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Política

Barata reveló que Nava y Atala eran los “Maiman” de AG

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Luis Nava y Miguel Atala

Barata no tuvo pelos en la lengua y dijo que Nava y Atala eran los “Maimán” de AG. Pero eso no es todo, dijo que el expresidente Toledo le increpó: “¡Barata, paga carajo!”, y que AG sabía del pago de sobornos a Toledo por un monto de 31 millones de dólares.

Es más: “El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, señaló que el exejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, reconoció que el abogado del Apra, Erasmo Reyna, intentó interferir en sus declaraciones”.

Además, declaró durante el segundo día de interrogatorio, que el expresidente Alan García lo visitó más de una vez en su domicilio en Lima: es decir, trece veces.

De acuerdo a lo declarado por el empresario brasileño, las reuniones con el exlíder aprista eran de carácter “social y amical”, y que durante estos espacios degustaban de feijoada brasileña.

DEBIÓ DENUNCIAR A TOLEDO

“Las declaraciones de Jorge Barata demuestran claramente que Alan García, en su calidad de Presidente de la República y conocedor de todas las obras que se hacían en el país por parte de Odebrecht, sabía de todo el comportamiento delictivo de la empresa, sabía que le pagaba una coima a Toledo por la Interoceánica, quien se lo comunicó fue Josef Maiman y García no solamente no denunció ese delito de cohecho, sino que no rompió con Odebrecht y protegió a Kuczynski”, afirmó el Dr. Guillermo Olivera Díaz.

“García debió denunciar el delito de cohecho y romper con Odebrecht. Sin embargo, lo que hizo fue seguir con la misma línea corrupta de Alejandro Toledo. Como dice Barata, todo lo que hablaba con Luis Nava era como si hablara con Alan”.

“Alan no tenía que ensuciarse, para eso estaba Nava; no era su secretario, era su mensajero consocio. Era miembro de la organización criminal. Toledo y García jugaban en pared”, afirmó

PRIMERA ENTREGA

“A García le entregaron en el primer mes y medio la cantidad de tres millones y medio de dólares. Pusieron trabas para la continuación de la interoceánica. Todo continuaba bien mientras Odebrechet entregaba la plata” recordó.

“Eso era así porque si no Alan se enojaba. Él quería ver la plata en sus manos, si no veía la plata le daba vértigo. Por ello es que la muerte lo salvaba de la prisión preliminar, la muerte lo salvaba de una prisión preventiva”, precisó.

“Por eso se mata Alan García, porque se sabía descubierto, ya no tenía escapatoria, porque él se enteró que habían 19 interferencias bancarias en las cuentas de Atala pero para el destinatario ‘Chalán’ (Luis Nava)”, declaró.

“Ahora el juez tiene que dictar prisión preventiva, porque se trataba de una organización criminal. Ha quedado en evidencia que Nava y Alan García estaban en el mismo nivel”, concluyó Guillermo Olivera Díaz.

EL APRA HIZO ARCHIVAMIENTOS

“No solamente se calló, no solamente no denunció, sino que protegió. Hay que recordar la acción que tuvieron los congresistas apristas en el periodo 2006-2011, en la Comisión de Fiscalización, en abril del 2006 no prosperaron las observaciones del Contralor Matute”, recalcó el congresista Juan Pari.

“El informe de Velásquez Quesquén dijo que son informaciones inconsistentes las de Matute. El tema del archivamiento que hizo Alva Castro ilegalmente el 11 de mayo del 2010”, recordó.

“El informe de Rodríguez Pastor y Juvenal Silva fue archivado cuando Velásquez Quesquén era presidente, fue archivado en setiembre del 2008. Se decía que la carretera interoceánica no tenía ningún inconveniente”, expresó.

“Entonces ha habido una serie de actores y acciones que protegieron a Toledo, a PPK. Defendieron todas las acciones que se hicieron en al régimen de Toledo. Era una protección no solo a Toledo, a PPK, sino que se protegía en el fondo a la acción delincuencial de los contratos de Odebrecht”, refirió.

“Fue un manejo concertado, organizado y en diferentes niveles a favor de las acciones mafiosas de la constructora brasileña”, concluyó el excongresista y presidente de la Comisión Lava Jato del anterior Congreso, Juan Pari.

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Mauricio Mulder dijo que ni el el Apra ni Alan García recibieron los 200 mil dólares a los que se refirió Barata y afirmó que “Laque” (Alva Castro) está enfermo y no recuerda nada. Es decir, dejan solo a Alva Castro.

FELIX GRIJALBA SATO

Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

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“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

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Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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