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Política

Barata dará lista de coimeros

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Jorge Barata

Con la decisión de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho de ejecutar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht en los términos en que fue aprobado, se determinó la devolución de los S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla y la continuidad del referido acuerdo. Esto ha permitido a la Fiscalía programar los próximos interrogatorios al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, los cuales se llevarán a cabo del 11 al 13 de diciembre, en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Cabe destacar que en el texto de la sentencia, la jueza Álvarez Camacho resaltó que el “mecanismo (el acuerdo de colaboración) viene operando de modo eficiente, muestra de ello es que la Fiscalía ha celebrado dos acuerdos preparatorios preliminares con la persona jurídica (Odebrecht), y uno de sus dependientes, por un total de cinco hechos nuevos donde la persona jurídica ha reconocido responsabilidad”.

Según lo afirmado por el jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, Jorge Barata “ya no puede poner ninguna excusa para evitar revelar las identidades de los funcionarios ocultas en 71 codinomes, y quienes habrían recibido sobornos de Odebrecht a cambio de facilitar la adjudicación de obras públicas a favor de la empresa brasileña. “Si pone alguna excusa, es un incumplimiento de los términos del acuerdo aprobado por el Poder Judicial peruano y eso significaría la posibilidad de revocarse el acuerdo de colaboración”, apuntó Vela.

En la próxima visita a Curitiba, el Equipo Especial Lava Jato también esperan recoger información sobre las operaciones realizadas con el dinero de la denominada Caja 2, la división de operaciones estructuradas de Odebrecht. Esto significa que accederán a los detalles de cada pago ilícito realizado, lo que estará sustentado por la documentación que los colaboradores proporcionen de los sistemas My Web Day y Drousys.

Además, el equipo de fiscales viene coordinando los interrogatorios a Marcelo Odebrecht, exCEO de la empresa, y LuizMameri, exsuperintendente de la empresa trasnacional para América Latina y Angola, entre otros funcionarios.

CONGRESISTAS Y CODINOMES

Si en el interrogatorio anterior Jorge Barata identificó solo a algunos de los codinomes -entre ellos, Aurelio Pastor como “Pastor Alemán”, Alejandro Toledo como “Oriente”, Javier Velásquez Quesquén o Yehude Simon como “Sipan”- la información que proporcione en diciembre el exfuncionario de Odebrecht permitirá conocer cada una de las 71 identidades ocultas en codinomes. Entre ellas, se presume que habría un gran número de exparlamentarios, ya que la empresa brasileña requería para sus operaciones constantes modificaciones al marco legislativo.

“Falta conocer quiénes eran los que habían conseguido, desde el Parlamento, el escenario normativo para que Odebrecht pudieran tener este estatus. Una vez que se conozcan los nombres de quienes recibieron dinero de Odebrecht se ampliarán las investigaciones y los procesos judiciales. Es una magnífica oportunidad para enfrentar como país el lastre inmenso de la corrupción”, había advertido en octubre el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu.

Por su parte, el miembro de la Comisión Permanente, Marco Arana, señaló a Diario UNO, que ante la evidente avalancha de información que recogerá el Equipo Especial Lava Jato, y ante la necesidad de dar un tratamiento eficiente a dicha información, consideró que “las fiscalías anticorrupción deben fortalecerse, y eso implica que cuenten con todos los recursos logísticos, financieros y de personal”. “Habría que ver si en el presupuesto actual hay una partida destinada a fortalecer la acción fiscal, porque en algunos casos se podría requerir la realización de peritajes”, expresó.

CORRUPCIÓN SE HA DISEMINADO

Arana indicó que “si antes la corrupción tenía una cabeza con brazos, ahora tenemos todo un cuerpo con cabeza”. “Es un mal que se ha diseminado, hay distintos juegos de corrupción que van desde alcaldes distritales, fiscales locales y empresarios locales, grandes empresarios transnacionales y cabezas políticas. La fujimontesinización no solo ha planteado una confrontación política dura y autoritaria como hemos visto en el Congreso, sino un modo de hacer política en el que todo vale y el fin justifica los medios. Este nivel de corrupción es una amenaza para la democracia porque se ha normalizado en muchos sectores”, señaló

Respecto a quienes pretenden poner en tela de juicio la validez ética del fallo judicial sobre el dinero a devolver por la venta de Chaglla, Arana recordó lo sustentado por él en la Comisión Permanente: “Estos cuestionamientos del fujimorismo al fallo judicial son un intento más por traerse abajo el convenio de colaboración eficaz; ahora dicen que ese dinero pudo servir para el desarrollo de Huánuco y para las incubadoras de los niños, cuando lo que en realidad buscan es deslegitimar el mandato judicial, debilitar el acuerdo y generar desinformación en la ciudadanía”.

