que deberá cumplir el centro penitenciario, según la resolución, son las de asegurar la administración de los medicamentos, controles médicos periódicos y la posibilidad de traslado a un centro asistencial de manera inmediata si se llegan a presentar signos de alarma. Los médicos que evaluaron a Alberto Fujimori indicaron, también, que antes de su trasladado a un penal, deberá recibir el alta médica expedida por sus médicos tratantes. Su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, aclaró que estar estable no significa estar curado.

Es obvio, pues, por tratarse de un mal crónico, que Alberto Fujimori tiene que aprender a vivir con los males que lo aquejan, pero al mismo tiempo debe de cumplir con la ley. Para su abogado, César Nakazaki, el resultado del informe médico era más o menos lo que se esperaba. En todo caso, según los miembros de la Junta Médica, estar dentro de un centro médico por un tiempo prolongado no es lo mejor porque aumenta el riesgo de contagio intrahospitalario.

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