En referencia al impacto en sobrecostos solo en el caso Lava Jato, el cual asciende a más de US $ 3500 millones, reiteró que “los corruptos nos cuestan”, y que no se debe permitir que “se traigan abajo el acuerdo de colaboración”.

FUJIMORISMO HIPÓCRITA

Además, el miembro de la Comisión Permanente consideró que el argumento de los fujimoristas es hipócrita. “Para empezar, Alberto Fujimori debe todavía S/ 27 millones de reparación civil, dinero que podría servir para las incubadoras, y ahí no dicen nada”, afirmó. Recordó también la estimación que se hizo en relación al “dinero robado por Fujimori y Montesinos de US$ 6 mil millones”, lo cual equivalía a un tercio del presupuesto de la República. “Es eso lo que hay que desenmascarar, los daños que generó la corrupción. No podemos permitir que este tipo de argumentos sean esgrimidos para traerse abajo el fallo judicial”, apuntó.

Por el contrario, destacó la necesidad de que el trabajo de la Fiscalía llegue hasta el final. “Debemos exigir que las investigaciones avancen, que los juicios comiencen y que empiecen a purgar condenas quienes le han hecho tanto daño al país. Ese es el tema fundamental”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Blindados contra opiniones

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Congresistas de Fuerza Popular fujimoristas

Ante la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, de investigar a los ministros Vicente Zeballos y Gloria Montenegro por presuntamente haber vulnerado a la neutralidad en el marco de las elecciones parlamentarias, el expresidente de la Comisión de Alto Nivel, Fernando Tuesta Soldevilla, cuestionó la iniciativa y la calificó de “absurda y exagerada”.

Tuesta advirtió que la medida adoptada buscaría que “los políticos no hablen de política” y que el aludido principio de neutralidad se basó en otros criterios.

“Se busca limitar a que los políticos no hagan política, el presidente y los parlamentarios son políticos. (…) No decir nada es una limitación exagerada y absurda. En otros países donde el presidente no puede postular, apoya a su candidato”, mencionó en una entrevista concedida a Radio Nacional.

El especialista en temas electorales recordó que el principio de neutralidad se estableció para que los funcionarios no realicen campañas por candidatos del partido político al que pertenecen, y para que no se utilicen recursos públicos para este objetivo. Además, Tuesta indicó que se vulneraría esta norma “cuando un ministro o funcionario influya a la población que apoyen a tal o cual candidato”.

Tuesta Soldevilla también destacó que el el presidente de la República, Martín Vizcarra, fue el impulsor de las reforma política y de la no reelección de los congresistas, una iniciativa que los ministros apoyaron. En ese sentido, consideró que las posiciones públicas que estos han adoptado son “totalmente coherentes”.

El periodista Augusto Álvarez Rodrich también se pronunció en contra de la decisión del JEE Lima Centro, por considerar que se estaría recortando el derecho a emitir opinión. “Al gobierno le convendría gobernar mejor, pero lo que no se puede recortar es el derecho de una autoridad política como un ministro a emitir su opinión. Es obvio que los comentarios de los ministros Zeballos y Montenegro no pretenden interferir en la elección en marcha para inducir el voto, además de ser la no reelección parlamentaria una posición ya conocida del gobierno”, manifestó.

Jurado Nacional de Elecciones

JURADO MILITANTE

La investigación a los ministros fue anunciada por Luis Carrasco, presidente del JEE Lima Centro. Según Carrasco, existe “una presunta conducta que incidiría en una vulneración del principio de neutralidad” por parte de los representantes del Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si las filiaciones políticas finalmente inciden en la neutralidad que deben mantener los miembros del JEE, pues Carrasco fue militante del Partido Popular Cristiano (PPC) entre los años 2005 y 2009.

Carrasco también fue cuestionado en el 2017, cuando postuló para magistrado de la Corte Suprema. Según la jurista Cruz Silva del Carpio, de Justicia Viva, Carrasco postuló a pesar de no cumplir con la mínima trayectoria requerida por la norma.

“En la lista de candidatos aptos, se encuentran hasta cuatro candidatos que no cumplen con los requisitos formales. Uno de ellos Luis Alberto Carrasco Alarcón, y es una de las cosas más preocupantes, no cumple con los 10 años de trayectoria como juez superior para aspirar al cargo de supremo. Ese es un tema absolutamente objetivo porque no solo está en la Ley de la Carrera Judicial, sino que también está en la Constitución”, manifestó la letrada por esos días.

ELECCIONES PODRÍAN DESVIRTUARSE

Por su parte, el analista Miguel Jugo consideró que no se puede interpretar las opiniones de Zeballos y Montenegro como una vulneración a la neutralidad. “Los ministros en su momento han expresado una opinión general en la línea del cierre del Congreso. Esto sucedió porque había un sector mayoritario obstruccionista, y ellos han dicho que ese sector obstruccionista no debería regresar. Eso no se puede interpretar como una inducción. En todo caso, una vez conocidas las postulaciones de los candidatos, las autoridades del Ejecutivo no deben pronunciarse sobre uno u otro, pero estos cuestionamientos a los ministros lo que hacen ahora es más bien un favor a todos los excongresistas que quieren alzar vuelo criticando al gobierno”, afirmó.

Respecto al pasado militante de Carrasco Alarcón, advirtió que “los miembros de los jurados no deben estar afiliados y deben mantener una conducta totalmente imparcial. Si van a actuar como parte de una formación política van a desvirtuar las elecciones, y eso sí sería bastante grave”.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Bolivia: es el racismo contra Evo

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Conflicto social enfrentamientos en Bolivia

Más allá de lo que haya hecho y no haya hecho el gobierno de Evo Morales la causa del desconocimiento de su autoridad como presidente y, a la larga, su alejamiento de este cargo, tiene como causa fundamental el racismo.

Los rostros de los manifestantes en las calles de algunas ciudades de Bolivia y aquí en Lima contra Evo Morales eran y son de blancos y blanquiñosos, y sus exclamaciones más frecuentes entre ellos son: basta de indios en la presidencia, a la m… con ese indio.

El revoltijo que una parte de la burguesía y la pequeña burguesía blancas han organizado en Bolivia para recuperar el control de este país se ha basado en su fobia virreinal e hispánica contra los indios para terminar con la presencia de uno de ellos en la presidencia de la República.

Se explica, entonces, por qué una cara de la campaña contra Evo Morales en Bolivia se haya dirigido a tratar de convencer a ciertos intelectuales de la pequeña burguesía de que aquél no luchaba por los ideales de los indios y, en particular, de la comunidad aimara, una táctica propia del golpismo blanco para erosionarle el piso a Evo y a su partido entre los aimaras y los quechas.

Algo similar sucedió en el Perú con ciertos movimientos estudiantiles pretendidamente izquierdistas que se enfrentaron al gobierno de Velasco pretextando que no era tan izquierdista como ellos. La verdad fue que estos grupos respondían al plan de la oligarquía para crear con ellos un frente de ataque a ese gobierno progresista y dejar sin efecto la reforma agraria, los nuevos derechos sociales y la intervención del Estado en la economía.

Hasta antes de la conquista hispánica, la población de los territorios que luego conformaron América Latina era totalmente india. Los conquistadores y la administración real de España y Portugal la estigmatizaron como una casta inferior, le negaron toda posibilidad de educación y la explotaron hasta el aniquilamiento. Correlativamente, su exclusión de la política fue absoluta. Y este modelo de discriminación fue heredado y continuado por las minorías feudales blancas que dominaron la república luego de la independencia.

Ha sido, por lo tanto, algo excepcional, que la comunidad india sólo haya tenido dos exponentes que llegaron a la presidencia de la República: Benito Juárez en México y Evo Morales en Bolivia, dos prohombres que honran a sus pueblos y a la hermandad mayor de América Latina.

Conflicto social enfrentamientos en Bolivia

¿Qué hizo de bueno Benito Juárez para que los mexicanos lo quieran tanto?

Quienes no lo sepan que se den el trabajo de revisar las páginas de la historia de este país.

¿Qué ha hecho de bueno Evo Morales?

Nada menos que dar los primeros pasos para sacar a Bolivia del subdesarrollo económico con un 4% de crecimiento anual del PBI y tratar de llevarla a la modernidad, defender los recursos naturales como un bien preciado de la nación, elevar la calidad de vida de la población, reducir el nivel de pobreza extrema del 60% al 35%. No afectó al capitalismo, pero lo reguló con una moderada intervención del Estado. Su gobierno no persiguió políticamente a nadie y llegó al poder por elecciones.

Ni él ni sus colaboradores incurrieron en hechos de corrupción. Su intención de permanecer en el poder no apeló al golpismo, sino a la decisión de los electores. La misión de la OEA en Bolivia no ha podido decir cuántos fueron los planillones pretendidamente fraudulentos que dijo conocer ni cuál fue el porcentaje de los votos nulos.

Sí, claro, dirían sus rabiosos opositores que vivieron bien durante su gobierno, que nada les faltó. Su única objeción: es un indio y basta.

Y, a ese indio, posiblemente, sus rabiosos opositores no se hubieran contentado con arrojarlo del palacio Quemado (el palacio de gobierno en la plaza Murillo). Por su agresividad y cólera es posible suponer que no habrían parado hasta hacerlo colgar de un poste en esta plaza, como hizo la poblada, agitada por la oligarquía o la rosca, cuando en julio de 1946 irrumpió en el palacio de gobierno desguarnecido, sacó a rastras al presidente Gualberto Villaroel, un militar progresista, y a tres de sus colaboradores inmediatos, los acuchillaron y luego los colgaron en los faroles de esta plaza.

Se comprende entonces por qué Evo tuvo que salir de La Paz y asilarse en México. El gobierno del Perú no ha dado una explicación de su rechazo a permitir que el avión mexicano circulase por el territorio nacional para sacarlo de La Paz, complicidad de taimado racismo, evidentemente, que el silencio diplomático ha amplificado.

Carlos Meza Gisbert, un blanco con una pizca de mestizo, su contendor en las recientes elecciones presidenciales y uno de los presuntos promotores de este golpe de Estado, pertenece al Movimiento Nacionalista Revolucionario. Fue vicepresidente de la República con Gonzalo Sánchez de Losada, elegido en 2003, y cuando este renunció luego de haber hecho matar a unos sesenta y cinco manifestantes y herir a unos cuatrocientos, asumió la presidencia de la que también tuvo que renunciar en junio de 2005 por la disconformidad popular y su inepcia para adoptar decisiones de importancia para el pueblo boliviano. Fue el Movimiento hacia el Socialismo el que lo forzó a dejar el poder, lo que denuncia el revanchismo de este político con el alma reencarnada del corregidor Areche con una pizca de la mente del curaca Pumacahua.

Y allí lejos, en la planicie de Santa Cruz, otro político blanco, burgués y rico, en cuyo corazoncito titila un oscuro fulgor independentista, pedía también la cabeza de Evo, exaltado por sus pares de su misma condición que podrían comprar y vender indios si tuvieran un poco más de poder.

Bolivia tiene actualmente unos once millones de habitantes, de los cuales alrededor del 60% es de raza india; los mestizos, en su mayor parte de caracteres raciales o culturales indios, llegan a un 30%. Los blancos y blancoides son sólo un 10%.

Estimulado el sentimiento y el orgullo de la indianidad por la acción y el ejemplo de Evo Morales es posible que el próximo devenir de la política en este país retorne a este cauce.

 

JORGE RENDÓN VÁSQUEZ

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Política

Procuradora viajará a Brasil para interrogar a exejecutivo

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Odebrecht

Nory Marilyn Vega Caro

Nory Marilyn Vega Caro, procuradora ad hoc adjunta para el caso Odebrecht, viajará a Brasil del 17 al 20 de noviembre para participar en el interrogatorio a Fernando Migliaccio da Silva, exejecutivo de dicha empresa brasileña.

Migliaccio da Silva es sindicado como uno de los administradores de la Dirección de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, desde donde presuntamente se pagaban los sobornos.

El interrogatorio se llevará a cabo el 19 de noviembre en la sede de la Procuraduría de Sao Paulo y fue programado por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.

Sus declaraciones serán importantes para que se continúe con la construcción de la ruta del dinero negro y se especifique sus ramificaciones y destinatarios en el Perú, donde la corrupción campeó a manos llenas por culpa de Odebrecht.

SE REUNIRÁ EN EL CONSULADO

Un día antes, la procuradora sostendrá una reunión de trabajo en el Consulado de Perú en Sao Paulo, para coordinar y obtener información sobre la identificación y ubicación de bienes muebles e inmuebles de ciudadanos brasileños investigados y que son aspirantes a la colaboración eficaz.

Dicha información resulta importante para garantizar el cobro de la reparación civil. El viaje de Vega Caro fue autorizado a través de la Resolución Ministerial N° 0431-2019-JUS.

La resolución fue publicada ayer sábado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano y lleva la rúbrica de Ana Teresa Revilla, ministra de Justicia.

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